Zulma Donelly Ramírez Cruzs*
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba
Email: zulmadrc@uclv.edu.cu
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Resumen
Al carácter multidimensional e integral de la seguridad alimentaria y nutricional, le es imperativa una política pública que contribuya al desarrollo sostenible y equitativo. Bolivia, se destaca en el diseño e implementación de políticas que promueven el desarrollo rural favoreciendo los diferentes componentes de la SAN. La evaluación de diseño de dichas políticas resulta instrumento que contribuye a la construcción de estrategias regionales para avanzar en la solución de dicha problemática, por lo que la evaluación de la coherencia entre los diferentes elementos que estructuran el Plan del Sector Agropecuario y Rural de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSARDI) 2016-2020, constituye objetivo esencial del trabajo, desarrollado mediante la utilización del enfoque filosófico del materialismo-dialéctico y el análisis documental. Se concluye que, partiendo de la premisa de la adecuación a las condiciones y necesidades de cada país, pueden ser referentes las diversas fortalezas de Bolivia en este ámbito, como lo es la concepción en base a la identidad cultural o la creación de un marco jurídico y estructura institucional pertinentes, entre otras.
Palabras clave: Seguridad alimentaria - políticas públicas – Bolivia – cooperación - América Latina.
Clasificación JEL: Q18, Q19, O54
Summary
To multidimensional and integral nature of food and nutrition security, a public policy that contributes to sustainable and equitable development is imperative. Bolivia excels in the design and implementation of public policies that promote rural development favoring the different components of the SAN. The assessment of the coherence between the different elements that structure the Plan of the Agricultural and Rural Sector of Integral Development for Living Well (PSARDI) 2016-2020, constitutes an essential aim of the research, developed through the use of the philosophical approach of dialectical-materialism and documentary analysis technique. It is concluded that, based on the premise of adapting to the conditions and needs of each country, the diverse strengths of Bolivia in this field can be taking in to account as model, based on cultural identity or the creation of an appropriate legal framework and institutional structure, among others.
Keywords: Food security - public policies – Bolivia - cooperation – Latin America
Para citar este artículo puede uitlizar el siguiente formato:
Zulma Donelly Ramírez Cruz (2019): "Apuntes para la evaluación de diseño de políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en Bolivia. PSARDI 2016-2020", Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, (mayo 2019). En línea:
https://www.eumed.net/rev/oel/2019/05/seguridad-alimentaria-nutricional.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/oel1905seguridad-alimentaria-nutricional
INTRODUCCIÓN
El combate a la pobreza y la erradicación del hambre constituyen desafíos fundamentales de gobiernos y organismos internacionales, ante un escenario global en el que las personas afectadas por este flagelo ascienden a 821 millones, según estimaciones de la FAO en su informe de 2018 sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo. (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2018).
En América Latina y el Caribe ocurrieron avances notables en el periodo 2000-2016 durante el cual la prevalencia de la subalimentación descendió de 12% a 6.6%. En el Caribe, la prevalencia es de 18% en este mismo periodo (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017). Sin embargo, según el informe de la FAO sobre el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la región de 2018, las personas subalimentadas aumentaron por tercer año consecutivo alcanzando los 39,3 millones, que significan el 6,1% de la población1 (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2018).
En la región, el enfoque sectorial de la lucha contra el hambre ha cambiado a un enfoque transversal e intersectorial. Parte de avances en la materia se deben a políticas más integrales y multidimensionales, abordando las diversas causas del hambre mediante la participación de todos los actores sociales. Sin embargo, el estado de la SAN regional muestra que la tarea de garantizarla a los más pobres de forma sostenible, sigue inconclusa.
En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno de Evo Morales Ayma planifica y ejecuta diversas políticas para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y nutricional con soberanía. En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional; y de los Planes de desarrollo concebidos como complemento a esta, desde 2006 el gobierno establece como propósito central en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la transformación de los sistemas productivos rurales, privilegiando el fortalecimiento de la agricultura familiar (campesina, indígena y originaria) como dinamizadora, sobre la base de un nuevo modelo de tenencia y acceso a tierras y del desarrollo científico-tecnológico para el Vivir Bien,2 que implica la armonía con la naturaleza.
En Bolivia, el hambre y la desnutrición son asumidas como un resultado no solamente de problemáticas de disponibilidad, sino también, de acceso tanto a los alimentos como a los recursos productivos. En este sentido, el diseño del Plan del Sector Agropecuario y Rural de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSARDI) 2016-2020, se sustentó en la identificación de las principales problemáticas estructurales y coyunturales del sector rural boliviano, así como en factores externos que también inciden en su desarrollo. Estos aspectos abordados sobre la base de los principios del Vivir Bien, permitieron su concepción sistémica e integral, en la que la participación de los diferentes actores sociales ha desempeñado un rol fundamental.
PSARDI 2016-2020 se articula con el modelo económico social comunitario productivo que se orienta hacia la soberanía económica; el acceso universal a los servicios básicos y un nuevo modelo ambiental basado en la relación complementaria entre los seres humanos y la Madre Tierra; así como con un esquema de gobernanza y un régimen legal que facilita tanto su instrumentación, como su monitoreo, evaluación y control (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2017).
El análisis y reflexión sobre políticas públicas, experiencias y buenas prácticas vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional, contribuyen a generar una agenda de cooperación sur – sur e identificar oportunidades para avanzar mancomunadamente en la solución de dicha problemática.
En este sentido, constituye objetivo de la investigación: evaluar el diseño del PSARDI 2016-2020 como instrumento multidisciplinar para el análisis de la coherencia entre los diferentes elementos que lo conforman, e identificar posibles oportunidades de cooperación. Se utilizó el enfoque filosófico del materialismo-dialéctico y el análisis documental. Se asumen los criterios de evaluación del diseño: Coherencia, Relevancia, Pertinencia y Equidad, propuestos por Arango-Bautista, et al, (2017) y el enfoque metodológico de la española Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL.
El desarrollo teórico ocurrido durante las cuatro últimas décadas en este campo se percibe principalmente alrededor de: las causas socio-económicas y políticas que originan la problemática; la población vulnerable; el tratamiento del problema no solo desde el enfoque de la disponibilidad sino también considerando la relevancia del acceso y del uso biológico de los alimentos; y la medición de la SAN no solo cuantitativa sino también cualitativa al considerar la importancia de factores culturales.
Según el concepto surgido en la Cumbre Mundial de Alimentación FAO, 1996, existe Seguridad Alimentaria y Nutricional cuando las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos según sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias para una vida saludable. El concepto abarca las dimensiones de la SAN: Disponibilidad, Acceso, Utilización biológica a través de un consumo adecuado y Estabilidad que significa acceso a alimentos adecuados en todo momento.
Para alcanzar el éxito de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre y combatir la pobreza desde una perspectiva integral, por lo que robustecimiento del rol de la agricultura en un marco de desarrollo rural sostenible, es parte fundamental del desarrollo económico con equidad para mejorar la calidad de vida de las personas.
El Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba (PALMA), acentúa en problemáticas en torno a la dependencia, vulnerabilidad, equidad e institucionalidad, que son determinantes para atender a la seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque de desarrollo integral superando el asistencialismo y el productivismo. Agregan la importancia de ver la SAN ligada al desarrollo humano y local, asumiendo una visión multidimensional con énfasis en factores como la equidad, la sustentabilidad, la productividad, la potenciación, la cooperación y la seguridad (Arteaga, et. al., 2012).
Paz (2007) parte de la proposición de que la seguridad alimentaria, busca el bienestar nutricional, y tomando en cuenta que forma parte del desarrollo humano, en el marco de un enfoque sistémico establece como elementos sustentadores del concepto, los siguientes:
El avance teórico en relación a la seguridad alimentaria y nutricional fundamenta nuevas políticas concebidas y diseñadas para contribuir a la superación de la problemática, y al mismo tiempo, ambos aspectos, tienen estrecha relación con procesos políticos. Logros reconocidos por organismos internacionales en materia de seguridad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe por ejemplo, son reflejos, en parte, de acertadas políticas estructuradas sobre el sustento de principios y fundamentos teóricos que son base esencial de modelos de desarrollo impulsados por gobiernos progresistas.
Igualmente, Paz (2007) señala, a partir de lo planteado sobre soberanía en el Plan Nacional de Desarrollo, que la seguridad alimentaria se concibe en el país como:
La garantía al acceso físico y económico de alimentos inocuos y nutritivos, promoviendo y recuperando las prácticas y tecnologías tradicionales para asegurar la conservación de la biodiversidad y la protección de la producción local y nacional. Esto requiere de la garantía estatal del acceso al agua, a la tierra, a los recursos genéticos y a los mercados justos y equitativos con el respaldo de la sociedad. (p. 6)
Según la Declaración del Foro por la Soberanía Alimentaria, realizado en Nyéleni, Mali en 2007, se refiere al derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Según Romay (2013), la definición abarca un conjunto de temas como: i) la distribución equitativa de la tierra y de los recursos; ii) el comercio transparente; iii) el control y gestión del territorio; iv) la priorización de los mercados locales; v) la protección de la biodiversidad; vi) la autonomía; vii) la deuda; viii) la salud y otros relacionados con la capacidad de producir alimentos localmente.
Pese a las diferencias entre los conceptos de seguridad y soberanía alimentarias, la tesis que se plantea en el presente trabajo es que resultan complementarias e interdependientes. La dialéctica entre ambas refiere que a más soberanía alimentaria, mayor capacidad y posibilidad de concebir políticas públicas más acertadas para alcanzar la SAN y ello a su vez promoverá mayor soberanía. Por ello, el enfoque debe ser integral y multidimensional dada la naturaleza de la problemática.
Las políticas públicas encaminadas al mejoramiento de vida de la población pueden contribuir a la erradicación del hambre y la disponibilidad de recursos alimenticios por igual, pero ello depende, entre otros elementos, de una comprensión y concepción integral y sistémica del contexto y del diseño de la política, la coherencia entre estos, así como del proceso de implementación, las áreas de intervención y el monitoreo.
Para la especialista cubana Aymara Hernández Morales en (Arteaga et. al., 2012), la planificación estratégica participativa desde una visión de innovación institucional, es uno de los referentes metodológicos en el diseño de políticas, estrategias, y/o acciones. Esto conlleva cambios institucionales en un marco de coherencia y relevancia con el contexto en el cual se desarrollan, de modo que se profundicen los vínculos entre dichas políticas y acciones en todas las dimensiones de la SAN.
La pertinencia de las políticas públicas está relacionada con su carácter integral y multidimensional, pues abarcan no solo las dimensiones de la SAN, sino también se vinculan sistémicamente con políticas de sectores diversos como la industria, la inversión, las tecnologías, entre otras. Dicha pertinencia también se corresponde con elementos como el nivel de participación protagónica de actores y beneficiarios en la concepción y diseño de las políticas. Las políticas públicas para la SAN, habrán de abarcar por tanto, factores estructurales derivados de una acumulación histórica y factores coyunturales que afectan a las poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad.
Asimismo, los diversos problemas agrarios pueden ser considerados como eje de la SAN ya que el desarrollo agrícola desempeña un papel esencial en el progreso económico y en la erradicación de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Entre otros problemas agrarios, se pueden mencionar los campesinos sin tierra y numerosas familias afectadas por la desocupación y el subempleo; la destrucción de recursos naturales, el deterioro ambiental y la pobreza (Alegrett, 2012).
Otras problemáticas significativas que se considera no deben obviarse, son la inseguridad de la propiedad de la tierra, la violación de los derechos humanos y territoriales de los indígenas y campesinos, la contaminación y creciente escasez de los recursos hídricos y la destrucción de bosques y selvas. Además, el insuficiente acceso al crédito, a la tecnología y al mercado, así como la explotación de tierras de bajo potencial productivo (FAO, 2014).
En el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo se identifican dos pilares fundamentales: los sectores estratégicos como generadores de excedentes: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales; y los sectores generadores de ingresos y empleo: industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario, entre otros.
El marco conceptual sobre el cual se sustentan las políticas para la SAN en Bolivia deriva esencialmente de los saberes ancestrales y la filosofía de vida de las comunidades originarias, indígenas y campesina. Sus principios definen el carácter de dichas políticas, para abordar la problemática desde la construcción de un nuevo patrón de desarrollo que favorece el fortalecimiento de la agricultura familiar y el acceso equitativo a los recursos naturales y productivos para su uso sostenible.
En este contexto, se han creado nuevos instrumentos normativos a fin de incorporar los temas de seguridad alimentaria con soberanía y desarrollo local, con un enfoque integral y multisectorial.
En el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, se conceptualiza el desarrollo sobre el presupuesto de la descolonización introduciendo elementos comunitarios y culturales propios de los pueblos indígena- originario- campesinos bolivianos expresados en principios ético-morales como el “suma qamaña” o (vivir bien) y “ñandereko”(vida armoniosa) entendidos como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
El marco conceptual constituye fundamento de leyes, programas, estrategias y líneas de acción que se complementan con la llamada Agenda Patriótica 2025, aprobada en 2013. Dicha agenda es un mandato social que pretende consolidar el proceso de transformaciones estructurales en base al modelo económico social comunitario productivo que se construye.
Otros instrumentos abordan abundantes problemáticas relacionadas con las dimensiones de acceso y utilización a partir de una definición integral de las causas que generan inseguridad alimentaria y nutricional. Dado que se asume la relación entre SAN y hambre y pobreza, aspectos económicos, sociales, políticos, culturales e incluso de participación ciudadana son considerados para la concepción de la normativa. Entre ellos se encuentran:
El marco legal a través del cual se concretiza lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y en el PSARDI 2016-2020, está conformado por:
Se desarrolla como reflejo de soberanía alimentaria en Bolivia, un régimen legal que se sustenta en los saberes originarios indígena campesino y en el que los actores rurales y las poblaciones vulnerables tienen un papel protagónico. Desde el nivel macro al ámbito local y comunitario, el Estado boliviano concibe un marco legal e institucional que favorece el diseño e implementación de programas y estrategias más acertadas en materia de SAN.
En dicho proceso, la sociedad civil, y organizaciones sociales han tenido una participación protagónica en la concepción y diseño de políticas para la SAN, así como en su monitoreo. La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria reconoce a las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, el derecho de participar en el diseño de políticas públicas y ejercer el control social a la gestión pública del sector agropecuario. Por ello conforman entes como El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición - CONAN presidido por el Presidente del Estado, El Consejo Plurinacional Económico Productivo – COPEP y los Consejos Departamentales y Municipales Económico Productivos.
La pertinencia de las políticas públicas encaminadas al mejoramiento de vida de la población como elemento que contribuye a la erradicación del hambre, pasa por el entendimiento holístico de la problemática. Al carácter multidimensional e integral de la SAN, le es imperativa una política pública que se conciba a partir de la articulación sistémica de los aspectos causales –estructurales y coyunturales- con los instrumentos de construcción del nuevo patrón de desarrollo, en todos los ámbitos que inciden en el logro del objetivo. En este sentido, el diseño habrá de ser expresión de la coherencia entre el contexto de la problemática, los objetivos que se propone y los instrumentos y acciones que define para lograrlos sobre la base de los principios y conceptos en los que se sustenta. Asimismo, la participación de los actores y beneficiarios en el diseño de la política, la implementación y evaluación resulta ser componente fundamental.
En el análisis del diseño del PSARDI 2016-2020 que se realiza en el presente trabajo, se asumen los criterios de evaluación del diseño: Coherencia, Relevancia, Pertinencia y Equidad, propuestos por Arango-Bautista, et al, (2017) en la Guía Metodológica para la evaluación de políticas públicas en SAN. Los criterios se valoran a partir de los siguientes elementos:
Se trata de un análisis con enfoque integral que valora la intervención del gobierno boliviano en la problemática alimentaria, a partir de juicios de valor sobre los aspectos políticos de la acción pública, como complemento substancial de premisas técnicas y criterios de medida de la evaluación de políticas públicas, de acuerdo al enfoque de la española Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL.4
Siguiendo la propuesta metodológica de AEVAL (Casillas, et. al., 2015), dicho análisis considera la integración de aspectos del nivel estratégico de la acción pública para la SAN, con aspectos del nivel operativo en el diseño de PSARDI 2016-2020. Estos es, la propia concepción y formulación de las políticas para la SAN valorando los fundamentos conceptuales, problemas y actores, a través de la evaluación del enfoque del PSARDI 2016-2020, objetivos, medios y resultados concebidos en su diseño.
Los fundamentos teóricos para el diseño de PSARDI, se consideran acertados, en la medida que conciben la problemática con un carácter integral, multidimensional y sistémico, sobre la base de las características culturales bolivianas y articulándolos al proyecto de construcción del modelo económico social comunitario productivo que se orienta hacia la soberanía económica.
Las variables analizadas para el diseño del Plan Sectorial fueron: la superficie total disponible para la actividad agrícola y superficie cultivada, el PIB agropecuario, crecimiento de la población Económicamente Activa PEA vinculada a la agricultura y actividades pecuarias, la tenencia de tierras y el sector externo (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2017). Las estadísticas se utilizaron para considerar avances obtenidos en el periodo 2005-2015 y las insuficiencias de la articulación de la gestión pública.
Las problemáticas estructurales identificadas, derivaron del análisis de las causas que han dado lugar a la pobreza y desigualdad en las áreas rurales bolivianas como resultado de un proceso de concentración de recursos en un reducido grupo de propietarios de medios de acumulación y con acceso a mercados. Estos aspectos giran en torno a la desigualdad extrema en la tenencia de la tierra, aspecto considerado de alta sensibilidad para el sector rural, la baja competitividad, ineficiente articulación de cadenas productivas, deficiente infraestructura, baja productividad, dificultad de acceso a mercados externos, estrechez del mercado interno, inseguridad y vulnerabilidad alimentaria, deficiente formación de recursos humanos, insuficiente e inadecuada innovación tecnológica, entre otros (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2017).
Dada la complejidad de la SAN, en el sentido de la gran diversidad de factores causales económico-sociales, culturales y medio ambientales, la identificación de aquellos esenciales y en correspondencia, la concepción y diseño de políticas públicas, contribuye a su consecución en el mediano y largo plazo. No sin concebir, a su vez, estrategias y programas que actúen en función de las problemáticas sociales que requieren de una resolución inmediata. Se trata de la dialéctica propia de la SAN, en la que es fundamental la articulación sistémica de todos aquellos factores para la concepción y diseño de políticas públicas pertinentes y eficaces.
En consonancia, la problemática agrícola y en especial la concentración de la tenencia de la tierra y por tanto la relevancia de la producción agrícola capitalista articulada a la industria y las exportaciones,5 en detrimento de la pequeña producción indígena-campesina, comunitario y/o local, fue considerada en el diseño de PSARDI, como uno de los problemas estructurales de mayor relevancia y de más difícil solución.
En general, la situación problemática o diagnóstico se presenta en coherencia con el constructo teórico que asume, así como los objetivos generales y específicos propuestos como sistema, se corresponden con dichas problemáticas identificadas, haciendo énfasis en el fomento de la modernización y tecnificación de la pequeña y mediana producción agrícola en las comunidades indígena-campesinas originarias como sector de mayor vulnerabilidad.
El objetivo del Plan Sectorial persigue el mejoramiento de la calidad de vida a partir del incremento del ingreso y la preparación de los productores agropecuarios priorizando aquellos con mayor grado de vulnerabilidad, para alcanzar una inserción sostenida y competitiva en los mercados sobre la base de la inclusión y la equidad social, cultural y de género. Para su consecución son definidos un conjunto de objetivos específicos articulados que abarcan el mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país promoviendo acciones de inclusión económica, social y cultural de indígenas, campesinos, originarios y pequeños productores agropecuarios con enfoque de género. Los objetivos se trazan con la intención de favorecer la competitividad productiva con una inversión pública eficiente. Se observa un diseño que incluye las cuatro dimensiones de la SAN.
En correspondencia, define 10 políticas fundamentadas en su concepción de desarrollo que pueden asumirse como lineamientos estratégicos contentivos cada uno de un sistema de objetivos, líneas de acción e instrumentos. Las políticas son las siguientes (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2017):
Sobre la relevancia, las líneas de acción y los instrumentos concebidos para lograr el objetivo de cada política, se corresponden con las causas estructurales diagnosticadas y por tanto con las necesidades del desarrollo rural boliviano. Es un aspecto relevante en la medida que cada subsistema de objetivos, líneas de acción e instrumentos se enfoca en contribuir a la solución de aquello que constituye la naturaleza del problema de la SAN. Dicha correspondencia se evidencia a partir de la relación de los aspectos diagnosticados en el Plan Sectorial con los objetivos establecidos.
No obstante la correspondencia entre los componentes del PSARDI 2016-2020, es apreciable considerar aquellos elementos de las relaciones de producción que de modo determinante, interfieren en el logro de los objetivos trazados. El carácter esencialmente privado de gran parte de la producción agrícola boliviana vinculada a la industria y la exportación, ha devenido en uno de los principales obstáculos para el avance en cuestiones fundamentales como garantizar la distribución y redistribución de tierras productivas, el cumplimiento de uso de la tierra en el marco de la FES (Función Económico y social) 6 o el incremento del ingreso y la calidad de vida.7 En síntesis, las esencias del problema de la SAN a superar con las políticas públicas son en sí mismas, obstáculo para alcanzar sus objetivos,8 dada la dialéctica de la seguridad alimentaria.
El PSARDI 2016-2020 define los resultados que busca alcanzar con cada meta y establece los indicadores de proceso y acciones (programas o proyectos) en sinergia con cada uno de los cuatro pilares de la Agenda Patriótica 2025 que se corresponden con la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y el Plan de Desarrollo.
La participación de los actores y beneficiarios en la concepción y diseño de PSARDI 2016-2020, parte del esquema de gobernanza para la seguridad alimentaria y nutricional en Bolivia. La Secretaría Técnica del anteriormente mencionado Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), conformado por nueve ministerios y organizaciones sociales, tiene por objetivo: “Impulsar y coordinar la participación de las instituciones del sector público y de la sociedad civil en la elaboración de la Política de Alimentación y Nutrición, así como la difusión, seguimiento e implementación de programas de alimentación y nutrición” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p.2).
Asimismo, los Consejos Plurinacional Económico Productivo - COPEP, Departamentales Económico Productivos – CODEP y Municipales Económico Productivos - COMEP, están conformados además de ministros y gobernadores, por organizaciones indígenas –originarios y campesinas, comunidades interculturales y afro-bolivianas, con el propósito de coordinar y participar en la elaboración de políticas públicas, así como ejercer control social a la gestión pública para la soberanía alimentaria (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013).
También establece los roles por cada pilar, resultado y acción, de las empresas públicas, universidades, el sector privado, las organizaciones comunitarias y las organizaciones social-cooperativas. Ello corresponde a la filosofía del PSARDI en materia de participación, en el sentido de empoderar a los actores productivos del medio rural para influenciar en las políticas públicas.
CONCLUSIONES
América Latina y el Caribe avanzan en la implementación de políticas integrales y multidimensionales en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estas políticas en Bolivia presentan una estructura con enfoque sistémico y abarca los sectores económicos y sociales vinculados con la SAN. Es una fortaleza la articulación entre la Constitución Política de la nación, el Plan Nacional de Desarrollo y el PSARDI 2016-2020 para el desarrollo agrícola y rural como paso fundamental para alcanzar SAN, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo.
Son diversas las fortalezas de Bolivia en cuanto a políticas públicas para la SAN, las cuales pueden ser referente en la concepción y diseño de políticas más pertinentes en otros países, siempre considerando su adecuación a las características y necesidades particulares. La fundamentación teórica de las políticas para la SAN a partir de saberes ancestrales como reflejo de su identidad cultural; el pertinente marco jurídico y la estructura institucional para la concepción, diseño, implementación y evaluación de programas y estrategias integrales; así como el rol protagónico de las comunidades y organizaciones sociales en dichos procesos; y el fortalecimiento de la agricultura familiar como dinamizador del nuevo patrón productivo son fortalezas que pueden constituir oportunidades de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe a través del aprovechamiento de instrumentos como los creados en el Plan SAN- CELAC.
Por otro lado, avanzar en el área de la Transformación y Consolidación en la Tenencia, Acceso y Uso de la Tierra para la Producción (política 1 del PSARDI), implicará lograr mayor compromiso de los responsables de su ejecución y definir con claridad las instancias o entidades que la desarrollarán, aspecto que ha sido identificado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (2016) como un obstáculo. Habrán de concebirse mecanismos efectivos que favorezcan la gestión pública en éste ámbito del Plan.
BIBLIOGRAFÍA