La participación de los agentes socio-políticos en la construcción del desarrollo local
Por Omaira Peña Sanchez§
En este orden interesa tomar como idea fuerza la noción de participación y las múltiples prácticas que alude este concepto. Las prácticas participativas y la importancia que significan para el desarrollo de una colectividad determinada, depende en gran medida del espacio en que se originan, quienes la promuevan y de qué manera se establecen. Por tanto es de fundamental importancia analizar las implicaciones que se derivan de estas prácticas participativas; análisis que se requiere realizar desde la perspectiva del colectivo pero también desde el plano que lo percibe el individuo como elemento integrante de una colectividad con intereses comunes y diferencias profundas que le imprimen a esos espacios colectivos un carácter plural . Otro factor que se considera clave para el estudio es el examen de los contextos socio- políticos, que se definen por acontecimientos tanto internos como externos a las colectividades en donde se recrean, entendidos en el sentido que le asigna Habermas, es decir, un estado de cosas en un momento específico. Entendido así, se comprenderá entonces el impacto del fracaso de los modelos de desarrollo en Latinoamérica y las profundas fisuras en las relaciones Estado/sociedad que se han ido marcando progresivamente, la relevancia de los organismos internacionales en la vida de las colectividades, consecuencia directa de la fase de mundialización (globalización) del sistema capitalista y las modificaciones que constantemente se incorporan a las democracias latinoamericanas. Todas estas situaciones son incidencias que repercuten en la configuración de las prácticas participativas que se llevan a cabo en nuestros países.
Es conveniente acotar que dichos acontecimientos han sido mucho más evidentes y con mayor impacto en América Latina, a partir de los convulsionados años ochenta del siglo pasado, cuando precisamente el sistema internacional muestra signos inequívocos de agotamiento. Al respecto Clemente (2004:15) sostiene que este período fue trascendental para nuestra Región, en tanto que se originan cambios y transformaciones que afectan profundamente los caminos posibles para la superación de obstáculos que impiden alcanzar desarrollo integral, humano.
Los mencionados cambios y transformaciones exigen, por la importancia que reviste para la dinámica de las prácticas participativas, estudiar la significación y evolución del concepto desarrollo en las sociedades latinoamericanas, por lo tanto se hace necesario la identificación de los elementos que caracterizan el desarrollo en la Región, y las modalidades que se adoptan en Venezuela, de manera que se entienda la dinámica de la s prácticas participativas que se llevan a cabo en nuestras colectividades y lo que las diferencia entre sí.
La significación de desarrollo estudiada desde una perspectiva multidimensional, enmarcada dentro de la concepción de sociedad pluralista en donde “conviven ciudadanos y grupos que comparten distintos ideales de vida” (Cortina.1999:49) Desde tal perspectiva, es entonces que realmente se puede comprender la dinámica de una sociedad con profundas diferencias, cargadas de conflictos generados por la misma heterogeneidad que la caracteriza, precedida por una historia compleja y a la vez difusa, con actitudes cambiantes ante el poder, con singularidades expresadas en la adopción de concepciones democráticas, cuyas prácticas y procedimientos en lo referente a la dirección de las organizaciones, toma de decisiones, defensa de intereses colectivos y creación de espacios de participación, se han tornado en diferentes épocas, abiertamente contrarias al ideal democrático.
El periodo histórico que se conoce como la década perdida para América Latina (década de los 80), pasa a ser fundamental para efectos de este estudio; de ahí que la observación de los acontecimientos ocurridos en este período se realicen de manera exhaustiva de manera que se comprenda, en su dimensión, la fase de transición que se vivió para que estas sociedades se insertaran en modelo de desarrollo que se imponía de acuerdo a las exigencias de los esquemas globalizadores del sistema capitalista.
Según Clemente, América Latina sufre cambios importantes precisamente durante los años ochenta, luego que la mayoría de las naciones de esta región lograron superar la tendencia, generalizada de dictaduras militares y autoritarismos que de manera sostenida se venía viviendo a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Durante la década en cuestión se expande por toda Latinoamérica, la tendencia en que los diversos agentes sociales, que tienen injerencia directa sobre la toma de decisiones, comienzan a ceder espacios a los cambios promovidos desde fuera y cuyo efecto es a escala mundial, como consecuencia del reacomodo del sistema mismo, urgido de formas distintas de interacción , lo que implica la redefinición de la posición y actuación de cada uno de los países en particular y de la región en términos generales, en el ámbito comercial o económico, pero cuya transformación afecta también el ámbito socio- político, manifestándose en las formas de administración del poder y en los cambios necesarios para dar respuestas y crear condiciones idóneas para el desarrollo de las estructuras del nuevo modelo económico. De manera que los gobiernos militaristas y de corte autoritario, fueron progresivamente desapareciendo de las sociedades latinoamericanas, estos cambios en las estructuras gubernamentales , junto con otros eventos que se produjeron en función de la profundización de la democracia, dieron paso a cambios en la relación Estado/ sociedad en Latinoamérica, aplicándose nuevas estrategias de desarrollo fundamentadas en firmes propósitos de transparencia y participación de los agentes sociales.
LA RELACION ESTADO SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA
En torno al asunto de la relación Estado /sociedad en América Latina, Martín Hopenhayn (1995:83), destaca que precisamente son los problemas de legitimidad del Estado los mas exacerbados por las manifestaciones de crisis ocurridas en los años ochenta y expresa que si bien es cierto el Estado ha sido agente protagónico en la direccionalidad de la política y la economía, también es cierto que su articulación con la sociedad ha sido evidentemente débil, con una marcada unidireccionalidad reveladora de la arraigada centralidad estatal , que según apunta Hopenhayn, se ponen de manifiesto en algunas características que descubren el protagonismo estatal, y que según O’Donnell (1999: 525) esa centralidad del Estado Latinoamericano tiene consecuencias trascendentales que devienen en una especie de Estado Burocrático- Autoritario. Es así que durante el periodo que va desde la postguerra hasta finales de la década de los noventa se gestó un singular Estado cuyos rasgos más sobresalientes lo describen los autores aquí mencionados, Martín Hopenhyn y O’Donnell . En ese orden de ideas elaboramos una síntesis de los rasgos mas sobresalientes y comunes a todos los países de la Región.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO BUROCRÁTICO – AUTORITARIO LATINOAMERICANO (1)
Indudablemente que un Estado caracterizado como Burocrático- Autoritario, es un escenario extremadamente vulnerable frente a los factores “externos” que a partir de los años ochenta recorrieron el mundo con vertiginosidad abrumadora y las estructuras rígidas que se imponían con este tipo de esquemas no era lo más accesible, en particular lo referente a las transacciones de orden económico; este nuevo panorama exige un Estado mas flexible a los cambios y a la denominada apertura hacia los mercados internacionales. De manera que la responsabilidad de aplicar nuevas estrategias que iniciara un ciclo de modernización de las sociedades latinoamericanas recaen absolutamente sobre los Estados Nacionales; bajo LA premisa de modernización, las instituciones estatales comienzan a sentir el rigor del instrumento que se propone y aprueba para ello - el endeudamiento externo-. Tanto los gobiernos como los prestatarios privados, agentes de cambios económicos y agentes sociales no lograron enfrentar exitosamente la compleja situación que desencadenó la estrategia de modernización y desarrollo para los países denominados del Tercer Mundo, produciéndose entonces la profunda crisis que desestabilizó el Continente. Ante estos acontecimientos el Estado se declara incapaz para superar el cúmulo de obstáculos que van emergiendo de manera progresiva y que se reflejan en : retrocesos productivos, inflación cabalgante, deterioro de los servicios públicos, indicadores sociales en alza como son la pobreza extrema, el desempleo, la deserción masiva del aparato escolar y en el contexto político se evidencia la inestabilidad de las organizaciones políticas (partidos políticos, específicamente). Situaciones estas que causan un gran impacto al resto de las instancias que constituyen la sociedad, manifestándose en la desconfianza de la colectividad en las organizaciones y sobre todo la disminución de la credibilidad en sistema democrático como garante de los derechos y deteriorado en su misión por el rebosamiento de las funciones estatales, la corrupción en la administración de los bienes nacionales y la incapacidad de las instituciones para prestar servicios al colectivo.
En la caracterización anterior que se hizo del Estado, responde a lo que Habermas (1973: 118) denomina la apropiación privilegiada de la riqueza producida por la sociedad; esta apropiación la llevan a cabo quienes detentan el poder, a través de las estructuras estatales; ello es posible en América Latina debido en gran parte a la subordinación de la totalidad de las instituciones del Estado a las élites de poder (sea éste de origen político, económico o la alianza de ambos). En la medida que las organizaciones de carácter público se alinearon al servicio del poder por el poder mismo, las instituciones perdieron el norte y se hicieron cada vez mas complejas, burocratizadas, distribuidoras del producto social de manera desigual pero legítima, según la tesis de Habermas en torno a las instituciones de las sociedades capitalistas atrasadas.
La preeminencia estatal por encima del resto de los actores interrelacionados ha incidido de manera considerable en las sucesivas crisis experimentadas en todos los países de la Región. El avance del proceso de sociabilización global entra en conflicto con la centralidad estatal y se expresa en la creciente tensión social, paralelamente se produce “la emergencia de organizaciones e instituciones cuya naturaleza no emanan estrictamente de intereses nacionales” (Sonntag y Arenas,1995:11) . Las organizaciones emergentes, en muchos casos, sustituyen las funciones de las instituciones estatales, tal es el caso de ONG’s, articuladas financiera y programáticamente a organismos multilaterales (FMI,BM,PNUD, entre otros) La presencia de estas organizaciones denotan de alguna manera la profunda crisis de los Estados Nacionales Latinoamericanos en lo que concierne a la competencia de sus instituciones para atender las exigencias de sus ciudadanos. Además de estas organizaciones, también aparecen grupos cuyo interés, por ejemplo es la defensa nacional generalmente estas organizaciones nacionalista tienen entre sus principios luchar contra el sistema económico mundial y sus consecuencias negativas para los países pobres del mundo, actúan mas como grupos de presión ante los organismos gubernamentales que como grupos de concientización ciudadana o creadores de espacios de participación para intervenir en la toma de decisiones.
En este orden de ideas las nuevas condiciones mundiales exige de los Estados Latinoamericanos la progresiva adaptación de sus instituciones y sus formas organizativas a los nuevos requerimientos del desarrollo (Arocena.2001:1) impuestos por las fuerzas globales, que impactan las estructuras de funcionamiento y poder del Estado evidenciándose el efecto del fenómeno globalizador en tanto que las exigencias de participación de la sociedad se realizan bajo las condiciones que impone la articulación de la sociedad directamente a organismos internacionales, proveedores de recursos financieros cuya finalidad es establecer dentro de los países de la región un cierto equilibrio que asegure la protección de los intereses de las inversiones internacionales. Es evidente que esta situación trae en consecuencia, al interior de cada Estado lo que Hopenhayn denomina las fisuras entre la lógica burocrática y la lógica tecnocrática, enfrentadas por mantener el control de las conductas de los agentes sociales y así conservar cuotas de poder que les permita ejercer presiones en la colectividad que progresivamente articula a las instituciones nacionales de manera clientelar , pero también se vincula directamente a organizaciones internacionales no gubernamentales, organismos multilaterales, que tienen bajo su responsabilidad equipos técnicos multidisciplinarios que intervienen directamente a través de la cooperación técnica con los gobiernos locales para la orientación de políticas, reformas legales y programas de asistencia social (Hurtado,1999: 79).º Estas formas de intervención genera una dinámica de participación directa de la colectividad y de los gobiernos locales, que se ajustan a las exigencias de la sociabilidad global y rebasa los controles de la centralidad estatal.
La crisis de la centralidad estatal se manifiesta, según Hopenhayn (1995:196) en
“las fisuras al interior del Estado Planificador [que] se abren, en consecuencia entre racionalidades (técnicas vs. política, burocrática vs. Tecnocrática); entre diferentes actores (políticos, planificadores, funcionarios públicos), y entre diversos intereses (del burócrata, del capitalista, de la nación)”.
La conflictividad interna que menciona Hopenhayn, impulsa en los Estados Latinoamericanos, la creación y conducción de nuevos espacios de participación por los gobiernos locales, con la intervención directa de organismos multilaterales, no sólo en el desarrollo de programas económicos, sino también en el ámbito de lo social y político, además, aceleran el deterioro y pérdida de objetivos de las instituciones del Estado, convirtiéndose en instituciones conchas, como las denomina Giddens (2001:31), por su persistente inadecuación a las tareas que por definición han debido cumplir y por las presiones que representa la reconfiguración del orden mundial, que contribuye a extremar la conflictividad interna, reflejada también en la crisis económica, la implementación de programas de ajuste y los pagos de la escandalosa deuda externa, que en consecuencia profundizan el desarrollo desigual de las economías de la Región, produciéndose la perversa diferenciación interna, exacerbada por la presencia de lo externo, particularmente en el ámbito de lo economía, y la política de las colectividades a nivel local (Estay R. 1999:740).
La imposición del modelo neoliberal significó para las sociedades latinoamericanas profundos cambios que “impulsó una modalidad de participación sobre la base de los cálculos egoístas de costos/ beneficios” (Cavarozzi.2000:207), aunado a la crisis convocada por el modelo de desarrollo que incentivó el enquistamiento en el poder de las élites tecnocráticas / burocráticas asociadas a la centralidad estatal. Todas estas circunstancias promueve las condiciones para la emergencia de una sociedad pluralista, compuesta por nuevos agentes sociales que configuran una participación compleja, heterogénea por la convergencia de intereses. Bajo esta modalidad, la sociedad plural esta representada entonces por la participación activa de agentes sociales como organizaciones empresariales, grupos religiosos, étnicos, partidos políticos, disidentes y en las instancias gubernamentales grupos que representan las tendencias a las que se hizo referencia anteriormente: tecnócratas y burócratas.(2) Todos estos agentes sociales se interrelacionan en algunas oportunidades de manera conflictiva y de enfrentamiento, pues en el reacomodo del sistema de la sociabilidad global, los espacios de participación pasan a ser factores elementales para el acceso al poder y la competitividad, en base a este criterio Cavarozzi (2000:211) apunta que “la coyuntura de ajuste caótico y la apreciación de las reformas de mercado” han profundizado las fisuras ocasionadas por la inequidad y la desigualdad al interior de cada una de las sociedades latinoamericanas debido a las exigencias de lo externo; los resultados están a la vista: debilitamiento de los agentes políticos, reducción de la cohesión social y el aumento de la apatía de los agentes sociales para buscar cominos de participación independientes de la tutela de las estructuras estatales.
Junto con la agudización de la crisis económica, expresada en la deuda fiscal; Latinoamérica, sufre serias transformaciones demandadas por la aplicación de reformas estructurales basadas en aperturas externas, privilegiando las privatizaciones, la desregulación de las economías, reformas políticas orientadas hacia la profundización de las democracias con la intención de paliar los efectos perversos de las crisis. Finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa el colapso de las estructuras sociales, políticas y económicas recorrió todos los países de la Región; lo que tuvo como consecuencia la ola de violencia social que terminó por derrumbar los andamiajes de la democracia tradicional latinoamericana, inclusive las democracias mas sólidas, como es la venezolana se vio seriamente afectada en este convulsionado periodo.
De lo anterior se desprende que la concurrencia de los múltiples factores señalados provocaron los desequilibrios que condujeron a una devastadora fragmentación social, así como el caos en la gobernabilidad, que según Hopenhayn (1995:210) también se debe al “modelo histórico de desarrollo, con su modo específico de articulación entre Estado y sociedad” . Lo que condujo a una situación que reclamaba la relegitimación del Estado con decidida capacidad para cohesionar una sociedad pluralista mas tolerante, pues son sociedades con décadas acumulando resentimientos, desesperanzas y un vivir en precariedad que terminó por violentar todas las estructuras sobre las cuales se había fundado el Estado Nación, omnipresente en todas las instancias de la vida social. En este orden de ideas Lechner acota que en el esquema neoliberal, la liberalización económica debía pasar por una fuerte intervención estatal, previa reforma del Estado, reorientación de las políticas sociales, desburocratización y descentralización del aparato estatal y racionalización de la gestión pública, entre otras (Lechner.1996:107).
El proceso de reforma estatal se hizo presente en toda la Región paralelo a estas transformación se hacia cada vez mas evidente la crisis de la deuda social y, políticamente se observaba que el esquema de administración pública generalizado, constituía, dentro del modelo neoliberal, una seria dificultad que trababa las medidas económicas impuestas por dicho modelo. Tales circunstancias someten a la sociedad latinoamericana a una situación de fragilidad en su capacidad de conducción (Hopenhayn1995:209), que se traduce posteriormente en crisis de legitimidad que vulnera aun mas la relación Estado / sociedad; relación que Cortina (1999: 23) califica de vasallaje o condición de súbdito, donde la sociedad permanece supeditada a la omnipotencia del Estado, depositario de la voluntad política de toda la sociedad.
LA CRISIS VENEZOLANA Y LA CONFIGURACIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS SOCIO- POLÍTICOS.
A finales de los años ochenta e inicio de los noventa , Venezuela se ve envuelta en una dinámica de alta conflictividad producto, en parte, de los acontecimientos que se mencionaron anteriormente y que fueron comunes a todos los países latinoamericanos. La profundización de la crisis venezolana se puede observar a través de la rápida sucesión de eventos sociales , políticos, estatales y, por supuesto, económicos, que terminaron por derrumbar los cimientos de la estabilidad del sistema democrático venezolano.
Para la segunda mitad de los ochentas , el Estado Venezolano cede ante las demandas de reforma. En el año 1985, bajo el gobierno encabezado por Jaime Lusinshi, se crea la Comisión para la Reforma del Estado – COPRE- . Esta Comisión se articula con algunos sectores de la vida nacional, las fuerzas vivas del país, como se identificaban para ese momento los grupos y organizaciones que no tenían acceso a la toma de decisiones en las instancias gubernamentales. Esta situación trajo como consecuencia que la Comisión enfrentara una serie de críticas y obstáculos provenientes de los grupos de poder , que sentían amenazadas sus prácticas e intereses, aunado a ello también se hacen sentir a través de las críticas grupos minoritarios que habían sido opacados por los partidos políticos convertidos en representantes de la gobernabilidad venezolana: Acción Democrática y Copei, pero que a su vez, disminuidos por las crisis internas que los sacudían se presentaban incapaces de asumir los retos de transformar y cambiar las condiciones de vida que el colectivo venezolano exigía. A pesar de las dificultades y “en medio de la crisis de legitimidad de los partidos” (Arenas/ Mascareño 1997:37), el proceso de reforma , especialmente la política, avanzó al menos en el plano teórico, circunstancia que condujo a la COPRE a expresar que la reforma política y la descentralización administrativa, sería “la palanca ideal para mover los resortes de la democracia” (Arenas / Mascareño) pues como proceso político es generador de controles desde la colectividad sobre sus representantes y los administradores de la cosa pública.
A tal efecto el conjunto de reformas propuestas para su discusión crearon expectativas por cuanto éstas significaban la consolidación de un sistema político pluralista y participativo que reivindicara la legitimidad y gobernabilidad de la democracia. Las reformas estaban orientadas al ejercicio de la autonomía de los agentes sociales, la creación de organizaciones que fuesen canales de participación de los individuos y colectividades en los asuntos vinculados a la gestión pública, que permitiera la articulación coherente, mediante negociaciones de las instituciones del Estado con el resto de la sociedad.
EL FACTOR PARTICIPACIÓN EN LOS NUEVOS ESCENARIOS SOCIO- POLÍTICOS.
Es preciso destacar que los sucesivos eventos de carácter socio- político, junto a la profunda crisis económica, frustraron en cierta medida, las expectativas de reformar las instituciones en un clima de cooperación y participación, rescatar la gobernabilidad y legitimidad del sistema venezolano, y se creó un ambiente de caos que postergó la discusión de los proyectos de Reforma durante un tiempo bastante largo.
Con respecto a esta sucesión de eventos, Kornblith (2002:4) hace una síntesis de los mismos que se produjeron entre los años 1989 - 1999. Durante esta década la sociedad venezolana sufrió profundas transformaciones en lo que respecta a los mecanismos de participación que diversos sectores de la sociedad activaron para incidir en la toma de decisiones, la dinámica que se generó produjo cambios importantes en la relación de la sociedad con las estructuras de poder del Estado, la emergencia de nuevos actores prefigura un escenario mucho mas complejo en término del establecimiento de acuerdos mínimos y de participación de los agentes sociales conducentes a la construcción de la sociedad posible.
Sobre los argumentos anteriores se presenta, los eventos que, a nuestro juicio, han impactado de manera directa a la sociedad venezolana y su incidencia en la relación de los agentes sociales entre sí y con las estructuras gubernamentales.
En el marco de los eventos anteriormente señalados la dinámica de la sociedad venezolana fue profundamente impactada, específicamente en lo que respecta a la participación política de diversos sectores que se orientan a la activación de espacios de participación, entendida ésta desde una perspectiva diferente a como había sido dirigida por los principales agentes políticos ( partidos políticos), a partir de las circunstancias que crearon los eventos ocurridos a lo largo de los años antes mencionados la participación en Venezuela se hace mucho más compleja, y se puede definir como un hecho social surgido de un estado de cosas inédito en el país, que en una primera aproximación se puede expresar que los cambios ocurridos en la participación del colectivo venezolano es respuesta a la tendencia de la mundialización del sistema de imponer un camino de una sola vía (Gimeno /Monreal 1999: 17) hacia el desarrollo, fundado en los principios extremadamente economicista del libre mercado, privilegiando ciertos sectores de la sociedad en desmedro de otros, ante estos principios se revela una colectividad plural, diversa y heterogénea como es la sociedad venezolana . En este sentido las nueva situación del país, surgida de una década de acontecimientos inusuales de nuestra sociedad, crea las condiciones para la emergencia de nuevos agentes sociales, que responden a sus necesidades e intereses que no siempre coinciden con los objetivos de los agentes políticos y/o gubernamentales, que al parecer están en una búsqueda, que Cunnill (1997: 104) señala de legitimidad de los arreglos prevalecientes para el ejercicio del poder político, esto por una parte; por otro lado, el entrabamiento que sucede por el cruce anárquico en las tareas del Estado y el resto de las administraciones (estadales, municipales y unidades administrativas desconcentradas, que por no tener potestad para elaborar sus propios programas para atender las demandas de las colectividades de cada entidad en particular. Esta situación promueve un alejamiento de dichas colectividades de prácticas participativas que las involucren en los asuntos públicos, produciéndose entonces una autoexclusión, una especie de renuncia al ejercicio de sus derechos a controlar política y administrativamente a los agentes de la gestión pública. Derecho por cierto consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el año 1999, cuando se aprueba dicha Constitución Se quiere significar con ello que la Constitución de 1999 es un esfuerzo de la población venezolana para superar las fisuras que dieron origen a las sucesivas crisis vividas .
Crisis expresadas en la persistencia de prácticas administrativas y distributivas de los recursos , de acuerdo a los intereses y necesidades de una minoría acumuladora del poder político y conductora de las instituciones públicas, que limitan la intervención de los agentes sociales en los asuntos públicos extrañándolos del derecho a gestionar el bienestar colectivo.
La constante dificultad proveniente de las gestiones administrativas que limitan el acceso de las colectividades a intervenir en la elaboración de las políticas públicas y en la distribución equitativa de los recursos, según intereses y necesidades de las mayorías ha puesto en tela de juicio las prácticas emanadas de rígidas normas o regulaciones contenidas en leyes y reglamentos, desestimulantes de cualquier tipo de intervención en los asuntos públicos, ello convierte las acciones participativas en actividades vacías carentes de intenciones autónomas de construcción democrática y reveladoras de unas relaciones de poder en las que las colectividades son simples instrumentos, que avalan ciertas prácticas administrativas y crean lo que Iranzo (2002:127) denomina la desconfianza en las capacidades locales.
El desplazamiento de la dirigencia partidista, la burocratización del liderazgo comunal son factores que parecen ser los principales contribuyentes a que se continúen postergando prácticas participativas que superen el rol de las comunidades de servir sólo de canales para solicitudes de soluciones a problemas eminentemente inmediatistas y sin ninguna trascendencia para la vida colectiva, en términos del desarrollo local.
En virtud de lo expuesto, vale acotar lo que sostiene Medellín Torres (1994: 79) : la misma dinámica de la conflictividad social crea condiciones para que emerjan nuevos grupos que han de redefinir la pluralidad social de Venezuela, en los términos que antes se mencionan y que son señalados por Cortina (1999) como búsqueda de nuevas condiciones de convivencia de grupos étnicos, cívicos, religiosos, urbanos, etc, que exigen, además del acceso a las instituciones de la gestión pública, el ser tomados en cuenta como potenciales grupos organizados de manera distinta a las tradicionales, alejadas de prácticas burocráticas que les impide ejercer prácticas participativas individuales y colectivas basadas en acuerdos mínimos que le aseguren la equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo humano, es decir beneficios no sólo materiales sino que también sean los beneficios del bienestar que proporciona el reconocimiento del otro, la tolerancia y un elevado sentido de lo colectivo.
En función de estas apreciaciones se puede inferir que, a pesar de los cambios ocurridos en la estructura jurídica venezolana, parece no haberse logrado aun, las prácticas que se orienten a la construcción de ciudadanía capaz de responsabilizarse en forma autónoma del ejercicio de acciones colectivas para asumir los retos y bondades del desarrollo local. Tampoco parece estar las condiciones para desarrollar estrategias, desde el punto de vista institucional que contribuya a valorar los recursos locales y el rescate e incorporación de la cultura emprendedora (presente en colectividades como la barquisimetana).
Es evidente la ausencia de planes y proyectos en las organizaciones gubernamentales venezolanas para la inserción de colectivos con problemas de exclusión (Pérez Ramírez.2000:388). Así mismo para propiciar condiciones que generen espacios de participación de los diferentes tipos de colectividades.
En atención a la problemática expuesta, es necesario emprender la búsqueda de respuestas a una serie de interrogantes que surgen de la observación de una realidad compleja, dinámica y conflictiva y que conduce a observar en diferentes escenarios lo siguiente:
¿Cuáles son los obstáculos que perciben los diversos agentes sociales que se interrelacionan en el contexto venezolano para la construcción de espacios de participación?
La evolución de la población hacia una forma de convivencia fecunda, depende en gran medida de los acuerdos mínimos que compartan los colectivos. Con respecto a estos acuerdos mínimos no sólo se refieren a los provenientes de la aplicación de normas jurídicas, son también los valores, principios y actitudes de la población ante ciertas circunstancias o hechos. En tal sentido
¿ La concientización de la población para que gestione su propio desarrollo depende, además de la transformación de las estructuras gubernamentales de las actitudes que asuman como colectividad?
En la Constitución Bolivariana de Venezuela la participación esta señalada como uno de los elementos fundamentales para procurar un cambio que conduzca a la construcción de ciudadanía y el logro de acuerdos mínimos que han de superar el esquema de participación en el sentido tradicional que se activa sólo a través de procesos electorales cada cierto periodo con la finalidad de cambiar a los agentes políticos. En función de esta apreciación, cabe preguntarse ¿los mecanismos que están en la CBRV, son suficientes para invocar un cambio real y verdadero en la sociedad? Y, Esos mecanismos ¿se adaptan a la realidad del colectivo venezolano?, en donde existe, como lo hemos apuntado, una tradición en formas asociativas , de cooperación y solidaridad, pero también una dinámica de interrelaciones que se transforma de manera acelerada, en la que ciertos sectores de esta sociedad tienden a la disociación y a la conflictividad.
LO LOCAL COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO
El enfoque de Desarrollo Local es la base teórica principal de este trabajo, pues es esta perspectiva la que da cuenta de toda la serie de transformaciones que han ocurrido en los procesos de avance de la globalización, del sistema capitalista en general y sus efectos en las sociedades latinoamericanas, de la complejidad como se han expresado los diferentes ámbitos que constituyen una sociedad y la estrategias que se han intentado poner en práctica en donde lo local adquiere significaciones diferentes a las que tuvo en el marco del Estado Planificador que menciona Hopenhayn (1995), el cual tuvo su predominio hasta los años ochenta en casi toda Latinoamérica.
El desarrollo local, según Pérez (2000:50), es un modelo novedoso que contempla con ponderación la interrelación de las tres esferas fundamentales de lo social: la económica, la política territorial y la medioambiental. Además de estas esferas el desarrollo local toma rasgos característicos en América Latina, que están articulados con las categorías de Capital Social y Desarrollo Humano, que tratan de responden a la multidimesionalidad de situaciones que se presenta en los países que se conocen como del Tercer Mundo. En efecto la pluralidad de estas sociedades, la preservación de sus comportamientos y valores han desvirtuado progresivamente el paradigma del desarrollo económico, situación que presionó a los organismos internacionales, Naciones Unidas por ejemplo, hacer una revisión de los modelos de desarrollo, a través de los cuales se trató de homogeneizar y universalizar los comportamientos occidentales (Peredo.1999:37).
En este proceso de revisión, la UNESCO, incorpora otros elementos al concepto de desarrollo que se venía utilizando, y adoptan el concepto siguiente:
“Un proceso complejo , comprensible y multidimensional que se extiende mas allá del simple crecimiento económico y que incorpora todas las dimensiones de la vida y todas las energías de la sociedad, cuyos individuo están llamados a contribuir y a compartir los beneficios” (UNESCO.1995).
Esa redefinición de desarrollo por parte de la UNESCO abre una nueva discusión sobre las estrategias de desarrollo que deben adoptarse en América Latina, y sobre esa base se inician una serie de investigaciones que van progresivamente definiendo conceptualmente el desarrollo local el capital social y el concepto macro que engloba a estos dos categorías como es el concepto de Desarrollo Humano que se une a la idea de democracia, expresadas como la necesidad de una mayor movilidad y cohesión social en torno a la organización del tejido productivo pero también es asociar esa idea de democracia a las prácticas participativas de los colectivos en todas las áreas que componen lo social.
Coincide con esta discusión teórica del desarrollo los proceso de descentralización que se plantearon en casi todas las sociedades latinoamericanas a raíz de la profunda crisis económica sufrida desde los años setenta y ochenta y en donde se observa que las mismas instituciones trataron de hacer frente a los desequilibrios poniendo en práctica estas modalidades descentralizadas, en un intento por solucionar los problemas que se fueron ampliando en la medida que se acentuaba el efecto de la globalización. ( ILPES, 1998:10); estas estrategias requerían prácticas participativas en donde se involucraran no sólo los agentes económicos sino también los nuevos agentes, que daban cuenta de la pluralidad de las sociedades latinoamericanas. De este modo las colectividades organizadas, son vista desde otra perspectiva, es decir como los factores que pueden movilizar y cohesionar al colectivo en general, pues son ellos los que conocen las problemáticas que afectan sus localidades y son los agentes capaces de identificar los obstáculos que les impide avanzar hacia la consecución de una mejor calidad de vida. De manera que el potencial local emerge en la medida que se reconozca la pluralidad de los agentes sociales, el nivel de interés con que asuman la responsabilidad para construir de manera eficaz estrategias orientadas a la atención de sus expectativas y necesidades, la capacidad de presión que desarrollen para que los gobiernos locales internalicen la importancia de la intervención y participación de las colectividades en el diseño de las estrategias de desarrollo, pues es esta posibilidad lo que les va asignar el carácter realmente democrático.
En este orden de ideas, es evidente que la participación es uno de los componentes de la noción de desarrollo local más importantes en tanto que son las prácticas participativas de los diversos agentes los que le dan o no viabilidad a las estrategia. Si se asume esto como premisa, entonces se hace necesario hacer referencia al tema de participación y democracia, aspecto que en los últimos años ha ocupado a la comunidad internacional y en América Latina es tema de discusión obligado, por los sucesivos intentos de definir un modelo que se adapte a las exigencias del sistema democrático pero que a la vez responda a las demandas que cada una de las sociedades hace en función de las particularidades que el Desarrollo Humano y el local exigen respetar.
La presencia de la noción participación en la evolución histórica del desarrollo capitalista es necesaria tomarla como unidad de análisis para comprender el creciente protagonismo de las colectividades en las estrategias que han adoptado las diferentes sociedades dentro del sistema, fundamentalmente cuando la democracia como sistema representativo de la sociedad ha tenido serios cuestionamiento en los últimos años.
Desde la perspectiva gnoseológica los aportes realizados por estudiosos de lo social como Habermas, Tönnies, Morin, con respecto a la complejidad de la participación en la sociedad moderna indicaran en gran medida el tránsito que han recorrido las sociedades del mundo occidental lo que respecta a uno de los pilares fundamentales de esta sociedad moderna como es la democracia, teóricamente es el sistema democrático el que resume las aspiraciones de igualdad, libertad y justicia y como lo expresa Aubet (2000:11) es “una experiencia de vida colectiva mas justa, igualitaria y participativa, que prioriza el interés general por encima de los intereses particulares”, aunque en los diferentes espacios de concreción la democracia como sistema de vida colectiva no haya logrado cubrir las expectativas de manera absoluta, es sin embargo, el sistema que goza de mayor confiabilidad dentro de los esquemas de la sociedad actual. Este fenómeno quizás se debe a que el modelo democrático tiene una inmensa capacidad para reformarse a sí misma, manteniendo las reglas y los principios éticos y morales que lo definen como un pacto entre individuos o ciudadanos, para establecer acuerdos necesarios para la construcción de un marco lo suficientemente armónico y flexible que facilite la vida en colectivo, con reglas y principios que correspondan a una sociedad cuyo rasgo sobresaliente es la pluralidad, acuerdos que superen lo que Cortina (1999:19) denomina la democracia de masas, compuesta por “conjuntos amorfos de individuos , que más que personas unidas por el recíproco respeto y por un proyecto común, son átomos separados entre sí por la mas palmaria indiferencia o impotencia”.
La dinámica de la sociedad global tiene su expresión en el sistema de democracia representativa y ello comporta ventajas para algunas de las sociedades que en este sistema están inscritas, pero también conlleva limitaciones e irregularidades , que son consideradas desviaciones manifiestas en la creciente desigualdad e injusticia que condena a millares de seres humanos a vivir en condiciones de exclusión, que va más allá de la estrictamente de origen económico, es la exclusión social, política, de género, entre otras exclusiones presentes tanto en sociedades consideradas altamente desarrolladas como las restante , que no han alcanzado tales niveles; estas limitaciones también se reflejan en la negación de los derechos fundamentales de ciudadanía que progresivamente han creado una situación de inestabilidad y de crisis de la democracia representativa. Esta crisis generalizada, es indudablemente alimentada por la desconfianza de los ciudadanos que no se sienten representados por los agentes que han elegido para ello, por las desviaciones que han modificado los acuerdos entre representantes y representados. Los representantes son una minoría que tiene el poder y lo ejerce a través de las instituciones gubernamentales, deciden de manera unilateral los asuntos del colectivo. Es precisamente tales atribuciones que se han tomado los agentes gubernamentales o los representantes que las instituciones democráticas comienzan a deslegitimarse y el Estado a desequilibrarse en sus atribuciones. Los años ochenta y noventa han sido cruciales para el sistema democrático; las desviaciones del sistema de representación repercute en todos los ámbitos de las sociedades y en la mayoría de los Estados Latinoamericanos las colectividades se pronuncian por unas Reformas Estatales, que disminuyan el excesivo centralismo, visto como una de las desviaciones mas desestabilizadoras del sistema democrático, por cuanto ha generado “un ciudadano dependiente, criticón, pasivo, apático y mediocre, alejado de todo pensamiento de libre iniciativa, responsabilidad o empresa creadora. Un ciudadano que no se siente protagonista de su vida política, ni tampoco de su vida moral, cuando lo que exige un verdadero Estado de justicia es que los ciudadanos se sepan artífices de su propia vida personal y social” ( Cortina.1999:28).
El desencanto producido por el sistema democrático para mantener unas estructuras capaces de satisfacer las demandas de las colectividades, produjo reacciones en diferentes agentes sociales que comienzan a hacer propuestas y a tomar iniciativas orientadas a la construcción de espacios de participación que conduzca “hacer posible un proceso mas flexible de toma de decisiones, sobre los asuntos públicos” (Contreras, 2000:161), resumidas en procesos en reformas constitucionales en diversos países de América Latina..
Con respecto a la crisis de representatividad Touraine señala que “la historia de todas las sociedades modernas sigue dominada por conflictos fundamentales que oponen la acumulación de los medios de transformación de la vida social, política o cultural, a la defensa de la libertad , de los actores y de los grupos sociales más directamente comprometidos en la relación entre la concentración de los medios de acción y la participación libre y responsable de quienes no quieren ser exclusivamente recursos a disposición de los amos del juego colectivo” (Touraine,1996:58) .
Esta crisis de representatividad esta articulada con los modelos de Desarrollo, es por ello que en el debate internacional sobre desarrollo la crítica mas contundente ha sido al reduccionismo que limita el problema a lo esfera estrictamente económica y al desconocimiento de la complejidad y las particularidades de las sociedades latinoamericanas que requieren para sus respectivas transformaciones, lo que Touraine denomina la participación libre y responsable.
De manera que la perspectiva de desarrollo que se construya pasa por la necesidad de reconocer que las alternativas de cambios las construyen las propias colectividades, cuando se incorporan la visión de lo social, de lo humano y de lo colectivo que cada una de ellas tenga de su propio desarrollo, con nuevas reglas de juego relacionadas de manera firme con estrategias de participación, con la emergencia de nuevos agentes sociales con comportamiento político estrechamente vinculado a un nuevo ordenamiento internacional en el que el reconocimiento de lo local es de vital importancia.
El Ámbito Municipal como escenario de Prácticas Participativas.
En la estructura del Estado Venezolano, el Municipio constituye la unidad político/ administrativa primaria de la organización del Estado, pero además es el espacio concreto de praxis democrática por excelencia, en tanto experiencia de vida colectiva, plural y participativa, en donde se supone que se antepone el interés general a los individuales. En este sentido el municipio es el espacio natural para establecer los acuerdos y sentar las bases que viabilicen la vida en comunidad fundada en reglas, principios morales, éticos y culturales compartidos; ello indica que la administración y gestión municipal tiene como función principal la vigilancia permanente del “reparto equitativo de los bienes esenciales: derecho, libertades, obligaciones, responsabilidades, conocimiento y poder” (Aubet.2001:8) elementos que al conjugarse constituyen la esencia de la ciudadanía moderna, y como apunta Hopenhayn (2000 231), en donde los agentes socio- políticos puedan ejercer su “capacidad para intervenir mediante un intercambio racional en el mercado político y en los espacios públicos con pleno derecho a tener derechos en el plano social y en lo jurídico, y con acceso a la información y como cimiento para insertarse con mayores oportunidades productivas en la dinámica del desarrollo”
Tales expectativas pueden lograrse en la medida que los gobiernos municipales asuman la función principal y la sociedad local adquiera conciencia plena de la misión y naturaleza de la instancia local en cuanto a factor dinamizador del Desarrollo Local (Iranzo.2002:125). En tal sentido se requiere de los gobiernos locales la disposición de una apertura hacia la gestión participativa, que promueva cambios sustanciales para superar la percepción de las colectividades como una “masa amorfa” (Cortina.1999:19). La gestión municipal tiene entonces la responsabilidad de promover el fortalecimiento de la participación de los individuos y las colectividades para lograr superar lo que Iranzo describe como el papel subsidiario, la incapacidad organizacional, técnica y gerencial de las instancias municipales para preparar actuaciones conducentes a los cambios sustanciales , de los cuales se hizo mención en párrafos anteriores. Por otro lado las instancias municipales requieren de la aplicación de mecanismos que contribuyan a la profundización de la democracia, cuestión que implica el ejercicio de la autonomía y la potenciación de una ética compartida en colectivo, en un espacio determinado por una identidad colectiva, plural y compleja, además de permeada por el paradigma de lo global.
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