Informe 2007 de Amnistía Internacional: El estado de los Derechos Humanos en el mundo
Datos generales sobre la República Popular de China
Jefe del Estado: Hu Jintao
Jefe del gobierno: Wen Jiabao
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no
ratificado
Un número cada vez mayor de profesionales de la
abogacía y de periodistas fueron hostigados,
detenidos y encarcelados. Miles de personas que
practicaban su fe al margen de las iglesias que
contaban con autorización oficial sufrieron
hostigamiento, y muchas de ellas fueron detenidas y
encarceladas. Miles de personas fueron condenadas a
muerte o ejecutadas. Se negaban los derechos básicos
a las personas migrantes que procedían de zonas
rurales. Continuó la dura represión contra los
uigures de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, y
las libertades de expresión y religión siguieron
sometidas a severas restricciones en Tíbet y entre
las personas tibetanas que vivían en otras zonas.
Comunidad internacional
Antes de resultar elegida para el nuevo Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, China hizo una serie
de promesas con respecto a estos derechos, entre
otras, que ratificaría el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y que colaboraría
activamente con la ONU en materia de derechos
humanos. Las empresas chinas continuaron exportando
armas a países en los que probablemente se
utilizasen para cometer abusos graves contra los
derechos humanos, como Sudán o Myanmar.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El gobierno intensificó la represión contra
abogados y activistas del derecho a la vivienda.
Numerosos defensores de los derechos humanos fueron
sometidos a largos periodos de detención arbitraria
sin cargos y sufrieron hostigamiento por parte de la
policía o de bandas locales que actuaban con la
aparente connivencia de la policía. Muchas de esas
personas vivían bajo vigilancia o arresto
domiciliario casi continuos, y sus familiares se
convirtieron cada vez más en objetivos de la
represión. Nuevas normativas restringieron la
capacidad de los abogados de representar a grupos de
víctimas y participar en peticiones colectivas.
En noviembre de 2005 se suspendió del ejercicio de
la abogacía a Gao Zhisheng, abogado de derechos
humanos que expresaba abiertamente sus críticas. Fue
aprehendido en agosto de 2006 y permaneció recluido
en régimen de incomunicación en un lugar desconocido
hasta su juicio. En octubre se produjo la detención
formal, por cargos de ?incitación a la subversión?,
y en diciembre se celebró el juicio, en el que fue
condenado a tres años de cárcel con suspensión de
cinco años.
Periodistas y cibernautas
Se intensificó la represión del gobierno contra
periodistas, escritores y cibernautas, y se cerraron
numerosos periódicos y revistas muy populares.
Cientos de sitios web internacionales continuaron
bloqueados y miles de sitios web chinos fueron
cerrados. Se detuvo a decenas de periodistas por
informar sobre cuestiones delicadas.
El gobierno reforzó los sistemas de bloqueo,
filtrado y vigilancia del flujo de información.
Entraron en vigor nuevas normas que exigían que las
agencias de noticias extranjeras recibiesen la
aprobación de la agencia de noticias oficial china
para publicar cualquier tipo de información.
Numerosos periodistas extranjeros estuvieron
detenidos durante breves periodos.
Discriminación contra personas migrantes de zonas
rurales
Los trabajadores migrantes procedentes de zonas
rurales sufrían discriminación generalizada en las
ciudades chinas. A pesar de que las autoridades se
comprometieron a solucionar el problema, a millones
de trabajadores migrantes les debían salarios
atrasados. A la inmensa mayoría no se les permitía
acceder a los planes de seguro de enfermedad de las
ciudades, y no se podían permitir la asistencia
médica privada. Al contrario de lo que ocurría con
otros habitantes de las ciudades, el acceso a la
educación primaria para millones de niños migrantes
continuó siendo deficiente. Aproximadamente 20
millones de menores migrantes no podían vivir con
sus progenitores en las ciudades debido, en parte, a
lo irregular que era la escolarización.
En septiembre, las autoridades municipales de Pekín
cerraron decenas de escuelas para migrantes, lo cual
afectó a miles de niños migrantes. Aunque las
autoridades afirmaron que su objetivo habían sido
las escuelas que no estaban registradas y no
cumplían los criterios de calidad, los requisitos
para registrarse eran tan onerosos que para las
escuelas de migrantes resultaba casi imposible
hacerlo. Algunos miembros del personal de estas
escuelas consideraban que el objetivo de los cierres
era reducir la población migrante en Pekín antes de
los Juegos Olímpicos de 2008.
Violencia y discriminación contra las mujeres
La violencia y la discriminación contra las
mujeres continuaron siendo graves. La situación de
desventaja económica y social de las mujeres y las
niñas fue evidente en el empleo, la asistencia a la
salud y la educación. En las empresas estatales en
crisis, el n? de despidos de mujeres fue superior al
de hombres. Las mujeres constituían el 60 por ciento
de la mano de obra en el ámbito rural, pero tenían
menos oportunidades que los hombres de realizar
trabajos que no estuvieran relacionados con la
agricultura. La inexistencia de políticas contra el
VIH/sida que tuviesen en cuenta las cuestiones de
género contribuyó a que en 2006 se produjese un
aumento significativo de casos de esta enfermedad
entre las mujeres. Sólo el 43 por ciento de las
niñas de las zonas rurales cursaban estudios después
de finalizar la enseñanza primaria, frente al 61 por
ciento de los niños.
A pesar del reforzamiento de las leyes y de las
iniciativas gubernamentales destinadas a luchar
contra la trata de personas, éste continuó siendo un
problema generalizado; aproximadamente el 90 por
ciento de los casos eran mujeres y menores objeto de
trata para la explotación sexual.
Chen Guangcheng, abogado ciego autodidacta, fue
condenado en agosto a una pena de cuatro años y tres
meses de prisión por cargos de "causar daños a
bienes y reunir personas para bloquear el tráfico".
Llevaba recluido en su casa arbitrariamente desde
septiembre de 2005, en relación con su defensa de
mujeres que habían sido obligadas a abortar en la
provincia de Shandong. Tras la presentación de un
recurso se anuló la declaración de culpabilidad y el
caso fue devuelto al tribunal de primera instancia
para que se celebrase un nuevo juicio, pero este
tribunal confirmó la condena inicial.
Represión de grupos espirituales y religiosos
El gobierno continuó tomando medidas enérgicas
contra las prácticas religiosas que estaban al
margen de los canales oficiales autorizados. Miles
de miembros de ?iglesias en casa? protestantes
clandestinas y de iglesias católicas no oficiales
fueron detenidos; muchas de esas personas sufrieron
tortura y malos tratos mientras permanecieron
detenidas. Miembros del movimiento espiritual Falun
Gong fueron aprehendidos y sometidos a detención
administrativa por sus creencias, y continuaron
corriendo grave peligro de sufrir tortura o malos
tratos.
A Bu Dongwei, seguidor del movimiento Falun Gong, le
impusieron dos años y medio de reeducación por el
trabajo en junio por "actividades relacionadas con
una organización prohibida", tras haber descubierto
la policía publicaciones sobre Falun Gong en su
casa. Cuando fue detenido trabajaba para una
organización de ayuda estadounidense.
El pastor Zhang Rongliang, destacado dirigente
religioso en la clandestinidad que había sido
detenido y encarcelado en repetidas ocasiones desde
1976, fue condenado en junio a siete años y medio de
cárcel, tras haber sido acusado de cruzar
ilegalmente la frontera y de obtener un pasaporte de
forma fraudulenta.
Pena de muerte
La pena de muerte continuó utilizándose
ampliamente como castigo para alrededor de 68
delitos, incluidos delitos económicos y no
violentos. Basándose en informes, Amnistía
Internacional calculaba que al menos 1.010 personas
habían sido ejecutadas y 2.790 condenadas a muerte a
lo largo de 2006, aunque se creía que las cifras
reales eran muy superiores.
La Asamblea Nacional Popular aprobó una ley por la
que se volvía a dejar en manos del Tribunal Supremo
Popular la revisión final de todos los casos de
condenas a muerte dictadas a partir de 2007. Los
observadores consideraban que esto conllevaría una
disminución de los errores judiciales y del uso de
la pena de muerte.
Aumentaron las ejecuciones mediante inyección letal,
lo que facilitó la extracción de órganos de las
personas ejecutadas, práctica que constituía un
lucrativo negocio. En noviembre, un viceministro
afirmó que la mayor parte de los órganos
transplantados procedían de presos ejecutados. En
julio, una nueva normativa prohibió la compraventa
de órganos y exigió el consentimiento informado de
los donantes para proceder a la extirpación de los
órganos.
Xu Shuangfu, dirigente de un grupo protestante no
oficial denominado "Tres Grados de Siervos", fue
ejecutado en noviembre junto con otras 11 personas,
tras ser declarado culpable de asesinar, entre 2003
y 2004, a 20 miembros de otro grupo llamado
"Iluminación Oriental". Según los informes, Xu
Shuangfu afirmó que había confesado bajo tortura
durante el interrogatorio policial, y que, entre
otras cosas, la tortura había consistido en golpes
con varas y cadenas pesadas, descargas eléctricas en
los genitales y los dedos de las manos y los pies e
inyección de guindilla, gasolina y jengibre por la
nariz. Según los informes, los tribunales de primera
instancia y de apelación se negaron a permitir que
los abogados de Xu Shuangfu presentasen estas
denuncias como prueba en su defensa.
Tortura, detención arbitraria y juicios injustos
La tortura y los malos tratos continuaron siendo
generalizados. Los métodos habituales incluían dar a
la víctima patadas y golpes, aplicarle descargas
eléctricas, colgarla por los brazos, mantenerla con
grilletes en posturas dolorosas, quemarla con
cigarrillos e impedirle dormir y comer. En
noviembre, un alto funcionario admitió que cada año
se dictaban no menos de 30 condenas injustas a
consecuencia del uso de la tortura, pero el número
real era probablemente superior. No se produjeron
avances en los intentos de reformar el sistema de
reeducación por el trabajo consistente en la
detención administrativa sin cargos ni juicio. Se
creía que cientos de miles de personas estaban
recluidas en centros de reeducación por el trabajo
por toda China, y que corrían peligro de sufrir
tortura o malos tratos. En mayo de 2006, las
autoridades de la ciudad de Pekín anunciaron su
intención de ampliar el uso que hacían de la
reeducación por el trabajo como forma de controlar
el "comportamiento ofensivo" y de limpiar la imagen
de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos.
Ye Guozhu fue condenado a cuatro años de cárcel en
2004 por su oposición a los desalojos forzosos en
Pekín relacionados con la construcción de las
instalaciones para los Juegos Olímpicos. Durante
2006 se supo que Ye Guozhu había sido torturado
mientras estaba detenido. Según los informes, unos
agentes de policía lo colgaron del techo por los
brazos y lo golpearon reiteradamente en el centro de
detención del distrito de Dongcheng, en Pekín, y
también fue torturado en otra prisión en el segundo
semestre de 2005.
Uigures de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang
Las autoridades del gobierno de Sin-kiang
continuaron aplicando severas medidas represivas
contra la comunidad uigur y negándole sus derechos
humanos, como la libertad de religión y el acceso a
la educación. Un número cada vez mayor de uigures
fueron extraditados a China desde Asia Central,
reflejo de la creciente presión que China ejercía
sobre los gobiernos de la región. Un total de 17
uigures continuaron detenidos en Guantánamo.
La familia de la ex presa de conciencia exiliada
Rebiya Kadeer continuó estando en el punto de mira
de las autoridades chinas. El 26 de noviembre, su
hijo Ablikim Abdiriyim, que estaba detenido en Sin-kiang
pendiente de juicio por cargos de "subversión" y
evasión de impuestos, fue visto cuando lo sacaban
del centro de detención del distrito de Tianshan, al
parecer porque necesitaba atención médica. El 27 de
noviembre, Alim y Kahar Abdiriyim, también hijos de
Rebiya Kadeer, fueron condenados al pago de una
elevada multa por cargos de evasión de impuestos.
Alim fue condenado, además, a siete años de cárcel.
Husein Celil, ciudadano canadiense que huyó de China
en la década de los noventa como refugiado, fue
detenido en Uzbekistán y extraditado a China en
junio. Según los informes fue acusado de terrorismo
y se le impidió ponerse en contacto con su familia o
sus representantes consulares.
Región Autónoma del Tíbet
Los tibetanos que vivían en la Región Autónoma
del Tíbet y en otras zonas sufrieron graves
restricciones de sus derechos a la libertad de
religión, de expresión y de asociación, además de
discriminación laboral. Muchos de ellos, incluidos
monjes y monjas budistas tibetanos, fueron detenidos
y encarcelados por practicar su religión o expresar
sus opiniones. Continuó el uso excesivo de la fuerza
contra los tibetanos que intentaban huir de la
represión en Tíbet. En septiembre, unos testigos
vieron cómo guardias de una patrulla de fronteras
disparaban contra un grupo de tibetanos que
intentaban llegar a Nepal. Se confirmó que, como
mínimo, había muerto un menor.
El weblog de Woeser, destacada intelectual tibetana,
fue cerrado en varias ocasiones tras plantear ella
diversas cuestiones sobre el papel de China en Tíbet.
Sonam Gyalpo, ex monje, fue condenado a 12 años de
cárcel a mediados de 2006 por ?poner en peligro la
seguridad del Estado? tras encontrar las autoridades
vídeos del Dalai Lama y otro ?material
incriminatorio? en su casa. Su familia descubrió que
había sido juzgado y condenado cuando intentó
visitarlo en el lugar en el que permanecía detenido.
Personas refugiadas de Corea del Norte
Según informes, aproximadamente 100.000
norcoreanos se ocultaban en China. Las autoridades
detenían y expulsaban a entre 150 y 300 por semana
sin ni siquiera remitir los casos a la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
(ACNUR). Seg?s informes, también implantaron un
sistema de recompensas por entregar a norcoreanos y
de multas elevadas por prestarles apoyo. En
septiembre se recibieron informes sobre la adopción
de nuevas medidas represivas contra los norcoreanos
que vivían ilegalmente en China.
Se recibieron numerosos informes sobre abusos a
norcoreanas residentes en China, incluidos casos de
prostitución y violaciones sistemáticas. Seg?s
informes recibidos, las norcoreanas eran vendidas
como futuras esposas a hombres chinos por cantidades
que oscilaban entre los 880 y los 1.890 dólares
estadounidenses. Algunas mujeres sabían que iban a
ser vendidas para contraer matrimonio, pero no
tenían conocimiento de lo duras que serían las
condiciones en China. Otras cruzaban la frontera
engañadas por agentes matrimoniales que se hacían
pasar por comerciantes.
Región Administrativa Especial de Hong Kong
A comienzos de 2006 fueron absueltos los 14
surcoreanos acusados de ?reunión ilegal? tras
protestar durante las reuniones que la Organización
Mundial del Comercio celebró en diciembre de 2005,
lo que provocó nuevas peticiones para que se
realizase una investigación independiente sobre la
actuación de la policía durante las protestas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité
de la ONU para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer examinaron la situación de los
derechos humanos en Hong Kong en marzo y agosto
respectivamente. Ambos comités hicieron varias
recomendaciones para que se realizasen reformas.
En septiembre, el Tribunal de Apelación de Hong Kong
confirmó el fallo de un tribunal de primera
instancia según el cual se consideraban
discriminatorias las leyes que establecían que para
las relaciones sexuales entre hombres homosexuales
se requería una edad de consentimiento superior a la
exigida para personas heterosexuales. Las
autoridades anunciaron que no presentarían nuevos
recursos.
Se siguió denegando la entrada a solicitantes de
asilo sin haber examinado debidamente sus casos.
Otras personas fueron detenidas por alargar su
estancia más tiempo del que permitía su visado o por
otros delitos relacionados con la inmigración. A
pesar de la presión ejercida por grupos de derechos
humanos y de defensa del bienestar social, las
autoridades confirmaron que no estaba previsto
ampliar a Hong Kong la Convención de la ONU sobre
los Refugiados. Cuando el ACNUR suspendió su
financiación en mayo, las autoridades comenzaron a
ofrecer asistencia social limitada a solicitantes de
asilo, pero, seg?s informes, ésta resultaba
insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
• People's Republic of China: Abolishing ?Re-education
through Labour? and other forms of administrative
detention - An opportunity to bring the law into
line with the International Covenant on Civil and
Political Rights (Índice AI: ASA 17/016/2006)
• Republica Popular de China: Contribuye al
conflicto y los abusos contra los derechos humanos.
El flujo de armas se acelera (Índice AI: ASA
17/030/2006)
• Republica Popular de China: La cuenta atrás
hacia las Olimpíadas (Índice AI: ASA 17/046/2006)
• Mordaza a la libertad de expresión en China: El
papel de Yahoo!, Microsoft y Google (Índice AI: POL
30/026/2006)
Visitas
Representantes de Amnistía Internacional
asistieron a diversas reuniones relacionadas con los
derechos humanos en Pekín y Shenzhen.
Palabras clave : censura , pena de muerte , derechos
de las minorías , tortura y otros malos tratos ,
trata , violencia contra las mujeres
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