Norma Mariela Jiménez Zavala*
Nelson Eduardo Alarcón Muñoz**
Myriam Johanna Naranjo Vaca***
María Dolores Toca Calderón****
ESPOCH, Ecuador
mariellajimenez1@hotmail.com
Resumen
El concepto de desarrollo territorial alternativo basado en la economía social y solidaria se discute activamente en la literatura reciente como una herramienta eficiente que puede aumentar el nivel de vida en los países en desarrollo y desarrollados. La economía social y solidaria del inglés Social and Solidarity Economy (SSE), traducido al español como Economía Social y Solidaria (ESS) plantea los problemas relacionados con el sector diverso y de múltiples capas de una esfera pública y social, que permite responder a múltiples preguntas, que anteriormente no eran consideradas por los conceptos económicos tradicionales. Según Borzaga, Salvatori, & Bodini (2017), la economía social y solidaria representa una multitud de diversas estructuras como organizaciones sociales, asociaciones, consorcios, cooperativas y fondos. Sin embargo, su funcionamiento se caracteriza por una serie de nociones generales: gestión administrativa común; limitación de los ingresos por el bien de objetivos, tales como valores sociales, solidaridad, cooperación; y una prohibición de las operaciones especulativas en el mercado. El artículo hace un análisis de cómo la economía social y solidaria puede convertirse en una alternativa para el desarrollo territorial, se hace énfacis en casos exitosos en el contexto mundial.
Palabras Clave: Economía – Social – Solidaria – Alternativa - Desarrollo – Territorial
Abstract
The concept of alternative territorial development based on the social and solidarity economy is actively discuss in recent literature as an efficient tool that can increase the standard of living in developing and developed countries. The social and solidary economy of the English Social and Solidarity Economy (SSE), translated into Spanish as Social and Solidarity Economy (ESS), raises the problems related to the diverse and multi-layered sector of a public and social sphere, which allows responding to multiple questions, which previously were not considered by traditional economic concepts. According to Borzaga, Salvatori, & Bodini (2017), the social and solidarity economy represents a multitude of diverse structures such as social organizations, associations, consortiums, cooperatives and funds. However, its operation is characterized by a series of general notions: common administrative management; limitation of income for the sake of objectives, such as social values, solidarity, cooperation; and a ban on speculative operations in the market. The article makes an analysis of how the social and solidarity economy can become an alternative for territorial development, it becomes emphasize in successful cases in the global context.
Key Words: Economy - Social - Solidarity - Alternative - Development - Territorial
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Norma Mariela Jiménez Zavala, Nelson Eduardo Alarcón Muñoz, Myriam Johanna Naranjo Vaca y María Dolores Toca Calderón (2018): “La economía social y solidaria como alternativa para el desarrollo territorial”, Revista: OIDLES Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social, n. 25 (diciembre 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/oidles/25/economia-social-solidaria.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/oidles25economia-social-solidaria
La construcción de redes basadas en el apoyo mutuo, la confianza y la colaboración implica una implementación activa de las políticas públicas y la participación en la vida social. Vale la pena mencionar que no basta con considerar las políticas de sostenibilidad para cada compañía, ya que la sostenibilidad por sí sola no puede cambiar la situación, esta requiere que cada miembro de la sociedad se sienta responsable del desempeño de las políticas públicas. Las políticas positivas y exitosas deben extenderse a otros territorios en desarrollo y ser apoyadas por todas las estructuras empresariales, ya que esta actitud indica perfectamente la contribución de los principios de la ESS al desarrollo territorial.
El concepto de economía social y solidaria está representado por una forma de actividad económica que se esfuerza por alinear el proceso de fabricación, el consumo, la creación de negocios, la inversión en políticas para la igualdad, el bienestar y la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente. Como lo señaló Doran (2010), la economía social y solidaria apoya dichas políticas públicas y representa una alternativa adecuada para el desarrollo territorial tradicional debido a la capacidad de considerar la naturaleza multidimensional y multivectorial del concepto de ESS. Muchos países comienzan la implementación activa de los principios de la economía social y solidaria en sus territorios para impulsar el crecimiento económico y aumentar el bienestar de la población.
Un buen ejemplo del desarrollo territorial basado en los principios de la economía social y solidaria está representado en las regiones brasileñas. Representan un ejemplo muy exitoso de la implementación de la ESS varios proyectos de inclusión social. Otra instancia del desarrollo territorial exitoso puede ser representada por Francia. Las sociedades cooperativas de intereses colectivos en Francia se denominan unidades socio productivas que permiten la transformación de los territorios creando el lugar social especial que ayuda a mejorar los niveles de vida.
La economía social y solidaria surgió en el siglo XIX; sin embargo, hasta mediados del siglo XX, este concepto solo existía dentro de los marcos y tradiciones socio asociativas. En este sentido, ha tenido lugar una cierta evolución económica del componente social. Ahora incluye tareas como la lucha contra la desigualdad, la protección del medio ambiente y el apoyo de los grupos de población vulnerables (Dash, 2013). Durante mucho tiempo, la economía social y solidaria fue tratada como una forma de utopía, que comenzaba a adquirir el segundo aliento. El motivo de un reconocimiento tan amplio debe encontrarse en la escala de la economía social y solidaria.
Las implicaciones teóricas de la economía social y solidaria surgieron en Europa entre 1840 y 1850 como respuesta a las ideas utópicas de igualdad social (Dacheux y Goujon, 2012). Las primeras ideas se alinearon con el concepto social y de solidaridad plasmado en forma de fondos no comerciales autoorganizados. Su tarea principal incluyó intentos de combatir la pobreza ayudando a los sectores más pobres de la sociedad. Los valores de la economía social y solidaria pueden aplicarse fácilmente a los principios de la responsabilidad social corporativa en los negocios.
El concepto de ESS se hizo cada vez más popular en Europa, América Latina y los Estados Unidos a finales del siglo XX, cuando la creciente voluntad y el deseo de varios movimientos sociales obligaron a los gobiernos federales a abordar los modelos alternativos de desarrollo neoliberal. La aparición de los principios de la ESS fue seguida por debates y discusiones serios. De hecho, la forma moderna del modelo ESS todavía se está desarrollando, tanto que la definición está lejos de ser absoluta. El Foro Social Mundial que se llevó a cabo en 2002 definió el concepto de economía social y solidaria como un instrumento importante del desarrollo territorial e inscribió los principios de la SSS en el movimiento internacional para el desarrollo regional alternativo en todo el mundo (Neamtan, 2012).
Neamtan (2012), señaló que la economía social y solidaria no es un concepto nuevo, sino que ha configurado el panorama de la economía tradicional durante cien años como parte integrante del marco socioeconómico. La rápida evolución de las empresas y asociaciones colectivas ha contribuido significativamente al surgimiento de una sociedad y una economía más humanas. Los movimientos de la fuerza laboral, junto con los postulados de las organizaciones cooperativas y socio-productivas, han promovido la nueva percepción de la economía social, que ganó los nuevos colores sociopolíticos e ideológicos. En este artículo, se intentará cubrir la comprensión contemporánea de la economía social y solidaria en relación con su papel en el desarrollo del territorio en varios países.
La comunidad de expertos busca constantemente el nuevo modelo de desarrollo económico integrado, que puede representar una combinación justa de las políticas de economía solidaria, el nuevo concepto de desarrollo territorial y la inclusión social (Papadaki y Kalogeraki, 2018). Este modelo puede abrir nuevas oportunidades para el crecimiento económico estable, la manufactura sostenible, la seguridad social y de género. Una de las formas de lograr el concepto económico deseado es ampliar la actividad económica mediante la integración de elementos de responsabilidad social corporativa y desarrollo territorial (Dash, 2013).
El concepto de economía social y solidaria ha surgido como una respuesta a la investigación social, resultado de la actividad económica de diversas fuerzas del mercado. Como lo señaló Michaud y Audebrand (2014), la actividad económica de hoy causa graves daños al medio ambiente; además, los esfuerzos empresariales pueden servir como una fuente de problemas de sostenibilidad adicionales. Según el informe de la Comisión Europea de Asuntos Ambientales (2016), la economía social y solidaria representa el concepto que permite a las empresas participar en problemas públicos, económicos, sociales y éticos relacionados con las actividades comerciales.
El concepto de ESS presupone la responsabilidad de las empresas por daños ambientales en un territorio determinado. Michaud y Audebrand (2014) afirmaron que la noción de economía solidaria incluye la idea de responsabilidad social corporativa que ayuda a proteger el medio ambiente y la población. El concepto de economía social y solidaria requiere aceptar los estándares de responsabilidad social corporativa. Las compañías que operan en un territorio determinado se esfuerzan por integrar los componentes públicos, humanitarios, éticos y de sostenibilidad en sus prácticas comerciales. Esta tendencia se realiza a través de la financiación de obras de caridad y proyectos socialmente significativos.
Cabe señalar que los principios sociales y de solidaridad se implementan principalmente en las empresas transnacionales, orientados a la formación de la imagen positiva de la empresa (Bertezene, Bayart y Vallat, 2014). La promoción de la actividad empresarial socialmente responsable y sostenible ayuda a la compañía a lograr una ventaja competitiva, lo que aumenta el nivel de confianza de los consumidores en los bienes de la compañía. Las políticas de economía social y solidaria realizadas a nivel regional y mundial ayudan a promover el desarrollo territorial y los proyectos de inclusión social a través de la participación activa de las unidades socio-productivas en actividades económicas comerciales y gubernamentales.
El componente ético del concepto de ESS representa el elemento antropocéntrico principal. Existen varias formas de organización ampliamente aceptadas, que pueden indicar la relevancia de la empresa para la economía social y solidaria: consorcios no comerciales, fondos, asociaciones, etc. Debe señalarse que las empresas asociadas con proyectos sociales pueden generar ingresos significativos. Sin embargo, las decisiones relativas a la distribución de los beneficios las toma el equipo de empleados, mientras que la actividad económica de la empresa se realiza en interés de todos los participantes (Montoya, 2012). La forma peculiar de distribución de ganancias se basa puramente en la confianza, los principios de democracia y reciprocidad.
El concepto social y de solidaridad sustenta los proyectos sociales más importantes relacionados con el desarrollo territorial de la región, uniendo las representaciones tradicionales y modernas de la actividad económica, como las finanzas alternativas, las sociedades de comercio justo, las asociaciones de seguros, las cooperativas, etc. El concepto de solidaridad social apunta a dar prioridad al meticuloso desempeño de los asuntos de responsabilidad social corporativa que estimulan el desarrollo de varios proyectos regionales dentro de las comunidades locales (Dash, 2013).
El carácter recíproco del concepto de economía social y solidaria afecta positivamente la importancia de la cooperación entre los participantes individuales, unidades de negocio, partes interesadas y comunidades. Los principios de solidaridad que componen los elementos básicos de la empresa social pueden reestructurar la actitud hacia la responsabilidad social corporativa (Bertezene, Bayart y Vallat, 2014). Las compañías que operan en el ámbito de la ESS persiguen el objetivo de la satisfacción de los consumidores y las comunidades locales, especialmente cuando se trata de las necesidades básicas y los problemas ambientales. Las prácticas éticas y socialmente responsables implementadas en la empresa sirven como la mejor representación de los valores corporativos y los principios de sostenibilidad. Sin embargo, la responsabilidad social corporativa debe estar cuidadosamente alineada con el componente ético para encontrar un compromiso entre la fabricación, la protección del medio ambiente, la actividad ética del mercado y las inversiones rentables en la infraestructura regional (Betancourt, 2015).
Según lo informado por las Naciones Unidas (2017), el concepto de economía social y solidaria promueve un aumento significativo de la rendición de cuentas y la transparencia a nivel empresarial / corporativo, consumidor y partes interesadas, proporcionando una cooperación fluida de todos los mecanismos del mercado (Samuel, 2012 ). El concepto social y de solidaridad mejora las prácticas de sostenibilidad corporativa y responsabilidad en los sitios de fabricación. La fabricación ética es una tendencia relativamente nueva del concepto de responsabilidad social corporativa, que presta especial atención a las cuestiones de pago justo de trabajo, normas de seguridad de fabricación y normas ambientales.
En otras palabras, la fabricación ética presupone que no se haga daño a la sociedad ya que los principios de producción involucran responsabilidad social, compromiso y transparencia de las operaciones comerciales. Según Samuel (2012), la fabricación ética es una parte integral del concepto social y de solidaridad, ya que ayuda a proteger el medio ambiente contra daños y perjuicios. Un buen ejemplo de este tipo de fabricación es un proyecto social italiano "SOL-Violette", que ha financiado a pequeñas empresas manufactureras que producen bienes ecológicos utilizando tecnologías limpias. El concepto social y de solidaridad ayuda a las empresas a construir redes comerciales alternativas cortas, lo que permite una reducción significativa de los costos de producción y garantiza la protección del medio ambiente (Doran, 2010).
Los partícipes de la economía social y solidaria prefieren seguir los principios del consumo moderado de energía y recursos alimentarios (Bonny, 2015). Un buen ejemplo de otro proyecto social que demuestra el consumo ético puede ser representado por el programa "NU Spaarpas", que trata de equilibrar la fabricación y los elementos ecológicos del modelo de consumo. El proyecto participó en Rotterdam (Holanda) alrededor del año 2000-2001. La comunidad local elaboró un enfoque especial para los ciudadanos locales que implica el uso de tarjetas inteligentes especiales. Los titulares de tarjetas obtuvieron bonificaciones al comprar productos orgánicos y limpios. Estos bonos se podrían gastar en diferentes proyectos ecológicos útiles para el desarrollo del territorio local, por ejemplo, pagar a las personas que clasifican la basura, preparar la comida para los pobres y/o tratar a los animales sin hogar (Ortega, 2010).
De este modo, el concepto de economía social y solidaria intenta humanizar las fuerzas del mercado, promover la fabricación sostenible y publicitar un consumo moderado. Los participantes de la economía social y solidaria se esfuerzan por cumplir los requisitos socioeconómicos materiales y no materiales que ayudan a proteger a la sociedad de las intenciones puramente de lucro. Los principios de las empresas alineadas con el concepto de ESS ayudan a estimular la expansión consistente y sólida de los proyectos de inclusión social, que enriquecen y diversifican el desarrollo de los territorios regionales. Según Samuel (2012), la creación responsable de negocios es una forma beneficiosa de desarrollar una región mediante la participación de los agentes de la economía tradicional, las empresas transnacionales y las pequeñas y medianas empresas en la actividad respetuosa con el medio ambiente. Los hallazgos empíricos han demostrado de manera clara que el concepto de economía social y solidaria puede aplicarse efectivamente a cualquier organización o estructura no comercial, que esté dispuesta a trabajar de acuerdo con los valores de la empresa socialmente responsable.
Morias y Bacic (2017) señalan que la mayoría de los programas de reducción de la pobreza en los EE.UU tienen como objetivo principal el crecimiento sostenible de la estructura de las empresas sociales. El crecimiento sostenible presupone el desarrollo sostenible de una región, lo cual significa que los proyectos implementados en un territorio determinado contribuirán al rápido desarrollo de las comunidades locales para hacer que la economía sea más dinámica. La mayoría de los proyectos de desarrollo social tienen el objetivo de impulsar el mejoramiento de los estándares de vida en las áreas suburbanas que generalmente tienen altos índices de pobreza. En este artículo, se demostrará que el desarrollo territorial surge de la idea de que incluso un proyecto social insignificante o una pequeña actividad puede contribuir de manera suficiente a mejorar el desarrollo socioeconómico en una determinada región. Al mismo tiempo, la falta de cualquier actividad social en la región conduce a tasas de supervivencia bajas entre la población local y la falta de perspectivas de empleo.
El desarrollo territorial representa un marco teórico y conceptual relativamente nuevo, que adquiere un origen "polisémico" (Ortega, 2010). Según Morias y Bacic (2017), el concepto de territorialidad manifiesta interdependencias específicas de sectores socioeconómicos vinculados a ciertos lugares. Desde el punto de vista económico, la actividad se considera territorial si la viabilidad comercial se sustenta en “activos”, proyectos sociales e interrelaciones que no están disponibles en otros territorios o no se pueden imitar o implementar en las localidades que no cuentan con estos activos, proyectos o interrelaciones.
El concepto de desarrollo territorial dentro de los marcos de la economía social y solidaria tiene que ver con la evolución endógena de las economías. Las dinámicas territoriales descritas en los artículos de Morias & Bacic (2017) y Ortega (2010) incluyen elementos indispensables como el conocimiento tácito, las relaciones sinérgicas y la cooperación mutuamente beneficiosa entre el estado y la empresa. Por lo tanto, la idea del desarrollo endógeno territorial se basa en el supuesto de que los sistemas de desarrollo productivo cubren el conjunto de componentes materiales y no materiales que permiten el ajuste económico local a varias vías de evolución económica y crecimiento social.
La economía social y solidaria puede afectar significativamente el desarrollo territorial; sin embargo, su progreso depende en gran medida de la cantidad de recursos internos disponibles, las formas en que son explotados y los estímulos aplicados a las políticas a nivel macro y micro. Según Borzaga, Salvatori, y Bodini (2017), la extensa explicación del desarrollo endógeno se confía al capital social disponible en las comunidades locales. Significa que la capacidad comercial y no comercial de la sociedad es crucial para el desarrollo del territorio en cuestión. El concepto de capital social descrito por Dacheux & Goujon (2012), significa que el capital de las organizaciones sociales, que poseen un conjunto de reglas, normas, valores y sistemas de cooperación, contribuye al crecimiento eficiente de la sociedad. También es importante saber si la organización social tiene un potencial sustancial para el desempeño de los proyectos colectivos con el fin de sostener el desarrollo territorial.
Según Morias y Bacic (2017), el desarrollo territorial dentro del marco de la ESS debe considerar la importancia de los siguientes factores: económico (incorporación y distribución de capital); sociocultural (nivel de vida, integración social y equidad); ambiental (proyectos ambientales, disponibilidad de recursos naturales); sociopolítico (gobernanza territorial, proyectos colectivos ambientales). Un instrumento perfecto para estimular el desarrollo territorial está representado por las políticas públicas, que se utilizan para fortalecer y/o crear valores de desarrollo proactivos y patrones de comportamiento. En este sentido, el enfoque en las políticas públicas puede traer beneficios significativos si el proyecto social dirigido al desarrollo territorial se construye desde abajo. Por otro lado, el éxito del proyecto social depende en gran medida del llamado "pacto territorial", que se logra a través de la cooperación de fabricantes, organismos gubernamentales y asociaciones empresariales.
Betancourt (2015) describió el desarrollo territorial sistemático como un desarrollo integrado y sostenible de la comunidad local. La característica más importante de tal desarrollo se basa en el supuesto de que el crecimiento económico no es necesario para promover la rápida mejora de las condiciones territoriales, ya que representa un fenómeno que evoluciona más allá de la esfera económica (Bonny, 2015). Los vínculos armoniosos entre la economía social y solidaria y el desarrollo territorial se discuten ampliamente en círculos académicos y organismos gubernamentales debido a la importancia de la agenda. Sin embargo, no hay una definición clara y medidas de las conexiones armoniosas entre los dos conceptos. Para simplificar el análisis, se adoptará la definición sugerida por Morais (2015), en la que el autor remite la noción de ESS al trabajo de las organizaciones sociales y las políticas gubernamentales elaboradas para respaldar los proyectos de inclusión social.
Morais (2015) comparó el surgimiento de las políticas de desarrollo territorial con la nueva área inexplorada de la acción pública. El surgimiento de las políticas territoriales puede considerarse como la oportunidad histórica de una consolidación e implementación eficientes de los principios sociales y de solidaridad. De hecho, las políticas territoriales representan un elemento legítimo de la economía de mercado, que tiene una importancia considerable para el desarrollo de las comunidades locales (Betancourt, 2015). Desde esta perspectiva, la implementación de políticas públicas para el desarrollo territorial puede representar una manera eficiente de promover estrategias territoriales en el contexto de las dinámicas económicas. La economía social y solidaria desempeña un papel clave en el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades locales socio-productivas, que forman un tejido político, económico, cultural y social integrado ubicado en una determinada región (Pecqueur, 2013).
La economía social y solidaria representa un instrumento flexible para el rápido desarrollo de territorios dentro de un país o unión, dado que brinda la oportunidad para la creación de nuevos puestos de trabajo y ocupaciones generadoras de ingresos (Saguier y Brent, 2014). El concepto de desarrollo territorial estratégico está estrechamente relacionado con las actividades colectivas, participativas y cooperativas en la esfera socioeconómica, que ayudan a la movilización eficiente de la región y afectan el componente sociopolítico de la comunidad local. La economía social y solidaria presupone que el desarrollo territorial debe basarse en las acciones locales emprendidas en la comunidad, tanto que las actividades deben pertenecer a la red de interrelaciones mutuas. El capital humano, los recursos materiales y las capacidades endógenas funcionan como una unidad integral que promueve una conexión armoniosa del desarrollo territorial con los conceptos de la economía social y solidaria (Morias y Bacic, 2017).
Cabe señalar que los puntos cruciales que afectan el desarrollo regional exitoso, como los tipos de cambio, las tasas de interés, los porcentajes de impuestos y los volúmenes de inversión, deben considerarse a nivel federal, los cuales patrocinan los programas y proyectos sociales para el desarrollo territorial o por el contrario, reducir el patrocinio. En la práctica, las actividades emprendidas hacia el desarrollo territorial se pueden sustentar en las tres políticas básicas: políticas sectoriales, políticas territoriales y políticas ambientales. Las políticas sectoriales tienen el objetivo de mejorar la efectividad del sector manufacturero al crear oportunidades de empleo, promover cursos educativos e implementar innovaciones tecnológicas. El sector territorial permite una gestión eficiente de los recursos endógenos (humanos, laborales y naturales). El sector ambiental ayuda a las unidades socio-productivas a abordar meticulosamente los problemas de sostenibilidad y las preocupaciones ecológicas promoviendo los valores ambientales (Morais, 2015).
En este contexto, las políticas públicas que estimulan el camino del desarrollo territorial pueden utilizarse eficientemente para fortalecer y crear la cultura de sostenibilidad activa. El enfoque innovador de tales políticas es que cubren los temas de sociabilidad y participación económica de los territorios en los proyectos ambientales escalables.
El desarrollo territorial en Brasil representa un buen ejemplo de la práctica de la economía social y solidaria. El gobierno federal de Brasil ha establecido varias estructuras institucionales públicas y del tercer sector, cuyo objetivo es fomentar el avance territorial en las zonas centrales y rurales del país (Pryazhnikova, 2016). El Ministerio de Desarrollo Social y Agrario, así como la recién creada Secretaría Nacional de Economía Social y Solidaria, fueron elaborados especialmente para abordar la implementación de proyectos sociales y contribuir al lanzamiento de los programas más importantes de inclusión social en territorios rurales y urbanos. Uno de los proyectos más famosos es el programa denominado Plan de Brasil sin miseria, cuyo objetivo es eliminar la pobreza y la falta de vivienda (Pryazhnikova, 2016).
Este proyecto permite invertir una parte significativa del presupuesto federal para mejorar el bienestar de las comunidades a través de la inserción productiva de esquemas de financiamiento. Este programa cubrió a las familias que viven en barrios marginales y tienen un ingreso familiar de menos de $ 70 al mes por persona. De acuerdo con los datos del Censo brasileño de 2016, el número de brasileños que viven por debajo del umbral de pobreza fue de 16,2 millones. El programa social y solidario permite el acceso eficiente de la población a los servicios públicos, educación, seguridad social, inclusión productiva y fuentes de energía de bajo costo (Pryazhnikova, 2016). El conjunto de actividades emprendidas dentro de los marcos de este programa permitió al gobierno federal realizar iniciativas relacionadas con las inversiones municipales, públicas y privadas destinadas a construir una mejor sociedad civil y mejores niveles de vida.
Otro ejemplo exitoso de la práctica de la economía social y solidaria puede referirse al proyecto de inclusión social realizado en el noreste de Brasil. Dentro del alcance de este proyecto, el gobierno federal ha introducido la moneda social "Palmas", establecida por el banco "Banco Palmas". Este banco proporciona servicios financieros a los estratos más pobres y menos protegidos de la sociedad que viven en la región. El uso de la moneda social ayudó a la región a generar puestos de trabajo adicionales y la oferta de vivienda adecuada para los pobres. La participación activa de las estructuras de negocios sociales permite el rápido desarrollo de las membresías de la fuerza laboral que atraen a la población a las actividades económicas, que antes no estaban disponibles en las condiciones de la economía tradicional. Es importante mencionar que, debido a las características peculiares y al carácter recíproco de la economía social y solidaria, el proyecto social en ciertos territorios puede adaptarse de manera eficiente a las necesidades del desarrollo socioeconómico territorial (Galera y Borzaga, 2014).
La actividad de las estructuras de negocios con orientación social estimula al gobierno federal a aumentar la conciencia ambiental cuando se trata del establecimiento de grandes sitios de fabricación en los territorios desarrollados. Las regiones brasileñas representan un ejemplo muy exitoso de la implementación de la economía social y solidaria que demuestra varios proyectos de inclusión social en todos los países; por ejemplo, recolección de basura y materias primas secundarias, instalación de fuentes de energía renovable en las regiones rurales más pobres, proyectos de seguridad social y educación, que obtienen un amplio reconocimiento público (Dash, 2013).
Francia representa otro ejemplo exitoso que demuestra los beneficios de la actuación de la economía social y solidaria. El surgimiento de las organizaciones socio-productivas reveló una alternativa eficiente para el desarrollo territorial. Organizaciones socio productivas como cooperativas, asociaciones, consorcios, estructuras no comerciales despliegan su actividad para satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población local. Así, las unidades socio-productivas en Francia permiten que la fuerza laboral participe en el proceso de toma de decisiones de acuerdo con los principios democráticos. Un buen ejemplo de una economía de este tipo en un territorio limitado puede representarse por la llamada cooperativa “Repic” en Montpellier (Morais, 2015). Esta cooperativa se concentra en el desarrollo de varios proyectos terrestres, luego vota por un administrador que lo liderará. Francia puede ser referido como el líder en la ejecución de los principios sociales y de solidaridad, ya que la economía francesa tiene más de 200 mil empresas, que emplean a más de 2 millones de personas. Significa que en el sector privado cada octavo lugar de trabajo está ocupado por la fuerza laboral que sirve los principios de la economía social y solidaria (Morais, 2015).
El modelo económico tradicional está orientado a los intereses de los accionistas, quienes generalmente no participan en el proceso de trabajo organizativo. Al mismo tiempo, la economía tradicional no presupone la participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, en comparación con las empresas tradicionales, la fuerza laboral de las organizaciones socio-productivas representa a los accionistas que participan en los procesos de toma de decisiones y de trabajo (Samuel, 2012). Los principios de la economía social y solidaria ofrecen el concepto de bienestar colectivo utilizado para crear cohesión social.
La participación de la economía social y solidaria representa el 10% del PIB nacional. Durante los últimos 10 años, la esfera del sector de la economía social y solidaria en Francia ha creado alrededor de 4400 mil lugares de trabajo, lo que corresponde al 23% de crecimiento, mientras que un crecimiento análogo en la economía tradicional difícilmente puede alcanzar el 7% (Morais, 2015). El aumento de la economía social y solidaria se puede observar en todo el mundo, sector que comprende entre el 5% y el 10% del PIB mundial. Las ideas que sustentan este concepto obtienen una retroalimentación positiva de la población que da respuestas concisas sobre las preguntas más vulnerables de los problemas sociales contemporáneos, tales como la lucha contra la pobreza, la protección de la seguridad social, las políticas de sostenibilidad ambiental, la actitud del cuidado hacia los recursos agotables. Esto significa que la economía social y solidaria puede ayudar eficientemente a satisfacer las necesidades de la población y el desarrollo activo de los conglomerados territoriales.
Las unidades socio-productivas establecidas en Francia tienen como objetivo enriquecer la actividad económica de las áreas rurales y suburbanas (Morais, 2015). La participación activa de los empleados en varios movimientos laborales en Francia permitió a este país constituir los altos estándares de las condiciones de empleo, la seguridad social y la inclusión de todas las capas de población en los proyectos de desarrollo territorial. Esto significa que los proyectos de inclusión social en Francia permiten la generación de nuevos puestos de trabajo para los miembros de las comunidades locales (Bonny, 2015). El gobierno federal francés asume que los principios que regulan la organización laboral o la unidad socio-productiva corresponden a la filosofía de responsabilidad social corporativa. Según Morais (2015), la práctica de los valores de inclusión social dentro de los marcos de las unidades socio-productivas representa una democratización más radical de los procesos de gestión. Cabe señalar que Francia está actuando de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que apoya activamente y mantiene el desarrollo de las empresas socio-productivas (Bonny, 2015).
En este sentido, el marco legal adoptado por el gobierno francés en julio de 2001 representa un interés significativo que permite a las asociaciones y asociaciones cooperativas proteger los intereses colectivos mutuos con la política de SCIC (sociedades cooperativas de interés colectivo) (Morias y Bacic, 2017). Este marco legal distribuye a los miembros participantes en tres grupos: la fuerza laboral que trabaja para la unidad cooperativa, los beneficiarios de la cooperativa y los voluntarios/filántropos que ayudan/patrocinan a la cooperativa. Por lo tanto, los proyectos relacionados con el desarrollo territorial en Francia se esfuerzan por involucrar a las partes interesadas sobre la base del sistema de gestión democrático y participativo, eligiendo a la persona dispuesta a contribuir al logro de los objetivos sociales. Las sociedades cooperativas de interés colectivo no limitan sus actividades a la participación de los accionistas en el proceso de toma de decisiones. Las sociedades cooperativas de intereses colectivos en Francia representan las unidades socio-productivas que permiten la transformación de los territorios al crear un lugar social especial que ayuda a las comunidades locales a negociar, discutir y mejorar activamente los estándares de vida.
Las unidades socio-productivas desempeñan la función social y constituyen la base fundamental para la inclusión social y el desarrollo territorial, empleando a personas desempleadas y ayudando a los pobres a superar las condiciones de vida vulnerables (Galera y Borzaga, 2014). Los proyectos de inclusión social, como el intercambio de bienes, el apoyo a madres solteras y niños sin padres, la creación de sistemas especiales de descuento para las comunidades locales cambia la vida cotidiana de los grandes grupos sociales, estimulando el surgimiento de nuevos vínculos entre las personas en ciertos territorios. Los ejemplos de Brasil y Francia son muy destacados. Estos dos países han logrado implementar los principios de la economía social y solidaria utilizados como alternativa para el desarrollo territorial. Al mismo tiempo, no solo existen razones socioeconómicas para utilizar la ESS como un instrumento eficiente, ya que las implicaciones políticas también deben considerarse.
Los valores colectivos y las unidades socio-productivas pueden implementarse mucho más allá de los marcos de su actividad económica habitual. Significa que la construcción de los intereses colectivos beneficia a todo el sector público del territorio desarrollado y estimula la acumulación de capital humano. Los principios ESS aplicados al ámbito político ayudan a formar las ideas que se convierten en el punto de partida para la determinación de los objetivos y valores colectivos. El componente político de la ESS se manifiesta en la democratización del proceso de toma de decisiones, el establecimiento de conexiones económicas entre los miembros de las comunidades locales y la transparencia del desempeño económico.
El aspecto político de la responsabilidad social se realiza comúnmente en ciertos territorios, zonas sanitarias o esferas relacionadas con proyectos ambientales, educación, reducción de la pobreza y/o programas de empleo (Dash, 2013). Además, los miembros de las organizaciones socio-productivas tienen la misión moral, promoviendo los valores de la economía social y solidaria, como el deber cívico, la sostenibilidad, la seguridad social y la igualdad. La ejecución de programas políticos suele ir acompañada de iniciativas de ESS dirigidas al desarrollo del entorno social (por ejemplo, la creación de puestos de trabajo, el desarrollo de los servicios para discapacitados, etc.). Estas actividades requieren fuerte voluntad política e inversiones; por tanto, las fuerzas políticas que apoyan los principios de la economía social y solidaria ganan amplia popularidad y apoyo entre los miembros del electorado.
En el contexto del cambio tecnológico, sociopolítico y económico moderno, el desarrollo territorial debe considerarse en línea con la disponibilidad de oportunidades de trabajo decente y las crecientes demandas de empleo. Según Morais (2015), la ESS puede tratarse como un universo heterogéneo y diverso que abarca varios modelos y enfoques, que son gestionados por las políticas gubernamentales. Estas políticas tienden a satisfacer las necesidades de trabajadores y grupos sociales y sirven como respuesta a los desafíos de los problemas de comunidades locales. Los alcances de las políticas tienen como objetivo identificar cuidadosamente las necesidades futuras de las comunidades locales y delinear una gama de actividades, que están destinadas a satisfacer estas necesidades. Las compañías que operan de acuerdo con los principios de ESS pueden ser remitidas a organizaciones sin fines de lucro, que pueden aprovechar las donaciones, el voluntariado y las actividades fiduciarias que ayudan a las compañías a obtener ingresos de estos sectores de bajos beneficios (Morias y Bacic, 2017 ).
Las organizaciones de ESS son extremadamente importantes para la creación y la persistencia del empleo en los sectores económicos tradicionales que brindan opciones de empleo estables y la entrada de la fuerza laboral femenina en el sector. La participación de las empresas de ESS en la vida de la población desfavorecida/discapacitada no puede ser subestimada. Además, las organizaciones de ESS ayudan a las personas del sector con empleo informal a transferirse al sector formal, canalizando los empleos en los sectores de la nueva economía, que podrían verse amenazados por las formas de trabajo no estándar o inaceptables (por ejemplo, trabajo infantil) (Morias y Bacic, 2017). De hecho, las políticas destinadas a proteger los principios de la economía social y solidaria se elaboran para brindar mayor seguridad, sostenibilidad y estructura en las comunidades locales.
Estas políticas serán extremadamente importantes en los próximos años, dado que la mayor parte de la fuerza laboral vendrá a la ESS del sector de servicios (seguridad social, cuidado personal, servicios de atención a personas desfavorecidas) y menos corporativa/estructurada que en las décadas anteriores. La expansión de la economía del concierto permite a las empresas socio-productivas que trabajan de acuerdo con los principios de igualdad social cerrar la brecha entre la economía tradicional y la ESS al emplear a la mayoría de la fuerza laboral y garantizar la protección de sus intereses. Finalmente, es importante mencionar que las políticas que promueven los principios de la ESS se esfuerzan por construir los ecosistemas de apoyo para un funcionamiento eficiente de las organizaciones socio-productivas tanto a nivel local como global.
Las políticas orientadas a la ESS representan una forma especial de legitimidad, que sirve como justificación del hecho de que las organizaciones del ESS obtienen ganancias de los subsidios gubernamentales, impuestos, proyectos ambientales y cooperación con los organismos gubernamentales. Basándose en una política específica, las empresas socio-productivas contribuyen a la formación de la sociedad civil. Las organizaciones de ESS se centran en las perspectivas conceptuales y las trayectorias empíricas que comprenden la economía social y solidaria, incluida una síntesis de políticas públicas orientadas a los valores económicos tradicionales.
El concepto de ESS a menudo se trata como una alternativa adecuada a la economía tradicional debido a la capacidad de cubrir los problemas de equidad social, crecimiento económico, equilibrio ecológico y estabilidad sociopolítica. En respuesta a los cambios contemporáneos en la economía global, la cuestión del desarrollo territorial representa una solución interesante a las amenazas emergentes de los países desarrollados y en desarrollo. El camino liberal del desarrollo económico no aborda adecuadamente las necesidades macro y microeconómicas de la sociedad, especialmente si las respuestas innovadoras y tecnológicas desafían el desarrollo de la nación. La evidencia empírica demuestra que la negativa a reconocer la relevancia de los principios de ESS impide una evolución eficiente de los territorios. Por el contrario, el ejemplo de países, que implementan activamente los valores de ESS, demuestra logros significativos a escala local.
Las compañías que operan de acuerdo con el concepto de economía social y solidaria poseen beneficios que les permiten responder oportunamente a los problemas ambientales, los problemas de bienestar social y las dificultades de desigualdad. Estas organizaciones de ESS fomentan la consolidación social, aumentando la conciencia de la sociedad sobre los problemas ambientales y el desarrollo económico. Las organizaciones de economía social y solidaria establecidas en Brasil y Francia realizan de manera efectiva medidas dirigidas contra la pobreza, la injusticia social y la desigualdad. Esta estrategia ayuda a aumentar los niveles de vida de la sociedad en general.
Las políticas de inclusión social permiten la democratización de la gestión y el proceso general de toma de decisiones (Utting, 2015). Otra característica específica de la ESS es que la distribución colectiva de las ganancias tiene un carácter solidario, que permite el establecimiento del sistema de seguridad social basado en la responsabilidad colectiva y la distribución justa de los riesgos socioeconómicos. Las organizaciones de ESS se esfuerzan por operar más allá del alcance de la economía tradicional, especialmente en temas relacionados con la práctica de los derechos laborales, las medidas sociales y los valores ambientales. Además, las empresas de SS consideran que los empleados son parte de la organización, que participan activamente en el proceso de toma de decisiones en la capacidad de los interesados. Cabe señalar que todas las organizaciones socio-productivas que trabajan de acuerdo con el concepto de economía social y solidaria pueden adaptarse con éxito a los objetivos del desarrollo territorial.
La evidencia del desarrollo territorial en Francia y Brasil demuestra que las empresas de ESS desempeñan un papel importante en la canalización del diálogo público entre diversos grupos sociales, mediadores económicos y organismos gubernamentales. Este diálogo es muy útil para determinar los intereses mutuos y la elaboración de las políticas socioeconómicas adecuadas. La actividad comercial de las organizaciones que operan de acuerdo con los principios de la ESS estimula el aumento de la transparencia de las operaciones comerciales y apoya el diálogo cultural entre los grupos sociales. Cabe mencionar que el diálogo público posibilita la provisión de un desarrollo territorial estable y el logro de la consolidación socioeconómica. Es especialmente importante durante las crisis económicas y las vulnerabilidades que pueden amenazar la estabilidad social.
Según Morais (2015), la construcción de nuevas ideas para las organizaciones públicas, productivas y socioeconómicas no solo es posible sino también factible, especialmente para las políticas gubernamentales, que presta especial atención a las estructuras empresariales y apoya el desarrollo de lazos territoriales. La evidencia empírica demuestra también que el éxito de la economía social y solidaria utilizada como alternativa para el desarrollo territorial depende en gran medida de la capacidad para integrar los cambios socioeconómicos, culturales y políticos en el sistema social.
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