Resumen:

El reparto agrario en la Ciénaga de Chapala convirtió la mayor parte de su suelo en ejido. Las parcelas ejidales eran dedicadas predominantemente a la producción de granos, eran trabajadas por el ejidatario y su familia y operaban bajo un sistema de control político gubernamental, en medio de una corrupción generalizada. Hoy día, la producción hortícola es la más productiva, la que emplea el mayor número de trabajadores, la que usa la tecnología agrícola más avanzada y la que mayormente concentra la propiedad y el arrendamiento de parcelas ejidales y pequeñas propiedades de la región.

Palabras clave: Ejido, horticultura, agricultura, concentración de la propiedad, control político, corrupción.

Abstract:

The agrarian distribution in the marsh of Chapala most of turned its soil into common land. The plots ejidales were dedicated predominantly to the grains production, were worked by the ejidatario and his family and were operated under a system of political governmental control, in the middle of a generalized corruption. Nowadays, the horticultural production is the more productive, the one that employs the most of workers, the one that it uses the most advanced agricultural technology and the one that mainly it concentrates the property and the renting of ejidales parcels and small properties of the region.

Key words: Common land, horticulture, agriculture, property concentration, political control, corruption.

Introducción

Es escaso el conocimiento generado sobre el desarrollo histórico de la Ciénaga de Chapala, tanto en lo que se refiere al pasado remoto como al inmediato. Cabe destacar las enormes contribuciones que los investigadores de El Colegio de Michoacán han hecho en la cobertura de este vacío cognoscitivo.
Este artículo contiene información producto de la recuperación de los resultados de estudios formales realizados sobre la región, de entrevistas hechas a pobladores de la Ciénaga y de las vivencias de dos de los autores de este artículo, originarios de la zona.
La información referente al pasado inmediato de la Ciénaga, es escaso. De hecho, se cuenta casi exclusivamente con los trabajos realizados en El Colegio de Michoacán, destacando los de Pablo Elías Vargas González, Briggite Boehm Schöendube, José Luis Rangel y Álvaro Ochoa Serrano. Vargas González analiza a profundidad las relaciones caciquiles de poder, Boehm y Rangel se centran en el uso, calidad y tecnología del agua de la cuenca Lerma-Santiago y Ochoa en el estudio de las tradiciones.
En este artículo se pretende relacionar la política con la producción agrícola y la tenencia de la tierra, tratando de perfilar la direccionalidad del desarrollo de la agricultura en la región.
La investigación de la que resultó este artículo, se realizó de la siguiente manera: 1) Diseño del proyecto de investigación; 2) Identificación de fuentes escritas de información; 3) Análisis y fichado de las fuentes escritas; 4) Identificación de información oral necesaria; 5) Identificación de candidatos a entrevista; 6) Realización de entrevistas; 7) Interpretación y fichado de la información resultante de las entrevistas; 8) Codificación de fichas de trabajo y redacción de documentos.

1. La formación de ejidos y la constitución del bloque de poder posrevolucionario

Durante la Revolución Mexicana la población civil enfrentó múltiples sufrimientos pues se considera que cerca de un millón de no combatientes murieron por hambre, enfermedad o ejecución de alguno de los bandos enfrentados. Muchos pueblos y cultivos fueron quemados, el ganado sacrificado y comido y las mujeres ultrajadas. Miles huyeron a los Estados Unidos de América. Nadie quería cultivar la tierra y algunos rebaños de ganado fueron llevados a lugares remotos intentando evitar el saqueo de gobiernistas y revolucionarios. Los precios de los alimentos subieron enormemente y la mayor parte de la población sufrió hambre y enfermedad, circulaban billetes sin valor, etcétera.
Los habitantes de la Ciénaga de Chapala intensificaron la migración a Estados Unidos (Ochoa 1999, 265). La tranquilidad social y el total apoyo del gobierno a los procesos de acumulación de capital se vieron totalmente interrumpidos por el movimiento revolucionario. El saqueo, la destrucción y el asesinato desolaron la tierra mexicana y la confusión ideológica y el enfrentamiento entre caudillos revolucionarios llenó la cotidianidad de la vida. Las haciendas, los cultivos, los molinos de azúcar y algodón fueron saqueados y quemados y las propiedades abandonadas. Sólo las comunidades y personas aisladas cultivaban sus tierras y cuidaban su ganado ─expuestos siempre al peligro de ser descubiertos por alguna gavilla de maleantes─ y los grandes terratenientes se rehusaron a cultivar sus tierras por temor a que fueran cosechadas por los revolucionarios. Los precios de los alimentos se elevaron hasta convertirse en inalcanzables para la mayoría de la población, estimulándose con ello el ingreso a las filas revolucionarias.
Muchos de los dirigentes revolucionarios aprovecharon los botines de guerra y el poder que el movimiento les dio para enriquecerse. “El viejo dinero fue unido por las nuevas riquezas amasadas durante la revolución y el periodo de la reconstrucción física que le siguió. La reconstrucción ofreció un crecimiento común a los capitalistas con una amplia variedad de oportunidades de inversión y ganancias. Amigos y generales revolucionarios relativamente exitosos se hicieron ricos, algunas veces de la noche a la mañana con contratos de gobierno altamente lucrativos” (Adler s/f, 9). En cambio, las condiciones de campesinos y obreros se mantuvieron iguales, como estaban antes del movimiento revolucionario.
Los nuevos gobernantes se mostraron reacios a repartir la tierra. Hasta 1920 la estructura agraria de la Ciénaga de Chapala no se había modificado sustancialmente, a diferencia de otras regiones del país (Vargas 1993, 49). “Lento en un principio, ‘se aceleró con la llegada del licenciado Portes Gil a la presidencia, y en un solo año, 1929, entregó más de dos millones de hectáreas, la mayoría de cultivo’. En el cuatrienio del presidente Obregón se repartieron 1 677 067 hectáreas entre 158 204 jefes de familia; en los cuatro años de Calles se entregaron 3 195 028 hectáreas a 302 432 jefes de familia; en el año de Portes Gil se dio un par de millones a 155 826 familias; y en el bienio del presidente Ortiz Rubio el reparto fue de 1 203 737 hectáreas entre 84 009 derechohabientes” (González 1979, 373).
Como complemento de los repartos de tierra realizados, en 1926 se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, orientado principalmente a financiar a pequeños propietarios de tierra y con una reducida capacidad de financiamiento que favorecía a un grupo muy reducido de agricultores.
En la Ciénaga de Chapala, de las once solicitudes de dotación de tierra, sólo cinco recibieron aceptación, correspondiendo al “…13% de la Ciénega, mientras que los terrenos restantes se hallaban dentro de las cercas de las haciendas de particulares 54% y las administradas por el gobierno federal 23%” (Vargas 1993, 52). Los terrenos propiedad del gobierno federal, recibidos en pago cuando la desecación, eran administrados de la misma manera que cuando pertenecían a los hacendados y las parcelas ejidales eran cultivadas individualmente con enormes dificultades por no contar con capital para realizar los cultivos.
Fue hasta el reparto masivo de tierras ejidales realizado durante el gobierno de Cárdenas, que el ejido se convirtió en la forma de tenencia de la tierra predominante en la Ciénaga de Chapala y que los campesinos pudieron cultivar sus parcelas contando con financiamiento y asesoría del gobierno federal. “La Ciénega de Chapala se dividía en ejidos organizados en Sociedades de Crédito Ejidal (26 ejidos) e independientes (6 ejidos). Los primeros, poco tiempo dependieron del Departamento Agrario y luego fueron administrados integralmente por el Banco de Crédito Ejidal. Los ejidos independientes, como no tenían la tutela del banco, quedaban expuestos a usureros locales. Sin embargo, este último camino lo seguirían los ejidos constituidos en sociedades, a los que se les suspendía el crédito por incumplimiento o retraso en los pagos” (Vargas 1993, 76).
Los ejidos de la región se fueron formando en diferentes momentos históricos y con extensiones territoriales muy variadas. Por ejemplo: el ejido de Sahuayo fue dotado de 3 320 hectáreas para 316 ejidatarios en 1930 por decreto del Gobernador del Estado General Lázaro Cárdenas del Río (González 1979, 374-375); el ejido de La Palma es formado en 1923 por resolución presidencial con 1 893 hectáreas y ampliado en 1938 con 412 hectáreas; el ejido de Pueblo Viejo en 1923 es dotado de 567 hectáreas por decreto presidencial de Álvaro Obregón; el ejido de Cumuatillo es formado en 1933 con una dotación de 1 894 hectáreas; el ejido de Guarachita es formado en 1917 por decreto presidencial de Venustiano Carranza con 1 397 hectáreas, que son entregadas hasta 1919; el ejido de La Magdalena fue formado en 1934 por los vecinos del pueblo La Arena con 694 hectáreas para 67 beneficiarios; el ejido de El Fortín formado en 1935 con 990 hectáreas para 98 beneficiarios; el ejido de El Platanal fundado en 1935 con 1 171 hectáreas para 100 beneficiarios; el ejido de Cerrito de Pescadores formado en 1923 por decreto de Álvaro Obregón dotado de 462 hectáreas para 111 beneficiarios (Montes 1991, 110-131).
La formación de grupos solicitantes de tierra, el trámite de dotación de parcelas, la formación de ejidos y su dirección, se realizó con una dinámica tal que acabó constituyéndose en un sistema de cooptación y control político en manos del gobierno y su partido. “A la vez, el objetivo ideológico, político y social del ejido generó una mentalidad subalterna del campesinado por su función de legitimación y estabilización política del sistema, de manera que propició un perfil de oportunismo clientelar en sus líderes agrarios y de su subordinación política e ideológica en el conjunto de la masa campesina, no como tendencia exclusiva pero sí dominante, inhibiendo su propia iniciativa creadora y generadora de acumulación de riqueza en su propio beneficio” (Salinas 2004, 8-9).
Muchos combatientes que alcanzaron altos rangos militares se apropiaron de los botines de guerra y de los bienes de los antiguos hacendados y pasaron a formar parte de la nueva burguesía nacional. Éstos se coaligaron con industriales, comerciantes y banqueros y con antiguos propietarios de tierra que conservaron sus propiedades. La nueva burguesía se encuentra ante un país repleto de oportunidades para acumular capital. Empresarios unidos a generales revolucionarios, consiguieron jugosos contratos gubernamentales que los enriqueció de la noche a la mañana; casi sin restricción alguna y gozando de todo tipo de canonjías fiscales, la industria pudo desarrollarse a sus anchas en el lugar y en las condiciones establecidas por los propios empresarios convertidos en depositarios del poder estatal. Pero esta nueva burguesía es muy diferente a la burguesía porfiriana de corte aristocrático: “El nuevo grupo poseía una orientación hacia el capitalismo moderno y miraba hacia la comercialización de la agricultura, industrialización y un mínimo grado de regulación gubernamental para ordenar la promoción de sus finanzas modernas, comerciales o empresas industriales” (Adler s/f, 10).
Para el proletariado y para el campesinado la situación fue peor, en muchos casos, que la prevaleciente antes de la revolución. Salarios miserables con jornadas extenuantes y prestaciones inexistentes, fue la situación de la inmensa mayoría de los trabajadores, que además enfrentaba el problema del enorme tamaño del ejército industrial de reserva, dada la destrucción de fuentes de trabajo durante la revolución. La situación de los jornaleros agrícolas fue peor que la de los obreros por el reducido número de días laborables en el campo. Los campesinos se vieron cultivando su tierra sin ayuda de animales, implementos y dinero para sobrevivir durante el periodo de cultivo.
Las condiciones inmejorables en la que la empresa operaba en México, permitió el amasamiento de enormes fortunas parcialmente convertidas en medios de producción, que incrementaron la utilización de fuerza de trabajo y la generación de nuevos plazas laborales, pero en la Ciénaga de Chapala las condiciones imperantes durante el Porfiriato se mantenían incólumes. Llegó la revolución, concluyó y diez años después la situación de la Ciénaga de Chapala era exactamente la misma, a diferencia de lo que ocurría en algunas otras regiones del país. Es hasta el gobierno del presidente Cárdenas que se inicia una verdadera transformación de las condiciones socioeconómicas y políticas en la región. La expropiación de los terrenos de las haciendas de Cumuato, Guaracha, Buenavista y San Simón y de algunos lotes federales entregados a Cuesta Gallardo en pago por la desecación y la formación de ejidos, la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal (BANJIDAL) y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (ANAGSA) y la construcción de la carretera México-Guadalajara, operaron un cambio radical en la dinámica económica, política y social de la región.
Desde que fue gobernador de Michoacán, Cárdenas del Río mostró claramente su proyecto político-social. Ya como presidente de la república aplicó a nivel nacional su programa en el que el ejido era, al mismo tiempo, una forma de organización económico-política de los campesinos y parte de una estructura nacional de control político gubernamental. Los líderes agrarios fungían como portavoces de las demandas de sus dirigidos y como receptores de instrucciones provenientes del gobierno, en un sistema en el que se confundía el aparato estatal con el aparato político. “Se trata de enrolar a los campesinos en el programa gubernamental. Son llamados a actuar como guardianes del orden, a cambio de la reforma agraria, del crédito, de las obras de irrigación, caminos, etcétera. No son los campesinos quienes se organizan. Son organizados desde fuera, por otros, de la misma manera como reciben del gobierno las formas sociales y técnicas de organización de las actividades productivas. De hecho, las organizaciones y directivas propiamente campesinas son rechazadas, reformuladas o absorbidas en las estructuras y directivas del aparato del Estado y dirigidas por el gobierno” (Ianni 1985, 91).
A nivel nacional, Lázaro Cárdenas modernizaba la política transitando del poder individual al de las corporaciones y ponía fin al caudillismo; en la Ciénaga de Chapala su hermano Dámaso construía un aparato caciquil de poder centrado en su propia persona. Dámaso Cárdenas se ocupó en construir una red de relaciones personales con una gran cantidad de subalternos intermediarios en el ejercicio del poder. En cada una de las cabeceras municipales de la Ciénaga de Chapala, había un cacique que controlaba políticamente el municipio de conformidad con las disposiciones emanadas de Dámaso, conformándose un monopolio absoluto del poder político local y regional que implicaba la decisión de quién ocupaba los cargos públicos y cómo eran tomadas las decisiones más importantes.
Los miembros de este grupo basaron su poder en la capacidad de gestión ante oficinas gubernamentales, aprovechando los vínculos establecidos por Dámaso. Los caciques locales, a la vez que ayudaban a los miembros de la comunidad en la solución de sus problemas, cumplían la función de contención de las demandas colectivas y respondían con violencia cuando los disconformes procedían por su cuenta. Se escuchaban comentarios en la región de casos en los que asesinos fueron liberados por órdenes de Dámaso, recurriendo primeramente al cacique local a solicitar su intervención y de ejecuciones ordenadas por los caciques. Pero también se oían relatos de que Bernabé Macías dio dinero a una familia para que llevara al médico a su enfermo, que Jorge Méndez dio dinero a alguien para que se curara la “cruda que traía”, que Bravo Valencia le dio una recomendación a un estudiante pobre en México para que consiguiera trabajo y pudiera seguir estudiando.
Este tipo de acciones permitieron proveer al grupo de un verdadero ejército de incondicionales, dispuestos a la ejecución de órdenes de los caciques sin presentar réplica alguna. El cacicazgo de Dámaso en la Ciénaga de Chapala duró de 1934 a 1965 y, en su momento de esplendor, estaba integrado de la siguiente forma: Dámaso Cárdenas del Río a la cabeza; tres lugartenientes integrados por compadrazgo, Baltazar Gudiño, Ignacio Chávez y Enrique Bravo Valencia; líderes agrarios, los hermanos Picazo en Sahuayo, Bernabé Macías en Venustiano Carranza, Jorge Méndez y David Franco Rodríguez en Pajacuarán, la familia Bravo en Briseñas, Jorge Rivas en Cojumatlán, etcétera (Vargas 1993, 86). El grupo caciquil se ocupaba en asuntos agrarios, políticos, civiles y familiares. Varios del grupo y su cabeza fueron acaparadores de tierras ilegalmente apropiadas, ocuparon cargos de diputados locales y federales, presidencias municipales, sindicaturas, dirigencias agrarias, cargos policíacos, regidurías, empleo en el gobierno del estado o en el federal, etcétera.
El poder de Dámaso incluyó la dirección económica de la región. “Esta se fincó en la agricultura y la ganadería, impidiendo el desarrollo de industrias ligadas a estas actividades. El cacicazgo representaba el dominio de la burguesía agraria y comercial. En este periodo se creó sólo una empresa agroindustrial: La Harinera de Jiquilpan, S. A., que captaba la producción triguera de la región. Su propietario fue don Dámaso, asesorado por Salvador Romero y el húngaro Enrique Anizz, a quienes trajeron de Suiza” (Vargas 1993, 77-78). Dámaso invirtió también en la Automotriz de Jiquilpan, S. A., en ganado de lidia y en terrenos agrícolas.

2. Riego, tecnificación y apoyo gubernamental

Se dice que, a diferencia de su hermano Lázaro, Dámaso Cárdenas del Río detestaba los sindicatos y las centrales agrarias. La formación del Distrito de Riego No. 24 en la Ciénaga de Chapala, los financiamientos agrícolas y ganaderos del Banco Nacional de Crédito Ejidal (BANJIDAL) y los seguros de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), conjuntamente con la institucionalización del poder a nivel nacional, fue mermando el poder de Dámaso y sus lugartenientes. Cada vez más las corruptelas de los inspectores de BANJIDAL y ANAGSA fueron realizándose sin la intervención de la estructura caciquil; las decisiones en el Distrito de Riego fueron tomadas sin instrucciones del cacique regional.
En la medida en la que las organizaciones gubernamentales o sociales iban aumentando su poder, el de los caciques mermaba. Finalmente, en 1964, Dámaso decide radicar en Guadalajara y es así que la estructura creada y sustentada por él se desmorona.
Desde 1926 el presidente Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Irrigación, dedicada a construir y reconstruir obras de riego en todo el país (Rangel 2005, 331). En 1937 se construyó “…según el ingeniero Prieto Souza, un sistema de drenes paralelos a los diques Duero, Lerma y La Palma, además de un sistema de cuatro bombas; mientras que de manera simultánea se proyectaba la construcción de dos plantas más, entre las que se encontraban las de Jamay y Puente de Vigas, para irrigar las citadas tierras con las aguas de los ríos Lerma y Duero, así como un sistema de caminos sobre los citados diques” (Rangel 2005, 334).
Los gobiernos posrevolucionarios posteriores a Cárdenas tuvieron una visión del desarrollo social sustentada en el desarrollo industrial con un campo subordinado a las necesidades de la ciudad. De este modo, en los años 50 surgen múltiples organismos ocupados en el desarrollo regional por cuencas hidrológicas. Así, en 1950 fue creada la Comisión Lerma-Chapala-Santiago buscando involucrar a los estados de la cuenca en la solución del problema del bajo nivel de las aguas del lago de Chapala (Durán 2005, 357).
En la Ciénaga de Chapala se creó el Distrito de Riego No. 24 y se realizaron una enorme cantidad de obras hidráulicas como canales y vallados de desagüe. Las nuevas obras hidráulicas impactaron en la incorporación de más terrenos al sistema de riego, la diversificación de cultivos y el incremento de la productividad. Los trabajos hidráulicos se combinaron con la ampliación de créditos a los agricultores que permitieron la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas modernos y la utilización de fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y fungicidas.
El Distrito de Riego No. 24 abarca un total de 46,000 hectáreas que incluyen los municipios de Briseñas con 5,929 hectáreas, Ixtlán con 710, Jiquilpan: 4,244, Sahuayo: 3,635, Tingüindin: 269, Venustiano Carranza: 10,650, Villamar: 6,922, Pajacuarán: 10,514 y Vista Hermosa con 3,024. (Vargas 1993, 99). “De su superficie de 46 mil hectáreas, 27 mil son regables. Para regarlas cuenta con las presas Tarecuato, Jaripo y Guaracha y los sistemas de bombeo Guerra, Pajacuarán, Lerma e Ibarra. De los numerosos canales que cruzan la ciénega en distintas direcciones los de mayor importancia son el Central, el Cerro Loco, Ibarra, de los Puercos y Sahuayo” (González 1979, 413).
Con la creación de BANJIDAL los ejidatarios se volvieron sujetos de crédito y sus financiamientos dependían de la fuerza política del Presidente del Comisariado Ejidal en turno, la cual estaba dada por los vínculos de éste con los caciques de la región y con el aparato gubernamental y político. Algunos presidentes del comisariado ejidal conseguían créditos especiales para sus ejidatarios y dictámenes favorables de pérdida parcial o total de sus cosechas por ANAGSA. Entre mayor fuera esta capacidad de los comisariados ejidales, mayor era su fuerza política y su proyección regional. Así fue como, debido a la escasez de agua, se consiguió financiamiento y permiso para perforar pozos y equiparlos (Boehm 2005, 122).
Algunos ejidatarios que lograron establecer vínculos sólidos con empleados de ANAGSA y BANJIDAL y con la clase política regional, consiguieron créditos de alto monto para adquirir maquinaria agrícola y financiamiento de cultivos y se convirtieron en miembros de la pequeña burguesía regional. Por los vínculos establecidos, conseguían el dictamen de pérdida total de sus cosechas a cambio de entregar una cantidad de dinero que representaba alrededor del 30% del monto de la deuda total contraída. El dinero era entregado a los inspectores de campo de ANAGSA y BANJIDAL y ellos se encargaban de hacer la distribución del mismo con sus respectivos jefes. Así, se fueron haciendo posibles las fiestas frecuentes con gran derroche en casa de los empleados de ANAGSA y BANJIDAL, formando parte de la vida cotidiana en los pueblos donde vivían, combinado con la adquisición de camionetas último modelo, construcción de casas y compra de muebles que se distinguían de las del resto de los pobladores. Otra manera de no pagar el dinero prestado era no cubrir la deuda pues, luego de transcurridos algunos años, el gobierno federal acostumbraba declararlas no existentes.
El sistema establecido no sólo permitía la corrupción, sino que la estimulaba. En cada ejido se formaba una sociedad de crédito la cual nombraba un delegado. El delegado tramitaba todos los créditos refaccionarios, los cuales se otorgaban colectivamente. De este modo, se llenaba un pagaré colectivo para financiar, por ejemplo, la siembra y en él aparecía el nombre del ejidatario, la superficie y su firma. El Delegado, que casi siempre era el Presidente del Comisariado Ejidal, llenaba el pagaré, recababa las firmas y luego tramitaba el pago. El Inspector de Campo de BANJIDAL visitaba el poblado en el que vivían los ejidatarios y entregaba el monto asignado a cada uno. Se dieron casos en los que el Delegado llenara pagarés y falsificara la firma de los ejidatarios y retirara el dinero en connivencia con los empleados del banco.
Algunos ejidos consiguieron financiamiento para la instalación de granjas porcícolas y establos lecheros, que generaron empleos y activaron la economía de los poblados. Pero el sistema no podía permitir su buen funcionamiento: se sacrificaban puercos cada que el ejido era visitado por algún diputado, senador o empleado gubernamental de alto nivel y cuando la alegría invadía el corazón de los dirigentes agrarios. La venta clandestina de becerros y puercos era el pan nuestro de cada día y el dinero era repartido entre los responsables de las granjas, el Comisario Ejidal y los empleados del banco y de la aseguradora. ANAGSA y el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), como fue llamado después BANJIDAL, fueron liquidados conjuntamente con las granjas y establos creados.
Después de la desaparición de BANRURAL y ANAGSA, en 1992 fue modificada la legislación agraria para permitir la compra-venta de tierras ejidales.

3. Los bloques empresariales en la agricultura

Las agencias internacionales de financiamiento empezaron a condicionar los préstamos a México. Las condiciones que consistían en el  acatamiento de medidas de recorte del gasto, venta de empresas paraestatales, desaparición de organismos descentralizados y apertura a empresas trasnacionales. Salinas de Gortari canceló los apoyos con recursos fiscales al sector paraestatal, permitió la continuación de la corrupción e impidió la reinversión, convirtiendo la descapitalización, el endeudamiento y la inviabilidad económica en justificaciones de su venta o liquidación (Basurto 1999, 10). El campo fue de los más afectados. La aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera desapareció, conjuntamente con el Banco Nacional de Crédito Rural y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares; en la Ciénaga de Chapala se formaron módulos de riego dirigidos por representantes de ejidos y pequeños propietarios, justificando así el retiro del gobierno de la responsabilidad de la administración del agua y de las obras hidráulicas (De Luna 2006, 18-19).
En la Ciénaga de Chapala el impacto en la agricultura fue dual: por una parte, se constituyó un sector orientado a la agricultura comercial y, por la otra, se mantuvo la agricultura campesina circunscrita a la producción de alimentos para el mercado interno y el autoconsumo. Durante los años cincuenta, sesenta y setenta la acción gubernamental se guía por la política de industrialización y ampliación del mercado interno, se realizan las grandes obras hidráulicas y se fomenta la producción agrícola a gran escala; en los setenta se vive a plenitud la revolución verde; en los ochenta surgen los efectos de la recesión y de la crisis de la deuda externa y se inicia la aplicación del modelo neoliberal que continúa hasta hoy día (Pontificia 2000, 13-14).
Entre 1940 y 1970 la Ciénaga fue casi totalmente destinada a la producción de granos. Después, la demanda de hortalizas introduce nuevos cultivos en la región que modifican substancialmente las relaciones sociales, económicas y políticas. La horticultura implica el establecimiento de relaciones productivas y comerciales inéditas en la región. Si bien algunos ejidatarios cultivan de dos a 5 hectáreas de hortaliza, lo cierto es que la producción es realizada predominantemente en alta escala, implicando volúmenes de capital imposibles de ser poseídos por la inmensa mayoría de los ejidatarios. El cultivo de una hectárea de jitomate, por ejemplo, requiere actualmente de una inversión de alrededor de 80 mil pesos en tanto que, una hectárea de cebolla requiere de alrededor de 60 mil. Es difícil que un ejidatario con cinco hectáreas cuente con un capital de 400 mil pesos para invertirlo en un cultivo de esta naturaleza.
Muchos ejidatarios deslumbrados por el precio que alcanzan las hortalizas en algunas ocasiones, han arriesgado el poco dinero que poseen y contraen deudas para cultivar su parcela o parte de ella. Los precios se desploman y, la mayoría de las veces, no recuperan ni lo invertido, pero sí quedan fuertemente endeudados. Hoy día en Estados Unidos de Norteamérica radican muchos ejidatarios endeudados por la horticultura y en cambio, los grandes horticultores cada vez siembran un mayor territorio y engrandecen su capital pues, en la Ciénaga de Chapala hay horticultores que cultivan entre 200 y 300 hectáreas, pero que lo hacen con financiamiento proveniente de bodegueros de las grandes metrópolis, con los que firman contratos de compra-venta o bien, de los que son simples empleados.
Los papeles se han invertido. Hasta antes del sexenio de Miguel de la Madrid, los productores de granos básicos eran los agricultores favoritos del gobierno; hoy, son los horticultores exportadores quienes son favorecidos con agua para riego, financiamientos bancarios y tramitación de asuntos en oficinas gubernamentales. La producción hortícola está orientada al mercado mundial, por lo que las características de los productos son establecidas por los gustos y necesidades de los grandes consumidores. “Los paquetes tecnológicos de la producción hortícola y frutícola para los mercados internacionales están diseñados para homogeneizar forma, consistencia y sabor de los frutos, aumentar los volúmenes de las cosechas por hectárea y cumplir con las normas de sanidad de esos países” (Boehm 2005, 123).
Los herbicidas y pesticidas más potentes y caros solo pueden ser adquiridos y aplicados por los horticultores, ya que el precio de las gramíneas los tornan incosteables; la nivelación de terrenos con sistemas modernos como el láser es costosa y sólo los horticultores pueden aplicarlo frecuentemente; con el riego por goteo, el acolchado y la construcción de invernaderos sucede igual: sólo los grandes productores de hortalizas pueden realizar estas inversiones.
Mientras que los horticultores ligados al mercado mundial y a las centrales de abasto de las grandes ciudades han podido incrementar su capital, los miniproductores de granos básicos y los horticultores en pequeña escala siguen emigrando a los Estados Unidos de Norteamérica, en tanto que sus tierras son compradas por aquéllos. Es necesario tomar en cuenta la política crediticia de la banca: en tanto que la Financiera Rural no apoya la horticultura, la obtención de crédito para el cultivo de gramíneas se ha vuelto un verdadero rompecabezas por la enorme cantidad y complejidad de trámites a realizar que acaban encareciendo el crédito. Ante esta situación, le resulta más productivo al ejidatario poseedor de una parcela, rentársela al horticultor quien le paga hasta cuatro mil pesos por hectárea por zafra, que cultivarla él, dado que no es costeable comprar tractor e implementos, ni pagar a otro por la realización de este trabajo, pues el margen de utilidad en muy reducido y el riesgo muy alto. El pago de la renta de la tierra se realiza al inicio de la zafra sin correr riesgo alguno y sin realizar ningún trabajo; cultivar la tierra implica para el ejidatario trabajar, invertir dinero y correr el riesgo de perderlo todo ante un mal temporal o una plaga.
La horticultura en la Ciénaga de Chapala ha generado un fenómeno relativamente nuevo: la presencia de trabajadores migratorios. Hasta los años sesenta, llegaba anualmente un ejército de purépechas a trabajar en la pizca del maíz, pero este movimiento desapareció con la introducción de máquinas trilladoras combinadas. Hoy nuevamente se vive este fenómeno, pero ahora con trabajadores provenientes de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, etcétera que pasan la mayor parte del año fuera de sus lugares de origen, siguiendo un itinerario trazado por contratistas ligados a empresas que controlan la venta de hortalizas en el país y su exportación.
Otro fenómeno interesante que la horticultura extensiva ha generado es el de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La horticultura requiere de una enorme masa de fuerza de trabajo para realizar tareas, que luego acaban siendo suprimidas por la tecnificación y maquinización del proceso. El trabajo asalariado femenino en la región consistía en ocupaciones como trabajadora doméstica, empleada comercial, bancaria, gubernamental, profesora, etcétera pero, hoy día, constituyen verdaderos ejércitos los grupos de mujeres que trabajan en el campo en cultivos hortícolas (Kay 1995, 71).
Las actividades hortícolas de plantación, deshierbe y cosecha, son realizadas principalmente con mano de obra femenina, en tanto que el barbecho, el rastreo, el surcado y la fumigación se realiza con personal masculino. A la hora de la recolección del producto en la cosecha, es tan grande el número de trabajadores requerido, que se hace necesario recurrir a los trabajadores migratorios, sobre todo en lo que se refiere a la cosecha de cebolla, chile y jitomate.
Pero la utilización de una porción grande de capital variable en la realización de una sola tarea o grupo de ellas, conduce a la mecanización, la maquinización y la automatización del proceso de trabajo. El empleo de una gran cantidad de trabajadores en el deshierbe ha conducido a la colocación de mantas negras de polietileno en los surcos, con perforaciones para la colocación de la planta cultivada, impidiendo con ello el desarrollo de malezas. Las fumigaciones frecuentes que implicaban la utilización de varios trabajadores, ha sido substituida por un implemento agrícola denominado “aguilón” que activado por un tractor, rocía entre 12 y 18 metros de ancho.
4. Las tendencias

En la Ciénaga de Chapala el campesino minifundista en tanto productor, está destinado a desaparecer. Algunos campesinos que enfrentaban problemas económicos, cambiaron sus parcelas de alta fertilidad por otras de baja calidad a cambio de una cantidad determinada de dinero; otros traspasaron sus derechos ejidales vendiendo sus parcelas; algunos las abandonaron por enfrentar problemas judiciales o con sus vecinos; etcétera.
El proceso de concentración de la propiedad ejidal viene de muy atrás. Inmediatamente después del reparto agrario y hasta los años sesenta, el precio de las parcelas ejidales era muy bajo. Hacia 1948, en el ejido de Cumuatillo, se dio el caso de que un ejidatario cambió su parcela de 5 hectáreas por un radio a un recién llegado de los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos campesinos compraron parcelas y las adjudicaron a sus hijos, otros, a su esposa en tanto que los vendedores emigraron a las grandes ciudades, a los Estados Unidos de Norteamérica o se convirtieron en peones, trabajando a veces, en la parcela que fue de su propiedad. Hoy día la concentración de parcelas y pequeñas propiedades se da en manos principalmente de horticultores.
En la actualidad se vive un proceso de concentración de la propiedad menos acelerado de lo que se esperaba con la reforma de 1992 y un fuerte crecimiento del arrendamiento de parcelas para cultivos hortícolas o de granos. La Ciénaga de Chapala vive una creciente subordinación de la producción al mercado mundial, un potente y apresurado proceso de descampesinización y proletarización y una masa voluminosa de capital para hacer producir la tierra y obtener utilidades de ella (Kay 1995, 68-69).
El reparto agrario posrevolucionario implicó tres formas de propiedad de la tierra: la pequeña propiedad, el ejido y los bienes comunales. Mientras que la primera de las formas es la propia del régimen capitalista, la segunda asumió un carácter intermedio y la última representó la antitesis del sistema. El ejido, que implica la posesión individual de parcelas, fue ajustado al régimen capitalista de propiedad con la reforma constitucional del Presidente Carlos Salinas de Gortari, quedando solamente la propiedad colectiva como único reducto de modos originarios de producción.
El capitalismo va avanzando e incorporando todo a su dinámica. Ya se redujo en México la presencia gubernamental en la producción y distribución agroganadera, ya se modificó el régimen de propiedad ejidal individual y ya fueron dejados los campesinos en manos del mercado capitalista buscando que éste desaparezca. Los pocos ejidatarios que aún cultivan su parcela están inmersos, desde hace muchos años ya, en un proceso totalmente capitalista de producción en el que se siembran semillas certificadas, aplican agroquímicos, barbechan, siembran y cosechan con maquinaria y venden el producto al mercado. La utilidad que obtiene, cuando la hay, es ínfima porque la plusvalía generada es apropiada por los capitalistas participantes en el proceso. El ejidatario percibe claramente que en realidad, trabaja para las empresas productoras de maquinaria agrícola, agroquímicos y semillas certificadas.
Para un ejidatario que cultiva menos de diez hectáreas es incosteable la adquisición de maquinaria agrícola. Un tractor nuevo de regular capacidad cuesta alrededor de medio millón de pesos y los implementos necesarios cerca de otro medio millón. Si la hectárea de terreno de baja calidad vale alrededor de cien mil pesos en los ejidos de la Ciénaga de Chapala, el precio de diez hectáreas es igual al de la maquinaria y los implementos agrícolas para cultivarlos. Actualmente el cultivo y cosecha de una hectárea de maíz en la región cuesta alrededor de doce mil pesos; si la producción es menor de cinco toneladas por hectárea, sólo se recupera lo invertido sin contar el precio de la renta del suelo. Si el tractor y los implementos agrícolas tuvieran que ser pagados con las utilidades obtenidas y suponiendo que cada hectárea generara dos mil pesos de utilidad anual, poseyendo diez hectáreas se requeriría de cincuenta años para pagarlos, siempre y cuando no se cobraran intereses. Esta situación ha conducido a que el ejidatario poseedor de una superficie inferior a las diez hectáreas opte por rentarlas o venderlas.
La Ciénaga de Chapala ha sido zona de vanguardia tecnológica agrícola. En ella la tierra es hoy día una mercancía y todas las relaciones que en ella se establecen poseen este carácter. Las transformaciones físicas y culturales operadas por el capitalismo han establecido su dominio total y las visiones románticas del campesinado, coloreadas con imágenes del hombre pobre y trabajador, han dejado de existir desde hace muchos años.

Conclusiones

a) La formación de ejidos en los años 30 del siglo pasado, mantuvo a la Ciénaga de Chapala como región eminentemente agrícola productora de granos.
b) El desmantelamiento de las instituciones federales de apoyo al campo como BANRURAL, ANAGSA y CONASUPO se dio conjuntamente con la desaparición de granjas porcinas y establos comunales.
c) La propiedad de las parcelas ejidales no se ha concentrado en la proporción que suponíamos sucedería con las reformas al artículo 27 constitucional de 1992. Sin embargo, son los horticultores ligados a bodegueros y a empresas trasnacionales quienes mayormente han concentrado la propiedad del suelo y la renta de parcelas.
d) El minifundismo tiende a desaparecer, aunque el proceso se esté dando con mucho más lentitud que la esperada hacia 1995. Se conservan parcelas de hasta 5 hectáreas que generalmente son rentadas a horticultores o a productores de granos que cultivan extensiones mayores de las 30 hectáreas.

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