Para entender el medio en donde existen las pequeñas y micro empresas, hay que conocer un poco sobre la historia de las empresas y la privatización en México, la cual explica mucho de lo que encontramos hoy en día.

México se cuenta entre los primeros ejemplos de los impactos provocados por los ajustes estructurales en América Latina. Aunque las políticas de ajuste estructural (PAEs) empezaron en la década de 1980, la deuda no es nueva para México. Entre las décadas de 1940 y 1970 México empezó su gran acumulación de deuda para promover la industrialización del país, y a partir de 1989 comienza en este país la venta de grandes empresas paraestatales (privatización).

Como muchos países petroleros, México ha dependido demasiado de sus reservas de crudo, lo cual causó una gran deuda externa a partir de 1981. En febrero de 1982 se devaluó el peso, el gobierno dejo de pagar sus deudas externas y se nacionalizó la banca, causando que la inflación aumentara de 25% en 1981 a 99% en 1982 (CASA México, 2001, p. 3). Desde entonces, el proceso de privatización pasó por tres etapas en México, y de 1982 a 1994 la cantidad de empresas estatales bajó de 1,155 a 219; además, a partir del 1994, con el TLCAN, los procesos de privatización y desregulación se han acelerado y concentrado los servicios en manos de corporaciones transnacionales (McKenzie y Mookherjee, 2001, p. 7). Esta tendencia no es exclusiva de México, sino un proceso que han experimentado casi todos los países en América Latina, aunque algunos gobiernos han apoyado el modelo más que otros.

Como muchos de los países en el mundo, México también ha disminuido su presupuesto para programas sociales, eliminando programas de educación, salud y apoyo social como manera de restituir la deuda externa, con la idea de que las empresas privadas se encargarán de las responsabilidades del gobierno (CASA México, 2001, p. 6-8). Con la eliminación de programas sociales, la caída de salarios y la privatización, aparecen otros problemas, los cuales nos lleven al tema de las microfinanzas y las mujeres por medio de la feminización de la pobreza que ha surgido como resultado del fenómeno de la globalización.

Mientras las transnacionales y multinacionales han tomado una presencia más fuerte dentro de México, ocupan ahora el lugar de las grandes y medianas empresas; hasta hemos visto el fenómeno de que importan productos (como el fríjol) de los Estados Unidos y los venden a precios más bajos en México. Para las empresas mexicanas mayores y medianas esto fue un fuerte golpe, pero para los microempresarios el impacto no ha sido tan grave, porque sus productos nunca han llegado a los mercados internacionales, sino sólo a los mercados regionales.

Lo mismo que hemos visto con respecto a los bancos comerciales y las microfinancieras, lo estamos viendo con las grandes corporaciones: no les interesa ir hasta las áreas más alejadas del país porque las ganancias que obtuviesen no valdrían la pena. Así que las microempresas han podido florecer mientras que la mayor parte de la economía ha estado sufriendo. Esto no quiere decir que las microempresas constituyan un gran parte de la economía, ni que proporcionen ingresos suficientes para mantener a los dueños y sus familias, pero sí nos ofrece una explicación de por qué las microfinancieras como instituciones han podido crecer tan rápido y en tan poco tiempo en México.

Las políticas de ajuste estructural y la pobreza

Las PAEs han sido impuestas para asegurar el reembolso de deuda y la reestructuración de la economía, pero el modo en que esto ha sucedido ha forzado a los países pobres a reducir sus gastos de servicios básicos como salud, educación y desarrollo, para poder finiquitar los créditos proveídos por bancos externos. El resultado ha sido que el FMI y el BM han demandado que las naciones pobres disminuyen la calidad de vida de sus poblaciones, las cuales ya viven en altos niveles de pobreza (Shah, 2007, p. 4).

Con el requisito de que estos países reembolsen sus deudas (deudas que a veces son mucho más altas que el presupuesto del país), se requiere que se privaticen servicios públicos (como agua, electricidad, educación y salud), lo cual muchas veces significa despidos de personal y una disminución en los salarios de los trabajadores restantes por parte de las empresas privadas. En México, el sector público disminuyó su fuerza laboral de 4.4% en 1982 hasta 2% en la década de 1990: más de la mitad, como resultado de la privatización de empresas estatales (McKenzie y Mookherjee, 2001, p. 7). Con la eliminación de puestos gubernamentales vinieron los bajos salarios con pocas compensaciones adicionales. Junto con la venta de entidades empresariales públicas, la privatización requiere que los gobiernos disminuyan sus gastos en otras áreas. El gobierno, al intentar cumplir con los requisitos, muchas veces comienza por eliminar los programas para los pobres (Essential Action, p. 2).

Mientras que el sector público pierde poder y lugar en la sociedad, la inundación de corporaciones multinacionales llega con la posibilidad de vender sus productos a precios mucho más bajos por haber obtenido deducciones fiscales y tratamiento especial gracias a las tarifas de comercio, que muchas veces dan preferencia a las empresas externas antes que a las nacionales. Es otra muestra del proceso de eliminar lo local y hacer casi imposible que las pequeñas y medianas empresas tengan éxito en un mercado globalizado, como el de México hoy en día. La crisis de la deuda externa se ha vuelto un tema global, pues los países se han negado a pagar sus deudas y el FMI mismo ha creado programas para perdonar la deuda de países en extrema pobreza. Los países en desarrollo se encuentran atascados entre la tarea de ofrecer lo básico a sus poblaciones y seguir desarrollándose, por falta de liquidez para conseguir esas metas. Los pocos países en el mundo que han tratado de no entrar en negociaciones con el FMI o BM, han sufrido mucho, a menos que hubiesen podido entrar en negociaciones bilaterales con ciertos países.

Dentro de este cambio de poder entre el gobierno y las empresas privadas, hemos perdido mucho en términos de trabajos seguros y sueldos más justos. Pero gracias a la resistencia de la sociedad, hemos visto también el éxito de otros tipos de organizaciones.

El crecimiento de las ONGs

Muchas personas y comunidades han sido “olvidadas” dentro de este proceso de la globalización; por otra parte, ha habido un crecimiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs) para tratar de llenar los huecos que han dejado las corporaciones y los gobiernos. Así, hemos visto una explosión de ONGs durante los últimos 20 años, según indican The Economist y la Unión de Asociaciones Internacionales en la publicación ONGs y la globalización del managerialismo: Un marco de investigación, ya contamos con más de 30,000 organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) en el mundo, y millones de ONGs locales y nacionales (Roberts, Jones y Fröhling, 2005, p. 2).

Al nivel local, Oaxaca, como estado, es un buen ejemplo del crecimiento de ONGs en el mundo, ya que en 2006 se estimaba que había cerca de 400 ONGs operando en la entidad, con la mayor parte del crecimiento a partir de mediados de la década de 1980 y continuando hasta mediados de la década siguiente (Moore, Winders, Fröhling, Jones y Roberts, 2006, p. 4). Estas ONGs incluyen las de base local, nacional e internacional, así que hay una gran diversidad entre las ONGs en Oaxaca. En cuanto a las microfinancieras, también ha habido un gran crecimiento de microfinancieras formadas como ONGs, no sólo en Oaxaca y Chiapas, sino en todo el mundo.

Según Moore et. al., dentro de la República Mexicana muchos han defendido la idea de que el gobierno ha tratado de socavar el crecimiento y la existencia de ONGs, específicamente el estado de Oaxaca durante la década de 1990. Moore declara que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vio las ONGs como una amenaza a su poder, y decidió usar programas del gobierno para mantener el control de comunidades y programas de desarrollo. Primero este bloqueo se hizo mediante el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que fue creado bajo el gobierno de Salinas en la década de 1980, y a partir de la década siguiente con el PRONASOL convertido en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), (2004, p. 5).

Obviamente es posible ver este control del estado sobre el desarrollo como un intento de disminuir el poder de las ONGs, pero también podemos estar satisfechos de que el gobierno contribuya en algo al desarrollo, aunque muchas veces lo controle. Es muy común, en cualquier país del mundo, que los gobiernos quieran controlar el desarrollo del país o de la comunidad. En los Estados Unidos hemos visto la privatización de este trabajo que antes era del gobierno, ahora contratado a ONGs, pero el gobierno mantiene la habilidad de controlarlas mediante el dinero que les da. Sin embargo, también vale la pena considerar otra perspectiva, que ve el crecimiento de ONGs como resultado de los fracasos del gobierno mismo (Salamon, 1999, p. 13). También debemos aceptar que el gobierno no debe hacerlo todo, porque a veces hay otras organizaciones que pueden hacer mejor ciertos trabajos. El gobierno, como institución, no tiene la perspectiva de base, la cual ONGs de base sí pueden tener y promover ante el gobierno. Las ONGs pueden servir para unir voces y opiniones de la base para luego promoverlas ante el gobierno local o estatal.

La velocidad con que han crecido las ONGs se relaciona en gran medida con la tecnología, la cual ha tomado un rol importante en el mundo en los últimos diez años. La tecnología ha permitido que el proceso de intercambio con otros países sea mucho más rápido y llegue a lugares muy alejados, a los cuales antes no había acceso. Hoy en día hay pueblos en la India que aún no tienen agua entubada pero tienen celulares e Internet. Aunque los gobiernos y organizaciones de desarrollo luchan para poder asegurar que haya servicios básicos, las grandes empresas de tecnología están cumpliendo con sus metas de llegar a todas las comunidades, inclusive a los lugares más alejados, para poder tener un mundo “conectado” y a la vez aprovechar las riquezas de todo el mundo (las cuales incluyen inteligencia, agricultura, un fuerza laboral disponible y barata, entre otras).

La multiplicidad de la globalización

Los impactos de la globalización son diversos y complejos e impregnan todo el ámbito humano, desde la economía, el gobierno, la sociedad, la comunidad y la comunicación. Sería difícil pensar en algún aspecto del mundo que no haya sido impactado por la globalización. Como en todo, en este proceso hay ventajas y desventajas, y dentro del mundo microfinanciero encontramos ambas. Obviamente, las microfinancieras no existirían en la cantidad y con la fuerza de hoy en día sin los medios de comunicación y la globalización de las finanzas que se han desarrollado en los últimos diez años.

A lo mejor los aspectos positivos de la globalización se multipliquen en los años que vienen, y las comunidades del mundo sean los que la aprovechen en vez de las multinacionales actuales. Por el momento no hay ningún indicador que ofrezca motivos para sostener esta esperanza, pero hay que mantenerla mientras nos acercamos a un punto aún más crítico con la extrema desigualdad en el mundo hoy en día.

Como exhortó Kofi Annan, la globalización tiene que ser inclusiva: sus beneficios tienen que ser compartidos a través de las poblaciones. Para implementar “globalización socialmente responsable”, el comercio y inversión global tienen que ser combinados con la redistribución social global, la regulación social global y el empoderamiento social global de ciudadanos en todas partes (Deacon en Pande, 2003, p. 7). Si no hacemos un mayor esfuerzo para vincular la globalización con las necesidades de las sociedades, seguiremos en el camino a un mundo manejado por los intereses privados, anulando el desarrollo y los avances que hemos logrado en las últimas décadas.

Las microfinancieras y otras iniciativas nuevas que existen nos han mostrado que hay maneras de mejorar el mundo en que vivimos; pero esto no puede ser un esfuerzo menor, tiene que ser uno que maneje el desarrollo y la gobernabilidad global. Empezar con las microfinanzas como elemento dentro del mundo globalizado que puede mejorar la calidad de vida de los socios, sus familias, comunidades, y economías, nos va bien.

Créditos rurales y el sector agrícola en México

Antes de que existiesen las microfinancieras como instituciones formales, en México hubo otras formas de financiamiento que apoyaron a los sectores más marginados y distanciados en el país. En México, cuando se habla de finanzas rurales muchas veces se trata de finanzas agrícolas, la cual no se relaciona con las microfinanzas, aunque algunas microfinancieras también ofrezcan créditos agrícolas rurales.

La historia de créditos rurales agrícolas en el país es larga y compleja. Empezó formalmente en la década de 1930, cuando el Banco de Desarrollo jugó un rol importante en el financiamiento y crecimiento del sector agrícola entre los pequeños productores. Entre 1953 y 1954 se formó un órgano financiero público, el Fideicomiso Institucional en Relación con la Agricultura (FIRA), donde se concentraban los fondos públicos y privados destinados a la agricultura: éste sigue operando a un nivel mucho menor que cuando se fundó (Martelo et al., 2003, p. 25-27). Pero aunque sigue existiendo el FIRA, muchos lo critican como un programa gubernamental que favorece sólo a ciertos productores, dejando a la mayoría del sector rural sin apoyo.

Si reconocemos que poco más de la mitad de los productores mexicanos está trabajando unidades de tierra de cinco hectáreas o menos, y que según la Secretaría de Agricultura de México, 1.7 millones de productores en unidades de cinco o menos hectáreas mantienen a 10 millones de personas (10% de la población total del país), entendemos la importancia de mantener este sector (Sánchez, Juárez y Williams, 2006, p. 3). De estos 1.7 millones, más de un millón (de los 3.5 millones de mexicanos que son dueños de tierras agrícolas) están conectados con el gobierno por medio de financiamientos que reciben. Este enlace mantiene una importancia histórica que ha servido para apoyar las políticas y la producción rurales en México (Wayne y Myhre, 1998, p. 40). Las razones para fomentar esta relación tienen mucho que ver con la corrupción dentro de los partidos políticos mexicanos, y con el interés en mantener un sector con poca educación o información ligado a un partido político, lo cual reporta más votos a ese partido.

En 1975 hubo un aumento en los créditos para el sector, con recursos del Banco Internacional de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), y del ahorro nacional. Fue por el apoyo del Estado y de instituciones internacionales que los campesinos mantenían importantes relaciones con el gobierno como parte importante de la economía mexicana. Bajo el sexenio de Salinas las políticas cambiaron para reflejar una política neoliberal empeñada en arreglar la contradicción entre un sistema rural que recibió grandes subsidios por parte del gobierno, y una política neoliberal que los líderes mexicanos habían adoptado y que incluía restricciones fiscales, así como la liberalización y la reducción del Estado (Wayne y Myhre, 1998, p. 39-40).

A partir de 1989 el gobierno federal retiró la inversión estatal en el campo por la liberalización del Estado, y promovió una reestructuración del sector, dejándolo drásticamente modificada (Martelo et al., 2003, p. 25-27). Era bien conocido que en los programas del gobierno que apoyaban al sector agrícola existía mucho corrupción, por lo cual eran muy ineficientes, así que la propuesta de reestructurar dichos programas con un énfasis en la transparencia, más participación por parte de los prestatarios en la difusión de préstamos, y una ampliación de los servicios para cubrir actividades rurales no agrícolas fue bien aceptada dentro del sector. Un rol importante que jugaron los financiamientos rurales del Estado fue no sólo apoyar la producción agrícola, sino sobre todo un apoyo más amplio que aumentaba los ingresos de las familias rurales (Wayne y Myhre, 1998, p. 41).

Hoy en día la discusión se ha enfocado mucho más en los impactos al sector que vienen del exterior, debido a tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde que comenzó el TLCAN en 1994, muchas de las preocupaciones del país tienen que ver con las importaciones de los Estados Unidos y Canadá, y la eliminación de los aranceles. El asunto ya no es sólo lo mucho o poco que el Estado apoya al sector, sino la inundación del sector con productos importados a precios más bajos que los de los productores nacionales. Los grandes productores estadounidenses reciben importantes subsidios del gobierno estadounidense para poder ofrecer sus productos a precios más bajos, así que el gobierno mexicano tendría que aumentar los subsidios a los productores si quiere competir. Pero la verdad es que esto no salvará a los pequeños o medianos productores, sólo a los grandes. Entre 1991 y 2000, el número de productores poseedores de tierra disminuyó un 21%, incluyendo a numerosos pequeños productores (Sánchez, Juárez y Williams, 2006, p. 3). Mientras que los productos importados están llegando a las comunidades alejadas, los pequeños productores ya no pueden competir con aquéllos, y vemos el fenómeno de que esos productores dejan de trabajar la tierra y buscan otro trabajo o emigran, específicamente en el sur del país.

Por esta historia reciente muchas veces se relacionan los créditos y/o las finanzas rurales con la agricultura, pero hoy en día son muy pocos los créditos que se asignan a la agricultura. Desafortunadamente la mayoría de los prestamistas piensan que el sector es demasiado riesgoso, y muchas veces requiere ciclos de reembolso mayores a las 16 semanas usuales en las microfinancieras en México. Hoy muchas microfinancieras trabajan en áreas rurales del país, pero la mayoría de los créditos se destina a pequeños negocios, puestos de comida, ventas de catálogo, tiendas de abarrotes y otros negocios que se basan en la venta de productos. Al reconocer la crisis que están viviendo los pequeños productores en México, ha habido un crecimiento en fondos privados del extranjero, y algunos internos, para tratar de salvar el sector. Las microfinancieras y las instituciones extranjeros que otorgan créditos en México han aumentado los fondos para esto, pero aún falta mucho para que el sector se estabilice.

El resultado de este cambio de crédito rural a microfinanzas enfocadas en pequeños negocios ha sido profundo en términos de la transformación de un país basada en la agricultura y la vida rural. Los campesinos sienten que el Estado tiene la obligación de otorgar créditos y apoyar al sector por lo que sacrificaron durante la revolución y por su rol como proveedores de productos agrícolas a precios bajos a la población urbana mexicana. Así que el abandono del sector por parte del gobierno no ha pasado sin grandes resistencias por todo el país (Wayne y Myhre, 1998, p. 41). Por otra parte, con la necesidad de sobrevivir, muchos de los que antes trabajaban en la agricultura han dejado sus tierras para poder buscar (o crear) trabajo y mantener a sus familias. Por este motivo, suponemos que muchos de ellos ya están teniendo tratos con las microfinancieras y manejando pequeños negocios.

Las microfinanzas en México

En México las microfinancieras formales empezaron a crecer a escala masiva a principios de la década de 1990. Desde entonces hemos visto una explosión de microfinancieras en el campo por todo el país.

Según el periódico unomásuno (2001, p. 7), existen en el país alrededor de 657 intermediarios dedicados a la banca popular, que coexisten bajo diferentes ordenamientos jurídicos y que atienden a 2’600,000 mil personas y cuyos activos están cercanos a los 18 mil millones de pesos. Éstos representan 85% de los servicios microfinancieros en México, (Martelo et al., 2003, p. 34).

Aunque hemos visto un crecimiento impactante en las microfinanzas en los últimos años, hasta ahora hay 4.5 millones de productores que no tienen acceso a servicios financieros (es decir, 18 de cada 100 hogares en México), (Martelo et al., 2003, p. 28; Balboa, 2006, p. 1). Pero en cuanto a servicios financieros, quizá lo más importante sería el acceso a crédito para personas que carecen de recursos. En este área México sigue en una posición subdesarrollada, con solo 4.3% de todos los hogares en el país con acceso a crédito (Zapata et al., 2003, p. 28). Las cifras nos muestran la falta de servicios financieros en el país, y dan sentido a la expansión de servicios microfinancieros, pero no nos explican la parte social, la parte de empoderamiento, los cambios en el poder intrafamiliar, y la gran variedad de cambios sociales que pueden existir como resultado de las microfinancieras.

Hasta ahora no sabemos cuantas microfinancieras existen en México porque bajo la ley mexicana no se requiere que las microfinancieras sean reguladas, sólo si desean hacerlo o si desean captar ahorros es necesario que pasen por la regulación. Así que desconocemos cifras exactas, pero sólo en Oaxaca se calcula que hay cerca de sesenta microfinancieras trabajando (Myhre, Entrevista personal, 26 de agosto, 2006). Esta estimación incluye desde las que tiene un pequeño banco en la Mixteca, hasta las más grandes y conocidas, como FINCA International (con varios programas y sucursales por todo el mundo).

Aunque las microfinancieras nacieron con la perspectiva de trabajar sin fines de lucro, con énfasis en los socios en lugar de en las ganancias, muchas microfinancieras han cambiado sus perspectivas. Cuando el Banco Grameen se fundó, lo hizo porque se veía una necesidad: los pobres necesitaban acceso a crédito y los bancos no querían darlo por miedo a que no iban a reembolsárselos. Desde entonces las microfinancieras han mostrado que trabajar con los pobres puede ser exitoso en términos financieros, y que muchas veces restituyen los préstamos a niveles mayores que el público en general, con menor demora. Hoy en día existen muchos bancos comerciales que se han dado cuenta del éxito de las ONGs: fueron los primeros en el campo de microfinanzas y ya están ofreciendo microcréditos a los pobres. También hay una variedad de ONGs que se han convertido en bancos comerciales (como Compartamos, en México) para poder aprovechar las ganancias en vez de mantener una misión social.

Dado que el ámbito de las microfinancieras es bastante nuevo, todavía falta mucho en el área de regulación. Mundialmente se están discutiendo los temas de regulación y las ventajas y desventajas de las leyes en cada país, y si las microfinancieras deben de ser organizaciones con o sin fines de lucro. Aún no existe un consenso pero la discusión está activada. En México hemos visto una tendencia hacia un modelo más comercial, o con énfasis en las finanzas en lugar de en los socios. En algunas instancias eso es inevitable porque hay que tener solvencia institucional para existir, pero en el camino de alcanzar la solvencia, muchas organizaciones pierden la visión social y la abandonan en pos de las posibles ganancias. Vale la pena entrar a la discusión de la dinámica entre lo social y lo comercial, tratando de identificar los impactos sociales de las microfinancieras y ver si existe una diferencia significativa entre las microfinancieras con un énfasis social y las que son más comerciales en términos de su impacto social en los socios y la comunidad.

La importancia de entender cómo ha cambiado el campo de las microfinanzas desde que empezó es vital, y representa un cambio ideológico. Las instituciones microfinancieras (IMFs) empezaron como bancos semi-formales que se especializaron en trabajar con clientes pobres (Rutherford, 2002, p. 11). Si comprendemos a los pobres y sus necesidades, es probable que podamos entender cuáles son los servicios más útiles para ayudarlos. Si no entendemos sus problemas no vamos a poder proveer servicios adecuados. Es común que cuando un área de trabajo se amplía, se pierda el enfoque. Esto es un caso que hemos visto: los bancos comerciales están manejando un enfoque muy diferente a los de las ONGs e instituciones con énfasis en lo social.

La intersección del sector privado y el sector público; definiendo sus roles

Con la creciente presencia de las microfinancieras en México, y en particular en el sur del país, es importante analizar su papel dentro de la política del desarrollo y del Estado. En las décadas recientes hemos visto la “desaparición” del gobierno en la forma como lo conocimos. Históricamente el gobierno tuvo un rol principal en el desarrollo del país, con la presencia de muy pocas instituciones de desarrollo nacionales o internacionales. Como en el caso del financiamiento agrícola por parte del gobierno, éste tuvo una presencia enorme hasta que empezó el retiro de la inversión estatal por la liberalización del Estado a partir de 1989 (Martelo et al., 2003, p. 25-27). La privatización de los servicios del Estado ha sido un camino consistente en México a partir de la crisis en 1982, y aumentó con la firma del TLCAN en 1994. Con la llegada de la crisis, y con una deuda externa excesiva, el gobierno se sentía encerrado y sin muchas alternativas. A la vez, la inversión extranjera pareció atractiva en aquella época, como lo sigue siendo hoy en día.

Este fenómeno de privatización no es único a México, y tampoco es nuevo. Estás alianzas entre el sector público (el gobierno), el sector privado (corporaciones) y el sector privado sin lucros (ONGs) han existido por décadas, sobre todo entre las corporaciones y el gobierno. Históricamente, los gobiernos han creado alianzas con corporaciones para darles algún beneficio si operan en su región y con ello ofrecen trabajos; ha sido una alianza que beneficia a las dos partes.

En cambio, la privatización de programas sociales del gobierno (muchas de las cuales han quedado en manos de las ONGs por medio de programas del gobierno como SAGARPA y SEDESOL) ha sido una tendencia mucho más nueva. Pero en contra de las percepciones de que el gobierno ya no maneja programas sociales, es probable que el alcance del gobierno sea mayor hoy que antes, por el hecho de que la mayoría de los servicios que se han privatizado aún reciben apoyos gubernamentales. Mediante los subsidios que el gobierno brinda a ONGs que ofrecen servicios sociales y programas de desarrollo, el gobierno ha logrado meter sus manos en muchos más programas que en los que hubiera podido entrar solo. Las ONGs en el país que reciben estos apoyos o subsidios, tienen que cumplir con los requisitos y demandas de los contratos gubernamentales que suscriben. Así, resulta que el gobierno puede aún jugar un papel importante en el desarrollo del país y sus ciudadanos.

Es difícil encontrar números que reflejen el tamaño del sector privado sin fines de lucro (las ONGs), y aún más difícil resulta saber cuántas reciben subsidios del gobierno mediante contratos directos. En los Estados Unidos este fenómeno ha sido bastante publicitado, y los datos del otro lado muestran que el sector de las ONGs es casi del mismo tamaño que el gobierno, en los campos donde ambos están activos. Además, el sector privado (de lucro) ha aumentado su rol en el sector social en los últimos años, y vemos que en algunas áreas del sector aquél domina más que las ONGs (Salamon, 1999, p. 50). Esta comparación con los Estados Unidos es importante por el hecho de que mucho de lo que sucede allá luego se reproduce en México.

Las microfinancieras son un buen ejemplo del fenómeno por el que programas que antes eran de las ONGs han vuelto a manos del sector privado en México y en todo el mundo. Lo que nació como un apoyo para los pobres, para empoderarlos en sus vidas y darles la oportunidad de salir del ciclo de pobreza, se ha vuelto un sector lucrativo, y al darse cuenta, las empresas privadas metieron sus manos, con lo que hoy son de las mayores IMFs en el mundo (en México, Compartamos ha tomado este rol).

La idea detrás de la privatización es dejar que las empresas realicen el mismo trabajo que el gobierno pero con mayor eficiencia y menores costos. Muchas veces esto significa que las microfinancieras pagan mucho menos a sus empleados, dejan de tener sindicatos (empeorando así los derechos laborales), y el alcance de los servicios disminuye cuando el énfasis ya no está en la gente sino en las ganancias. Si una población no es rentable, las corporaciones no van a preocuparse de ella, mientras que los programas del gobierno mantenían un mayor compromiso con la gente del país. La privatización corre muchos riesgos en cuanto a la calidad de servicio y el alcance de las programas; sin un compromiso entre la institución y la gente (como el que de alguna manera se contrae con el gobierno) los servicios pueden volverse muy limitados.

Podríamos decir que las ONGs y las corporaciones están llenando el hueco del gobierno en donde no hay servicios, pero también podríamos decir que están tomando el rol del que el gobierno debe encargarse. En el caso de AlSol, una institución microfinanciera que opera en el estado de Chiapas, México, ellos ofrecen servicios financieros a las que no califican para préstamos del sector privado, ofreciendo un servicio que no existía antes. Los créditos rurales que antes otorgaba el gobierno, ayudaban a las familias en general, pero no eran servicios enfocados en las mujeres. Los otros servicios que AlSol otorga, además del financiero, son las clases de alfabetización y platicas sobre salud y nutrición. Estos servicios empezaron por necesidad, por parte de las socias y sus familias que pedían a la microfinanciera que les ayudara.

En la comunidad de Apas, una de las comunidades donde trabaja AlSol, no hay escuelas secundarias, ni programas educativos para adultos. Tampoco cuenta con una clínica de salud, de la cual el gobierno debe encargarse. Estas condiciones han favorecido muy bajos niveles de educación y problemas de salud muy serios, problemas básicos que podrían evitarse. Aunque la resolución debe ser responsabilidad del gobierno, la comunidad ha existido por cientos de años y nunca le han llegado estos servicios. Aun cuando lo demandan al municipio, no les llega el apoyo.

No es sorprendente que las ONGs o negocios y corporaciones privadas empiecen a llenar los huecos que deja el gobierno. La gente necesita apoyo y lleva demasiado tiempo esperándolo; si alguien llega a ofrecerles un apoyo, lo toman; para ellos es igual si proviene del gobierno o de una institución privada, pues lo importante es que llega. Y a fin de cuentas, si el gobierno no logra proporcionar servicios básicos a las comunidades rurales alguien más debe hacerlo. En los mejores casos el gobierno proporcionaría los servicios básicos como son educación, salud y nutrición, pero los programas no llegan a tener el alcance que debieran, y en consecuencia la gente sufre.

En contraste con los programas de gobierno, que en general no fomentan empoderamiento, las microfinancieras utilizan una metodología de apoyo mutuo que aspira a crear autosustentabilidad en los clientes, sus familias, y las comunidades. La intención al ofrecer préstamos en vez de subsidios es crear responsabilidad personal y motivación económica. En cambio, la mayoría de las programas del gobierno regala servicios y dinero con sólo cumplir los requisitos del programa. Las diferencias son notables y, al fin, no hay por qué privilegiar uno u otro. Los programas de gobierno deben existir para los más pobres, que no pueden contraer deudas, y las microfinanzas pueden enfocar sus servicios a quienes pueden ganar suficiente y, así, aumentar sus ingresos y devolver el préstamo. Desafortunadamente muchas veces no es así, y las microfinancieras (específicamente las de lucro) empiezan a aprovecharse de la gente más pobre, que vive donde el gobierno no llega a trabajar o donde faltan apoyos suficientes.

Siempre hay críticas a los programas que proporcionan ayuda a los pobres, y hay que considerar un equilibrio entre el apoyo y el empoderamiento. ¿Cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol de organizaciones privadas, como microfinancieras y ONGs? Cada día más, las responsabilidades del gobierno se vuelven responsabilidades del sector privado. Se olvida que el gobierno tiene la responsabilidad de ocuparse de los problemas de pobreza y desnutrición en el país. Debemos investigar y preguntar si el endeudamiento responsable y temporal vale la pena y si hay impactos positivos al final.

Los retos para programas sociales del gobierno en México no son exclusivos de esta república. Cualquier país del mundo lucha para hallar una manera de ofrecer servicios básicos a quienes los necesitan, sin crear una dependencia a apoyos gratis del gobierno, y en cambio crear independencia. Los países desarrollados tanto como los subdesarrollados luchan con este problema, aunque llega a ser más complicado en los países con mayor pobreza. Las alianzas entre los varios sectores deben existir para crear una red de apoyo más amplio, pero los sectores privados (con lucro y sin él) no deben llenar o tomar el rol del gobierno y cumplir con las responsabilidades de éste para con los ciudadanos.

La medición de la pobreza e indicadores sociales para entender el impacto social y comunitario

Las microfinancieras, como la del Banco Grameen, empezaron con la idea de mejorar la calidad de vida de sus socios y eliminar la pobreza extrema en que viven. Según FOROLACFR, “el impacto social implica cambio social, es decir, que al referirse al impacto o al desempeño social se asume que las microfinancieras son una herramienta de cambio social,” (2006, p. 38). De sus comienzos con una misión basada en lo social, muchas microfinancieras han llegado más lejos. En los últimos veinte años la mayoría del trabajo en el campo se ha enfocado en el desempeño financiero para poder mostrar la eficaz de las instituciones, y para convertirlas en entidades autosuficientes, con liquidez suficiente para seguir creciendo. Ha habido algunas IMFs que lograron mantener su compromiso con lo social, como el Banco Grameen, pero no son la mayoría.

Al contar con sistemas estandarizados para medir el desempeño financiero, la atención ha vuelto a lo social de nuevo. Existe un interés internacional por cómo medir el desempeño social y cómo cuantificar servicios con impactos en los socios. Aún no existe un sistema ni herramienta conocidos dentro del campo para medir ese impacto, pero las IMFs están en el proceso de desarrollar tales sistemas. Al participar en redes, foros y estudios académicos, muchas IMFs se encuentran en busca de una manera de mostrar el éxito del modelo que utilizan.

Hay la necesidad de diferenciar las IMFs de los bancos comerciales, y la distinción está basada en el desempeño social. Aunque los bancos comerciales pueden ofrecer pequeños préstamos, eso no es lo mismo que un microcrédito, “un microcrédito conlleva más bienestar y mejores condiciones de vida de las personas a quienes va dirigido,” (FOROLACFR, 2006, p. 38).

En Oaxaca y Chiapas existe una gran diversidad en programas de microfinanzas. Está FINCA, una microfinanciera muy conocida globalmente que tiene como misión, “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de escasos recursos económicos, especialmente mujeres…” (García M., Entrevista personal, 05 de octubre, 2006). Aun con una misión social, la institución no ofrece asesoría ni capacitación para alcanzar estas metas y está más enfocada en su plan de crecimiento para aumentar el número de socias, que en mejorar la calidad de vida de éstas.

FinCoax, una red de microfinancieras en Oaxaca, anuncia su misión con el enfoque de ofrecer servicios financieros a poblaciones que han sido excluidas históricamente de los financiamientos, pero no ponen énfasis en el impacto social, ni es una de sus metas institucionales. Otra microfinanciera en Oaxaca, Servicios Financieros Alternativos (Sefía), tiene una visión más integrada, con servicios financieros complementados con capacitación para sus socias, pero por el momento no ofrece servicios no financieros por hallarse ocupada con el proceso de regulación.

En Chiapas quizás la microfinanciera más conocida en términos de impactos sociales es AlSol, la cual trabaja mucho en programas no financieros junto con programas financieros. Ponen énfasis en la medición del desempeño social, lo cual no es muy común entre las microfinancieras en México. Alsol es una de las pocas que usa una herramienta para medir la pobreza y calidad de vida de sus socias cuando entran al programa, para que lo puedan usar más adelante a fin de entender el impacto de sus programas. Tras haber presentado algunos ejemplos de la variedad en microfinancieras en el sur de México, vemos las grandes diferencias que presentan los modelos.

Por el hecho de que muchas comunidades han llegado a ser pueblos fantasmas por la migración, existe la posibilidad de que algunas desaparezcan totalmente. ¿Y si perdemos las comunidades, qué más estamos perdiendo? Costumbres, idiomas, culturas… todas, manifestaciones que son únicas en la gran diversidad de Oaxaca y Chiapas, el Sue de México. Las posibles pérdidas e impactos que pueden generar estos cambios son muchos y profundos, así que vale la pena investigarlos con más detalle para que podamos salvar los elementos que de otra manera perderemos; y sobre todo, para poder hacer algo preventivo en lugar de retroactivo en este aspecto. Por el momento no existen suficientes estudios sobre los impactos sociales de las microfinanzas para saber si funcionan como un elemento de desarrollo rural exitoso en las áreas de Oaxaca y Chiapas. Si logramos tener un mejor entendimiento de cómo funcionan es posible que podamos ajustar el proveimiento de servicios y con ello obtener conocimientos más profundos.

Una de las preguntas fundamentales tiene que ver con cómo ha cambiado el poder intrafamiliar, y específicamente, el de las mujeres. Obviamente, esta será una discusión más amplia, pero también vincula con el impacto comunitario y los impactos sociales.

Según estudios que ha hecho el Banco Mundial sobre el control de los recursos domésticos dentro de la unidad familiar, las pautas establecidas, independiente del país donde hicieron el estudio, son: el monto en que aumentan los recursos que controla la mujer dentro de la familia se traduce a un mayor porcentaje de los recursos familiares dirigidos al bienestar de la familia entera, específicamente a los gastos de los niños; también se refuerza el bienestar de la mujer y su estatus en la unidad familiar (World Bank, 2001, p. 158). Estas estudios muestran la necesidad de evaluar el impacto social que han tenido las microfinanzas específicamente en términos de género, porque la mayoría de los programas microfinancieros que existen en Oaxaca y Chiapas trabajan con mujeres.

La intención al identificar mujeres como la población objetivo, como destinatarias de los créditos de las microfinanzas, es de no sólo impactar en ellas y sus familiares inmediatos, sino también ejercer un impacto multigeneracional por medio de la posibilidad de salir del ciclo de pobreza en generaciones futuras mediante su participación en una microfinanciera (Unitus, 2007, ¶ 14). Si la meta es tener el mayor impacto social, hay que determinar la manera más adecuada para lograrlo, y parece que muchas microfinancieras han determinado que es a través de las mujeres.

Conclusión

Mientras que las microfinanzas son bastante nuevas en el mundo, y en México, el énfasis en el desarrollo social dirigido a los pobres y marginados del país no lo es. A lo largo de los años ha habido una gran variedad de programas de desarrollo y apoyo a los pobres por parte de las ONGs locales, nacionales e internacionales, y por parte del gobierno de la República. Las microfinanzas existen como una nueva propuesta de desarrollo que trata de empoderar a los participantes para que sean parte del mejoramiento de sus propias vidas. Al contar con la infraestructura para proporcionar los servicios microfinancieros, estamos en la etapa de entender cómo valorar los impactos y asegurar que los sistemas que existen sean los mejores para las necesidades de las poblaciones a las que sirven.

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