Resumen
Ante la falta de espacios en la educación superior pública, el crédito educativo es el mecanismo necesario para romper la línea de restricción presupuestaria de las familias en México. Un adecuado instrumento de financiamiento educativo disminuirá la presión del Estado, dará acceso a clases menos favorecidas y ayudará a que las universidades privadas cumplan su función. El esfuerzo coordinado del Estado, de las instituciones educativas y del alumno, en un programa nacional de financiamiento como el que se propone, pueden contribuir a la creación de un mecanismo de financiamiento educativo donde el fondo se autoalimenta con presupuesto propio y se da la pauta para el surgimiento de programas de becas y apoyos a la formación académica de estudiantes. El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PRONAFES) puede ser exitoso en México, e incluso replicarse en cualquier país con el apoyo del Estado, universidades y comunidades educativas.
Palabras clave
Financiamiento Educativo, Educación Superior, Patrocinador del PRONAFES, Programa Nacional de Financiamiento, Apoyos, Formación académica.

Summary
Given the lack of spaces in public higher education, the education credit is needed to break the line of budget constraint mechanism of the families in Mexico. A suitable tool for education funding will decrease the pressure of the state, provide access to lower classes and assist private universities to fulfill their function. Coordinated, the state, the educational institutions and the student in a national funding program such as that proposed, they can contribute to the creation of a mechanism for education funding where the fund is self-powered with its own budget and schedule is given for the emergence of scholarship and academic support for student training. The National Program Funding for Higher Education (PRONAFES) can be successful in Mexico, and even replicated in any country with the support of the state, universities and educational communities.
Keywords   
Funding Education, Higher Education, PRONAFES Sponsor, National Program Funding, Supports, Academic training.

En cuestión de educación, hay algunas reflexiones que se podrían intuir con bajo riesgo de equivocación al tratar de probarse. Puede afirmarse que el hombre tiene un derecho natural a ser educado, que mientras más alto sea su nivel de preparación tiene mejores oportunidades de crecimiento personal y económico, que un país de primer mundo tiene un alto nivel intelectual, que el índice de pobreza está directamente proporcional al índice de analfabetismo, que los esfuerzos de un solo agente como es el Estado serán insuficientes para proveer a la sociedad de la oferta educativa que se demanda. No es complicado pensar, luego de dichas afirmaciones, que las ideas y proyectos que contribuyan a elevar el nivel educativo es digno de ser valorado.
Se sabe que en México existen 1,664 planteles de educación superior, de los cuales el 58%, es decir 972, son privados. Se tienen 2’981,313 alumnos en educación superior, de los cuales el 32%, es decir 944,108 estudian en instituciones privadas (INEGI, 2013), lo cual se ilustra en la Tabla 1. En el Anexo1 se encontrará la clasificación general de la Educación Superior en México y su soporte presupuestal. Las universidades privadas destinan aproximadamente el 35% de sus recursos a becas y financiamientos educativos para sus alumnos (Rodríguez, 2013). El costo de la educación privada para estudios de licenciatura oscila entre los $60,000 a los $160,000 anuales, estas cuotas han provocado que deban establecerse programas de becas, de distinta naturaleza, para apoyar a sus estudiantes; además la universidad privada requiere recursos para crear mayor oferta educativa, crecer en infraestructura, mejorar la calidad de sus servicios, construir laboratorios, bibliotecas, capacitar profesores, entre otras múltiples necesidades. La experiencia de la universidad privada otorgando créditos no ha sido la mejor debido a que se han cometido errores en el proceso de otorgamiento, en la instrumentación, en el sistema de control, en la concepción estratégica del crédito, en la inadecuada elaboración de pagarés y contratos y falta de seguimiento especializado en la cobranza. Prácticamente todas las universidades privadas están abiertas a formalizar convenios de colaboración con otras  instituciones que ofrezcan créditos educativos para que cada quién se enfoque en lo que le es propio (Cordera & Pantoja, 1995), máxime ante la ausencia de programas nacionales y de alternativas favorables para las Instituciones de Educación Superior (IES) y para alumnos interesados en un instrumento crediticio propio de las IES. Hoy en día, hay alternativas de financiamiento que se ofrecen en algunas entidades federativas con gran éxito, pero limitado debido al enfoque regional. Además la banca privada ha instrumentado mecanismos de crédito educativo con una baja colocación debido a las exigencias.

Tabla 1. Estadística del Sistema Educativo de la República Mexicana, ciclo escolar 2010-2011

 Fuente: Ciclo escolar 2010-2011. Estadística e indicadores educativos (INEGI, 2013).
Las universidades privadas en México realizan esfuerzos aislados y aprenden de sí mismas ante la ausencia de una línea o estrategia nacional hacia el fomento a la educación superior. En este esfuerzo aislado cada IES busca la mejor oferta de becas y apoyos para sus alumnos. La falta de recursos para becas y la ausencia de un mecanismo de crédito accesible y beneficioso, propicia que los jóvenes opten lamentablemente por no estudiar y por incorporarse a la vida laboral con un beneficio de corto plazo evidente pero perjuicio de largo plazo aún mayor al contar con una fuerza de trabajo difícil de capacitar, poco productiva, menor capital intelectual y el efecto que puede traer para que futuras generaciones tampoco se capaciten. Para la universidad implica cumplir en menor medida su vocación de formación de un México más próspero, limitar su acceso a ciertas clases sociales; para el Estado le trae costos sociales importantes con el aumento de índices de analfabetismo y bajos índices nacionales de educación; para el alumno el costo de abandonar sus estudios es equivalente al costo de la matrícula pagada más los gastos adicionales que tuvo que realizar y el costo de oportunidad, sin considerar la parte no cuantificable del ingreso futuro probable al que renuncia. Como se muestra en la tabla 2, a mayor nivel educativo de los padres mayor nivel educativo de los hijos (De Hoyos, Martínez de la Calle, & Székely, 2010).
Tabla 2. Matriz de movilidad educacional

Fuente: (De Hoyos, Martínez de la Calle, & Székely, 2010) en (XXIV Seminario Internacional de Crédito Educativo, 2013)

El Estado destina la mayor parte del presupuesto orientado a la educación para la formación básica, donde la rentabilidad social es mayor y destina apenas una limitada cantidad de recursos, en participación con gobiernos estatales para educación superior.
El crédito educativo que proponen algunas entidades federativas e instituciones educativas, se limita a su ámbito de competencia regional o local, no está alineado a una política nacional y tiene el gran problema de la deserción, donde un alumno que abandona sus estudios universitarios habiendo contraído crédito, difícilmente paga y huye de la responsabilidad con cierta facilidad culpando en ocasiones a la misma IES. En el anexo4 se presenta un caso reciente.
El Programa Nacional de Financiamiento para la Educación Superior que se plantea en el artículo, tiene condiciones tan favorables al alumno que resuelve lo relacionado a la evasión del pago y otros problemas que más adelante se mencionan. Se incluye el modelo en su operación y pautas básicas, se hace una demostración matemática y financiera de su viabilidad y se proporcionan las bases de lo que podría ser la legislación y reglamentación. En este documento, también se exponen las principales variables que deben cuidarse en la implementación, las causas de éxito o fracaso que podrían tenerse y los resultados esperados. Se concluye que el PRONAFES es el primer programa nacional que se proyecta coordinado estratégicamente, como el impulso que en México se requiere para la educación profesional.

A partir de la historia que ha tenido el crédito educativo en América Latina, de la experiencia investigativa, de la observación de lo que hacen las universidades públicas y privadas -para financiarse y apoyar económicamente a sus estudiantes- además, con base en lo que se presenta en diversas investigaciones, se expone que una de las características de una universidad innovadora es la búsqueda continua de mecanismos de ampliación de recursos presupuestales (Clark, 2000).
La problemática en que se ha visto envuelta la educación superior pública por la falta de recursos del Estado para atender sus necesidades, ha propiciado la reducción de programas de mejora y el abandono de ciertos proyectos universitarios (Villarreal, 2005).
La equidad en la asignación de recursos en educación en América Latina es una necesidad apremiante y llena de oportunidades (Llamas Huitrón, 2003) y la reducción de brechas de oportunidades para estudiantes universitarios no sólo de origen indígena, sino de todo aquel cuyo ingreso es insuficiente para alcanzar su proyecto educativo, como lo expone (García de Fanelli, Moguilansky, Trombetta, & Rezaval, 2007) es la tarea que los investigadores deben hacer con propuestas como las que aquí se presentan, planteando soluciones prácticas a problemas reales. Resulta difícil implementar mecanismos que permitan mantener, efectivamente como principio rector la equidad y propiciar el compromiso de los estudiantes con su formación por la vía del incremento en su participación en el financiamiento (Aupetit, 2001). Sólo con una mayor educación y con el acceso a educación superior de las clases menos favorecidas es como puede lograrse una mejor proyección social con igualdad de oportunidades para el joven estudiante (Muñoz, La contribución de la educación al cambio social, 1994).
Se realizó una investigación documental y se buscó el diálogo con autoridades de organismos expertos en crédito educativo como Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE) en Colombia, Fundación APEC1 de Crédito Educativo (FUNDAPEC) en República Dominicana, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en Colombia (ICETEX, 2006), Finae Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (FINAE) en México, programas del Ministerio de Educación del Perú , y una cantidad importante de documentos publicados por Universia, Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES), Consejo para la Acreditación de Educación Superior (CAES), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), entre otras.
Se analizan las condiciones del crédito educativo que ofrecen algunas instituciones educativas y financieras en México identificando sus problemáticas y áreas de oportunidad (Peña & Rodríguez, 2013), tal es el caso del programa de crédito universitario de Nacional Financiera Banca de Desarrollo (NAFINSA), el programa de becas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Fondo Nacional de Becas, el crédito del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) administrado por el Banco de México y algunos otros mecanismos de crédito educativo de varios estados de la República Mexicana que se han venido sumando a programas de financiamiento, cada uno con sus características particulares, tal es el caso de Sonora en 1970, Aguascalientes en 1977, Guanajuato en 1999, Tamaulipas en 2000, Quintana Roo en 2002, Hidalgo en 2003, Puebla en 2004, Yucatán en 2006, Baja California en 2007, entre otros.
Para esta propuesta se utilizan las fórmulas financieras de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para demostrar, en el primer caso, que un crédito educativo adecuado agrega un valor equivalente al sueldo del alumno a perpetuidad una vez que liquida su crédito educativo y en la segunda fórmula de TIR, que los flujos de pago igualados a la inversión inicial, que es el monto financiado, con dicha tasa, se demuestra que el costo real del crédito es ese.
Se han presentado diversos enfoques tratando de identificar la rentabilidad económica de la educación superior, los enfoques han sido comparando costos de estudio contra ingresos que los egresados tienen (Muñoz, Economía de la Educación, 2001). Se menciona el tema de la rentabilidad porque en la medida en que económicamente sea rentable la educación superior para el alumno que estudia, en esa medida se tendrá un menor riesgo de incumplimiento y ello trae un menor costo. Es decir, si se financia una actividad con alto potencial de generación de ingresos futuros el riesgo de default es menor. Lamentablemente es difícil saberlo con anticipación cuando el alumno ingresa a la universidad, pues el éxito en sus estudios no depende únicamente de lo que es el plan de estudios, las instalaciones o la planta docente, estos factores -y otros- condicionan, pero realmente dependerá del alumno en su aprovechamiento y ahí sí que cada estudiante asume sus obligaciones y derechos de manera personal. Está claro que desde que el alumno ingresa a su universidad hasta que se gradúa sufre una transformación que depende de los insumos que se hayan utilizado, tales como material didáctico, planes de estudio, entorno social, vinculación teórica y práctica (Muñoz, Economía de la Educación, 2001), pero también es cierto que aún cuando haya tenido una transformación real, esto no garantiza que consiga un trabajo bien remunerado.
El hecho de que el Estado tenga una oferta educativa pública limitada, que la universidad privada carezca de suficientes oportunidades para el otorgamiento de becas y apoyo económico y el que los financiamientos ofrecidos por los bancos tengan un bajo índice de otorgamiento (debido a sus exigencias), propician la necesidad de un programa nacional como el que aquí se propone.
El presupuesto para realizar estudios universitarios privados en México, en su nivel más elevado, es de tal magnitud que indudablemente para un estudiante de clase media sería imposible cursar sus estudios en centros educativos privados si no cuenta con un crédito educativo accesible (Peña & Rodríguez, 2013).
Algunos antecedentes del crédito educativo (CE)
El CE en América Latina nace en Colombia cuando en aquel entonces el joven Gabriel Betancourt Mejía pide ayuda para estudiar en el extranjero a la empresa Colombiana de Tabaco (Téllez, 2008). La ayuda se le da, regresa al país y paga su deuda. A partir de ahí se empiezan a idear esquemas de apoyo crediticio, hasta concretar en 1950 con la creación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), que es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y promueve la educación superior mediante el otorgamiento y cobranza de créditos a corto, mediano y largo plazos, con recursos propios y de terceros, con su CE denominado ACCES financia pregrado, carreras técnicas y universitarias registradas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Dicho modelo fue luego replicado en otros países, surgiendo en 1962 el Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) y en 1965 en Panamá el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), mismo año en que se crea el Educrédito AC en Venezuela.
Para 1967 se extiende el diseño a República Dominicana, con la creación de la Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), 1968 el Educrédito en Honduras y en 1971 en Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE).
Este sector toma una relevancia especial cuando se incorpora una economía en desarrollo pero de tamaño considerable como es Brasil en 1974 con la creación de la Fundación APLUB de Crédito Educativo (FUNDAPLUB). De hecho hoy en día existe el Ideal Invest2 .
Algunos otros países que se fueron incorporando son, en 1977 Costa Rica con la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), que se publicita en prensa nacional, radio y televisión.
1992 Bolivia con el Programa de Financiamiento Educativo (EDUCAPRO).
Todas estas instituciones se fueron agrupando y en 1960 ya se había creado la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE) para compartir experiencias y ayudar a consolidar las mejores prácticas.
Poco a poco cada país fue valorando la importancia del papel de un adecuado financiamiento para estudios y la riqueza que significaba acrecentar el capital intelectual dando incluso una legislación a nivel nacional, tal es el caso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que aprueba la Ley de Creación del Fondo Nacional de Préstamos para la Educación (FONAPE) en 1977, dando argumentos para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le prestara en su momento 7 millones de dólares para este fin. Al darse este crédito del BID, el sistema financiero internacional se reservó críticas, parecía arriesgado pero luego del éxito obtenido se abrieron mecanismos de fondeo para el otorgamiento de CE.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el marco del tercer congreso internacional sobre educación y formación técnica y profesional, realizado en Shanghái (República Popular de China) en Mayo de 2012, recomienda a sus Estados miembros que incrementen la inversión en la educación y formación técnica y profesional y que diversifiquen el financiamiento utilizando mecanismos de incentivo adecuados, insistiendo también en que el CE beneficia a individuos, empresas y Estado, por lo cual le debe dar una elevada prioridad (Tercer Congreso Internacional sobre Educación y Formación Técnica y Profesional, mayo 2012). La principal fuente de recursos de las instituciones de crédito educativo es el gobierno y  ello es un argumento que podría restar interés por realizar adecuadamente las gestiones de cobranza. Por otro lado, se cuenta también con el antecedente del XXIV Seminario Internacional de Crédito Educativo que se llevó a cabo en República Dominicana en octubre de 2013, en el que se observó que, de manera reiterada, se expone la necesidad de fortalecer las instituciones a fin de facilitar el acceso a fuentes de financiamiento. Asimismo en seminarios y congresos se plantea el crédito educativo como la alternativa más viable para permitir el acceso a una educación privada (a jóvenes de clase media o media baja) en igualdad de circunstancias con otras clases sociales (integrantes de clase media alta y alta).
En cuanto a México, se ofrecen programas de CE, algunos desde hace tres décadas:

Y otros programas que en cierta forma apoyan proyectos académicos desde la perspectiva económica:

Programa Nacional de la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP).

Deficiencias de las opciones que actualmente se tienen. El crédito para la educación superior no es un crédito convencional; los parámetros para otorgarlo, garantizarlo y cobrarlo no han de obedecer al esquema típico de un crédito. Sus características concretas lo condicionan a un esquema muy particular, pues no se está financiando un tangible, el deudor no tiene recursos en el presente aunque sí tiene una promesa futura de ingreso, en ocasiones es menor de edad cuando solicita el crédito, no tiene un patrimonio propio y no tiene garantías.

Esta propuesta es de aplicación nacional en el universo de las 972 universidades privadas (INEGI, 2013) que se encuentran en territorio mexicano de acuerdo al Anexo 2, donde el 58% de ellas se ubica en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Veracruz y con una población estudiantil total nacional de 944,108 alumnos en educación superior privada (INEGI, ciclo 2010-2011). De hecho, de acuerdo al interés de algunas de las universidades privadas de mayor prestigio y presencia en diversos estados, como en el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Universidad Iberoamericana (IBERO) Universidad Panamericana (UP), Universidad Anáhuac (UA), Universidad del Valle de México (UVM), Universidad La Salle (ULS), Escuela Libre de Derecho (ELD), Universidad de Las Américas (UDLA), se aprecian importantes áreas de oportunidad y la manifestación evidente de contar con un programa, que coordinado a nivel nacional, apoye financieramente a los estudiantes que deseen inscribirse en sus programas educativos y que carezcan en ese momento de liquidez para cubrir las cuotas.
Los créditos bancarios que se están otorgando para educación superior llevan a las universidades a retener hasta un 30% del crédito otorgado en fondos de garantía y de ello un 10% promedio para fondo perdido, por lo que, una propuesta con las exigencias del PRONAFES sería totalmente aceptable por parte del as IES privadas.
Aplica a jóvenes mexicanos o residentes permanentes, que están concluyendo sus estudios de preparatoria, a jóvenes que ya están en la universidad y requieren financiamiento para concluir, a profesionistas que desean estudiar un posgrado en territorio nacional.
El interés particular de que este programa de desarrollo es del Estado, en su intención de tender una línea estratégica de largo plazo para ampliar la base presupuestal de educación superior. Interesa al alumno y padre de familia que busca alternativas financieras viables, no onerosas y de fácil acceso. Interesa a las universidades privadas que desean un apoyo financiero adecuado para los alumnos y que reduzca la presión por otorgar becas de fondo perdido.
Cuando el alumno está decidido a estudiar en una universidad privada, producto de no haber encontrado cupo en la universidad pública 5 o bien porque así lo ha decidido, pasa por un proceso para atender la cuestión presupuestal. En primera instancia detecta la necesidad al revisar que sus ingresos familiares no son suficientes para enfrentar el gasto; posteriormente analiza las alternativas con que cuenta, prefiriendo, desde luego, una beca a fondo perdido; habiendo evaluado las alternativas, si no hay más opción que pedir un crédito, toma la decisión en función de su capacidad de reunir los requisitos para ser sujeto de crédito, al flujo de efectivo que implica tanto en la fase de estudios como en la fase de pagos, a las reciprocidades, garantías o compromisos que exige el acreedor, plazo de pago, costo en términos de tasa, entre otros factores; el siguiente paso será poner en marcha la alternativa seleccionada, en ese triángulo acreedor - deudor – universidad con la formalización de contratos, firma de pagarés y entrega de documentos.
Por su parte la institución que otorga el crédito, en este caso PRONAFES, realiza las siguientes gestiones: promueve la figura crediticia mediante los departamentos de becas, las áreas de admisiones o bien la ventanilla única que se establezca; se diseñan los formatos de solicitud y esquemas de análisis así como los pagarés y contratos; se formaliza la solicitud y recopila la información necesaria; se realiza el estudio socioeconómico y se analiza la información para ver si se otorga el % de crédito solicitado buscando que el alumno obtenga el financiamiento que realmente necesita; por último se decide y notifica a cada instancia la resolución asimismo se transfieren los fondos. Será esencial para el éxito del PRONAFES que los tiempos de resolución y transferencia sean mínimos.

Se desea puntualizar que el PRONAFES es el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior orientado a financiar a todo aquel individuo que desea realizar estudios de pregrado y posgrado, llámese licenciatura, maestría o doctorado con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Misión del PRONAFES es ser la principal fuente de financiamiento a la que acudan los jóvenes que desean acceder a la educación superior, convirtiéndose en un modelo de desarrollo replicable. Los principios que animan al proyecto serán el desarrollo del individuo, forjar su futuro, el impulso a la igualdad social; el reconocimiento del esfuerzo que hace quien se beneficia del fondo de créditos; cumplimiento de la obligación crediticia, por parte del alumno y del PRONAFES, creciendo la cultura financiera de México e inculcando el principio de subsidiariedad por parte del Estado y de la IES así como el de solidaridad entre generaciones al concientizar al graduado de que ahora sus pagos se destinan a mayor financiamiento para quienes lo necesitan.
De acuerdo a la Figura 1, en el modelo intervienen varios actores quienes firman un convenio de adhesión al PRONAFES asumiendo diversos compromisos y a los que se les otorgan diferentes obligaciones, las que se caracterizan a continuación:
El alumno
Es el deudor o usuario de una línea de crédito, de la que dispondrá durante los semestres de duración que tenga su carrera.
Carece de recursos para estudiar -total o parcialmente- en la universidad, lo que se demuestra mediante el estudio socioeconómico que se le realiza.
Ha sido aceptado para estudiar en una IES privada, reside en México y es mexicano. En un porcentaje cercano al 50% de los jóvenes que terminan la preparatoria y que están haciendo trámites para la universidad, no han cumplido la mayoría de edad. Este modelo supera esta deficiencia y otorga crédito temporalmente al aval mientras el alumno alcanza la mayoría de edad, momento en el cual se re instrumenta el crédito en favor del alumno.
Adquiere el compromiso de concluir con éxito sus estudios y pagar la deuda contraída.
Cubre un 6% de interés en la fase de estudios y un 8% en la fase de pago.
El aval
Es el obligado solidario del alumno que responde hasta por el 100% de la deuda.
El aval usualmente será el padre o tutor o quien aporte el ingreso principal del hogar al que pertenece el alumno.
Podrían considerarse dos avales, que pueden ser una persona física o una persona moral, siendo requisito en éste último caso que su presencia en el mercado tenga por lo menos 5 años.
El patrocinador del programa
Es quien provee los fondos en préstamo mientras el mismo se vuelve autosuficiente. La propuesta del PRONAFES es que sea el gobierno federal quien preste los recursos con una tasa de interés similar a la tasa líder, en este caso los Certificados de la Tesorería (CETES), que de acuerdo a los resultados de la subasta de valores del Banco de México (BANXICO) del martes 8 de octubre de 2013 se ubica en 3.4%, para fines del ejercicio de proyección, y como un mecanismo conservador, se considera 6% de costo financiero en fase de estudio y 8% de costo financiero en fase de pago.
El patrocinador del programa aporta un 4% de los recursos que se otorgan en préstamo, a los alumnos, para cubrir un fondo de garantía durante los primeros 20 años; posterior a ello sólo aporta el 2%. Además, esta aportación es útil para cubrir los gastos de operación del PRONAFES; por otro lado ha de aportar inicialmente un espacio físico para oficinas centrales, equipamiento, capital de trabajo y con la madurez del programa sedes alternas en las ciudades con mayor afluencia de alumnos universitarios.
El modelo está preparado también, con la consideración de tasa expuesta, para que un consejo de promotores sea quien fondee este producto, compuesto por uno o varios empresarios o bien una sociedad entre empresarios y gobierno o fundaciones que se mencionan más adelante y que fueron citadas en el XXIV Seminario Internacional del Crédito Educativo, (Octubre 2013), las que manifiestan interés en fomentar la educación superior en México algunas a cambio de un rendimiento moderado.
Invariablemente de qué personaje o institución asuma el patrocinio o fondeo del PRONAFES, el apoyo del gobierno federal radica en una decisión de política pública que aumenta el grado de compromiso de los participantes y reduce el riesgo de los fondos del programa de acuerdo a las reglas de operación que se describirán más adelante. Crea los mecanismos de protección de tasa, vía contratos de cobertura o bien con las emisiones de deuda de largo plazo propias del instrumento que se está financiando. Crea la Ley y reglamentos del PRONAFES.
La universidad
            Es la Institución de Educación Superior (IES) a la que el alumno está adscrito.
Aporta durante los primeros 20 años el 10% de los recursos que el PRONAFES otorga en préstamo a los alumnos adscritos en esa universidad, para un fondo que dará sustentabilidad de largo plazo al programa. Posterior a este plazo, su aportación se limita al 5%.
Características del financiamiento educativo adecuado como el que se propone

REGLAS BÁSICAS DEL MODELO (de manera enunciativa más no limitativa)
La IES registra sus cuotas vigentes en PRONAFES, tanto de inscripción como de colegiaturas.
PRONAFES financia hasta el 60% de las cuotas de inscripción y colegiatura, no cubre otros conceptos como son constancias, credenciales, laboratorios, idiomas, estacionamiento, asistencia a simposios y demás conceptos misceláneos que podrían las IES cobrar al alumno.
Es importante resaltar que en la fase de estudio, en cada periodo (semestre o cuatrimestre), el alumno dispone del crédito a cuota vigente de la IES en la que desea formarse en programas de licenciatura o posgrado. En ese periodo de estudio, el alumno y aval firman un pagaré a cuota vigente de todo el crédito que ha utilizado.
Cuando el alumno es aceptado por su universidad y evalúa su presupuesto, al verse en la necesidad de recurrir a un financiamiento educativo, pide informes a la ventanilla única de servicio que la IES tiene establecida por su propia cuenta, de acuerdo al convenio firmado con PRONAFES. Si el interés del alumno permanece, la IES le emite una constancia de aceptación y recomendación para gozar de los beneficios del programa, así que el estudiante acude a las oficinas más cercanas de PRONAFES, presenta la solicitud firmada que ya elaboró en línea, anexa los documentos requeridos y PRONAFES analiza en una matriz de evaluación los datos proporcionados; al mismo tiempo ordena el estudio socieconómico correspondiente.
Una vez aprobada la línea de crédito al alumno, se formalizan contratos y pagarés con el mismo y su aval. El estudiante cubre las cuotas de disposición de crédito correspondientes y PRONAFES envía los recursos monetarios a la IES, la que aporta el 10% de los recursos recibidos y el Estado el otro 4% de los recursos otorgados en préstamo, al fondo PRONAFES para su capitalización. Ver Figura 2.
Durante la fase de estudio y fase de pago, es responsabilidad de PRONAFES dar seguimiento a la trayectoria académica del alumno, proporcionándole sus ministraciones de crédito y coordinando con la IES la información relativa al desempeño del alumno y con el mismo, la información relativa a la actualización de su deuda, firma de pagarés, cambio de datos personales, comprobantes vigentes de domicilio, registro histórico de su información además de la de su aval, así como la bitácora de seguimiento. El pagaré es firmado con fecha de vencimiento de un semestre, de tal suerte que si el alumno abandona sus estudios durante ese tiempo, el pagaré es exigible legalmente en el corto plazo, si continúa en sus estudios, se le renueva con el nuevo monto, con una vigencia de otros seis meses. Para ello debe valerse de un Enterprise Resource Planing (ERP) capaz de guiar ordenadamente los esfuerzos de monitoreo.
El gobierno federal tiene un lugar preponderante en el funcionamiento del PRONAFES. Sin su apoyo y decisión, el proyecto podría ser sólo uno más de los muchos intentos que existen. Ser parte de un proyecto estratégico y normativo nacional de largo plazo, con el consenso de todos los involucrados, la ciudadanía representada por sus legisladores, las universidades comprometiéndose a una aportación para capitalización del fondo, los organismos públicos asumiendo las líneas que los reglamentos y políticas dicten para la coordinación en seguimiento de cada expediente, son  necesarios/ indispensables para el éxito de PRONAFES.
Cada alumno que se incorpora a la universidad ha de convertirse en un proyecto de vida de carácter nacional, que con el éxito que obtenga dará dividendos importantes para el futuro del país. Esta visión se logra si se cuenta con un liderazgo basado en una vocación de servicio, visión de futuro y desinterés particular, poniendo por encima el interés público. Obviamente un proyecto como éste requiere una cantidad importante de recursos financieros, los que se presentan más adelante, y que serían captados a préstamo por el gobierno federal o un organismo multilaterales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF-Banco de Desarrollo para América Latina, BCD-Banco de Desarrollo del Caribe y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); o bien por un proveedor de fondos privado o fundación con enfoque altruista como son los fondos Blueorchard, Cyprano, Microvest, Oikocredit o bien fundaciones como Calvert, MasterCard Foundation, Soros Economic Development Fund, Rockefeller Foundation, entre otras. El gobierno federal podría ser el emisor de deuda, el aval del proyecto o bien el proveedor directo de los fondos en calidad de préstamo.
Los fondos ingresan de manera temporal (préstamo) al PRONAFES, por lo que, con cada crédito que se coloca, las universidades aportan el 10% a un capital de consolidación por cada disposición que realicen sus alumnos, más un 4% para gasto operativo que aporta el gobierno federal. Prácticamente con este 14% y con una buena administración, el fondo se capitaliza, se hace autosuficiente y a los 5 años prácticamente ya tiene la capacidad de empezar a pagar los recursos con un interés o rendimiento atractivo. Además con esos fondos que se van capitalizando se crea una provisión de reserva para incobrables, que se estima sería mínimo, debido a las políticas y reglamentos que se establecerían y a los esfuerzos conjuntos de las distintas autoridades y entidades a nivel nacional, como es el caso de Buró Nacional de Crédito, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras (en lo sucesivo se denominarán como organismos relacionados). El programa es de largo plazo, los fondos han de captarse así y han de colocarse con ese horizonte de tiempo. La visión y enfoque son totalmente estratégicos.

Los dos grandes periodos del modelo propuesto
El modelo se divide en dos periodos que se caracterizan porque los actores presentan un papel diferente con base a las necesidades de los participantes.
Primer periodo. Fase de estudio del beneficiario- alumno

Tabla 3. Datos estadísticos de inflación promedio anual en el periodo 2007-2012

Fuente: (BANXICO, 2013)
Entre las fases de estudio y de pago, lo que se da al final del semestre último que cursa el alumno, se establece una reunión de salida con el PRONAFES, en la que se realiza la actualización de datos y se explica al alumno la composición exacta de su deuda y las opciones que tiene para pagar; se firma un código de honor y se le hace conciencia de la conexión y beneficio que traerá a la siguiente generación si realiza oportunamente sus pagos; se le informan las cuentas bancarias, sus códigos de identificación, y se llegan a acuerdos con base a la tabla de amortización que expide el sistema administrativo, montos y plazos de pago, los que no podrán ser mayores al tiempo asignado para el uso del crédito.
En fase de pago
En este periodo, la deuda se actualiza a razón de un 8%. Al terminar los estudios el alumno tiene la facultad de decidir pagar la totalidad de su deuda con un costo financiero anual del 6% para cada disposición o bien plantear el cubrirla en el mismo periodo que utilizó el crédito. Por ejemplo si dispuso del crédito durante 9, tendrá la misma cantidad de 9 semestres más, para pagar. Todos los cálculos se realizan cobrando un interés sobre saldos insolutos y las amortizaciones en fase de pago son mensuales a fin de facilitar que el alumno se forme en una cultura de pago periódico que le permitan tener siempre presente su deuda. En este periodo, el PRONAFES contará con  servicios de cobranza domiciliada a cuentas bancarias y cargos automáticos a tarjeta de crédito, así como todas las facilidades posibles en cuentas concentradoras de fondos, proporcionando al alumno una clave de identificación de operaciones que facilite la conciliación de saldos y el control, como podría ser su Registro Federal de Causantes (RFC), su Clave Única de Registro de la Población (CURP) o cualquier otra que se establezca en los reglamentos.
La universidad se obliga a facilitar los medios necesarios para que el alumno se titule en el menor tiempo posible, a formalizar una bolsa de trabajo para atención de sus graduados, a motivar en sus redes de contacto que se cumpla con las obligaciones contraídas de crédito y a fomentar la continuidad en estudios de posgrado.
El alumno se compromete en esta fase a cumplir en tiempo y forma con sus pagos, mantener informado al programa sobre cambio de domicilio, de empleo o de aval. En cualquier momento el alumno puede realizar pagos anticipados sin penalización.
El PRONAFES se asegura de mantener al alumno informado de sus estados de cuenta, a realizar las penalizaciones de tasa de interés moratoria autorizadas por la ley y a notificar a los organismos relacionados el cumplimiento de las obligaciones del mismo. Asimismo de comunicar lo correspondiente a la sujeción y cumplimiento de las leyes de protección de datos personales, de lavado de dinero, de impuesto sobre la renta y otras más que se relacionan, se da por sentado, estableciendo los lineamientos que permitan cumplir cabalmente cualquier legislación que aplique.
Se considera necesario resaltar, que aunque se ha insistido en este documento sobre una ley y reglamentos que deberán ser promovidos por las autoridades cuando acepten la formación del PRONAFES, su contenido básico de modo enunciativo más no limitativo ha de considerar que:
En caso de falsear información, se establezcan responsabilidades, penas a las universidades y personas físicas, funcionarios del PRONAFES.
Se adhiera al buró de crédito nacional, tanto al alumno, como al aval y a la universidad.
Se adscriban los trámites públicos al pago del crédito, ya que en caso de incumplimiento se les impida obtener documentos e incluso negarlos, los cuales corresponden a la expedición de documentos públicos tales como pasaporte, licencias o los que correspondan al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en una apuesta total y decisiva al programa. Podría incluso generarse una obligación tributaria.
Se creen los mecanismos presupuestales para que el gobierno federal aporte el 4% del crédito PRONAFES que se asigne, el cual podría ser con cargo parcial a cada entidad federativa.
Se condicione a las IES adheridas al programa a no aumentar sus cuotas más allá de 1.5 veces la inflación anual; en caso de así hacerlo, la diferencia por el incremento de cuotas deberán pagarla las universidades al PRONAFES, sin cargo al alumno.

Otros programas que se pueden derivar del modelo PRONAFES
Una vez que se cuenten con recursos de fondeo autosuficientes, se podrían ofrecer programas de beneficio ampliado entre los que se sugieren como más importantes:

Será objeto de un estudio posterior, la creación de un fondo de ahorro donde pudiera invertirse por parte de personas físicas y morales que deseen apoyar a la educación, a tasas subsidiadas con presupuesto público, una figura en la que un padre de familia pudiera ahorrar en un “crédito educativo” no contraído aún, a cambio de que el PRONAFES pague en el futuro sus estudios universitarios.

Posibles amenazas

Principales retos

Bases de proyección
Las cuotas válidas son las que publica la tesorería de cada una de las IES incorporadas al programa y que son registradas y actualizadas con la periodicidad que la IES estime conveniente.
El alumno es sujeto de crédito si está aceptado y adscrito a una IES incorporada, si tiene un promedio igual o superior a 8 en una escala de 1 a 10 en su último ciclo escolar cursado.
Para mantener el crédito deben conservarse las condiciones académicas y socioeconómicas que le dieron origen.
Durante la fase de estudio el alumno debe cubrir una cuota administrativa que se fija en $300, lo que se utiliza como un fondo de seguro de deuda en caso del fallecimiento del alumno.
La universidad aporta el 10% de los créditos que se otorgan a sus alumnos.
El Estado aporta el 4% de los créditos que se colocan.
En el inicio sólo aplica a alumnos de licenciatura y posgrado nacionales en el mercado nacional hasta lograr la autosuficiencia del programa.
El estudio socioeconómico debe mostrar un flujo libre insuficiente para cumplir con sus pagos de matrícula y colegiatura. Además se determina un índice de flujo disponible que debe ser
 
El crédito cobra y se actualiza con una tasa del 6% anual, que es el límite máximo de incremento válido para las IES incorporadas al programa. La actualización se realiza con la fórmula de interés conocida

El alumno que inicia sus estudios en el semestre 1 y concluye en el semestre 9, ha tenido una actualización semestral o quizá anual y por tanto la cuota actualizada al final de sus estudios es
si es semestral el aumento, siendo n el número de semestres o bien
 si es anual el aumento, siendo n el número de años
De tal manera que una colegiatura que hoy cuesta 80,000, al final de la carrera del alumno costará
si las colegiaturas crecen semestralmente o bien
 si las colegiaturas crecen de forma anual
De otra forma se puede decir que en fase de estudio, la tasa que hace que el Valor Presente Neto (VPN) sea cero es decir la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual al 6% anual, lo que significa que la tasa efectiva de financiamiento en fase de estudios es 3% semestral o 6% anual, que representa el mejor costo de financiamiento que un alumno podría tener, máxime en las condiciones económicas que lo rodean.

es decir, si se financiase el 50% de las cuotas, por poner un ejemplo, considerando que una vez que el alumno inicia sus estudios, su segundo semestre podría tener incremento o bien lo que se observó en las universidades privadas analizadas es que prefieren hacer un ajuste anual a las cuotas y no semestral, de tal suerte que durante su primer año, ambos semestres el alumno tendrá la misma cuota, sin embargo la disposición del tercer semestre habrá incrementado, igual la del quinto, séptimo y noveno semestre.
Así, un alumno que tiene crédito educativo del 50% con una cuota inicial de $80,000 tendrá la siguiente tabla de uso de crédito.

Tabla 4. Uso del crédito para un alumno

Nota: Los autores, a partir de las bases del modelo, elaboraron este ejemplo.
Cabe mencionar que el modelo está diseñado asumiendo que el crédito se otorga desde el primer semestre, sin embargo, cuando el programa sea aprobado, habrá alumnos que estén cursando sus últimos semestres y querrán incorporarse a estos beneficios, por lo que la recuperación de los créditos tendría un menor plazo de recuperación. Como se puede observar en el ejemplo anterior de la Tabla 4, la diferencia entre el monto de la deuda contraída por el alumno ($400,468) y el monto final que adeuda cuando termina la carrera ($454,492), es de $54,023 pesos, lo que significa un 13% de sobreprecio al momento de cambiar de fase de estudio a fase de pago, ello por financiarse durante 9 semestres, lo que es totalmente razonable.
Habiéndole dado la opción de liquidar los $454,492 al concluir sus estudios, si no decide tomar la opción total o parcialmente, a partir de ahí se le estructura su deuda con una tasa de interés del 8% con una fórmula de anualidad vencida a 9 semestres como máximo, pudiendo el alumno optar por un menor periodo de pago, de tal manera que, partiendo de la fórmula
 
Y despejando para el cálculo de la anualidad llegamos a
           
En fase de pago el alumno tiene un interés anual del 8% sobre saldos insolutos y debe realizar pagos mensuales.
En caso de incumplimiento se circula esta situación a todas los organismos relacionados que están previstos por las leyes y reglamentos respectivos.
En el ejemplo presentado, la anualidad sería de $61,126 semestral, es decir $10,188 mensuales durante los 9 semestres de fase de pago.
Por parte de la universidad y del patrocinador, su aportación del 10% de los recursos se destina a un fondo de capitalización, reserva y gasto operativo. La tabla 5 ilustra los resultados financieros de un crédito asignado a un alumno.
Tabla 5. Uso del crédito para un alumno

Nota: Los autores elaboraron este ejemplo a partir de las bases del modelo.
Complementando las cifras del ejemplo anterior, se desea mencionar que, además se tienen proyectados los estados financieros que a nivel interno, el responsable realiza como un eje orientador que le permite mantener actualizados los datos referentes a los créditos otorgados. Aquí se incluyen el costo administrativo del 5% del valor del fondo del PRONAFES y el 5% de incobrabilidad, además de los resultados proyectados. Por tanto, después de gastos administrativos, un alumno deja un flujo neto por $48,828 al final de los 18 semestres que incluyen la fase de estudio más la fase de pago.
La relevancia de un programa como el que se plantea es que si estos números se proyectan para 10,000  o 100,000 alumnos, una cantidad apenas representativa del alcance que podría tener el PRONAFES, los resultados se los planten en la Tabla 6.

Tabla 6. Escenarios de crédito PRONAFES para distintas poblaciones estudiantiles

Nota: Los autores elaboraron este ejemplo a partir de las bases del modelo.
Estos resultados, que parecen muchos ceros, son sólo considerando una generación que inicia en el semestre 1 y termina en el semestre 9 para concluir sus pagos en el semestre 18. El programa se vuelve más ambicioso si se considera que  en el semestre 2 debería iniciar una segunda generación con estos mismos resultados sumados, en el semestre 3 igual y así sucesivamente hasta alcanzar en el semestre 18 la madurez necesaria, donde la cantidad de alumnos que pagan al fondo es la misma cantidad que se financia, volviéndose revolvente y autosuficiente, y recogiendo del Estado o patrocinador y de las universidades privadas, los recursos que permitan atender los programas complementarios que se exponen también en este artículo.
Una vez que el alumno concluya su participación en el programa, se le hará una atenta invitación para que de forma voluntaria y opcional, como agradecimiento, done una cantidad mensualmente para un fondo de becas, domiciliado a su tarjeta de crédito, convirtiéndose en miembro honorífico del programa y agregando su nombre al “muro de honor”7 que estará en las instalaciones centrales del PRONAFES.

Estudios han demostrado que más jóvenes de bajos ingresos reconocen el valor de la educación superior y hacen esfuerzos extraordinarios para avanzar hacia un proyecto de vida que incluya estudios profesionales, un trabajo mejor remunerado y un estado de vida digno. El elevado costo de la educación superior privada es una barrera de entrada que hace prohibitivos los estudios para cierto sector de bajos ingresos, lo que aumenta la brecha social donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres tienen cada vez menos oportunidades.

PRONAFES dará lugar a una cultura financiera y colaborativa, ligará generaciones con alto sentido de responsabilidad y dará sentido de pertenencia nacional a los que directa o indirectamente resulten beneficiados.

Bibliografía

Aupetit, S. D. (2001). El Financiamiento de la Educación Superior: Problemas y Cuestiones Pendientes. Educación Superior, 48-51.
BANXICO. (15 de 10 de 2013). Banco de México. Recuperado el 15 de 10 de 2013, de http://www.banxico.com/estadísticas/indices Precios/indicesPreciosConsumidor.html
Clark, B. (2000). Creando Universidades Innovadoras. México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.
Cordera, R., & Pantoja, D. (1995). Políticas de financiamiento a la educación superior en México. México: Porrúa.
De Hoyos, R., Martínez de la Calle, J. M., & Székely, M. (2010). Educación y movilidad social en México. PNUD.
García de Fanelli, A., & Jacinto, C. (2010). Equidad y Educación Superior en América Latina: El papel de las carreras terciarias y universitarias. Recuperado el 11 de 2012, de Universia: http://ries.universia.net
García de Fanelli, A., Moguilansky, M., Trombetta, A., & Rezaval, J. (2007). Reduciendo la brecha de oportunidades para los estudiantes universitarios de origen indígena, Evaluación de Pathways to higher education en la Universidad de San Antonio Abad, Perú. Buenos Aires: CEDES.
ICETEX. (2006). Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior. Recuperado el 5 de 10 de 2013, de http://www.icetex.gov.co
INEGI. (2013). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2012. México: INEGI.
Lista de universidades en México. (15 de 10 de 2013). Recuperado el 15 de 10 de 2013, de http://www.altillo.com/universidades/universidades_mex.asp
Llamas Huitrón, I. (2003). Equidad en la asignación de recursos en educación en Morduchowicz, A., Equidad y Financiamiento de la Educación en América Latina. Buenos Aires: IIPE-UNESCO, pp.59-88.
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association. (2010). México, DF: Manual Moderno.
Muñoz, C. (1994). La contribución de la educación al cambio social. México: Universidad Iberoamericana, CCE.
Muñoz, C. (2001). Economía de la Educación. En C. Ornelas, Investigación y política educativas: ensayos en honor de Pablo Latapí (págs. 371-390). México: Aula XXI Santillana.
Peña, M. D., & Rodríguez, A. (2013). Hacia el impulso de la educación superior con crédito educativo en la universidad privada. XVIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. México: UNAM.
Rodríguez, A. (2013). El crédito educativo en México, operación y funcionamiento. Trabajo Predoctoral. México, México: ESCASTO.
Téllez, J. (2008). Una visión panorámica del crédito educativo en América Latina. Recuperado el 10 de Octubre de 2013, de Encuentros Universia: http://encuentros.universia.net/imagenesfotos/images_material_dc/432-4334080-2009625-111214_1.pdf
Tercer Congreso Internacional sobre Educación y Formación Técnica y Profesional. (mayo 2012). Shanghái, República Popular China: UNESCO.
Villarreal, H. (2005). La Asignación de los Recursos Públicos a la Educación: Problemática y Perspectivas. México: FCE.
XXIV Seminario Internacional de Crédito Educativo. (2013). Titularización de Cartera de Créditos Educativos, la experiencia de FINAE. Santo Domingo, R.D.: ÁPICE.