Resumen

El presente artículo analiza la emergencia de nuevas ciudadanías derivadas de aquellas personas que han sido despojadas de sus derechos básicos en su país de origen y, por tal motivo, deciden emigrar con el propósito de encontrar otras oportunidades o defender sus garantías individuales. En este proceso, se constituyen prácticas políticas amparadas en dispositivos de legalidad internacional que permiten acceder a la defensa de los derechos humanos, más allá del país de origen y del país de recepción, poniendo en cuestión los límites de la ciudadanía tradicional anclada al territorio.

Palabras clave

Nuevas ciudadanías, ciudades globales, dispositivos de legalidad internacional, derechos humanos, iteración democrática.

Abstract

This article examines the emergence of new citizenships derived from the people who have been evicted from their basic rights in their country of origin and for this cause, they decide to emigrate to find other opportunities or defend their individual rights. In this process, political practices are protected in international law devices that allow access to the defense of human rights beyond the country of origin and receiving country, calling into question the limits of traditional citizenship anchored to the territory.

Keywords

New citizenships, global cities, international legal devices, human rights, iteration democratic.

Introducción

En la actualidad se desarrolla un importante debate sobre la teoría política del trasnacionalismo migrante que analiza desde diferentes fenómenos y enfoques, los modos en que la migración impacta en las concepciones que de la membresía y los derechos manifiestan las políticas públicas, tanto de los países emisores como de los países receptores (Baubük, 2003, 2005, 2007; Berg, 2008; Collyer y Vathi, 2007; Escobar, 2007; Fitzgerald, 2006; Ostergaard-Nielsen, 2001; Smith, 2005). El trasnacionalismo propone un marco normativo e instrumental para estudiar los fenómenos económicos, sociales, culturales y políticos producidos por la migración internacional y su repercusión en nociones desarrolladas por la teoría política, tales como Estado-nación, nacionalismo y ciudadanía. Por una parte, esta perspectiva articula su reflexión en términos de los países de destino y de origen de los migrantes, proponiendo resolver un déficit teórico y deliberativo en los casos donde la migración es parte consustancial del Estado, y los ciudadanos emigrantes no participan en la toma de decisiones de la comunidad política de origen. Y, por la otra, en la necesidad de encontrar vías para que los trasmigrantes cuenten con derechos políticos en el país de residencia (Baubük, 2003). Sin embargo, aunque esta vía abre importantes caminos para analizar la emergencia de ciudadanías extra-territoriales, no escapa a la articulación de concepciones de ciudadanía circunscritas al respeto por los derechos en sus países de origen y, particularmente, a la construcción de derechos por parte de los países receptores. Se trata pues, de analizar y proponer la constitución de ciudadanías nacionales extra-territoriales, haciendo a un lado la construcción de ciudadanías cosmopolitas.

La reflexión que se presenta a continuación, propone una estrategia que se distancia de la explicación tradicional de las definiciones de ciudadanías ancladas al derecho territorial. Parte de la idea de rastrear otras posibilidades de la ciudadanía. Una que no tiene su ancla normativa ni legal en el país de origen, donde la mayoría de los ciudadanos han sido conculcados de sus derechos básicos y, por tal motivo, deciden emigrar con el propósito de satisfacer sus mínimas necesidades de sobrevivencia cotidiana, pero tampoco en el país receptor, donde estos trasmigrantes carecen de oportunidad para participar en la toma de decisiones; sino que se constituye mediante dispositivos de legalidad internacional puestos en juego a través de las iteraciones democráticas impulsadas por los migrantes, más allá de los Estados-nación, y que impactan en comunidades diversas diseminadas por múltiples ciudades globales. A esta forma de ciudadanía propongo llamarla “ciudadanía desentrañada”.

Las experiencias en este trayecto son escasas y no deben confundirse con las grandes manifestaciones de migrantes organizadas para exigir la modificación de leyes antiinmigrantes en los países de recepción, entre muchas otras cuestiones. Se trata de rastrear formas de participación política derivadas de las prácticas de migrantes que escapan a todo intento de domesticación estatal. Para ello, es fundamental analizar el contexto específico en el que están surgiendo estas nuevas prácticas de reivindicación ciudadana; profundizar en los mecanismos de producción de dispositivos de legalidad internacional utilizados por diversos grupos de migrantes desarrollados con el propósito de encontrar caminos distintos de acceso a la participación política; y, presentar ejemplos en esta dirección. Tal es el caso de Radio 1812, organización migrante a través de la cual será posible mostrar algunos atisbos sobre el ejercicio de la iteración democrática de afirmaciones vinculado a la cuestión de los derechos humanos, más allá del país de origen y del país de recepción.

El movimiento de personas a través de las fronteras es fundamental para re-pensar las relaciones interestatales y los límites normativos de la justicia global. En la actualidad, se calcula que la cifra de migrantes en el mundo asciende a 214 millones personas de las cuales las mujeres representan el 49 por ciento (Naciones Unidas, 2008), mientras que en 1910 se estimaba que 33 millones de personas vivían en países diferentes de su lugar de nacimiento (Zlotnik, 2001: p. 227). Se considera que entre 20 y 30 millones de los migrantes de hoy son ilegales, lo que comprende el 10 y el 15 por ciento del contingente mundial (International Labour Organization, 2005). Este escenario es precedido por la crisis económica actual que tiene repercusiones negativas sobre las condiciones de dignidad y justicia para los migrantes. Los países donde la crisis tiene mayor impacto muestran importantes disminuciones en las tasas de empleo de los inmigrantes (International Migration Outlook: SOPEMI, 2009). A quienes primero impacta la depresión económica es a los trabajadores migrantes debido a que no cuentan con planes contractuales seguros y están sujetos al despido selectivo. Además, los inmigrantes recién llegados, como los que pierden su empleo durante el proceso de crisis, tienen mayores dificultades para incorporarse al trabajo de manera estable. Sin embargo, a pesar de que los gobiernos saben que cuando se superen estos ciclos de deterioro económico requerirán de la fuerza de trabajo inmigrante, no les importa elaborar políticas migratorias que refuercen la integración y las medidas contra la discriminación, no proponen ninguna perspectiva integral a largo plazo. Por el contrario, en los momentos de mayor depresión, los gobiernos radicalizan políticas que derivan en prácticas de exclusión y desigualdad de los ciudadanos hacia los inmigrantes. Paradójicamente, en estos periodos, adquiere mayor presencia la demanda por la defensa de la dignidad humana y la exigencia de la justicia por parte de actores que habían permanecido sin voz. Frente a la discriminación local de todo derecho, las leyes internacionales de derechos humanos abren una veta para la comunidad de los excluidos, para los que no cuentan en la distribución de las participaciones ni en la jerarquización de las funciones. Esta comunidad de exclusión se une en nombre de un daño (Delgado, 2008, p 34) y articula modos particulares de participación política a través de la cual muestran que los derechos humanos continúan siendo una “cuenta pendiente”, pero, también, son un camino para reformular la idea de la ciudadanía tradicional, más allá del anclaje a un estatus legal circunscrito a un territorio soberano.

Aunque existen estudios dedicados a desarrollar el tema de la justicia internacional (Beitz, 2000; Pogge, 1992; Buchanan, 2000), no establecen aún un vínculo específico con la cuestión de la migración. La práctica cotidiana de migrantes y mujeres pareciera indicar el lugar donde se está tejiendo la diferencia entre la justicia demandada por actores locales a instancias internacionales, como ejercicio de lo político que escapa a la domesticación, y una política adscrita a la racionalidad de instituciones estatales que no encuentra cómo reconciliar la contradicción que supone el ascenso de una economía global creada a través de la formación de mercados libres de capital, finanzas y trabajo; de la creciente internacionalización del armamento, la comunicación y las tecnologías informativas; del surgimiento de redes y esferas electrónicas culturales internacionales y trasnacionales y el desarrollo de actores políticos intra, meta y transnacionales, frente a la defensa de una soberanía nacional a la que estaban anclados los derechos del ciudadano. Por ello, y siguiendo la marca planteada por Saskia Sasken, resulta interesante rastrear estas formas de articulación en el marco de las “ciudades globales” que devienen en lugar paradójico en el que se constituye la exclusión de “los venidos de fuera”, al mismo tiempo que abre un espacio a la expresión de diferentes modos de participación ciudadana. En este contexto, será posible indagar la producción de dispositivos de legalidad internacional utilizados por los migrantes con el propósito de lograr la defensa de sus derechos humanos en un ámbito que escapa, tanto al orden territorial original como al de recepción, estudiados ampliamente por Seyla Benhabib, en donde se despliega una dimensión fundante y desfundante de los derechos, más allá del “dominio soberano del señor” (Derrida, 2005, p. 170) y, quizá, más acá, de la dignidad de las personas.

La ciudad global como lugar estratégico de las nuevas reivindicaciones

Los signos que se vislumbran en el contexto contemporáneo son divergentes. Se construye un espacio global y “unificado” a partir del carácter dislocado, discordante y fragmentado derivado de las ambiciones y carencias de las personas (Delgado, 2010, p. 79). En el mismo escenario convive la articulación de cierto tipo de lugares fundamentales para la economía denominados “ciudades globales” (Sasken, 1999); la producción de dispositivos de legalidad internacional que rebasan el ámbito de la soberanía estatal (Benhabib, 2005, p 15); y, la presencia de actores que basculan entre el “ser parte de” y “estar fuera de” como forma emergente de participación política (Delgado, 2009, 45).

Saskia Sassen (1999) sintetiza los modelos de ciudad global en Nueva York, Tokio y Londres, basándose en el dominio conjunto adquirido por estas tres metrópolis en el ámbito de las finanzas, la información y en la mayoría de los servicios de consultoría y empresariales en el territorio internacional; y, en la cobertura conjunta que alcanzan de las zonas horarias a efecto de resguardar la actividad financiera en todo el mundo, permitiéndoles funcionar en buena medida como un mismo sistema de transacciones interminables. Existen otros centros importantes que funcionan como segmentos específicos de comercio, incluso de modo más importante que las anteriores, tales como Chicago, Singapur, Hong Kong, Osaka, Frankfurt, Zúrich, París, Los Ángeles, San Francisco, Ámsterdam y Milán (Daniels, 1993) y diversos centros regionales que actualmente se están desarrollando en términos de “mercados emergentes” tales como Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires, México, Taipéi, Moscú y Budapest, entre otros (Castells, 1999, pp. 412-413), considerados, también, como ciudades globales.

Las ciudades globales concentran espacios para el desarrollo de la cultura económica dominante, pero, simultáneamente, albergan localizaciones múltiples de dinámicas “no-legibles” desde el discurso dominante de la globalización donde los marginados se movilizan y reclaman entidad y membresía política. Aquí, los movimientos de reivindicación por los derechos, tienen una calidad que trasciende el contexto para quienes lo local ha significado el estigma de la desigualdad, la opresión y la marginación. La ciudad global se hace cosmopolita, multiétnica, multicultural, flexible, simulada (Soja, 2000) y deviene en sitio estratégico para los actores en desventaja porque les permite ganar presencia y desarrollar nuevos mecanismos de participación política y, aún cuando no ganen poder de manera directa, van construyendo nuevas formalizaciones de pertenencia política.

Introducir las ciudades globales para analizar las nuevas formas de participación política implica ubicar a la economía global en una red planetaria de lugares específicos donde converge la centralización del poder y de la producción de los sectores pujantes de la economía contemporánea, con la aparición de voces que demandan el respeto por los derechos, en especial, los derechos a un lugar (Sassen, 2006, p 16) y, más radicalmente, la constitución de una ciudadanía a caballo entre los derechos humanos y los derechos civiles, políticos y sociales. Las grandes ciudades evidencian la desnacionalización del espacio urbano cada vez que se ponen en circulación demandas producidas tanto por los actores locales como por los actores trasnacionales. En las ciudades globales se visibiliza más claramente la desigualdad y la exclusión, la sobrevaloración del capital corporativo y la desvalorización de los actores en desventaja. En este territorio, lo local y lo global coinciden para realizar sus operaciones políticas y económicas. El punto de intersección entre el nuevo mundo corporativo del poder y las personas en desventaja se ubica en el mercado laboral. La demanda de mano de obra en las ciudades globales exige la presencia de inmigrantes integrados a redes y canales de solidaridad que corren por una vía distinta a los derechos de los nacidos en el territorio. Cuando el derecho local los “reconoce”, gestiona y da cuenta de ese “otro” en términos de un objeto de regulación, de control y dominación, como parte de un proceso de taxonomía social, en un contexto muy preciso, el de la precarización del vínculo social, del que es emblema la degradación a escala global del estatuto del trabajador asalariado (De Lucas, 2009, pp. 217-218), las leyes locales convierten al inmigrante en un problema a gestionar por parte de los Estados-nación soberanos. El inmigrante es construido como parte del grupo de los superfluos, de los prescindibles e incluso desechables; siempre es reemplazable. De ahí que la desigualdad y la subordinación aparezcan como rasgos definitorios del estatus justificado y propio del inmigrante, legitimadas por el Derecho de inmigración que extiende una condición jurídica y política diferente a la del Estado de Derecho: la del Derecho penal del enemigo (De Lucas, 2009, p. 221).

Sin embargo, esta práctica es atravesada por un camino de doble vía, inscrito también, en las ciudades globales. Mientras los estados soberanos articulan leyes para expulsar a quienes no son trabajadores necesarios constituyéndolos como una “amenaza” para la supervivencia del modelo de bienestar y derechos, de lo que se consideran acérrimos defensores, los inmigrantes emergen como figuras urbanas que ponen en cuestión la ciudadanía nacional como única base para la adscripción de los derechos (Benhabib, 2005, 105), toda vez que reivindican el derecho humano de membresía por encima de la legislación específica de ciudadanía de tal o cual país. Abren múltiples significados del “derecho a tener derechos” (Arendt, 1978) haciendo explícitas sus demandas a la luz de un lugar frágil, cuya supervivencia se basa en su capacidad para adaptarse a una economía de alta productividad, de tecnologías avanzadas y de intercambios intensificados (Sassen, 2003, p 31), y en su habilidad para adquirir presencia a través de las nuevas políticas de igualdad y diversidad amparadas en un régimen internacional de derechos humanos (Benhabib, 2005, p. 17). Por ello, la ciudad global deviene en lugar clave para analizar este tipo de trabajo político pronunciado desde los espacios más soterrados, debido a la producción inevitable de dislocaciones y desestabilizaciones de los órdenes institucionales y los marcos jurídicos, regulatorios y narrativos creados para producir nuevas formas de legalidad global en una geografía centralizada.

Producción de dispositivos de legalidad internacional: ¿Una oportunidad para la emergencia de otras formas de participación política?

Los movimientos de personas en el mundo actualmente están sujetos a diversas normas de derecho internacional que rebasan los principios sobre los que se apoyaba la soberanía westfaliana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libertad de movimiento a través de las fronteras y señala el derecho de toda persona a tener una nacionalidad y el derecho de cambiarla. Si bien, como señala Benhabib (2005), la Declaración Universal no alude en ningún momento a la obligación de los estados de permitir el ingreso de inmigrantes y otorgar la ciudadanía a residentes y ciudadanos extranjeros, pone en escena un espacio de contradicción entre los derechos universales y la soberanía territorial. Por una parte, todo individuo tiene el derecho a emigrar, pero, por otra, no cuenta con el derecho a obtener la nacionalidad en el país de llegada, aunque nadie pueda negarle el derecho de cambiar de nacionalidad (Artículo 15). Esta contradicción, sin embargo, abre un espacio de oportunidad para la demanda de la membresía comunitaria, debido a que las normas internacionales de derechos humanos representan hoy, guías obligatorias para la voluntad de los estados. En este sentido, la soberanía del Estado ya no es el árbitro último del destino de los ciudadanos y residentes (Benhabib, 2005, pp 18-19). El trato que el Estado otorga a sus residentes y ciudadanos ya no supone una prerrogativa libre, sino que está sujeta a una ética discursiva, trasminada por los derechos universales, que afirma que: “sólo son válidas aquellas normas y arreglos institucionales normativos que pueden ser acordados por todos los interesados bajo situaciones especiales de argumentación llamados discursos” (Benhabib, 2006a, p. 38). En este trayecto, nuevas formas de participación política comienzan a explorar otras posibilidades. Actualmente es posible observar, cada vez con más fuerza, colectivos que muestran su saber-hacer política dentro y fuera de las arenas institucionales, aprovechando los “vacíos” que deja la contradicción de los derechos universales y locales y, articulando discursos basados en el respeto moral universal y la reciprocidad igualitaria (Benhabib, 2005, p 21). Si bien este fenómeno asume características diferentes en los países desarrollados y los emergentes, es posible identificar un elemento en común: al desestructurarse el territorio, la nueva topografía mundial impacta las viejas formas de organización social, económica, política, cultural, espacial y de autoridad soberana, en las que se sustentaba la membresía política instituida bajo el principio de estatus legal, anclado al Estado-nación y, simultáneamente, abre el espacio a otras formas de participación y exigencia ciudadana apoyadas en las leyes internacionales.

Sin embargo, no se trata de realizar una clonación terapéutica donde las leyes internacionales de derechos humanos garanticen la dignidad y justicia de las personas por encima de los estados soberanos. Sería ingenuo otorgar ese poder de sanación a un instrumento que guarda “cuentas pendientes” con acontecimientos desarrollados en la II Guerra Mundial y que siguen imprimiendo su huella hasta nuestros días. El problema requiere de una elaboración completamente distinta. Haciendo una economía del lenguaje, seguiré la cuestión de la iterabilidad democrática planteada por Seyla Benhabib, referida a los múltiples diálogos morales y políticos en los que los sectores sociales de distintos tamaños se reapropian de, y reiteran, principios y normas globales, en una serie de conversaciones e interacciones entretejidas (Benhabib, 2005, p. 87) para mostrar que no se trata de una alternativa entre la justicia global y el gobierno democrático, sino de analizar nuevas modalidades de acción política surgidas de la desagregación –más no de la declinación– de los derechos de la ciudadanía.

Mediante el uso del concepto de ‘iteraciones democráticas,’ indico formas de empoderamiento y lucha política por medio de las cuales las personas se apoderan de la promesa universalista de normas cosmopolitas, con el objetivo de imponer a las formas del poder económico y político, que buscan escapar al control democrático, la responsabilidad de rendir cuentas y la necesidad de la transparencia. El entrelazamiento de la iteración democrática con la sociedad civil global y la creación de formas de solidaridad a través de las fronteras, incluyendo el derecho universal de hospitalidad que reconoce al otro como posible conciudadano, anticipa un cosmopolitismo diferente; un cosmopolitismo por venir (Benhabib, 2006b, p. 167).

El modelo de ciudadanía estructurado sobre la base de la residencia en un territorio dado; de la identidad nacional compartida; del disfrute de los derechos civiles, políticos y sociales; y, de la sujeción a una jurisdicción administrativa común se está desbaratando. En la actualidad, una persona puede contar con derechos políticos sin ser nativo, como lo muestra el caso de los miembros de la Unión Europea. Lo más común es tener algún beneficio social sin gozar de los privilegios de la membresía política. Los individuos pueden sostener lealtades múltiples que traspasan los límites de las soberanías territoriales. El surgimiento y la extensión del régimen de derechos humanos, pese a todas sus hipocresías a escala mundial, dan lugar a nuevas formas de pertenencia desterritorializada debilitando la línea que separa los derechos humanos de los derechos ciudadanos. La desagregación se afirma a partir de estos primeros síntomas en los que se inscribe un nuevo sentido de justicia global, aún no resuelto, pero sí puesto en marcha por la movilidad de personas en el mundo, que buscan resolver sus necesidades básicas para lograr una vida digna, a través de procesos complejos de argumentación, deliberación e intercambio público que cuestionan y contextualizan, invocan y revocan, afirman y posicionan reivindicaciones y principios de derechos universalistas, tanto en las instituciones legales y políticas, como en las asociaciones de la sociedad civil (Benhabib, 2005, 130). Por ello, cada vez que un grupo de migrantes itera democráticamente sus afirmaciones sobre los derechos humanos, estas adquieren una resonancia de carácter global y generan formas de solidaridad por encima de las fronteras estatales. En este sentido, las iteraciones democráticas abren, despejan y renuevan el campo de lo político indicando que existen experiencias donde se manifiesta la diferencia conceptual entre la política y lo político.

Una experiencia a analizar: Radio 1812

Identificar experiencias migrantes que visibilicen la iteración democrática de afirmaciones sobre derechos humanos resulta, todavía hoy, complicado debido a que suele confundirse esta propuesta con el importante trabajo que actualmente desarrollan varios autores para explicar la instrumentación de políticas para estimular la movilidad de ciudadanos y antiguos ciudadanos en el extranjero; incidir en el desarrollo de partidos políticos competitivos en los países de origen; disminuir la presión laboral, tanto para los países de origen como en los de recepción; incorporar en la agenda de política exterior de las potencias occidentales la cuestión de los derechos humanos (Østergaard-Nielsen, 2005, p 2 y ss.). El movimiento migrante sintetizado en Radio 1812, metodológicamente permite estudiar un caso que escapa a la lógica del debate contemporáneo sobre la cuestión de la ciudadanía trasnacional debido a que en él no se discute, de manera directa, acerca de cuestiones de evaluación normativa del fenómeno migratorio desde el punto de vista democrático del país de origen o del de recepción (Baubük, 2003), sino que su trabajo está dirigido a alcanzar una conciencia global en torno a los derechos de los inmigrantes. Para este movimiento, los derechos de los migrantes son los mismos que los derechos humanos. Esto es, buscan articular desde sus atisbos, una ciudadanía universal fundada en una ética de la dignidad como vía para establecer lazos de solidaridad entre personas, más allá de los límites territoriales estatales. Para ello, abordan problemáticas con las que se identifica un migrante en tanto en Occidente como en Oriente, debido a que lo importante no radica en reconocer su origen o su lugar de llegada, sino la puesta en escena de mecanismos que permitan construir lazos entre la sociedad civil global y la creación de formas de solidaridad a través de las fronteras, anticipando con ello, el derecho universal de hospitalidad que reconoce al otro como posible conciudadano y preconcibiendo la idea de una ciudadanía cosmopolita.

De conformidad con la recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 2000/288, de 28 de julio de 2000), la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante (resolución 55/93, de 4 de diciembre de 2000). El 18 de diciembre de 1990 se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158). La Asamblea destacó la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes. En su recomendación declara que “Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, están invitados a observar el Día Internacional del Migrante a través de la difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos” (Naciones Unidas, 2007).

Amparada en esta recomendación surge la iniciativa de Radio 1812, impulsada por Diciembre 18, una organización constituida como Centro Internacional de Apoyo y Recursos sobre Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes con sede en Bruselas, Bélgica, y que tiene como misión promover el respeto hacia los derechos de los migrantes de todo el mundo, así como crear un clima favorable para la plena participación de estos en la sociedad, que parte del principio de que los derechos de los migrantes son los mismos que los derechos humanos. Diciembre 18 considera que su papel y su propósito consisten en la promoción de este principio mediante la diseminación de información y la instrumentación efectiva de las normas internacionales y estándares que promuevan y protejan los derechos humanos de los migrantes. En este contexto, define dos programas de actuación centrados en los siguientes principios. Primero, establecer los derechos de los migrantes mediante el sistema de Naciones Unidas, con énfasis especial en la Convención de Trabajadores Migrantes. Y, segundo, promover el Día Internacional del Migrante (DMI) como una oportunidad para celebrar la contribución y logros de los migrantes, así como poner en relieve su situación. Para ello, cuenta con el apoyo de una serie de fundaciones, gobiernos, agencias y organismos internacionales, tales como la Lotería Nacional (Bélgica), Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF), Atlantic Philanthropies, La Fundación Rey Balduino, la Organización Internacional de la Francofonía y la Fundación Taiwanesa por la Democracia, con quienes articula mecanismos de cooperación política para llevar a cabo su meta (Radio 1812, http://www.radio1812.net/es/about/radio_1812). Con el propósito de tender puentes entre comunidades locales en el espacio global para que los migrantes adquieran presencia, apoyados en leyes amparadas bajo el régimen internacional de derechos humanos, Diciembre 18 a través de Radio 1812, desarrolla vías para aumentar la conciencia global en torno a los derechos de los inmigrantes mediante el uso de la radio y promocionar el Día del Migrante como una oportunidad para celebrar, reflexionar y debatir sobre los temas de migración a nivel global y local. La primera emisión de Radio 1812 tuvo lugar en 2006 con la participación de 50 emisoras de radio de más de 25 países. Cada año se suman a este esfuerzo un mayor número de radiodifusoras en el mundo. En 2008, participaron 48 países y 4 continentes, desde 175 radios comunitarias con emisiones públicas nacionales e internacionales. Durante la semana del 18 de Diciembre, el equipo de Radio 1812, reúne el material de audio que es producido y puesto a disposición por las radios participantes y los coloca en su sitio web www.radio1812.net. Allí, los usuarios y visitantes del sitio pueden acceder a una lista de reproducción especial para escucharlos, descargarlos y retransmitirlos.

Radio 1812 no se impone como un medio de comunicación simplemente, sino como una vía de expresión cultural y política de voces migrantes dispuestas a dialogar en un mundo globalizado. Aquello que parecía periférico y marginal hace su aparición en el centro. El migrante emerge como figura metropolitana moderna: él o ella formulan de manera activa la estética y la vida en las ciudades globales; su estilo reinventa lenguajes y se apropia de las calles del amo; e interrumpe el guión urbano toda vez que imprime cadencias y ritmos diferentes. Inevitablemente, esta presencia perturba el orden preestablecido y cuestiona el cálculo del derecho que define la membresía a una comunidad política anclada a un territorio. El discurso estatal aprovecha la expresión “migración ilegal” para describir al inmigrante y culparlo del horror tangible, de lo indecible y lo indescifrable, que padece la ciudad global. En este lugar transitan inmigrantes particularmente vulnerables a las agresiones de los traficantes y al endurecimiento de las leyes locales. A pesar de ello, cientos de migrantes intentan cruzar las fronteras cada vez más militarizadas del mundo. Vale destacar que los casos de abuso, tráfico, detención arbitraria, tortura y asesinato a inmigrantes ocupan lugares poco visibles en los medios de comunicación oficiales. Perseguidos por la pobreza, solos, desorientados y, a menudo sin documentos, los migrantes llegan a las ciudades a enfrentar la discriminación, la negación de su derecho de asociación y al trato desigual de los nacionales. Datos presentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que en más de la mitad de los países de destino, las leyes nacionales no se aplican a los trabajadores inmigrantes y, en muchos casos, los inmigrantes trabajan en los denominados 3D (demanding, dirty, dangerous-exigentes, sucios y peligrosos), donde los estándares no se aplican y se imponen horarios abusivos y condiciones laborales que recuerdan el régimen de la esclavitud. Y, en momentos de crisis económica, los inmigrantes son los primeros en ser retirados de sus puestos de trabajo y señalados como “amenaza” para la seguridad nacional (International Labour Conference, 2004).

La vida para los migrantes siempre ha sido difícil, sin embargo, después del 11 de septiembre de 2001 se detonó un clima anti-inmigrante, en especial en Estados Unidos y en Europa. Mujeres y hombres han sido atacados, despedidos, arrestados de modo arbitrario, e incluso deportados, por parte de estados-nación que no les importa entrar en contradicción con los compromisos internacionales establecidos previamente sobre derechos humanos. Para ellos, migrar significa emprender una travesía que no es como la de Ulises, de regreso a casa, sino como la de Abraham, expulsado de casa y condenado a no volver nunca, para parafrasear a Emmanuel Levinas. Lo que ocurre es un proceso de dislocación y descentramiento en el que las ciudades globales siguen siendo centros, hasta el punto de convertirse en multicentros donde convergen diferentes historias, culturas, memorias, experiencias. Se constituyen en el clivaje de las nuevas marcaciones de Occidente, entendido como lugar de avance del poder y la contestación, de la centralidad y la dispersión (Clifford, 1989, p 179). El surgimiento y la extensión de los derechos humanos asumen aquí una dimensión diferente donde coincide y se abisma todo. Diferentes públicos, diferentes mercados, diferente distribución, diferentes mezclas, diferentes apropiaciones: estas son las rúbricas de lo político como diferencia.

Y es aquí, donde Radio 1812 permite rastrear las iteraciones democráticas de la experiencia migrante toda vez que construye un lugar virtual para establecer vínculos entre las sociedades locales y la creación de solidaridades globales, más allá de la definición de las fronteras estatales, a través de la puesta en marcha de amplios debates sobre los derechos humanos como centro de la inmigración (Radio 13, http://www.radio1812.net/es/themes/migrants_human_rights). Resultado de ello, actores como la OIT, UNICEF, y el Relator Especial, hacen un llamado a una visión basada en los derechos de migración para la integración de los principios laborales y los derechos humanos en la legislación migratoria. Una propuesta en esta dirección permite:

• Reconocer el rol que los derechos humanos juegan en los programas de prevención de la pobreza, en dar capacidad de decisión a las mujeres, en las políticas contra el tráfico.

• Asumir que la integración está basada en un trato entre iguales y que transita por una doble vía: haciendo partícipes a los “recién llegados” junto con las “sociedades de recepción”. La prohibición de discriminación es parte de los intereses de ambos, de los integrantes y de las comunidades donde estos viven.

• Elaborar una visión basada en los derechos para la migración. La responsabilidad y el escrutinio deben ser reconocidos por el sistema nacional, a través de los cuerpos regionales, tales como la Corte Europea de Derechos Humanos o internacionales como el sistema de seguimiento de las Naciones Unidas.

• Asegurar la equidad tomando como referencia los derechos humanos en su calidad de marco legal desarrollado por los propios estados-nación para asegurarse que todas las personas, y en particular, los nacionales, serán tratados con un mínimo de estándares, independientemente del lugar donde se encuentren.

• Proveer de un marco único acordado por los estados-nación mediante el cual sería posible mediar los conflictos de intereses entre países receptores o emisores que participen en el proceso migratorio. Este marco contribuiría a la creación de políticas que profundicen en el análisis de las causas de la inmigración tales como el comercio desigual global, mecanismos que incrementan la pobreza y debilitan los derechos económicos y sociales de las personas, los efectos de la corrupción y de los abusos de los gobiernos, la guerra y la degradación ambiental.

Derivado de esta propuesta, Radio 1812 rastrea y difunde algunos casos importantes sobre cómo los gobiernos pueden acercarse a la inmigración desde los derechos humanos y proveerles mejores condiciones beneficiando, tanto a la sociedad receptora, como a los recién llegados, entre los que se pueden señalar los siguientes:

Países de origen: Marruecos

El gobierno marroquí crea una agencia en la región norte del país para la inversión y creación de empleo, promoviendo la formación y la educación con el propósito de enfrentar el paro local y la pobreza que causan la emigración en masa de jóvenes marroquíes.

Países de tránsito: México

En 1990 el Instituto Nacional de Migración del gobierno mexicano constituye el Grupo Beta Tijuana para proteger la integridad de los migrantes en peligro en zonas de riesgo. En 1994 se forma el Grupo Beta Nogales y en 1995, dos grupos más, uno en Tecate y el segundo en Matamoros. Actualmente existen 16 grupos en las fronteras norte y sur de México. Los recursos con los que cuentan son destinados a capacitar y proveer a los agentes de un mejor equipo para optimizar su labor. Como parte de la capacitación se les entrena en técnicas de orientación y búsqueda, rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación, que permiten que día a día se ofrezca un servicio altamente profesional y de gran beneficio para las comunidades migrantes (Instituto Nacional de Inmigración, 2009).

Países de destino: Malasia

Recientemente Malasia tomó la iniciativa de registrar y documentar los niños de los trabajadores inmigrantes y proveer a todos los niños de acceso ilimitado a la educación y los servicios sanitarios.

Conclusiones

Las prácticas políticas desarrolladas por este grupo de migrantes no bastan para afirmar la emergencia de ciudadanías desentrañadas al margen del importante debate sobre el trasnacionalismo político, sin embargo, apuntan atisbos sobre la articulación contemporánea de ciudadanías cosmopolitas que ayudan a imaginar modos diferentes para imaginar el derecho de los “otros” en el ámbito político, sociológico, económico y antropológico. La experiencia de Radio 1812 muestra el inevitable debilitamiento de la idea de la existencia de una autoridad política dominante y unificada, cuya jurisdicción sobre un territorio es suprema; apunta la importancia de la producción de los dispositivos de legalidad internacional utilizados como vía para actualizar los derechos ciudadanos y exigir el respeto y la dignidad de las personas; indica que en el “entremedio” de lo local y lo global, puesto en juego desde el “no-lugar” de las ciudades globales, se abre un espacio de oportunidad a las iteraciones democráticas de afirmaciones referidas a los derechos humanos; rastrea formas de participación política de los migrantes que escapan a toda forma de domesticación; constituye una vía empírica para describir la diferencia conceptual entre la política y lo político; y, sobre todo, a pesar de sus limitaciones, permite vislumbrar los atisbos de una ciudadanía por venir, más allá o más acá, de los límites territoriales estatales en los que se fundó la ciudadanía moderna.

Bibliografía

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