Danny Guillermo Andrade Ulloa *
María Fernanda Andrade **
GADPCH, Ecuador
dandrade@chimborazo.gob.ecArchivo completo en PDF
RESUMEN
En presente trabajo analiza las políticas públicas agropecuarias del Ecuador y su influencia en la economía de la población que realiza ésta actividad en la provincia de Chimborazo, permitiendo conocer el panorama económico que el sector agropecuario ha generado en el trascurso de los últimos 10 años. El artículo se desglosa primero en una contextualización histórica bibliográfica sobre las políticas públicas que más han influenciado en el territorio Ecuatoriano, sus ventajas y desventajas para el sector productivo, además se percibe el cambio político que generó el Gobierno de la Revolución Ciudadana desde el año 2007, con la ideología de construir el socialismo del siglo XXI y promulgando la filosofía del Buen Vivir establecido desde la percepción de los pueblos ancestrales, se constata que se instauró un proceso diverso sobre las políticas públicas previas l periodo, que conjuntamente han permitido trabajar y mejorar gradualmente la economía en el sector agropecuario, en este caso de la provincia de Chimborazo. Se debe aclarar que todavía queda un arduo trabajo por realizar, ya que si bien las pautas para el sector productivo pueden estar instauradas, se debe profundizar en las diferentes realidades territoriales y los problemas que presentan en la diaria actividad. Finalmente se analiza información en base a datos estadísticos de los años en estudio, sobre los mercados rurales y el progreso que han tenido en materia económica con la ayuda de las políticas implementas. Los resultados del trabajo se examinan desde un análisis crítico sobre cómo las políticas públicas han generado un impacto económico positivo o negativo tanto a nivel nacional como específicamente en la provincia de Chimborazo.
Palabras claves: Políticas públicas - Impacto económico - Sector agropecuario – Provincia de Chimborazo.
ABSTRACT
The present work analyzes the agricultural policies of Ecuador and its influence on the economy of the population which carries out this activity, in Chimborazo province, allowing to know the Economic panorama that the agricultural sector has generated in the course of the last 10 years. The article breaks down first into a bibliographical historical contextualization about the public policies that have most influenced in the Ecuadorian territory, its advantages and disadvantages for the productive sector, in addition, the political change that generated the Government of the Citizen Revolution since 2007, whit the ideology of building the socialism of the 21st century and promulgating the philosophy of “Buen Vivir”, established from the perception of ancestral peoples, it is noted that a different process was established on the public policies, which together have allowed to work and gradually improve the economy in the agricultural sector, in this case in Chimborazo province. It should be clarified that there is still hard work to be done, although the guidelines for the productive sector may be established. The different territorial realities and the problems they present in the daily activity must be studied in depth. Finally, information is analyzed based on statistical data from the years under study, about rural markets and the progress they have made in economic matters with the help of the implemented policies. The results of the work are examined from a critical analysis on how public policies have generated a positive or negative economic impact both nationally and specifically in the province of Chimborazo.
Keywords: Public Policies - Economic impact - Agricultural sector – Chimborazo province.
Para citar este artículo puede uitlizar el siguiente formato:
Danny Guillermo Andrade Ulloa y María Fernanda Andrade (2018): "Análisis crítico sobre políticas públicas agropecuarias y el impacto económico en el mercado de los últimos 10 años estudio de caso Chimborazo – Ecuador", Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, (febrero 2018). En línea:
//www.eumed.net/2/rev/oel/2018/02/politicas-publicas-agropecuarias.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/oel1802politicas-publicas-agropecuarias
El presente trabajo investigativo se presenta como un análisis crítico comparativo entre las políticas públicas en el sector agropecuario y el ámbito económico de los pobladores de la provincia de Chimborazo; se exponen datos de los últimos 10 años, desde 2007 al 2017, en los cuales también se reconoce el período de Gobierno del expresidente, el Economista Rafael Correa, más allá del punto crítico sobre el aspecto político del país en los años de la llamada “Revolución Ciudadana”, se aborda el tema sobre la influencia de la visión del gobierno pasado, en la elaboración y ejecución de políticas públicas desde un enfoque social.
Uno de los principales entes reguladores de las políticas públicas agropecuarias en el Ecuador es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); éste organismo es el responsable de regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuícola y Pesquera, 2015). Cumple a la vez con los siguientes objetivos: promover la integración tanto en el sector público y privado, con la coordinación de acciones y servicios que permitan el desarrollo rural, rescate de saberes ancestrales, el crecimiento sostenible de la producción y de la agricultura familiar campesina; a través de las diferentes zonales distribuidas en el territorio ecuatoriano. Otro de los objetivos es impulsar la revaloración del agro ecuatoriano con la implementación de programas y planes de largo plazo, con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para el desarrollo del sector agroalimenticio (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013).
En cuanto al marco de la cooperación internacional con el MAGAP, se trabaja en conjunto con: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La FAO promueve una economía agrícola y de desarrollo mediante una coordinación de diferentes iniciativas que contribuyen a la investigación económica, análisis político y a la generación de herramientas que permitan la medición de la inversión pública y promuevan nuevas líneas de cooperación técnica. La FAO, ha prestado apoyo a los países miembros en la búsqueda de sendas eficaces, para poner fin al hambre y toda forma de malnutrición; mediante el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de políticas públicas que direccionen esfuerzos a la mejora progresiva de los sectores de alimentación y agricultura (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018).
Como se analiza en los distintos apartados del presente trabajo, se tiene en cuenta la influencia política en el sector agrario, más aún cuando hablamos de políticas públicas, que bien pueden estar formuladas para ser un óptimo aporte a la economía y desarrollo de todos los involucrados, pero, se demuestra también ciertas desventajas en el momento propio de la ejecución en el contexto territorial y con la población rural. El estudio de caso que se toma para el análisis propuesto, es en la provincia de Chimborazo; territorio con un total de 501.584 habitantes (proyección del INEC año 2015), y que aproximadamente el 64,75% de la población se dedica a la actividad agropecuaria.
Para iniciar el análisis sobre las políticas agropecuarias impulsadas por los gobiernos a través de los últimos 10 años, referiremos el estudio sobre “Políticas Públicas y Desarrollo Rural en el Ecuador”, en el cuál se identifica, el escenario político y agrario del país de los años 1980 al 2007, en este análisis se delimita el período en el que se evidencian constantes cambios en el sector político, por ello poco o mucho, se pudo definir en cuanto al desarrollo integral del sector agrario; de acuerdo con los autores Conforme & Buendía, los gobiernos han aplicado tres tipos de intervenciones: a) las acciones centradas en la ejecución de proyectos multisectoriales de Desarrollo Rural Integral durante los años ochenta; b) las acciones centradas en las inversiones sociales focalizadas durante los años noventa; c) las acciones centradas en los proyectos denominados de desarrollo local o desarrollo territorial (2015: 137-138). Sintetizando el contexto previo al año 2000, se entiende que en el país se elaboraron una serie de planes cada uno con su propia dinámica, resultando en un accionar desarticulado y un tanto fuera de contexto de la realidad nacional y de la planificación territorial que se debía aplicar en ese entonces.
No obstante, cabe mencionar que las políticas públicas y agrarias en el Ecuador presentaron un cambio trascendental desde la década de los 60, en donde se impulsó La Ley de la Reforma Agraria y Colonización de 1964 (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2015a: 45). Este fue un cambio sustancial en la administración de la agro-economía del país, en especial énfasis, para las poblaciones de las zonas rurales; sobre manera se debe saber que en la provincia de Chimborazo existe un gran número de pobladores indígenas, que habitan en las zonas rurales del territorio, representan aproximadamente el 38% de la población total (INEC, 2010a: 5), por ello al ser beneficiarios directos, tuvieron la oportunidad de generar sus propios ingresos económicos, a través de la producción agraria en las tierras que por derecho les correspondían y que desde hace mucho tiempo atrás ya se cultivaba, pero, sin percibir un buen redito económico por el trabajo.
Esquematizando el período de tiempo comprendido para el estudio de caso de la presente investigación, se indagó sobre las leyes que se efectuaron en los años previos, esto debido a que cada proyecto de ley cuenta con su propio proceso de formulación, discusión y aprobación, así como; el tiempo de vigencia de dicho proyecto, que al ser aprobados, tienen su período de ejecución y de ser necesario su derogación; ya sea por motivos legislativos, políticos o de temporalidad y funcionalidad. Siendo así, se debe analizar el contexto previo que da como resultado la continuidad de nuevas necesidades o problemas identificados en el territorio.
En 2004 se promulgo la “Ley de Desarrollo Agrario”, cuyo propósito fue “el fomento, desarrollo, y protección integrales del sector agrario, tenía como propósito garantizar la alimentación de todos los ecuatorianos e incrementar la exportación de excedentes” (Congreso Nacional, 2004: 2). Entre 2004 y 2005 se conservó el esquema de la política anterior, se mantuvo la participación en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y se solicitó entrar en negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio, alineándose con la política internacional. Este hecho se consideró perjudicial para pequeños y medianos agricultores locales. También se continuó con la integración a la Comunidad Andina y, en 2004, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela, acordaron el Programa Andino de Desarrollo Rural y Competitividad Agrícola.
En materia de política de precios, en 2004-2005, el gobierno prohibió la importación de productos agropecuarios (arroz, azúcar, maíz) basándose en una producción nacional que debía autoabastecer las necesidades del país. Para importar, las empresas industriales siendo necesario debían presentar las garantías bancarias por la compra del stock de producción nacional (Rosero, Carbonell & Regalado, 2011).
En 2005 se diseñó la “Estrategia Agropecuaria Ecuatoriana 2005-2015”. Sus directrices fundamentales continuaron la línea de política del primer quinquenio del siglo. En marzo de 2006 se formularon las “Políticas de Estado para el sector agropecuario ecuatoriano 2006-2016” mediante decreto ejecutivo número 1419 firmado por el Presidente Alfredo Palacio en mayo de 2006 (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2015b: 58).
En el año 2006 el acontecimiento más trascendental fue la suspensión de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC) y desde el 2007 con la entrada del Gobierno de la “Revolución Ciudadana”, se enfatizó en implantar cambios en las políticas agrarias, buscando reorientar la conducción de la política pública en la nueva Constitución, que a la par fuese aprobada un año después en Montecristi; mediante la misma se registraron las bases para que el Estado ecuatoriano recobre su rol regulador en los temas agropecuarios y se definió a la soberanía alimentaria como el eje principal de la política pública en el sector agropecuario.
En octubre de 2007 fue elaborado y aprobado el documento “Políticas de Estado para el agro ecuatoriano 2007-2020” introduciendo pequeñas variantes a la propuesta de política de 2006, sin re-direccionar la política en sí. De igual manera a partir del 2007, el Estado recobra su rol regulador de los mercados en el tema de comercialización, como lo regula el artículo 335 de la
Constitución de la Republica, que describe sobre los “intercambios económicos y comercio justo” determinando que “El Estado regulara, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional”. En este nuevo contexto constitucional se imprimieron las acciones en materia de comercio.
En 2009 la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, luego, entre 2009 y 2010, la política anunciada fue “Desarrollo del Buen Vivir Rural”, con énfasis en los medianos y pequeños productores, principalmente en la agricultura familiar campesina. Entre 2011 y principios de 2012, no se encuentran definiciones oficiales, estrategias explicitas ni intervenciones claras de política agropecuaria.
Más aún si se puede acotar que para el año 2011, la economía del sector agropecuario presentó un incremento considerable, en base a las cifras reportadas por el Banco Central sobre el Producto Interno Bruto (PIB), siendo del 8%, (Monteros & Salvador, 2015: 3) de acuerdo con el análisis sobre éste año, ésta cifra presentó un incremento debido a la serie de políticas en beneficio de la producción, como son los aspectos de: soberanía alimentaria, sustitución de importaciones, calidad y cambio de la matriz productiva.
Los instrumentos destacados según Monteros & Salvador (2015), fueron la implementación del Seguro Agrícola y el subsidio a la urea. A partir de mayo de 2012 se busca sentar las bases de la transformación productiva en el agro ecuatoriano. La anterior administración inicio su gestión identificando seis áreas de trabajo (rupturas) para transformar la agricultura ecuatoriana.
Se debe manifestar que el trabajo en materia de políticas y reglamentos, se trabaja en conjunto desde el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca y sus entidades adscritas: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, (UNA-EP), Instituto de Provisión de Alimentos (IPA); además de vincular al BanEcuador (ex Banco Nacional de Fomento), para facilitar los créditos en cuanto a inversión productiva agropecuaria.
En los años comprendidos desde 2013 a 2016 el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), tiene más presencia en el campo, los productores valoran la asistencia y se han extendido los servicios agropecuarios, conformados por; asistencia técnica al productor, modernización, ampliación y fortalecimiento de los servicios de almacenamiento de maíz y arroz, centros de acopio de leche, centros de abastecimiento bovinos, unidades móviles veterinarias, entrega de insumos, más de 48.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales registradas, almacenamiento de granos básicos, absorción de la cosecha para regular los precios al productor, etc.).
En el año 2017 el MAGAP, mediante Compromiso Presidencial Nro0093 se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina solicitada por el presidente Lenin Moreno y se formalizó el 19 de junio del 2017 (Clark, 2017).
Las políticas públicas en el sector agropecuario tienden a favorecer el modelo agroexportador, quedando la agricultura familiar relegada, a pesar de que, en términos de número de productores (30% del total) y superficie involucrada (33%), representa un porcentaje significativo (casi 682.000 unidades en 2006), así como en su aporte respecto de la producción de productos relevantes como la papa, la cebolla y la carne de ovino (Sabourin E., Samper, M., & Sotomayor, 2014: 191).
La Constitución del 2008 planteó la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), aprobada en 2010, que abre un espacio importante para la consolidación de pequeños y medianos productores rurales en su relación con la producción de alimentos y la conservación del medio ambiente, asegurando la continuidad de los programas Aliméntate Ecuador y el Bono de Desarrollo Humano (Asamblea Nacional, 2008).
La Estrategia Nacional del Buen Vivir Rural, impulsada desde la Secretaria Nacional de Planificación, privilegia la agricultura familiar como el sector clave para la solución de la pobreza y respeto a los derechos de la naturaleza en base a tres ejes: 1) el mejoramiento de la capacidad productiva para incidir en la economía territorial rural, 2) la sustentabilidad ambiental y 3) la disminución de la desigualdad social a través de las prácticas de solidaridad (SENPLADES, 2009).
El Plan Agropecuario 2006-2017, a pesar de distanciarse del modelo neoliberal, está orientado a políticas de fomento agropecuario para medianos productores y agro-negocios, compartiendo algunos elementos comunes con el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, como el recuperar la institucionalidad, la inclusión de los pequeños productores, la modernización tecnológica, la incorporación de campesinos a los mercados, la investigación, estándares de calidad y sanidad, y una relación más controlada con los mercados (Ministerio de Agricultura Ganadería Acucualtura y Pesca, 2014).
La provincia de Chimborazo fue creada el 25 de junio de 1824, está conformada por 10 cantones y 45 parroquias rurales, la población de acuerdo a las proyecciones para el año 2015 fue de 501.584 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010b).
El desarrollo territorial está frenado por varias características analizadas previamente como son: limitado desarrollo agropecuario, bajos niveles de rendimiento productivo, economía basada en el trueque, bajo nivel asociativo y de innovación, casi nulo nivel de encadenamiento, también en la provincia y en las zonas rurales en general se presenta un alto nivel de migración, pero, se puede apreciar potencialmente otras características favorables como son: el crecimiento de importaciones de productos que son aptos para ser producidos en el área, proyectos a favor de los poblados rurales del cantón Riobamba, mayor inversión en el área de conservación sustentable de las zonas para el cultivo y mejoramiento de las semillas, igualmente se ha evidenciado mejor capacitación por parte de técnicos el Ministerio hacia los pequeños productores.
El proporcionar infraestructura adecuada como carreteras, riego, mercados de comercialización, etc., para potencializar la agricultura en la provincia de Chimborazo ha sido un objetivo fundamental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, y es así que se han incluido en la agenda productiva de la provincia las cadenas productivas de determinados productos y poder obtener los máximos benéficos de este sector (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, 2015a), desde esta perspectiva, las políticas públicas de desarrollo con enfoque agrícola deben ser integradoras y lograr condiciones que beneficien al sistema agrícola en su conjunto.
En la provincia de Chimborazo existen 19 proyectos en proceso y ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial (Dávalos, C., & Pontón Chapalbay, 2015):
La inclusión de personas campesinas en proyectos de asociación conlleva al trabajo conjunto de los beneficiarios, los mismos que motivados por la inversión pública hacía su sector ejecutan las acciones apropiadas para la producción agrícola, sin entender el grado de beneficio que estos proyectos pueden generar en el mediano y largo plazo; la carencia de información financiera y el acervo conceptual adecuado impiden comprender el verdadero fin de la inversión público privado (Castillo, 2011: 10).
Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo (2015b), el no contar con una herramienta de evaluación financiera de los proyectos sociales ocasiona que los recursos orientados hacia el fomento agrícola no generen el impacto esperado en la economía del sector, ya que la población beneficiada por la inversión pública no asimila la rentabilidad financiera que puede llegar a tener.
En Chimborazo se ejerce la agricultura como principal actividad económica, el 64,75% que representa el sector primario; en el sector secundario existen 28.778 habitantes como oficiales, operarios y artesanos, representando el 60,22% del total. En el sector terciario son los trabajadores de servicios y vendedores quienes aportan más a este índice, siendo 14.327 habitantes, correspondiente al 30,96% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010c).
Andrade (2017: 20) menciona que en Chimborazo la superficie de uso agrícola es 12,8% bajo cultivos transitorios y el 0,48% bajo cultivos permanentes; el 43,67% están destinadas a pastizales tanto cultivados como naturales y el 3,15% se encuentra en descanso. El área agropecuaria restante de la provincia, es decir el 39,9%, se reparte entre 100.224 hectáreas de páramo, 77.848 hectáreas de montes y bosques y 7.327 hectáreas para otros usos. La agricultura, caza y silvicultura representan el 14% de la producción bruta provincial.
Chimborazo tiene aproximadamente 471 mil hectáreas que representan el 4% del territorio a nivel nacional. Un 10% de esta superficie se dedica a cultivos transitorios, el 11% a siembra de pastos y sólo el 1% (5.6 mil hectáreas) está destinada a cultivos permanentes. La provincia concentra un alto número de pequeños productores (de menos del 10% de hectáreas), con alrededor de 59% de productores de esta categoría a nivel nacional.
La producción de la provincia es para consumo interno, lo que principalmente se cosecha es: papa: 7.861ha, maíz suave (choclo): 4.551ha, cebada: 4.412ha, fréjol: 1.835ha, trigo: 1.529ha, quinua: 2.000ha, chocho: 1.012ha. En cuanto a producción pecuaria se tienen los siguientes datos: 461.061 litros de leche diarios, con un promedio de 5,89 litros vaca/leche/día y 78.219 vacas ordeñadas diariamente.
Una obra valiosa del año 2013, fue que se incrementaron 5.900ha de quinua, beneficiando a más de 5.000 productores, para lo cual se repotenciaron dos plantas de acopio (una en Colta-Chimborazo y otra en Imbabura). Además se distribuyeron 45 trilladoras que permiten facilitar el proceso de post cosecha de este grano andino logrando un incremento de la productividad de 0,7 a 1.20 Tm/ha con semilla certificada INIAP. Durante 2014 se generó una producción de 8.640 TM incrementando el volumen de exportaciones por 484 TM, lo que representa 2'179.390 dólares de ingresos (MAGAP, 2015: 94).
Cabe destacar también que el brócoli y la quinua están siendo exportados en una pequeña cantidad por la exportadora Sumak Life de la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), ésta fundación trabaja con 500 productores de quinua orgánica certificada, éste proyecto inició en 1998 con 60ha del cereal; en la actualidad tiene 400ha. Patricio Juelas, gerente, explica que comenzaron exportando 27 toneladas. Ahora, se envían 450 toneladas al año, es decir, el 70% de la producción nacional a Estados Unidos y Alemania (Banco Central del Ecuador, 2016), también 9000 pieles en crudo son distribuidas a las curtiembres de Ambato y de Cuenca. Según la Cámara de Industrias, el 37% de la producción agrícola que abastece al país, proviene de la provincia de Chimborazo.
La actividad agrícola de la provincia se basa en nueve productos que representan el 8% de la producción, entre esos encontramos: leche, cebada, maíz, sub maíz suave seco, papa, haba, maíz suave, choclo y trigo; los cuatro primeros representaron el 80% de los ingresos totales de la provincia. La producción tiene una alta orientación al autoconsumo, en especial en el grupo de pequeños trabajadores.
Existen además otras fuentes de ingreso agropecuario, como la presencia de las plantas pasteurizadoras para entregar su producción a los consumidores finales, éstas se basan en un modelo de distribución relativamente complejo; se han identificado cinco niveles en la cadena: productores, intermediarios, procesadores, comerciantes y mercados (Enríquez, 2015: 15). Los campesinos asocian sus actividades agrícolas con la ganadería, la cunicultura y la producción avícola, ovina, y porcina.
Los métodos de cultivo en Chimborazo son convencionales y tradicionales con labranza mecanizada, en algunas áreas y utilización de maquinaria agrícola para la preparación del suelo. Existen herramientas como trillas, motocultores, etc. que, si bien simplifican el trabajo de los agricultores, todavía son rudimentarias en comparación con el avance tecnológico de otros países (El Telégrafo, 2016).
El gobierno dentro de sus estrategias económicas ha facilitado el acceso a los créditos productivos, por medio del fortalecimiento de las finanzas rurales y la institución financiera como es el BanEcuador, que trabaja como dinamizador de la economía y fuente principal de créditos para los campesinos. Un punto externo pero, igual de relevante para considerar la económica agropecuaria de los territorios comprendidos en la provincia son; los posibles riesgos naturales, como la amenaza adversa que representa la caída de ceniza del volcán Tungurahua, que afecta directamente a los pobladores y los sembríos, también las heladas, ya que por el continuo cambio climático destruye los sembríos de forma significativa (Jiménez, S., Castro, L., Yépez, J., & Wittmer, C, 2012), estos factores de riesgos son considerados al momento de otorgar un crédito para la población interesada por ello, se facilita una serie de procesos técnicos de garantías y prorrogas para poder asumir el costo total de perdida y de mora con la entidad.
En los últimos años, Ecuador ha soportado variaciones climáticas importantes que han causado impactos sociales, económicos y ambientales. Los problemas más comunes son las frecuentes sequias (Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo), e inundaciones (Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja). Se espera en un futuro cercano que exista una mayor frecuencia de eventos extremos, como el caso de sequias prolongadas, lo que conllevara a la disminución de la producción agrícola en varias regiones del país (Ryan, 2012: 18). La información detallada permite conocer que, en la provincia de Chimborazo se está trabajando en fortalecer el sector agrario y pecuario, ya que estas actividades productivas están visualizadas como uno de los ejes principales de desarrollo del sistema económico territorial, a la vez proporciona un alto abastecimiento de alimentos para gran parte del país. Generando oportunidades de empleo a los pobladores del sector, caso específico el de la producción de quinua para la exportación, esto refleja en los agricultores más esfuerzo por obtener un producto de calidad con certificaciones, que lo convierte más interesante y amigable con el ambiente.
El desarrollo del sector agropecuario en la provincia de Chimborazo, está enfocado como una actividad que genera fuentes de recursos para el progreso de los sectores pero, la mano de obra barata, las divisas mal estipuladas y los ahorros económicos disgregados, conllevan a ser apreciado como una actividad que no brinda las oportunidades para generar un desarrollo sostenible para los poblados, desde esta concepción las zonas rurales de Chimborazo no pueden acceder a un estilo de vida adecuada que les facilite satisfacer las necesidades básicas y después del análisis propuesto la agricultura constituye la tercera actividad económica, detrás del sector de comercio.
La diversidad de políticas y programas agrícolas, se enfocan en lograr el apoyo al precio de mercado, a través de medidas en frontera, basado en la ayuda al productor para que comercialice sus productos. El sector agrícola y ganadero que se dedican a estas actividades, presentan desconocimiento al momento de elaborar los costos finales de sus producciones, generando una mala organización en los gastos de producción y calculando el precio base para dar al consumidor, sólo para lograr un margen de utilidad mínimo en la comercialización, dando como resultado que los productores abandonen las tierras, por la mala administración de los ingresos económicos que deben percibir.
Las políticas públicas ecuatorianas agropecuarias, buscan romper el modelo agrario que se concentra en la generación de ingresos en un solo grupo, con un monopolio estructurado, y en condiciones laborales no optimas, que no ha ayudado a disminuir la pobreza dentro de la provincia y principalmente en las pequeñas comunidades que se dedican a la actividad.
La política aplicada en la provincia se basa en el propósito de disminuir la pobreza y la pobreza extrema, como la desigualdad socioeconómica, pretendiendo que los residentes en el campo logren una mejor calidad de vida, centrándose en lograr la seguridad y soberanía alimentaria en el presente y futuro, como se especifica en los Artículos 281 y 282 de la Constitución del 2008, con el enfoque de lograr que los pueblos alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, con el objeto de lograr el uso y acceso a la tierra con los principios de sociales y ambientales, evitando así la concentración económica a un solo sector y dando facilidades para la adecuada producción.
La soberanía alimentaria en la provincia se ha propuesto en reconocer una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades, vinculada al territorio, orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados; una agricultura que tome como preocupación al ser humano, que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural, a la vez valorice las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales que proporcionan las agriculturas en pequeña y mediana escala, sobre todo las familiares, campesinas e indígenas.
Al lograr establecer un desarrollo agrícola en base al Buen Vivir y centrados en el trabajo de los factores de producción, el modelo económico que sigue permaneciendo en mayor poncentajes es el agro–industrial, extractivista; sin lograr que el modelo plurinacional prevalezca en Chimborazo. Una crítica del modelo liberal, al implementar el Sumak Kawsay, han existido sectores, que lograron mejorar la economía, pero todavía persisten desventajas políticas al igual que un monopolio establecido, en lo cual, la provincia no ha logrado constituirse. Lo que se necesita lograr es trabajar por los lineamientos formados, rompiendo el modelo agrario pre establecido y poniendo a las políticas públicas como medios para el crecimiento del mercado agrícola en la provincia.
Fundamentados en estos lineamientos, la prefectura de la provincia se ha concentrado en cumplir con las políticas públicas sectoriales, establecidas con el fin de lograr estructuras a nivel interno. La estructura se basa en el conjunto de características de las unidades de producción en materia de combinación, tanto cuantitativa como cualitativa, como son los factores de la producción agrícola: tierra, trabajo, capital y tecnología. Con el apoyo de las políticas se trabaja en conjunto para incrementar las exportaciones de los productores de la localidad, después de varias políticas analizadas, se descubre que estarían en vigencia en un porcentaje no superior al 15%.
Entre el año 2007 y el año 2013 la agricultura ocupó entre el 70% y 62% de la población económicamente activa rural. Ahora bien, en términos porcentuales anuales, se nota un decrecimiento para el año 2013 ya que fue el 62%, la razón más argumentada, por diferentes autores, es debido a la migración anual, que incrementa desde el sector rural, hacia las zonas urbanas del país.
Otros datos importantes que se presentaron en el lapso de los años 2007 al 2011, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el cual manifiesta que; se tuvo un egreso para desarrollo agropecuario del 15%, pero, la cifra representativa corresponde al inicio de éste periodo, ya que de acuerdo a la investigación propuesta por la autora Suárez, se observa que en el 2007 la inversión fue del 98,46%, en comparación con el año 2011, que bajo al 7,15% (2014: 91).
Sobre el tema de inversión en sector agropecuario, de acuerdo con los autores Flores, Gonzáles & et., al., (2016), coinciden en su investigación sobre “Administración de Proyectos Productivos y Sociales en el Ecuador”, en especial énfasis en las zonas productivas de Chimborazo; que en el territorio se evidencia una inversión considerable para proyectos de desarrollo, pero los mismo carecen de organización, planificación y seguimiento desde el momento del estudio de factibilidad, aquí denota el profesionalismo con el que se trabaja al realizar consultorías o estudios preliminares. En cuanto al aporte económico de parte de entidades públicas para el sector agropecuario, el actual BanEcuador y ex Banco Nacional de Fomento, proporciona una serie de créditos con ciertas garantías para el sector productivo mencionado, en base a los análisis de la autora Pino (2015: 72), se registró un aumento en los créditos durante el periodo 2007 – 2014, sin embargo, aunque el sector agropecuario presenta grandes beneficios al momento de hacerse efectiva la cosecha, también se debe mencionar los problemas relacionados a los riesgo de las amenazas ambientales, produciendo una pérdida significativamente grande para el territorio de Chimborazo, tal como lo expresan los autores Jiménez, Castro, Yépez, & Wittmer (2012).
Ahora bien para conocer el panorama productivo y económico del año 2017, se indagó sobre los precios de los productores, a través del Boletín de Precios al Productor, información de libre acceso proporcionada por el MAGAP. Se conoce que en el año 2017, hasta el mes de agosto dato de la última actualización de la plataforma en línea, en la zona 3 correspondiente a la provincia de Chimborazo, se evidenciaron los siguientes valores: de acuerdo con el IPP (Índice de Precios de los Productos), los productos que contribuyen en la tendencia al alza o baja nacional, fueron el plátano dominico y el brócoli.
El precio promedio del plátano fue de USD 3,33 presentado una variancia positiva del 19%, por otro lado el precio del brócoli presentó una subida de USD 0,04 factor que se debe a la disminución de la cantidad cosechada en las zonas de producción de Chimborazo (MAGAP, 2017: 1).
En cuanto a los principales productos zonales con tendencia a la baja se observó que fueron: papa súper, chola, cacao CCN51 y cacao fino de aroma, esto debido a que se ha tomado medidas de control de la oferta. En resumen sobre los precios del productor al mes de Agosto 2017, se presentó un alza en cinco principales productos del territorio, de acuerdo al informe, esto se debe al comportamiento normal de la oferta y demanda. Sin embargo acotando este último dato, se puede justificar que los precios siempre están fluctuando por un singular caso que es la sobreproducción, y bien se razona que ha mayor sobreproducción menor precio de comercio del productor al mercado y así sucesivamente con los intermediarios (MAGAP, 2017: 2).
Además, los mediadores son un problema específico y una debilidad en la parte final de la comercialización de los productos, porque, si bien es necesario el trabajo de comercialización por parte de diferentes actores involucrados, el problema radica en la variación de los precios de un intermediario a otro, dejando relativamente bajo el precio estimado del principal productor, no siempre se presentará ésta particularidad, pero, en el mayor de los casos, los precios de los productores se ven afectados por el número de intermediarios que actúan en el proceso (MAGAP, 2014).
Se debe acotar que en el territorio correspondiente a la provincia de Chimborazo, la producción agrícola es una de las actividades productivas principales de la población, sin embargo el dinamismo de la producción ha disminuido poco a poco a través de los años, varios autores concuerdan que este proceso es debido a la migración interna, así como factores económicos internos y externos que influyen directa e indirectamente en la actividad (Chancusi D & Chancusi L, 2014: 2). Uno de los sectores que el gobierno debería impulsar con mayor ímpetu en el sector es la inversión en la industria, debido a que, en el país se consumió muchos productos terminados con materia prima ecuatoriana y si esto se efectuara, se lograría mayor ingresos para este sector (Suárez, 2014:128).
La población de la provincia de Chimborazo se dedican en un 21,5% a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y los ingresos que perciben los actores involucrados que realizan estas actividades es el 7,4% aproximadamente, es decir, no existe un redito económico relativamente sustancial, que permita que el sector siga progresando y buscando nuevas alternativas de desarrollo dentro de la actividad agropecuaria.
Las políticas agropecuarias impulsadas en la década del 2007 al 2017, tuvieron varios aportes sustanciales en materia de re-direccionamiento de los recursos y fondos públicos para el sector productivo agrario y pecuario además enfatizando la soberanía alimentaria por sobre la producción económica. Al conocer también el accionar del gobierno predecesor, se entiende que buscó mayores réditos y acogida en el sector rural, facilitando un sin número de créditos, pero, se evidenció a través del estudio que existe un alto índice en créditos vencidos; sin escatimar que el alza y baja de la economía, fluctúa considerablemente debido también a la influencia internacional de la economía a nivel mundial.
Refiriendo con el tema en desarrollo, sobre las políticas públicas en el sector agropecuario, se puede argumentar que muchas de las bajas económicas en éste ámbito, son debido a la falta de seguimiento y monitoreo de proyectos productivos en el territorio de Chimborazo, puntualizando a la vez que, varios han sido los logros alcanzados, (como se demuestra en el análisis sobre los proyectos en ejecución en la provincia) sin embargo, se debe aprovechar las políticas en ejecución y los proyectos ya delimitados por el MAGAP, para dar una mejor atención y seguimiento al pequeño y mediano productor, por ejemplo en materia de capacitaciones sobre: productos aptos para la siembra en determinados pisos altitudinales, mejor administración de los ingresos y egresos al momento de comercializar, parcelas productivas entre los mismos miembros de una comunidad, etc., entre otros temas de igual relevancia para ser abordados por los técnicos hacia la población que podría obtener un mejor rendimiento productivo en las localidades.