SUMARIO: el presente trabajo trata al respecto de la crisis de la agricultura en México vivida desde las reformas al artículo constitucional 27 a fines de 1991 e inicios de 1992, con la desaparición de la propiedad comunitaria conocida como ejido y la prominencia de la propiedad privada de las tierras arables, la implementación de la agricultura orientada a productos forrajeros para carnes de exportación y a las hortalizas de exportación, a partir de 1994 con la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y Canadá, y el efecto que tiene en los agricultores y campesinos, el desarrollo rural y las comunidades de jornaleros agrícolas, su migración interna como internacional y el deterioro de su calidad de vida desde entonces a la actualidad. Para el caso se centra el estudio en la experiencia tenida en la franja occidental de México.

PALABRAS CLAVE:

1. Agricultura.
2. Migración.
3. Ejido.
4. Pequeña propiedad.
5. Apertura económica.

SUMARIO: the present work is with regard to the crisis in farming in Mexico lived from reforms to the constitutional article 27 in late 1991 and early 1992, with the disappearance of the community property known as ejido and the prominence of private ownership of arable land, the implementation of agriculture oriented to forage to export meat products and vegetables export, beginning in 1994 with the validity of the Treaty of free trade with United States of America and Canada, and the effect that has on farmers and peasants, rural development and the communities of agricultural day labourers, their internal migration as international and the communities of agricultural day labourers, their internal migration as international and the deterioration in their quality of life since then to the present day. In the case study focuses on the experience taken into the western fringe of Mexico.

 

INTRODUCCIÓN.

La formación social del ejido en México es muy antigua, puede remontarse a tiempos precolombinos. Destaca una distribución de los terrenos cultivables entre clanes familiares que conforman barrios. Típico son las comunidades lacustres del Valle de México, en especial en las riveras del lago de Texcoco donde las chinampas son precisamente formas de explotación agrícolas de terrenos con un uso social, político, ecológico y económico totalmente sustentable. Se trata de terrenos que no son propiedad privada de quienes las trabajan sino son de la comunidad y son concedidas a clanes familiares en carácter de usufructo.

En la conquista Carlos V reconoce la propiedad indígena de grupos que apoyaron a los conquistadores en su guerra contra el imperio Azteca. Se les nombra cementeras. En los reinos de Tlaxcala, Morelos o de Michoacán la conformación social basada en el reparto de terrenos de origen precolombino es mantenida en el periodo virreinal.

Los terrenos que pertenecen a las cementeras indígenas tienen un carácter colectivo y comunitario. Su reconocimiento por el Consejo de Indias desde tiempos tempranos virreinales funda las bases para el sustento por siglos de comunidades indígenas campesinas, así como ancla a la población de manera locativa.

Precisamente la dignidad indígena deriva de su nexo con el uso del suelo. Los terrenos o tierras que les pertenecen son el sustento no solo de su calidad de vida, sino de su propio estilo de vida. Los indígenas a quienes se les despoja de sus tierras son condenados a la mendicidad creando el binomio hasta ahora patente indígena – indigente.

En el periodo independiente es Antonio López de Santa Anna (1795 - 1877), quien trata de certificar todas las tierras no escrituradas existentes en la nación. Citan Wilkie y Hammond (1998) que:

“Una vez que quedó establecida la situación del derecho patrimonial del estado, recuperándose así los desaparecidos derechos históricos de la corona sobre todo dominio geográfico, los presidentes que vienen a continuación introducen nuevas leyes sobre el porqué y la forma en que el estado debe redistribuir los derechos de tenencia. A finales del decenio de 1850, el gobierno de Benito Juárez aprueba leyes destinadas a deshacer las posesiones agrarias de la iglesia y del ejido (tierras de propiedad comunal, trabajadas comunalmente), instituciones ambas que tanto él como muchas otras personas consideraban que, en forma egoísta, mantienen las tierras improductivas e incluso fuera del mercado…”

Benito Juárez procura otorgar tierras de tipo pequeña propiedad o mediana, por una parte imitando el asentamiento agrario de Europa o de América del Norte, y por otro lado evitando la formación de nuevos latifundios. No obstante en el tiempo que Benito Juárez hace este tipo de reparto agrario (1855) ya en Europa como en América del norte la concentración de tierras es el fundamento económico de la producción bajo la lógica de la eficiencia moderna basada precisamente en latifundios.

Es Porfirio Díaz quien de 1876 a 1910 fomenta la creación de Haciendas agrícolas cuya producción moderna parte precisamente de su carácter latifundista. John Kenneth Turner indica la existencia de Haciendas henequeneras en Yucatán precisamente con extensiones de tierras que las define como auténticos latifundios. En el norte del país existe una Hacienda propiedad de la familia Terrazas Creel cuya extensión supera a la propia extensión del territorio del propio estado de Chihuahua.

La formación del latifundio a la par de la paz social lograda desde 1876 a 1910 dan pié a la primera disrupción social del país en el siglo XX: la revolución mexicana.

La paz social lograda por Porfirio Díaz es causa del crecimiento demográfico, especialmente en el campo. Para entonces 9 de cada 10 mexicanos viven en el medio rural: son campesinos. La alta concentración de tierras que se materializan en Haciendas agrícolas y ganaderas y la creciente modernización del campo causan una gigantesco ejército industrial de reserva que nutre el desempleo. La ciudad en dicho momento no es una opción valiosa para el campesino en materia de empleo pues ésta no es un mercado laboral atractivo ni significativo para quienes de nacimiento y cultura están ligados a un estilo de vida campesino.

La revolución mexicana da por producto la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, donde destaca dos artículo de interés: el artículo 27 y el artículo 123. El primero establece el uso de suelo como del subsuelo, el carácter de la propiedad y sobre todo el control del estado de aquellos recursos que son considerados estratégicos para el desarrollo nacional. En el artículo 123 quedan delineadas las bases de las relaciones sociales de corte capitalista. De hecho son el fundamento de las relaciones obrero - patronales de corte social demócrata. Con ello se da término al liberalismo económico que domina los tiempos independientes como ética pública del desarrollo.

Lo interesante es que se establece el carácter y la dimensión de la propiedad agraria. El ejido da propiedad a unidades familiares dentro de una comunidad a la que precisamente se le nombra ejido. Ejido no es en sí un terreno arable de carácter usufructuario cuya propiedad es comunal, por lo que no es enajenable para otros usos. Es en realidad una comunidad de familias, un clan, que administran ciertos terrenos que les pertenecen como comunidad y que su designación por cabeza de familia depende de la calidad de la tierra, la provisión del agua y el tamaña de su familia… al menos de principio. La unidad productiva es un minifundio cuya dimensión es muy variada. De familia en familia el número de tierras varía pero nunca llega a representar una extensión significativa.

La Secretaría de la Reforma Agraria de hecho trata el reparto económico con base a regiones y distritos agrícolas, de entidad en entidad. Nunca el criterio de reparto es igual, incluso en una misma locación de un momento a otro cambia el juicio.
CRECIMIENTO URBANO Y METROPOLITANO EN GUANAJUATO

La primer Ley de Población en México se formula en 1936, delineada en gran medida bajo el sesgo desarrollista de Eduardo Suárez, entonces Secretario de Hacienda en la administración del presidente Lázaro Cárdenas (1934 – 1940). El fundamento -tal como viene redactada desde un inicio-, es crear patria. Pronatalista, en una nación de de formación religiosa católica, y con la revolución de los antibióticos que marca el descubrimiento de la penicilina en el segundo lustro de los años 20 del siglo pasado, el resultado es una transición demográfica donde el crecimiento adquiere un carácter exponencial.

El crecimiento demográfico con tasas anuales de crecimiento crecientes, conjugado con la reforma agraria expansiva genera que el ejido tienda a minimizarse de un periodo de reparto a otro. El minifundio no es suficiente para dar sostén a una familia de campesinos, especialmente si esta es amplia.

Pero es el carácter de la propiedad agraria de tipo minifundista quien dispersa a la población en el territorio, dado que se trata para 1950 de una población dominantemente rural.

Cada punto en el mapa 1 representa mil habitantes. El número de puntos por polígono municipal suma el número de población censal dado en el Censo de 1950 para cada municipio de la entidad. Cada punto aparece arbitrariamente dentro de cada polígono. Importante es señalar que no son localidades. Es un mapa gráfico de la dispersión de la población, no es un mapa geográfico de la distribución territorial de la población.

En el mapa 1 se nota una dispersión más o menos proporcionar de polígono a polígono lo que indica poca concentración urbana. Se trata de una entidad cuya población es dominantemente rural.

En este trabajo no se parte del concepto de comunidad rural definida por Luis Unikel (1977), donde establece un criterio de tamaño de localidad. Para el caso de 1 a 2,499 habitantes. Mismo criterio que el INEGI toma en los años 80 como criterio de definición de las localidades como rurales, mixtas (rural – urbana y urbana – rural) y urbanas.

En el país, durante el periodo de sustitución de importaciones o endogenista, la política pública, entonces significativa y base de la inducción y la conducción económica, privilegia la formación de las grandes ciudades lo que vino con el abandono rural (Arroyo; 1989; 13- 259) y empobrecimiento de las regiones y localidades que no son vistas como prioritarias para el ascenso industrial urbano del país, en atención a las posibilidades de crecimiento basadas en la demanda interna. “Con el abandono paulatino de ese modelo económico, se ha venido dando también un lento proceso  de descentralización en el que  los municipios y las regiones tratan de alcanzar su propio desarrollo mediante iniciativas locales…” (García, González y Sánchez, 1988; 08 – 237).

La nueva política territorial que implica el término de un esquema de desarrollo de corte endogenista, a uno nuevo con apertura económica, conlleva para toda nación la reforma institucional que legitime la reestructuración económica que se dan en el seno del propio tránsito de desarrollo, de aquel regido bajo el régimen de la producción rígida, al nuevo basado en la producción flexible. Con esto se tiene una nueva dimensión de las políticas territoriales (Rojas, 2001; 133 - 180).

Los procesos de descentralización, bajo la óptica de la planeación regional, representan una oportunidad económica que inscribe a las regiones del país en el desarrollo globalizador, como abre a las oportunidades internacionales la posibilidad de un más eficiente aprovechamiento de las potencialidades locales. Una de las principales ventajas de las políticas de regionalización con miras a la especialización que permite inscribirlas en el esquema de la producción mundial es la convergencia donde disminuyan las desigualdades regionales, donde se fortalezca el crecimiento de las industrias locales, procurar el federalismo y la descentralización, donde exista a nivel local una mayor capacidad de decisión, gestión y acción en lo programas de fomento industrial de las administraciones públicas, como de una mayor participación democrática ciudadana. No obstante los retos son muchos puesto que es reciente la creación de la Ley de Planeación y con ello, la planeación regional a su vez se encuentra en sus primeras fases de implementación a través de los programas de COPLADEG y COPLADEM (Olmos, 2001; 211 - 226).

La inversión pública como privada (nacional y extranjera), son vitalizadotes de las empresas e industrial subregionales. Por ello, no basta con la implementación de planeas de desarrollo regional y subregional para fomentar el desarrollo. Es necesario se cuente con las instituciones financieras internacionales, regionales, nacionales como subregionales, así como la participación de la inversión pública, que respalden con créditos sustanciales el fortalecimiento de las iniciativas económicas locales. Por ello es necesario se conjuguen las agencias financieras para que como un plan conjunto, coadyuven a incentivar el crecimiento local (Arroyo y Berumen, 2001; 271 -306).

Actualmente, la inversión pública ha pasado a un segundo plano, por lo que las políticas keynesianas de inducir el crecimiento desde una toma centralizada de decisiones, a su vez se hace a un lado para dar cabida a las iniciativas autónomas de crecimiento empresarial e industrial. “En México, la apertura comercial, las crisis económicas y financieras de los años 80 y de 1994 y el avance de la democracia han reforzado el proceso de descentralización y el renacimiento de un nuevo federalismo; gracias a esto hoy en día la responsabilidad de gestionar el desarrollo recae en los gobiernos locales…”. Es por ello que son las propias oportunidades locales con respecto a su anexión al esquema de desarrollo globalizado, las que dirigen el destino y gestión de las iniciativas del desarrollo, a un nivel comunitario y lejos de atender las directrices que desde el centro se concebían como instancias de crecimiento económico (González, 2001; 307 – 370).

En la descentralización y el federalismo no ha bastado la regionalización y la municipalización de las políticas públicas para corregir las distorsiones que ocasionó el modelo de planificación central y excluyente de las iniciativas locales que fue típico del periodo endogensita de desarrollo. El tipo de descentralización y sus modalidades de administración pública donde la falta de articulación de los programas a un nivel municipal, estatal, subregional como nacional, son causales de que la promoción del desarrollo local no encuentre respaldo suficiente en el contexto de las políticas públicas del país. Por otra parte, los gobiernos municipales tienen responsabilidad en los desequilibrios existentes a nivel municipal como regional dado que no han podido integrar las empresas e industrias locales a las economías de escala nacional como internacionales. No obstante, las reformas de diciembre de 1999 al Artículo Constitucional 115 donde el municipio deja de ser administrado, para pasar a ser gobernado por un ayuntamiento de elección popular, y con ello se espera logren una mejor eficiencia en tu toma de decisiones, capacidad de gestión como de acción, el municipio como tal aún no logra ser una instancia local como agencia de desarrollo al no contemplar la necesidad de vincular a la industria local con los mercados nacionales como internacionales, ni especializar su economía (para el caso de pequeñas localidades) en aquellas actividades que presenten ventajas comparativas ante el contexto de producción globalizada (Hernández, 2001; 371 – 392).

Basta entonces señalar que el desarrollo regional del país debe comprenderse a una instancia territorial, aterrizada a las realidades estatales, municipales como locales. Por ello la necesidad de contar con un acercamiento al estudio de las dinámicas metropolitanas que se viven en la nación y sus singularidades en un nivel estatal – municipal.

Con base a lo anterior, en el mapa 2 se nota una ligera mayor densidad en la franja central del estado que corresponden al Bajío. Hay una mayor concentración demográfica debido a que es la parte económicamente más dinámica de la entidad y inicia un desarrollo urbano al parejo de las principales zonas de desarrollo urbano metropolitano del país.

En el mapa  se ven tres regiones cuya densidad de población es distinta: la franja norte o altos guanajuatenses. La franja central o Bajío guanajuatense y la franja sur o Bajíos michoacanos. La franja central contrasta con las otras dos por presentar una mayor concentración poblacional. La franja norte es la región con menor densidad poblacional y la franja suroeste es la que presenta una densidad media. Aún dentro de la franja central existe la subregión sureste que presenta una densidad media, menor a la del resto del Bajío (véase recuadro dentro del mapa 2).

Esta dispersión poblacional viene a cambiar por dos patrones: el ascenso urbano industrial del Bajío que sobre todo desde la década de los años 60 de la centuria pasada es el principal peso que explica la densidad de población en la región. Y segundo, el alto crecimiento demográfico que se observa en la región.

Se tiene la población correspondiente a las 27 áreas metropolitanas del Estado de Guanajuato en el orden descendente según su número de habitantes. Pueden verse cómo son las ciudades propias del Bajío (franja central del territorio estatal), y de la región de los Bajíos michoacanos (franja sur), donde se ve el mayor dinamismo demográfico. El año 2010 es una estimación propia.

De las 27 ciudades, 26 son cabeceras municipales y el Centro Familiar La soledad es una localidad. Muchas otras localidades que no son cabeceras municipales, en la entidad, muestran crecimiento significativo que pronto las pondrá dentro del sistema urbano - metropolitano, como es el caso de Cerano, localidad ubicada dentro del municipio de Yuriria, al sur de la entidad. O la comunidad de los Rodríguez, en el municipio de San Miguel Allende, al noreste del Estado. La primacía de la ciudad de León es bastante significativa, y más si se considera que bien este sistema urbano - metropolitano ya tiene una alta conurbación con el área metropolitana de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. A su vez, se ve como existe un sistema urbano - metropolitano muy articulado desde los pueblos del Rincón, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.
                                                          
Se debe hacer notar que las ciudades que más crecen se presentan varios factores que se combinan para su explicación. De entre ellos destaca:

• Ser cabeceras municipales.
• Ser municipios donde la propiedad ejidal y comunitaria era muy alta.
• Ser municipios donde prosperan las actividades terciarias especializadas en el consumo.
• Tener un alto nexo con sistemas urbanos urbano - metropolitanos altamente articulados al esquema modernizador del país, como a los mercados foráneos.

 

Aparte, debe considerarse que a razón de las reformas al Artículo Constitucional 27, la mano de obra campesina se ve liberada de su arraigo a su propiedad comunal como ejidal. Bien por rentar o por vender, migran principalmente a las áreas urbano - metropolitanas más cercanas o que les ofrezcan mejores oportunidades laborales. Por lo mismo, el crecimiento demográfico, que a veces es espectacular, es solo transitorio y tenderá a disminuir. Se puede afirmar que la década de los 90 fue es periodo estacional en el fenómeno de la migración interna estatal.

De este crecimiento deben hacer notar cómo Apaseo el Grande, San Miguel Allende, Valle de Santiago y Guanajuato presentan las tasas de crecimiento demográfico más altas. Debido principalmente a su creciente articulación con el sistema urbano - metropolitano de Querétaro. Ambos municipio vecinos colindantes con la entidad de Querétaro al este del territorio del estado de Guanajuato. Las tasas estimadas correspondientes al periodo del 2005 al 2010 son exageradas, solo indican un cambio crítico y acentuado en el crecimiento de ambas ciudades, es de esperar que este crecimiento tienda a atenuarse a tratarse de la migración que se genera a razón de diciembre de 1991 con las reformas constitucionales en materia de propiedad ejidal y comunal.

Valle de Santiago es un caso específico del efecto de dichas reformas institucionales tienen en la distribución de la población en regiones predominantemente agrarias. Su alto nivel de crecimiento se explica por la fuerza de trabajo liberada a razón del cambio en el carácter de la propiedad de la tierra. En los años 90 regiones especializadas en la  producción agrícola pierden dinamismo ante la cancelación de los subsidios al campo que se dan como efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acomodo en reciente de agro negocios con alto grado de articulación a comercializadoras orientadas al comercio exterior, reaniman su dinamismo. De hecho es un nodo de conexión en el Bajío ligado a la agricultura moderna.

Guanajuato, al tratarse de una ciudad que aparte de ser cabecera municipal, es sede del poder ejecutivo y legislativo del Estado, muestra también un reciente incremento de sus tasas de crecimiento demográfico. Tratándose de una ciudad turística, también prosperan actividades ligadas a los mercados foráneos. El negocio inmobiliario, igual que en el municipio de San Miguel Allende, se vuelve una de las actividades más rentables, desde luego, ligado al turismo. Precisamente San Miguel Allende es otra de las ciudades que presentan un alto nivel de crecimiento demográfico, que se explica principalmente por la industria turística muy fortalecida por promotores locales ligados a la Unión Americana.

La localidad del Centro Familiar La Soledad, a efecto de una gran inversión pública a fines de los años 80 e inicios de los 90, como ubicarse en una región agrícola, es receptora de un gran número de pobladores liberados del campo, por las razones antes señaladas, como por la generación de empleo local efecto de los subsidios gubernamentales. Consolidada la infraestructura del Centro Familiar, su capacidad de retención y atracción de población tiende a disminuir inmediatamente. Por ello esa abrupta caída, cuando en 1990 presentó una tasa de crecimiento de las más altas no solo en la entidad, sino del país, en la actualidad se estima en 1% y tiende a seguir disminuyendo.

En el cuadro 5 se presenta la razón de cambio en las tasas de crecimiento observadas en las ciudades de este estudio, de tal modo que en orden de importancia se presentan de manera descendente los cambios críticos. Debe tomarse con reservas los valores de Salvatierra, Yuriria, Salamanca puesto que la inferencia negativa supera con mucho un criterio de movilidad social real, no obstante es crítico – indicativo que son municipios con alta expulsión poblacional.

El sur del Estado, donde se ubican los Bajíos michoacanos, muestra haber quedado al margen de la dinámica de la globalización, distinto a como se observa en el Bajío. Ciudades como Salvatierra y Yuriria muestran una caída en su dinámica de crecimiento, donde la primera es la más crítica. Su economía es muy local y prosperan al alcance de las posibilidades de mercados domésticos muy modestos. Requieren vincularse a las industrias cuyos mercados tienen un mayor nexo con el esquema globalizador. Colindantes al sistema urbano - metropolitano de Moroleón – Uriangato, que muestra un crecimiento muy alto gracias a la alta articulación con los mercados foráneos de su industria, sobre todo textil, Salvatierra y Yuriria solo aportan fuerza de trabajo a este sistema, pero no logran anexarse a esquema globalizados de trabajo. Una posibilidad es que capitales de Moroleón y Uriangato puedan aviar el desarrollo de la industria textil, como un apéndice de su economía, tal como lo hizo León en San Francisco del Rincón y en Purísima, y con ello promover un desarrollo más regional.

Acámbaro muestra una economía estancada, con un crecimiento prácticamente nulo. No obstante no es expulsor de población en el grado que lo son Salvatierra y Yuriria. De hecho estas últimas se acercan gravemente a crecimientos negativos, esto es, a iniciar una fase de despoblamiento debido a la muy alta tasa de emigración. La migración interna va al sistema urbano - metropolitano de Moroleón y Uriangato, Querétaro, Ciudad de México, como existe una muy alta emigración internacional hacia la Unión Americana donde los principales destinos son Chicago (Illinois) y California.

Salamanca también presenta una caída drástica de su crecimiento demográfico debido principalmente a la disminución en la generación de empleos dependientes de la industrial de la refinación de hidrocarburos local, como del gran peso gravitacional que ejercen Irapuato y Celaya, que le restan dinamismo a las industrias locales, dado que los principales centro de los agronegocios se ubican en esos municipios. Su crecimiento ha disminuido al grado que está cerca de presentar tasas nulas.

Muchas áreas metropolitanas como Yuriria, Acámbaro, Romita, Apaseo el Alto, Cortazar, Penjamo, Silao y Jaral del progreso, como ciudades de tamaño mediano, ven mermado su crecimiento ante el crecimiento y dinamismo económico de las principales ciudades de la entidad: León, Irapuato y Celaya, que tienden a concentrar población (inmigración), puesto que su mayor vínculo con los mercados globalizados y del exterior, posibilitan una mayor capitalización local y generación de empleo.

San Luis de la Paz, al norte de la entidad aparece como una isla del resto de sistemas urbano - metropolitanos de la entidad. De hecho guarda mayor vínculo con los respectivos de la entidad de San Luis Potosí, propiamente con Río Verde.

Hay que considerar que el crecimiento demográfico supone un crecimiento urbano e industrial paralelo, de un dinamismo tal que ampare con nuevas fuentes de empleo el aumento de moradores. La llamada capacidad de carga del territorio implica consideraciones en materia de sostenibilidad y sustento. En ello el mapa 11 ilustra la aptitud urbana del territorio del Estado de Guanajuato por su tipo de suelo (a 2004).

Importante es destacar que la entidad presenta un tipo de territorio muy apto para el crecimiento urbano e industrial, más allá del área que comprende el Bajío y los Bajíos michoacanos. Entre muy alta y alta aptitud urbana, el territorio de la entidad en general es propicio para dar cobijo a actividades urbano industriales correspondientes al crecimiento demográfico aquí estudiado. Hay que destacar que no por tener una muy alta y alta aptitud urbana es deseable que el uso del suelo sea para este fin. Hay usos alternativos y lo que debe priorizarse es la sustentabilidad tanto de la población como de los ecosistemas que en este habitan, de tal manera que la organización del territorio obedezca a un ordenamiento del mismo concebido desde el ámbito de la sostenibilidad a largo plazo.

El resultado de todo lo anterior es el patrón de concentración demográfica. En el siguiente mapa 3 se tienen la densidad de población existente en la entidad en el 2005. Se observa primero el aumento significativo de población de 1950 a 2005 (55 años). Crecimiento general en toda la entidad pero destaca la parte central del Bajío, quien crece naturalmente pero también socialmente dado que es una región de alta atracción migratoria. Nótense las zonas metropolitanas de encabezadas por León, Irapuato, Celaya y Moroleón, mismas que aparecen enmarcadas en círculo. Vea el caso especial de la zona metropolitana de León.

En los altos guanajuatenses se tienen las sub regiones noreste como no noroeste las cuales son las que muestran el menor dinamismo demográfico y su dispersión poblacional sigue siendo el patrón observado en los años 50 del siglo pasado. Son de hecho las áreas de mayor atraso económico, donde las principales actividades económicas siguen siendo dominantemente rurales. Aparece un trazo que trata de delimitar las áreas que les definen. El caso extremo es la región de Sierra Gorda de Guanajuato cuya emigración resta mucho a su crecimiento demográfico.

Hay que destacar que la metropolización de las ciudades del Bajío tiene que ver con el nexo que representa la carretera federal 45 con principales mercados nacionales, en el centro del país como en el occidente.

AGRICULTURA Y DESARROLLO EN GUANAJUATO

Las reformas de diciembre de 1991 y enero de 1992 al artículo 27 constitucional cambian el carácter de la propiedad agraria en el país. Afectan principalmente al ejido que deja de ser una propiedad comunal en usufructo de quien la trabaja para pasar a ser pequeña propiedad.

Si bien se reconoce que la creación del ejido como figura jurídica ante la constitución de 1917 es parte de una acto de justicia histórico social, también hay que reconocer que el minifundio simplemente no logra ser eficiente ante la producción agrícola moderna. El ejido condena al campesino a vivir en el abandono del desarrollo urbano como en la pobreza que a veces adquiere el carácter de extrema.

Por otra parte, el ejido condena en gran medida al crecimiento de las ciudades al carácter de suburbano e irregular. Al aumentar la mancha urbana, se topan con el ejido que establece una frontera a la legalidad de la propiedad urbana. Se crece sobre el ejido y esto le da la condición de irregularidad a las fincas urbanas que se dan como parte del crecimiento periférico y satelital de las ciudades.

Es necesario cambiar el carácter de la propiedad comunal en el país por ello se justifica la desaparición del ejido, como fórmula de propiedad agrícola productiva. Con ello se logra regularizar muchas fincas como colonias que aparecen como fundaciones irregulares, y les permite por ello entrar en el ordenamiento territorial y pasar a ser parte de la organización social y económica del territorio.

No obstante, las reformas al 27 constitucional antes citadas por otra parte, permiten a los campesinos, a la hora de ser pequeños propietarios enajenar sus terrenos agrícolas. Cuestión que resulta contraproducente para los mismos puesto que de inmediato se viene una sobre oferta de parcelas en venta lo que devalúa el valor de los terrenos arables, lo que les deja por sus ventas poco capital a las unidades familiares campesinas que venden, capital que les es fundamental para trasladarse a zonas urbanas y fincar una casa, como inaugurar un negocio, un taller.

La venta del ejido por los ejidatarios les es poco sustancial en lo económico por lo que el capital obtenido es mínimo y deja pocas posibilidades de inaugurar un negocio de mayor capitalización. No obstante, con poco estas unidades familiares muchas veces logran ubicarse en una cabecera municipal o localidad urbana e iniciar una nueva forma de vida. Con ello se inicia de forma masiva una gran migración del campo a las ciudades, desaparecen las pequeñas localidades de 1 a 99 habitantes y adquieren mayores tasas de crecimiento las llamadas ciudades medias, receptoras en gran medida de estas familias campesinas. Localidades muchas de ellas cabeceras municipales, puestos y ciudades frontera.

La emigración a la Unión americana, principalmente por trabajadores mexicanos también se ve incrementada de forma sustancial. Cuestión que obliga a las autoridades norteamericanas a modificar a nivel estatal sus legislaciones en materia migratoria y de regularidad como residentes.

Si bien el flujo de emigrantes de este tipo se da desde centurias pasadas, es a partir de la segunda guerra mundial que se fortalecen los flujos migratorios, lo que bajo la sombra del programa bracero (1942 – 1964), se retroalimenta lo que le da una mayor dimensión. Pero son otros eventos más recientes lo que les incentiva y redimensiona a expresiones mayores. Destaca la antes mencionada reforma al artículo 27 constitucional, así también la cancelación de subsidios y precios de garantía a los productores agrícolas, a efecto de celebrar el TLCAN en enero de 1994. También debe considerarse las llamadas políticas de estabilización que se implementan desde el año 2000 para fortalecer la inversión nacional como extranjera, como el comercio exterior.

Si bien la flexibilidad productiva como laboral en ambas partes de la frontera pone su grano de arena, puesto que la sutilización de la explotación faculta a la mano de obra femenina para acceder al mercado laboral, causa que el carácter de la migración cambia de ser cíclica, circular y temporal a ser permanente y definitiva.

Necesariamente esto viene en detrimento social y económico del país, puesto que con la migración se fuga un gran capital humano, éstos trabajadores dejan con tiempo de enviar remesas al país al trasladar a sus familias a la Unión americana una vez logran la residencia en algún estado del vecino del norte.

El fenómeno migratorio viene en aumento desde décadas atrás, si bien deja de ser un fenómeno del campo para volverse uno de carácter urbano. Los migrantes en sus mayorías provienen de medios urbanos y se destinan a áreas urbanas tanto del país como del extranjero donde la primacía la mantiene desde siempre la Unión americana.

CONCLUSIONES:

La migración es un fenómeno muy antiguo en nuestro país, en especial de jornaleros del campo que antes iban de una localidad rural a otra del mismo carácter. Durante el  desarrollismo esta naturaleza cambia para pasar de ser rural – urbano. Ante la posmodernidad, el carácter se vuelve dominantemente urbano, tanto de origen como de destino.

Por otra parte, el fenómeno día con día adquiere una dimensión mayor. Los contingentes migratorios se vuelven cada vez más numerosos, como aparte destaca la cada vez mayor participación de las mujeres en el fenómeno. Domina la migración a la Unión americana.

Las políticas de estabilización inauguradas desde el año 2000 para blindarle a la economía mexicana un nivel de inflación competitivo ante nuestros principales socios comerciales traen como consecuencia una baja generación de empleo. La migración internacional adquiere matizaciones antes no vistas por la nación.

Como efecto inminente las remesas familiares repuntan hasta llegar a ser una de las principales fuentes de divisas del país. Como efecto positivo del fenómeno, pero contraparte, la pérdida de casi 350 mil mexicanos que año con años cruzan la frontera norte en búsqueda de trabajo y en calidad indocumentada es un peso social y cargo político inadmisible para cualquier administración pública que se digne como legítima en cuando su programa de gobierno.

Las reformas institucionales con respecto a la propiedad, en especial de terrenos agrarios, mismas que se vienen a dar en 1991 con las reformas al artículo 27 de la constitución política mexicana, junto con políticas de corte neoliberal que suspenden los subsidios a la agricultura como a los productos que componen la canasta básica del mexicano, llevan a que la migración internacional se recrudezca.

Paralelo, desde la Unión Americana se vienen a dar expresiones de racismo, intolerancia, persecución, crimen, violencia y xenofobia contra estos contingentes de población trabajadora mexicana, como de la región latinoamericana. El tema es tan delicado que se vuelve uno de los principales a tratar entre ambas naciones: México y los Estados Unidos de América.

Colateralmente se ligan otras disrupciones sociales tales como el narcotráfico y crimen organizado, tráfico de armas y terrorismo, derechos humanos, entre otros aspectos que conlleva a ambas naciones a deber atender a los migrantes en cuando sus demandas como residentes en materia de educación, salud, justicia, seguridad social, vivienda, entre otros temas importantes.

La trascendencia del fenómeno se vive tanto en local en cuando comunidad de origen como de destino, no implica temas solo para el migrante (los que se van), sino para sus familias (los que se quedan). Por lo que la dimensión del problema llega a expresiones de interés para científicos sociales de distintas disciplinas, que deben tratar consideraciones de lo más diverso y controvertido. La complejidad del fenómeno no es solo la cuestión a considerar, sino la dimensión que va tomando con el tiempo si se concibe que hoy día se habla de 17 millones de mexicanos residentes en la Unión Americana.

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