ECONOMÍA POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL E INTERNACIONAL
 

José Gpe. Vargas Hernández
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
jvargas2006@gmail.com

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo analizar el concepto actual de la economía política ambiental a partir de la comprensión como fenómenos evolutivos de la racionalidad instrumental a la racionalidad política de los problemas ambientales. Se revisan brevemente las perspectivas de la política económica ambiental desde los votantes o electores, grupos de interés y desde la valoración normativa de la democracia para posteriormente entrarse en la racionalidad de la política ambiental. Finalmente se analiza la economía política ambiental global e internacional.

Palabras clave: Política, economía, ambiente, global, internacional.

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Las consideraciones ambientales y políticas afectan las leyes humanas y el desarrollo económico. Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, hay preocupación por la expansión económica de la economía mundial que causa daños irreparables a nuestro planeta.

La inextricable combinación de las fuerzas políticas, económicas y ambientales se expresan en la economía política ambiental.

2. Concepto de economía política ambiental

La economía política ambiental es el enfoque en análisis económico de los procesos a través de decisiones políticas relacionadas con la protección ambiental. La política económica ambiental es un área mayor de las políticas de desarrollo en la teoría económica cuyos efectos a corto y a largo plazo tienen un profundo impacto en el desarrollo humano. La política económica ambiental desarrolla métodos e instrumentos para el tratamiento de los problemas ambientales globales.

Desde un punto de vista normativo, la economía política ambiental se relaciona con la creación y la atribución del valor. La economía política ambiental trata de internalizar las externalidades e incluir externalidades en los análisis de políticas públicas, lo cual permite enfocar los costos ambientales y sociales actuales de una política económica expansiva. En la economía política ambiental, los levantamientos sociales son consecuencia de que los problemas ambientales y sociales son razonablemente tratados (Hawken, Amory and L. Hunter (1999: 322).

La economía sustentable requiere el desarrollo de economías locales diversas que incluye los aspectos ambientales en forma democrática, transparente y con la plena participación de las comunidades involucradas. La economía sustentable implica la participación de una diversidad de actores y agentes económicos locales coordinados bajo estrategias de diversidad económica que requieren mecanismos de decisión democráticos y participativos. Esta diversidad económica comparte metas económicas, sociales y ambientales.

Las políticas ambientales que definen las relaciones del hombre con el medio ambiente, incluyen las reglas que afectan el uso de los recursos naturales.

3. La nueva política ambiental de los viejos problemas ambientales

Las principales tradiciones del pensamiento se han ocupado de la economía política del medio ambiente, y más recientemente, las corrientes del pensamiento crítico y marginal en ecología política y economía ecológica. Diferentes prácticas de economía política buscan describir, valorar, apropiarse y transformar el medio ambiente. Las políticas ambientalistas son una forma relativamente reciente de tratar de solucionar a los viejos problemas ambientales que ya se dan cuenta desde las más antiguas sociedades.

En las sociedades antiguas, los fenómenos naturales tuvieron una importancia central en su desarrollo. Ya el Código de Hammurabi en 1700 antes de Cristo, regulaba el cuidado y uso del agua de las presas para el riego. Aristóteles hace notar de la importancia de la calidad ambiental para el bienestar de los ciudadanos de una comunidad (The Politics, 1969 p. 278).

El significado de economía política se identificó con el estudio de la economía en general hasta principios del Siglo XX en que se constituyó en un campo especializado de la economía que se ocupa de los procesos de toma de decisiones políticas. La economía política ambiental emerge conjuntamente de las dimensiones conceptualmente interrelacionadas del grado y forma de actividad gubernamental y el nivel de responsabilidad del gobierno (Stavins, 2004, p.1).

En la década de los setentas del siglo pasado, el análisis de los recursos naturales y del medio ambiente lo realizaron la Fundación Bariloche en Argentina y el Club de Roma preocupados por los problemas del desarrollo, el crecimiento demográfico y la pobreza. El Informe Founes de la reunión técnica celebrada en Suiza en 1971 categoriza la problemática ambiental de los países desarrollados y en desarrollo.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo cuestiona el modelo de desarrollo económico depredador de los recursos naturales y degradador del medio ambiente. Esta conferencia determina que el subdesarrollo es la principal causa de los problemas ambientales de los países en desarrollo. La miseria como la principal causa de la contaminación da lugar al ecodesarrollo que considera que el desarrollo económico y el medio ambiente son dos caras de un mismo problema por lo que cada eco región debe tener la capacidad natural para aprovechar sus recursos naturales para satisfacer las necesidades de su población y de las ecotecnias para producir satisfactores. La UNESCO y el PNUMA en 1974 criticaron el modelo de desarrollo dominante y propusieron un modelo alternativo.

En 1983, la ONU establece la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que en 1987 emite el Informe Brundtland Nuestro Futuro Común que delimita el crecimiento a los límites de los recursos naturales disponibles en el planeta. Los recursos naturales son finitos y constituyen un factor limitante del desarrollo en el Siglo XXI. El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades (Informe Brundtland, 1987). El desarrollo sustentable retoma los principios del ecodesarrollo apoyado en elementos teórico metodológicos de la economía que propone para garantizar el disfrute de recursos naturales a las generaciones futuras, la modificación de pautas de consumo

En las últimas dos décadas los intereses han crecido en instrumentos de política ambiental basadas en el mercado y análisis de costo beneficio de políticas propuestas y aplicadas. El sistema ha evolucionado de uno que ignora costos y se confía exclusivamente en controles directos a uno que explícitamente considera beneficios y costos y da una considerable atención a los instrumentos basados en el mercado. En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sustenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con indicadores de ingreso nacional, esperanza de vida y grado de educación.

La Cumbre para la Tierra celebrada en Brasil en 1992, suscribe la Agenda 21 como marco de referencia para determinar las políticas gubernamentales y empresariales. El PNUD sostiene como principio del desarrollo humano sustentable, la protección de los recursos ambientales, es decir el conjunto de recursos naturales y sociales, dejando que cada país fije sus prioridades por sobre el crecimiento económico. La Carta de la Tierra sustenta el respeto y cuidado de la comunidad de la vida con fundamentos en la integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz.

En el 2002, la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sustentable evalúa los avances de la Agenda XXI, su cumplimiento, instituciones y medios de ejecución que se han convertido en un debate actual.

La ciencia ambiental es un campo relativamente nuevo que relaciona las teorías de muchas otras ciencias. Los economistas han influido en la política ambiental de tres maneras: defendiendo el uso de particulares instrumentos de políticas, desarrollando métodos mejorados para analizar los costos y los beneficios y analizando la economía política de las políticas ambientales.

En los últimos años, varios estudios señalan la relación de U invertida existente entre la escala de la actividad económica y el nivel de contaminación, denominada como “Curva ambiental Kuznets”, lo que implica que en bajos niveles de ingreso per cápita, las emisiones o concentraciones per capita tienden a incrementarse a menor ritmo de tal forma que cuando el ingreso per cápita se incrementa, en cierto nivel la contaminación empieza a declinar. Simon Kuznets encontró esta relación entre la desigualdad del ingreso per capita y los niveles de contaminación, dependiendo de diferentes factores, tales como el tamaño de la economía, la estructura sectorial, la composición de la demanda de energía, la tecnología, la demanda de la calidad ambiental, el nivel de gastos de protección de la calidad ambiental, etc.

La explicación de la U invertida de la relación de Kuznets son los niveles de crecimiento económico desde un estadio de economías basadas en la agricultura a la industria y post-industriales centradas en sistemas de servicios. Así, el comportamiento de la curva de Kuznets es un efecto del ingreso que resulta en la protección medio ambiente. Más que ser una consecuencia del crecimiento económico, la curva de Kuznets es una consecuencia de elección de prioridades, por lo que los aspectos de educación ambiental es un factor importante. (Selden and Song, 1994; Cole;, Rayner, and Bates, 1997)

A pesar de pocos éxitos notables, la influencia de los economistas en las políticas ambientales ha sido modesta hasta la fecha. El acercamiento económico ha ganado significativo movimiento en la comunidad de políticas, pero no ha resultado en mejores políticas públicas. La razón es que el mundo real de la formulación de las políticas enfrenta serias limitaciones de economía política que afectan el diseño e implementación de instrumentos y procesos de análisis económico. Para los economistas resulta crítico mejorar el entendimiento de las limitaciones políticas, de tal forma que pueden diseñar políticas públicas que son más realistas u eficientes.

Boyer and Laffont (1999) desarrollaron un modelo de economía política formal que compara dos instrumentos estilizados: Un estándar uniformizado y un instrumento más flexible que varía el estándar entre las empresas. En contraste con la teoría de estándar, identifican las condiciones bajo las cuales el estándar uniforme es más eficiente que la política flexible.

4. De la racionalidad instrumental a la racionalidad política de los problemas ambientales

En contraste con el enfoque económico de la globalización, la corriente ambiental, pone a la naturaleza por encima de la economía y cuestiona las prácticas actuales tanto económicas, políticas y sociales. El enfoque ambiental señala la necesidad de un cambio total en la forma de regir las cosas por el valor intrínseco que la naturaleza tiene.

La perspectiva económica provee claridad respecto a las causas y consecuencias de la degradación ambiental y por tanto iluminación sobre las intensiones de las políticas públicas para proteger el medio ambiente, lo cual es cierto tanto en las estimaciones positivas y normativas de las políticas ambientales. La perspectiva económica sustituye perspectivas legítimas de la ley y las políticas ambientales, ya sea que se fundamenten en las ciencias naturales, en la ética o en otras ciencias de las que la perspectiva económica es un complemento. Entre más atención se les ha dado a los temas ambientales, más consideración tienen los temas de eficiencia, efectividad de costos, equidad distribucional de leyes y regulaciones que intentan proteger el medio ambiente.

Por ejemplo, desde el punto de vista de la economía política ambiental, en la regeneración de la naturaleza hay un valor de economía no natural en el trabajo humano que induce a una biomasa incrementada (Leff, 2000) porque está creando el hombre en la naturaleza. Este valor sólo puede existir en la economía humano-social pero que implica indirectamente una potenciación de una fuerza productiva del rescate de la naturaleza (Torres Carral, 2006:202). Si a un producto se le agrega un porcentaje para la restitución del recurso natural, se consolida la actividad y se aumenta el interés en conservar el recurso ambiental.

La eficiencia económica medida como la diferencia entre beneficios y costos es uno de los criterios para evaluar las regulaciones ambientales, de salud y seguridad. A pesar de que la eficiencia económica requiera que los estándares se establezcan al nivel que maximizan las diferencias entre los costos y los beneficios, es un acercamiento que raramente se toma en la política pública actual a pesar de que existe un debate sobre cómo se establecen actualmente las normas ambientales.

Hace más de cien años, Vilfredo Pareto (1896) enunció el criterio normativo para juzgar si un cambio social posiblemente inducido por una política social, hace el mundo mejor. El cambio es una eficiencia de Pareto si al menos una persona mejora y nadie empeora. Virtualmente ninguna política pública aprueba el criterio normativo de Pareto, ya que inevitablemente hay algunos en sociedad que empeoran en cualquier cambio concebible.

En esencia, el criterio de Kaldor-Hicks provee la racionalidad para el análisis de costo beneficio y para el descuento. Cincuenta años después de Pareto (1896), Nicholas Kaldor (1939) y John Hicks (1939) postularon un criterio más pragmático que busca identificar las mejoras potenciales de Pareto: un cambio se define como una mejora de bienestar si aquellos que ganan del cambio pueden compensar a los perdedores con al menos un ganador que todavía mejore. The Kaldor-Hicks criterio que prueba que si los beneficios sociales totales exceden el total de los costos sociales, es el fundamento teórico para usar como instrumento analítico el análisis del costo beneficio o valor presente neto.

Ni el criterio de eficiencia de Pareto ni el criterio de Kaldor-Hicks llama por apoyo de cualquier política por la cual los beneficios son más grandes que los costos. Más bien, la clave es identificar la política por la cual la diferencia positiva entre los beneficios y costos es mayor, de otra forma sería posible identificar cualquier política que represente el potencial de una mejora de Pareto. El criterio Kaldor-Hicks es más práctico que el criterio estricto de Pareto, pero su normatividad es menos sólida y ha sido atacada. A pesar de la teoría económica básica (utilidad) que pone al bienestar individual como una función de la satisfacción de preferencias individuales, esta noción se debate en otras disciplinas como la filosofía y la psicología.

Los problemas ambientales se consideran que son problemas económicos derivados de las externalidades que pueden solucionarse como si fueran transacciones del mercado (Coase, 1960). La calidad ambiental es naturalmente el resultado de los mercados competitivos, un posible papel surge de la regulación gubernamental. La competitividad es el principal objetivo de las políticas económicas neoliberales. La solución tradicional teórica al problema de la externalidad se pensó que era forzar a los actores privados para que internalizaran los costos de sus acciones. Arthur Pigou en The problem of welfare (1920) propuso que el gobierno debería imponer impuestos en las emisiones iguales a los costos de los daños relacionados a un nivel eficiente de control.

No obstante la coordinación de estas actividades requieren de toma de decisiones colectivas y de recabar contribuciones (Congleton, 2006). Estas actividades colectivas asocian bienes públicos y problemas políticos por la falta de incentivos para solucionarlos (Olson, 1965). Las recompensas para los servicios públicos tienden a ser menores que los generados por el mercado, por lo que estos últimos tienden más a solucionarse.

Las políticas gubernamentales sobre el cuidado y protección del medio ambiente afectan los costos organizacionales, la aplicación de contratos y la propiedad, posesión y administración de los recursos. Desde la perspectiva de la economía política del ambiente se revisan las formas particulares de los arreglos de propiedad completos con las cuestiones de calidad de vida y propiedad del trabajo como inherentemente constitutivo de la degradación ambiental.

Los recursos naturales pueden ser de propiedad y administración privada, de propiedad y administración colectiva o privados y públicamente administrados en una multiplicidad de arreglos (Ostrom, 1990). La economía política ambiental demuestra mediante la comparación analítica de la “Tragedia de los comunes” las consecuencias de las diferentes formas de propiedad y tradiciones de derechos. Las políticas de los derechos de propiedad asociados a los problemas ambientales son analizados bajo el esquema de la tragedia de los comunes (Demsetz, 1967) para evitar el sobreaso de recursos naturales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, o la sobre protección de la naturaleza de los usos económicos evitará un sano crecimiento económico.

Las decisiones hechas ahora tienen impactos ahora y en el futuro. Mediante el principio de precaución se protege a las generaciones futuras de impactos inciertos no deseados sobre los recursos del ambiente naturales y sociales. Muchos de los impactos futuros son mejoras inducidas por las políticas y en este contexto, los beneficios futuros al igual que los costos de las políticas, son descontados. Conceptualmente el análisis empírico de costos – beneficio descansa en la disponibilidad de estimaciones confiables de beneficios sociales y costos, incluyendo estimaciones de la tasa de descuento social. Llevar a cabo los análisis de costo beneficio o de valor presente neto, requiere descontar los impactos futuros en valores equivalentes que pueden ser comparados.

La elección de la tasa de descuento puede ser particularmente importante en el caso de los problemas ambientales con largos horizontes de tiempo, tales como el cambio climático global Escoger la tasa de descuento a ser empleada en un análisis puede ser difícil, particularmente cuando los impactos se desparraman en varios años que involucran tiempo de más de una generación.. La tasa escogida puede tener un efecto significativo si hay muchas diferencias entre las políticas en el tiempo de los beneficios y costos. En general, beneficios y costos deben ser descontados a la tasa de descuento social, la valuación relativa puesta por la sociedad en el consumo futuro sacrificado en el presente.

En teoría, la tasa de descuento social puede ser derivada agregando las tasas de preferencias de tiempo individual de todas las partes afectadas por la política. Bajo condiciones idealizadas, la tasa de interés del mercado refleja la tasa marginal de preferencias del tiempo de los individuos, pero la presencia de impuestos, riesgo, restricciones de liquidez, limitaciones de información y otras imperfecciones significa que la tasa de descuento social no es reflejada por la tasa particular del mercado.

Entre otros principios generales, es adecuado emplear la misma tasa de descuento para los beneficios y los costos. Si las inversiones de capital privado son desplazadas por los proyectos públicos, deben tomarse en cuenta en estimaciones de los costos y beneficios futuros previos al descuento. Las estimaciones de los beneficios y costos futuros pueden ser inciertos e involucran riesgos por lo que requieren ajustarse a través del uso de equivalentes de certeza, pero la tasa de descuentos por sí misma debe ser cambiada para tomar en cuenta los riesgos o incertidumbre. Los análisis de sensibilidad usando y tasas de descuento alternativas deben ser llevadas a cabo.

La economía ambiental es un campo que no se ha enfocado en las complejidades del diseño e implementación de instrumentos basados en el mercado y hay una falta general de entendimiento en la comunidad de las políticas del acercamiento económico a la protección ambiental. Los formuladores de políticas cuestionan las formas de involucramiento del gobierno y los instrumentos que deben usarse una vez que las metas y las normas de las políticas ambientales se establecen.

Los economistas argumentan a favor de instrumentos basados en el mercado, tales como los impuestos a la contaminación y permisos negociables más que instrumentos de comando y control como el diseño de normas que requieren el uso de tecnologías particulares y estándares de desempeño que prescriben la cantidad máxima de emisión de contaminantes. Los instrumentos basados en el mercado son efectivos en costos, minimizan los costos agregados de lograr cierto nivel de protección ambiental y proveer incentivos dinámicos para la adopción de más baratos y mejores tecnologías de control. No obstante las ventajas, los instrumentos basados en el mercado se han usado menos frecuentemente que los estándares de comando y control.

Las empresas prefieren la regulación directa en forma de cuotas de emisiones por sobre los impuestos, ofreciendo una explicación por la prevalencia de instrumentos de comando y control, a pesar de conocer la efectividad de los costos de los instrumentos del mercado. La actual práctica diverge considerablemente de los instrumentos ideados por los teóricos. A pesar de las ventajas de la efectividad de costos y la eficiencia dinámica asociada con los instrumentos de políticas basados en el mercado, estos acercamientos a la protección del medio ambiente, se usan en menor grado comparados con los convencionales instrumentos de comando y control.

Un modelo nacional de toma de decisiones relacionada con las normas ambientales que demuestra las diferencias anticipadas en parámetros entre regímenes autoritarios y democráticos afecta las elecciones en el control de la contaminación. Congleton (1992) demostró que los autócratas tienen un costo relativamente mayor y seleccionan normas ambientales más laxas que en los regímenes democráticos, usando pruebas empíricas con datos del Protocolo de Montreal.

En las pocas instancias en las que los instrumentos basados en el mercado han sido adoptados, han tomado la forma de permisos negociados asignados sin cargo, más que permisos en subasta o impuestos a contaminantes, a pesar de las ventajas que tienen en algunas situaciones de estos otros instrumentos. La atención política dada a los instrumentos de políticas ambientales basadas en el mercado se han incrementado dramáticamente en estos últimos años. El modelo del mercado de la oferta y demanda de los instrumentos de la política del medio ambiente explicados por los economistas tienden a referirse a la demanda por instrumentos de políticas ambientales, mientras que las explicaciones desde la ciencia política se refieren a la oferta.

El análisis de los instrumentos de elección enfatizan los problemas del agente –principal inherentes en el diseño de los mecanismos de regulación. En un mundo de información perfecta, los instrumentos son equivalentes, pero las realidades de la información incompleta necesitan la consideración de los problemas de contratación entre el público y las agencias reguladoras.

Es difícil implementar regulaciones ambientales basadas en el mercado, por una variedad de razones, incluyendo el hecho que las empresas prefieren instrumentos de comando y control porque tienen relativamente un gran poder de cabildeo que pueden solucionar problemas de acción colectiva más fácilmente que los mismos intereses ambientales.

a. Electores o votantes

Un primer acercamiento a la política pública es lo que el elector medio logra al favorecer la que maximiza sus utilidades en función de los beneficios y costos ambientales de los problemas, los mismos que lamentablemente no siempre puede evaluar, sencillamente porque no es un experto.

Las preferencias ideológicas de los que formulan las políticas y los intereses económicos de la población votante juegan un papel importante en los resultados legislativos y regulatorios. Por ejemplo, Kalt and Zupan (1984) distinguen dos tipos de utilidad que puede buscar un oficial electo: la utilidad derivada del incremento de la riqueza o la posibilidad de reelección considerada un motivo de inversión y la utilidad de actuar de acuerdo a las creencias morales e ideológicas considerado como un motivo de consumo. Una vez satisfecho el motivo de inversión maximizando el apoyo de los votantes, es más importante entender y modelar la conducta el comportamiento político

Los votantes pueden no favorecer los programas ambientales a menos que estén bien informados y las políticas basadas en incentivos son más difíciles de entender. Los políticos favorecen las políticas que logran resultados inmediatos y posponen o hacen menos visibles los costos, y las políticas de comando y control conducen a resultados más inmediatos que los votantes puedan ver fácilmente, mientras hacen sus costos menos transparentes. Los burócratas responsables para implementar las políticas ambientales prefieren acercamientos de comando y control porque les dan un rol más importante y les permiten maximizar sus propios presupuestos y asistentes de apoyo.

b. Grupos de interés

En la década de los ochenta, las teorías del interés público de las regulaciones que dio fundamento a los políticos para tomar decisiones en función del beneficio público son reemplazadas por las teorías de los grupos de interés o de “captura”, en donde los políticos toman decisiones para maximizar su propio apoyo político.

Aidt (1998) desarrolla un modelo teórico de la economía política de la regulación ambiental basado en las interacciones de competencia entre grupos de intereses. Demuestra que la competencia entre los grupos de interés resulta en políticas que internalizan las externalidades ambientales considerando que esta solución política es sub óptima. En algunos casos de fenómenos globales, las políticas ambientales se vuelven controversiales cuando su implementación va más allá de las fronteras nacionales, ya que afectan las regulaciones de las relaciones transfronterizas, como en el caso de las relaciones comerciales que tanta atención atraen de los grupos de intereses corporativos

Los grupos de interés afectan las políticas ambientales como lo demuestra Coates (1996) con las contribuciones que hacen a los legisladores para afectar los resultados en los asuntos ambientales. Buchanan and Tullock (1976) argumentan que las consideraciones económicas más que las ambientales determinan la formulación e implementación de las políticas ambientales. Así, la política ambiental refleja los efectos de la competencia electoral que gravita en torno de las preferencias del elector medio y la influencia de los grupos de interés políticamente activos.

Muchas de las propuestas e implementadas políticas ambientales involucran negociaciones reales entre equidad y eficiencia en cuerpo de políticas nacionales e internacionales que han demostrado preocupación por asegurar que grupos de ciudadanos de bajos ingresos, minorías étnicas, y futuras generaciones no soporten partes desproporcionadas de costos de acciones relacionadas con el medio ambiente.

La elección de instrumentos afecta ciertos grupos que concentran intereses de quienes se espera que experimenten impactos significativos como resultado de políticas propuestas. Los efectos comerciales se jerarquizan de acuerdo a los incentivos para proteger el medio ambiente, ya sea unilateralmente o en grupo en oposición a inactivo remanente.

El gobierno maximiza su apoyo político modelado como el promedio de las contribuciones de los grupos de interés y el bienestar social de los votantes.

c. Valuación normativa de la burocracia

Las contribuciones de una burocracia experta suple la falta de información de los electores en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas ambientales, lo cual maximiza los beneficios sociales. No obstante, es difícil a valuación normativa porque hay que estimar la subjetividad de los beneficios y costos de políticas ambientales alternativas. La delegación se complica cuando la agencia de personal tiene diferentes metas que las de la principal corriente de electores.

d. Hacia la racionalidad política con equidad distribucional?

Los problemas ambientales son problemas políticos como resultado de la acción colectiva (Congleton, 2006). Las políticas gubernamentales reflejan los incentivos para el uso final de los recursos, por lo que los problemas ambientales son consecuencia del equilibrio económico que resulta del equilibrio político. La economía política ambiental se centra en la obtención de equilibrio político en función de la elección pública en un amplio dominio de la política ambiental. Por lo tanto, la protección del ambiente deja de ser de racionalidad instrumental para pasar a la esfera de la racionalidad política.

Las políticas ambientales domesticas son material de decisión de lo gobiernos con escasa participación de quienes son los contaminadores, de tal forma que los resultados en la contaminación ambiental son un reflejo de los incentivos que la aplicación de las leyes y regulaciones ofrecen. Por lo tanto, es la política mas que la economía la que es responsable de la contaminación como resultado de las políticas gubernamentales que sirven de marco a las decisiones de empresas y consumidores que generan la contaminación (Congleton, 2006).

El marco de referencia de la elección pública para sumir los resultados de las políticas se determina por la influencia de la industria más que por las consideraciones de bienestar social. El capital y el trabajo sufren más de los derechos y cargos que de las normas uniformes. El capital que antes se encontraba como un factor inamovible en las economías nacionales, ahora se puede movilizar instantáneamente por cualquier parte del mundo.

Murdoch and Sandler (1997) modela las preferencias de las naciones que varían de acuerdo a los gustos, los cuales son una función de factores tales como el ingreso, características geofísicas, tamaño de la población y régimen político.

Dejar que los Estados determinen las políticas ambientales no necesariamente resulta en una carrera sin fondo de acuerdo a análisis empírico que demuestra que una mayor calidad ambiental en un Estado responde positivamente a incrementos en ingreso. Se argumenta que dando un mayor poder a los Estados resulta en una carrera sin fondo de la calidad ambiental, sin embargo, List and Gerking (2000) no encuentran evidencias de que la calidad ambiental decline cuando los Estados tienen más control sobre reglas de protección ambiental.

Los criterios de eficiencia y efectividad de costos pueden ser difíciles de digerir cuando los impactos distribucionales de la regulación son altamente esquivados y el enfoque en equidad en los debates de políticas ambientales se intensifica cuando los costos y los beneficios de regulación continúan elevándose. La gente con más altos ingresos son más conscientes del daño ambiental y tienen capacidad para ejercer presión sobre los políticos para introducir regulaciones ambientales y a las empresas a que usen tecnologías más limpias. Por ejemplo, efectos de los precios de las acciones se han identificado en los países en desarrollo como el caso de México. (Dasgupta, Laplante, and Mamigi, 2001). Las comunidades vecinales influencian el desempeño ambiental de las empresas en algunas partes de Latinoamérica (Pargal and Wheeler, 1996).

No obstante, se argumenta que el crecimiento incondicional es preferido a la implementación de políticas ambientales porque se percibe que con crecimiento económico se obtienen las metas económicas y ambientales y con políticas ambientales se impide el crecimiento económico, por lo que un crecimiento más rápido es mejor. Esto explica por qué los países en desarrollo no aceptan las políticas ambientales.

El papel del cambio tecnológico y los cambios estructurales que afectan las economías demuestra que las políticas ambientales conscientes son necesarias para ordenar o dirigir la relación crecimiento económico y desarrollo ambiental.

Los procesos de participación ciudadana en las decisiones comunitarias y de acceso a la información sobre los recursos ambientales, naturales y sociales, constituyen los instrumentos para que cada comunidad establezca sus propias políticas de desarrollo y ambientales para el aprovechamiento de sus propios recursos naturales y sociales, el establecimiento de sistemas para internalizar de costos ambientales y de instrumentos económicos. La perspectiva del desarrollo sustentable reconoce que las comunidades y naciones tienen responsabilidades comunes aunque diferenciadas.

Las políticas públicas se orientan a proveer bienes o a prevenir malestares. La provisión de un bien incrementa la utilidad para un actor dado comparado con el status quo, mientras que la prevención del mal previene las reducciones de utilidad. En términos analíticos, estos casos son simétricos y equivalentes y no hay distinción entre las políticas ambientales para mejorar la calidad del medio ambiente y las políticas ambientales para prevenir su deterioro. En el primer caso se provee de un medio ambiente bueno y en el segundo la protección de un medio ambiente bueno.

Las políticas ambientales tienden a tener efectos secundarios en otras áreas. Las políticas ambientales pueden regular productos, así como las condiciones para la venta de productos. Al grado que las economías nacionales se abren, las políticas ambientales influencian los flujos comerciales y de inversión. Por lo tanto, las políticas ambientales tienen efectos en la competitividad de las empresas domésticas. Como resultado, los gobiernos deben considerar los costos y beneficios de las políticas ambientales así como sus actitudes hacia la protección de medidas ambientales, por lo que es importante para los reguladores ambientales entender los efectos secundarios de las políticas ambientales en la competitividad.

Algunas políticas ambientales tienen un impacto negativo en la competitividad, mientras que otras tienen un impacto positivo y otras no tienen ningún impacto. Las medidas de protección ambiental que dañan la competitividad desalientan a los países de actuar autónomamente y exacerban los problemas de acción colectiva. Los analistas apuntan a estos mecanismos para justificar la fortaleza de las instituciones para la acción ambiental. En contraste, las medidas de protección que fortalecen la competitividad alientan la acción autónoma y facilitan la acción colectiva

A pesar de que esta propuesta es trivial en teoría puede tener alguna significación en la práctica. Las desventajas competitivas son con frecuencia argumentos usados contra las políticas ambientales nacionales. No es razonable asumir que tales argumentos bajo condiciones de fuerte competencia regulatoria algunas veces previenen que sean tomadas medidas ambientales. Hay alguna literatura que apunta a que en el análisis final, los efectos competitivos de la regulación ambiental con frecuencia no son muy significativos.

Con respecto a la regulación, esta disminuye el poder e influencia de las organizaciones, quienes en ocasiones gozan de un poder desmedido para abusar. La respuesta crítica a esta perspectiva fue hecha por Ronald Coase en su artículo The problem of social cost (1960) argumentando que si las acciones de A infligen daño a B, no es el caso necesariamente de que las acciones de A deberían restringirse porque el daño que A causa a B no es realmente un problema de naturaleza recíproca que emerge debido a la presencia simultánea de las dos partes.

En un segundo argumento, Coase (1960) mostró que las negociaciones ambientales bilaterales sin costos de transacción, las dos partes alcanzarán acuerdos deseables socialmente. Tercero, que la cantidad total de contaminantes es independiente de las reglas legales y de los derechos de propiedad elegidos para estructurar la relación. A pesar de las reglas iniciales legales, las negociaciones producirán dos resultados: conducirán a la misma cantidad de contaminantes y llevará a la maximización de bienestar social. Por supuesto, la elección de las reglas legales puede determinar que parte hace los pagos y que parte los recibe, una preocupación distribucional pero no de eficiencia.

Además se hacen preguntas acerca de si las ganancias y pérdidas sociales pueden expresarse a través de la agregación simple de los cambios de bienestar de los individuos. Algunos argumentan que otros factores deben ser considerados en una medida de bienestar social y que criterios como la equidad distribucional limita la consideración de eficiencia en algunas decisiones colectivas (Kelman, 1981ª; Sagoff, 1993). Los economistas no están en desacuerdo y anotan que el criterio Kaldor-Hicks debería no ser considerado una condición necesaria o suficiente para las políticas públicas (Arrow et al., 1996).

En la práctica, existen retos significativos, en gran parte debido a los las dificultades inherentes en la medición de costos y beneficios. Además, las preocupaciones acerca de la consideración de la justicia y los procesos de méritos porque las políticas públicas inevitablemente involucran perdedores y ganadores, sobretodo cuando los beneficios agregados exceden a los costos agregados.

Bajo tales condiciones, las políticas pueden pasar la prueba de potencial de mejora de Pareto pero decrecer en el bienestar de la sociedad en su conjunto. El debate puede ser entendido como un enfoque en la compatibilidad de la eficiencia y en el criterio de la equidad distribucional. El punto de vista general de la economía es que otros criterios adicionales a la eficiencia pueden ser empleados por los tomadores de decisiones, pero la existencia de tales criterios no invalida el criterio de eficiencia que permanece en los procesos de toma de decisiones sociales.

El consenso en la política ambiental, es que la eficiencia y la equidad deben ser evaluadas separadamente pero no hay consenso en criterios específicos que deben ser usados para jerarquizar las alternativas de la perspectiva de equidad.

Por lo tanto, los beneficios de una política ambiental se definen como la colección de voluntades individuales para pagar por la reducción o prevención de los daños ambientales. En teoría, las medidas de valor apropiadas para evaluar una política en particular dependen de la asignación relacionada de derechos de propiedad, la naturaleza del status quo, y si el cambio medido es una ganancia o una pérdida, pero bajo una variedad de condiciones, la diferencia entre las dos medidas puede esperarse ser relativamente pequeña.

Economía política ambiental global e internacional

En años recientes ha habido mucho debate entre los economistas con respecto al significado del concepto sustentabilidad como un criterio único y comprensible que guíe el desarrollo global. El cambio ambiental está implicado en la economía política internacional y en la economía política global. Los problemas de la economía política ambiental global e internacional son cada vez más presionantes para los analistas, los formuladotes de políticas y los ciudadanos. El análisis del cambio del ambiente global y local es el resultado de la economía política organizada globalmente. Cualquier solución a los problemas ambientales globales implica una profunda transformación de las relaciones económicas y políticas internacionales.

La globalización se caracteriza por el acelerado incremento de la movilidad de productos y factores de producción. Además de las nuevas tecnologías, la globalización es también impulsada por los acuerdos internacionales de libre comercio. La globalización afecta muchas medidas de protección ambiental positiva o negativamente, el nivel promedio de protección ambiental necesita no necesariamente ser afectado negativamente. Esta conclusión debe ser modificada si los compromisos del comercio libre internacional se toman en cuenta.

El problema se reduce a cómo inducir tomadores de decisiones siempre con sus propios intereses y miopes, a hacer las cosas correctas y a comportarse de forma que minimicen los daños ambientales y optimicen la utilización de recursos naturales bajo restricciones externas. Tratar estos asuntos es muy difícil dentro de la política para establecer los lazos de cooperación internacionales necesarios para confrontar los grandes obstáculos de las cuestiones ambientales (Changhua Sun Rich, Eugenio Bobenrieth, Brian Potter, Heather Carlisle, Paul Williams, Alan Richards, and Richard Ackerman, (1977).

Desde el punto de vista de la teoría de los bienes públicos, los recursos ambientales que predominantemente representan bienes privados, los cuales desde la perspectiva de los países involucrados se protegen mejor con el marco de referencia de la acción colectiva internacional como en el caso del clima global. Por ejemplo, los beneficios potenciales de los protocolos de Kyoto en término de reducir el calentamiento global son de no rivalidad, ya que dichos beneficios son no excluyentes, el protocolo de Kyoto representa un bien público internacional. El protocolo de Kyoto combina un bien público con desventajas competitivas. Representa problemas de acción colectiva que no son severos, a pesar de que es menos que la combinación de recursos comunes y desventajas competitivas.

A nivel general, el análisis teórico de la significancia de la globalización descansa en la combinación de los efectos de tipos de bienes con los efectos comerciales de la protección ambiental. Ambos efectos son importantes para entender los incentivos nacionales para la protección ambiental. Si se descuida uno de ellos se llegan a conclusiones erróneas. Juntos los dos factores pueden explicar una parte sustancial de la variación en los incentivos nacionales con respecto a varias medidas de protección ambiental. Esta coordinación provee una nueva medida para la severidad de los problemas de la acción colectiva.

Sobretodo, las contribuciones sirven a los formuladores de políticas como guías para las estructuras de incentivos que las naciones enfrentan en diferentes campos y con respecto a diferentes instrumentos de protección ambiental.

A fin de evaluar los efectos de la globalización en la protección ambiental se debe distinguir entre globalización económica y sus fuerzas impulsoras. La globalización se caracteriza por un incremento acelerado en la movilidad de los productos y los factores de producción. La tecnología y la ley económica internacional se identifican como las dos principales fuerzas impulsoras de la globalización. La ley económica internacional promueve la globalización a través de la integración negativa en la forma de acuerdos de libre comercio, remueve barreras del comercio que resultan de la legislación nacional, tales como tarifas, cuotas, barreras técnicas e impuestos discriminatorios.

El enfoque de los efectos de la globalización en la protección ambiental, la globalización en forma de crecientes flujos comerciales refuerza los efectos competitivos de la regulación ambiental. Estos efectos de la globalización pueden ir en ambas direcciones: ventajas competitivas que resultan de las medidas de protección ambiental, que pueden hacer más atractivas las políticas nacionales autónomas, mientras que las desventajas competitivas pueden hacer las medidas de protección ambiental autónomas menos atractivas. Por lo tanto, mientras que la globalización puede hacer las políticas ambientales nacionales más atractivas en algunos casos, y menos atractivas en otros, no necesariamente afecta el nivel promedio de la protección ambiental en un país dado.

Lo que se ha descuido es el efecto en la ley económica internacional., una de las fuerzas impulsoras de la globalización internacional. Los efectos de la globalización pueden incrementar la efectividad de las políticas ambientales domésticas. Si la globalización implica que la aplicación de instrumentos particulares sea más difícil, ya sea porque las desventajas competitivas las hacen menos atractivas, o porque las ventajas competitivas las hacen ilegales en términos de la ley comercial internacional, puede ser posible cambiar las medidas que no son afectadas, e incluso no alentadas por la globalización.

Otra opción para los países individuales es ignorar los problemas de la globalización que aparentemente causa a ciertas políticas ambientales, argumentando que tales problemas son relativamente menores.

Para explicar como la globalización modifica los incentivos de los países y sus gobiernos que protegen bienes ambientales en forma autónoma o en cooperación con otros países, es necesario identificar las posibilidades y límites de las políticas ambientales nacionales, así como la necesidad por y para las dificultades de los acuerdos ambientales internacionales, bajo condiciones de globalización.

Los acuerdos de libre comercio restringen la habilidad de los países para adoptar medidas de protección ambiental que llevan a las ventajas competitivas para la industria doméstica. Esta tendencia existe a pesar de las cláusulas de salvaguarda en algunos acuerdos. Conduce a prejuicios por lo que los efectos totales de la globalización sobre la protección ambiental puede ser negativa.

Contra este retroceso, cuatro opciones para alargar el espacio de la acción de los países individuales y sus gobiernos relacionan la ley económica internacional y la ley ambiental internacional, las estrategias nacionales para la protección ambiental y el conocimiento sobre la base en la que los países toman decisiones. Más específicamente, las cuatro opciones se orientan a fortalecer las cláusulas de salvaguarda que permiten excepciones a la ley económica internacional, finalizan de hecho la jerarquía de la ley económica internacional sobre la ley ambiental internacional y eluden problemas creados por la globalización enfocándose en medidas de protección ambiental sin efectos competitivos negativos y generan y diseminan información sobre el grado actual de las desventajas competitivas de las medidas de protección ambiental, lo que tiende a sobre estimarse.

La actual tendencia de la globalización de los mercados es la continuidad de la secular batalla por el acceso a los recursos naturales escasos. La sobreexplotación de los recursos naturales en una economía globalizada conlleva a la falta de sustentabilidad. El actual modelo económico neoliberal genera dependencia con la economía global y no acepta la diversificación económica que implica diversidad de actores y estrategias económicas y procesos de tomas de decisiones democráticos y participativos a nivel local bajo la aplicación del principio de subsidiariedad. La ley del comercio internacional y la ley ambiental internacional reflejan considerablemente diferentes evoluciones de las leyes internacionales debido en gran parte a los acercamientos de la evolución institucional al cumplimiento.

La ley de comercio internacional ha evoluciona en una versión relativamente fuerte del derecho público internacional por la evolución de instituciones de cumplimiento innovadoras. Estas instituciones permiten a los Estados coordinar efectivamente sus comportamientos sobre sus obligaciones legales substantivas explícitas las cuales son medios creíbles para detectar y evaluar violaciones y determinar prospectivamente las sanciones en un acercamiento legalista a la cooperación internacional, que trabaja bien en el contexto del comercio internacional por varias razones asociadas con la naturaleza del dilema que los Estados enfrentan.

Las innovaciones recientes en el derecho internacional ambiental han permitido a los Estados coordinar efectivamente su conducta pero no típicamente de una forma legalista lograda en el comercio. En vez el progreso en los regímenes internacionales ambientales implica varios grados de involucramiento de compromisos y sistemas de cumplimiento multifacéticos. Ambos derechos internacionales siguen evolucionando y aprendiendo uno del otro, adoptando innovaciones institucionales exitosas para beneficiar a las partes involucradas.

La OMC se fundamenta crecientemente en instituciones orientadas administrativamente, no adversarias para estimular la cooperación en el logro de la liberalización comercial por los mismos miembros. Estos desarrollos institucionales evalúan la implementación y cumplimiento doméstico de las normas comerciales, la capacidad para desarrollar programas de asistencia técnica y financiera. Además, los regímenes ambientales internacionales crecientemente incluyen instituciones que exijan el cumplimiento con autoridad para imponer sanciones de varios tipos.

Los incentivos nacionales para la protección del medio ambiente puede explicarse hasta cierto grado, en términos de la teoría de bienes públicos, por una combinación del tipo de bien ambiental protegido y los efectos de la medida de protección del medio ambiente en competitividad internacional (Köllinger, 2004).

Las naciones tienen preferencias con respecto a los bienes ambientales pero sus incentivos pueden diferir en cada situación específica dando como resultado la acción individual en un marco de referencia de las políticas ambientales, la acción colectiva en un marco de acuerdos ambientales internacionales o la inactividad. Si los acuerdos ambientales internacionales existen, los países participantes cuentan con incentivos para salir o entrar, mientras que los países no participantes tienen como incentivo para permanecer fuera o para incorporarse.

Las nuevas entradas y la participación sostenida son evidencias de los efectos centrípetas de los acuerdos ambientales internacionales que se refieren a la utilidad de la participación en la acción colectiva opuesta a la abstención, mientras que las amenazas y las continuadas abstenciones son parte de las fuerzas centrífugas. Por ejemplo, la Unión Europea ha tomado acciones ambientales participando en los protocolos de Kyoto mientras que los Estados Unidos se han abstenido de participar.

Es importante explorar las posibilidades las posibilidades y límites de las políticas ambientales nacionales sobre las perspectivas de la creación de acuerdos ambientales internacionales y en los efectos centrípetos y centrífugos de tales acuerdos de los potenciales participantes. En este contexto, es importante notar que la contribución se concentra en la acción colectiva entre los países y sus gobiernos, no entre individuos, empresas u otros actores no estatales. Si se investiga el carácter de los bienes ambientales, así como de los efectos competitivos de la protección ambiental, exclusivamente desde el punto de vista de los países como un todo, estos países pueden ser tratados como unidades de análisis.

La clasificación de los bienes ambientales en función de sus efectos centrípetos de arreglos internacionales para su protección. Esto ayuda a las naciones a hacer las correctas elecciones de políticas institucionales para mejorar la calidad ambiental en forma efectiva y eficiente, a través de la acción nacional autónoma o la acción colectiva internacional. Para la comunidad de investigadores ambientalistas, las contribuciones proveen un marco de referencia para el análisis que permite comparaciones más amplias y por lo mismo, aprendizaje entre una gama de subtemas de la protección ambiental.

Las consideraciones teóricas relacionadas con los tipos de bienes ambientales y efectos comerciales pueden resolver problemas de incentivos divergentes del medio ambiente que pueden ser usados como ejemplos empíricos en diferentes combinaciones. Por ejemplo, el protocolo de Kyoto involucra un bien público internacional con efectos centrípetos más débiles. Los efectos comerciales refuerzan las tendencias porque la participación en el protocolo de Kyoto puede traer desventajas competitivas, es decir, combina un bien público con ventajas competitivas.

El valor puesto en los bienes ambientales es una condición necesaria pero insuficiente para las medidas que toman los países y sus gobiernos para la protección de estos bienes. Los gobiernos nacionales necesitan incentivos para ayudar a transformar las preferencias en acciones. Lo importante es el entendimiento de los incentivos nacionales para la protección ambiental.

De hecho en los acuerdos internacionales se justifican los argumentos de que la protección ambiental representa un bien público internacional que requiere acción colectiva internacional, ya que los países individuales carecen de incentivos para actuar anónimamente. Es importante identificar en más detalle los incentivos nacionales que los gobiernos tienen que iniciar nuevas medidas de protección ambiental, en forma anónima o colectiva, o permanecer inactivos. Igualmente importante es identificar los incentivos para participar en medidas de protección ambiental existentes, en forma unilateral y autónoma para emular las políticas de otros países o firmando acuerdos ambientales internacionales.

La teoría de integración diferenciada (Kölliker, 2002) incluye una clasificación de incentivos para los para los países individuales que participan en la acción colectiva, dependiendo del tipo de bien involucrado. La teoría sugiere que los efectos centrípetos de la acción colectiva internacional en países que inicialmente no participan son más fuertes en el caso de bienes de club. Bienes privados clasifican en segundo término mientras que los bienes públicos en tercer lugar.

El carácter de los bienes ambientales en términos de la teoría de los bienes públicos ayuda a entender las circunstancias bajo las cuales los países pueden eficientemente actuar solos y bajo que circunstancias de acción colectiva internacional se es potencialmente más eficiente.

Combinando los dos factores deberían guiarnos a un más comprensivo entendimiento de los problemas de la acción nacional autónoma y la acción internacional colectiva. El caso más difícil resulta si la protección de recursos comunales internacionales conduce a ventajas no competitivas. Bienes públicos más desventajas competitivas – Los problemas de acción colectiva en el contexto de los protocolos de Kyoto que aquellos de la pesca en alta mar.

Bienes públicos más neutralidad competitiva. El protocolo de Kyoto puede ser efectivo sin poner en peligro la competitividad nacional como en el caso cuando afecta los hogares e industrias protegidas de la competencia internacional. El Protocolo de Kyoto representa un bien público combinado con la neutralidad competitiva. De acuerdo con esto, los incentivos para la acción autónoma son un poco mejores que en el caso anterior.

La investigación ambiental representa un bien de club para los países involucrados, los incentivos para los países que participan en programas de investigación ambiental internacional están intactos y no existen problemas serios de acción colectiva.

La investigación ambiental no siempre involucra efectos comerciales, los cuales están ausentes si los productos más limpios resultan de la investigación ambiental y no son comercializados internacionalmente, o si la investigación ambiental no está relacionada estrictamente con el producto en primer lugar. Ya que los bienes de club alientan la acción colectiva sin involucrar problemas mayores de acción colectiva, se esperaría que la cooperación internacional con respecto a la investigación ambiental pueda desarrollarse más fácilmente que la cooperación que involucra otros tipos de bienes. Hay evidencias de que la cooperación para la investigación ambiental emerge en un primer plano sin mayores dificultades

Los acuerdos internacionales de libre comercio prohíben o limitan las medidas proteccionistas, restringen el uso de las medidas de protección ambiental que crea las ventajas competitivas para la industria doméstica, y las desventajas competitivas para la competencia foránea, Los flujos comerciales no necesariamente afectan el nivel promedio de protección ambiental ofrecida por los países individuales, los acuerdos comerciales pueden introducir ideas preconcebidas.

El impacto combinado del comercio internacional y los acuerdos internacionales de libre comercio pueden afectar negativamente los incentivos y posibilidades de los países para proteger el medio ambiente en forma autónoma, mientras que el comercio por sí mismo puede limitar los incentivos que tienen los países para actuar, como en el caso de medidas ambientales que generan desventajas competitivas, los acuerdos comerciales pueden prohibir la acción donde los países tienen incentivos para actuar, como por ejemplo, cuando las medidas ambientales generan desventajas competitivas.

Las ideas preconcebidas en contra de las políticas nacionales autónomas que resultan de los acuerdos de libre comercio pueden ser reducidos por la inclusión de cláusulas de salvaguarda ambientales en los tratados de libre comercio. Las primeras dos opciones conciernen el marco de referencia legal internacional, el tercero se relaciona con las elecciones políticas a nivel nacional, y el cuarto se relaciona con la información disponible para los actores. En términos de la teoría de juegos, el resultado con respecto al medio ambiente puede mejorar. Cambiando las reglas internacionales del juego por elecciones inteligentes de estrategias nacionales y proveyendo información específica a los jugadores.

Puede parecer paradójico que el alcance para efectivas políticas ambientales nacionales representadas en las primeras dos opciones, deberían empezar con un marco de referencia internacional y por tanto con una acción colectiva internacional. En ambos casos, sin embargo, arreglando el marco de referencia internacional legal y su aplicación, se dirige a restaurar la soberanía nacional relacionada con las políticas ambientales en áreas donde la ley del comercio internacional puede estar limitada excesivamente.

La primera opción es una mejor aplicación y reforzamiento de cláusulas de salvaguardas ambientales proveías por la ley económica internacional. Tales cláusulas de salvaguarda internacionales permiten a los países tomar medidas de protección ambiental, a pesar de sus efectos potenciales como barreras al comercio, que resulta en ventajas competitivas para la industria doméstica.

Pero al mismo tiempo, las cláusulas de salvaguarda ambiental también requieren de medidas ambientales que constituyen una barrera al comercio para ser motivados por protecciones ambientales, no por proteccionismo. En realidad, es frecuentemente difícil probar uno de los dos. Al grado que las cláusulas de salvaguarda a revisión judicial o cuasi-judicial, las cortes internacionales por lo tanto, tienen un rol significativo que jugar en la aplicación de tales cláusulas de salvaguarda.

La segunda opción es asegurar que la ley de comercio internacional no previene a países individuales de adoptar medidas de implementación de acuerdos ambientales internacionales. Los críticos aseguran que el actual sistema internacional privilegia la ley económica internacional sobre la ley ambiental internacional. Una razón importante para esto es que la ley económica internacional puede ser aplicada más fácilmente, gracias a los instrumentos unilaterales tradicionales tales como represalias en política comercial y nuevos instrumentos multilaterales tales como las cortes internacionales. Mientras que los países ofrecen romper los acuerdos ambientales internacionales sin enfrentar mayores consecuencias, romper los acuerdos comerciales internacionales tiende a ser penada más duramente.

Si la ley ambiental internacional entra en conflicto con la ley comercial internacional, es lógico que los países no tomen en cuanto al primero tanto como al segundo. No es claro que cual es la mejor manera para prevenir o solucionar conflictos entre la ley comercial internacional y la ley ambiental internacional. El sistema internacional se organiza predominantemente en torno a principios funcionales y la coordinación entre las diferentes organizaciones internacionales es débil. El marco de referencia institucional soportado por las Naciones Unidas es simple y débil, no solo con respecto a los Estados miembros, sino también con respecto a los componentes funcionales.

La tercera opción para las políticas nacionales internacionales es eludir los problemas que representa la ley comercial internacional. Los países individuales pueden simplemente aceptar el espacio de acción modificada como dado y enfocar su atención en problemas ambientales y medidas de protección ambiental sin o con pocos efectos competitivos. Los bienes ambientales específicos con frecuencia pueden ser protegidos por diferentes medidas.

En un primer paso, el enfoque es en la protección ambiental de bienes como tales, mientras que los efectos secundarios no son tomados en consideración. El análisis aplica teorías de los bienes públicos a la acción colectiva entre los países en el nivel internacional. De acuerdo a la teoría de los bienes públicos, los bienes ambientales que tienen el carácter de bienes privados desde la perspectiva de países son mejor protegidas a través de políticas ambientales nacionales.

Para otras categorías de bienes, la acción colectiva internacional puede potencialmente conducir a mejores resultados. Sin embargo, diferentes tipos de bienes no privados o colectivos involucran diferentes tipos de problemas de acción colectiva. El éxito de la acción colectiva con frecuencia depende de la atractividad de los acuerdos comerciales internacionales para países inicialmente no participando. Diferentes tipos de bienes pueden ser jerarquizados de acuerdo a sus efectos centrípetos. Los bienes del club los más fuertes efectos centrípetos, seguido de los bienes privados y los bienes públicos. Los recursos comunales quedan al final de la lista. Los incentivos para las acciones autónoma y colectiva son dados por la naturaleza de los bienes ambientales. Un bien privado nacional requiere de acción doméstica autónoma mientras que los bienes no privados requieren de acción colectiva internacional.

La efectividad de la flexibilidad, voluntariedad y no ligación es influida por sus efectos centrípetos. Tales medidas parecen no corresponder a las políticas ambientales que involucran efectos centrífugos más que centrípetos. Por lo tanto no deben respaldarse si los problemas ambientales involucran bienes públicos internacionales o recursos comunitarios, o si van de la mano con las desventajas competitivas. Las medidas de flexibilidad, voluntariedad y no ligamiento, son más apropiadas en el caso de club de bienes si son esperados los efectos comerciales positivos.

Es importante notar que el alcance o scope geográfico de los bienes ambientales para ser protegidos y el alcance scope geográfico de los efectos comerciales resultan de la protección ambiental no necesariamente coinciden. De hecho, los dos son independientes pero pueden normalmente ser divergentes. Se puede concluir que la necesidad para la acción colectiva internacional no está solamente determinada por las fronteras geográficas de los mercados y productos afectados por las medidas de protección ambiental.

Tomando en cuenta los efectos comerciales de la protección ambiental, se previene la aplicación del principio de subsidiariedad que se enfoca exclusivamente en la naturaleza del bien ambiental. Si la protección ambiental afecta el comercio, el alcance geográfico del problema ambiental es doble: de una parte, coincide con el alcance geográfico de la naturaleza de los recursos relacionados y en la otra parte, el alcance de los mercados para los productos afectados es igualmente relevante. Si los bienes comerciales n son afectados el alcance del problema ambiental es confinado al alcance geográfico del bien ambiental.

Las políticas ambientales crean ventajas competitivas que enfrentan las barreras de la ley económica internacional, lo que restringe las políticas con efectos proteccionistas. Una sociedad sustentable requiere de una economía local sustentable, es decir de economías diversas y de relaciones cooperativas internacionales. Bajo el principio de subsidiariedad económica, las decisiones se toman a nivel local con la participación comunitaria

Discusión

Existe una gran divergencia entre las recomendaciones de la teoría económica normativa y la realidad política positiva. En todo caso, el gobierno debe incrementar su espacio de acción ambiental presentando investigación y diseminando información que reduce la brecha entre las percepciones públicas y la realidad con respecto a la competencia regulatoria en el campo del medio ambiente.

Una política de desarrollo sustentable debe partir de la realidad sociocultural de las comunidades para la protección de sus recursos naturales y sociales mediante un proceso de participación comunitaria en las decisiones concernientes con la transformación económica, política, social y cultural de las relaciones de producción, distribución y consumo tendientes a lograr una mayor equidad y una mejor calidad. La diversidad se expresa en el pluralismo ideológico, religioso y político. La diversidad y la subsidiariedad económicas necesitan de regulaciones económicas, sociales y ambientales. Las desregulaciones debilitan las normas económicas, sociales y ambientales.

Frente a esta sociedad del riesgo emergen los imperativos ecológicos, espirituales y la creación y utilización del conocimiento en una “conciencia de especie” que facilita el desarrollo de una visión integral y evolutiva de un nuevo modelo societario mediante la formación de nueva percepción de espacio (topoconciencia) y tiempo (cronoconciencia). Esta conciencia de especie restablece el sentido de pertenencia e identificación del ser humano con su ambiente natural y promueve cambios éticos, políticos y espirituales.

Se deben hacer esfuerzos por el diseño de un nuevo sistema de gobernabilidad que regule las formas en que los diferentes países compiten por los recursos naturales escasos mediante estrategias de suficiencia generadas por un marco de políticas. Para el cuidado de la integridad ecológica de la tierra y sus recursos se requiere de una sociedad global con un amplio sentido de responsabilidad universal y de comunidad de la vida que garanticen la formación de una sociedad sustentable mas justa, participativa, democrática y pacifica, que protejan los sistemas ecológicos y preserven los recursos naturales para la satisfacción de las generaciones futuras.

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