Claudia Esther del Rosario Aguilar Torres
Universidad Autónoma de Zacatecas, México
clauaguila@yahoo.com

Desde que se incrementaron las exigencias por parte de los organismos financieros internacionales –El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- se fueron generando las transformaciones y adecuaciones del sistema de educación superior en los países que mantiene relaciones financieras con ellos, en virtud de garantizar la satisfacción de necesidades emanadas del mercado con la formación de profesionales encaminados a ser “útiles al capital”, y la realización de investigaciones temáticas “a pedido”. De acuerdo con Luis Ibarra Rivas “el principal interés es dirigir la educación para que los profesionales sean funcionales a la producción, compra y venta de mercancías. El interés de la calidad de la educación es el mercado y la fábrica”.

Jiménez afirma que tanto las instituciones de educación superior como el trabajo de los académicos se han ido adecuando al modelo educativo norteamericano “que traslada la lógica del mercado y la empresa capitalista a la educación, la que tiende a verse mas como un bien privado que como un bien público, como una mercancía más que como un servicio, fomentando la competencia para su obtención o por su venta y la mercantilización de los beneficios ofertados.” Desde su perspectiva, esto conlleva a la generación de un escenario de competencia entre las universidades públicas y las privadas por captar a los estudiantes, y en el caso de los docentes deben luchar para poder acceder a recursos y prestigio; por lo que las políticas se encaminan hacia la reestructuración neoliberal del sistema educativo y el logro de un modelo educativo de mercado, un imperialismo cultural.

1. Reformas educativas y científicas en el marco del modelo neoliberal

Hay enfoques que coinciden en que los organismos financieros ejercen influencia en el diseño de las políticas de cambio estructural que se manifiestan en el ámbito educativo y que han llevado al Estado a reducir el presupuesto destinado a este rubro dando lugar a que la Universidad Pública busque estrategias de sobrevivencia lo que impacta en sus integrantes y en el cumplimiento de sus funciones; en el caso de los académicos se reflejan en la docencia, la investigación, la extensión y la generación del conocimiento. Varios autores han enfocado sus investigaciones a establecer la relación entre el desarrollo del capital y la evolución del sistema educativo, además de su impacto en las condiciones laborales. H. Vessuri refiere que la presencia de la crisis económica trastoca a la investigación universitaria a partir de que las universidades y las actividades docentes y de extensión, son sometidas a ajustes por los grandes organismos financieros internacionales. Coraggio por su parte, señala la existencia de una relación entre el modelo económico neoclásico de crecimiento y la política educativa a través de una reforma del sistema educativo que se encuentra en continua supervisión por medio de los mecanismos de evaluación institucional; y destaca el carácter determinante del Banco Mundial en el diseño de las políticas educativas en América Latina a partir de su fuerza económica.

López y Flores afirman que las reformas educativas se plantean desde instancias de poder internacional y nacional con la participación de diversos actores como políticos, intelectuales, académicos y organismos no gubernamentales, pues éstos “identificaron que la falta de eficiencia, eficacia y productividad educativa radicaba en el acelerado crecimiento de los sistema educativos nacionales, debido a la masificación de la matrícula y los ineficientes esquemas de operación administrativa altamente centralizados”.

Llomovatte y Wischnevsky, considerando que en las décadas de los ochenta y noventa se presentó un incremento en la matrícula, estudian las condiciones de trabajo en las universidades y su efecto en los académicos a partir de las imposiciones del contexto socioeconómico y sociopolítico.

El posgrado se constituye como la plataforma de formación profesional de mayor calidad de recursos humanos competentes; igualmente, en su interior se genera conocimiento que en este escenario parece enfrentarse a una disyuntiva en el plano de la investigación: se atienden y satisfacen los intereses del mercado a través de la empresa privada, o se da preferencia a proyectos encaminados al fortalecimiento y desarrollo científico, económico y social.

Para participar en el mercado de conocimiento y laboral actual, el posgrado debe proporcionar las condiciones y conocimientos a los estudiantes y académicos. En este sentido, las modificaciones en la política educativa se diseñan a partir de considerar los ejes de la reforma, que configuran el modelo neoliberal de la educación superior. Según Jiménez Nájera, dichos ejes se centran en la relevancia o pertinencia, control de calidad, flexibilidad de las IES y la gestión educativa.

2. Recuento de las reformas educativas en los sexenios neoliberales

La política educativa en México, como el resto de las políticas públicas durante los últimos tres decenios, se ha regido por lineamientos neoliberales. Particularmente, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari quedaron expresadas tales posturas en programas educativos que en el discurso pretendieron apoyar a la educación superior en su consolidación, como un medio de formación de profesionales que contribuyan con el progreso y desarrollo regional y nacional, generar condiciones más adecuadas para su funcionamiento, aminorar las desigualdades de los apoyos a proyectos de investigación y formación y actualización de académicos, avanzar en la cobertura, la elevación de la calidad y la formación, también se preveía la ampliación del financiamiento, la mejora de las instituciones y la subordinación de las tareas institucionales a la evaluación por organismos externos para valorar su pertinencia social. Sin embargo, hubo aspectos que informaban de lo contrario como la cuestionada reducción de la calidad educativa en algunas instituciones de educación superior, mientras ocurría, por otro lado, el incremento en la matrícula. En términos generales, la posición del Estado se plasma en diversos planes:

1. Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, 1983-1988, bajo el gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado: sus objetivos y estrategias se encaminaban a mejorar la educación en todos sus niveles, un elemento destacable es la introducción del concepto de calidad para la práctica educativa. Se establece una revolución educativa. En este sexenio se da el Acuerdo Presidencial que establece el surgimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en julio de 1984, que tiene como objetivos “fortalecer y estimular la eficiencia y la calidad de la investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades” , además de fomentar el desarrollo científico y tecnológico otorgando incentivos económicos adicionales al salario de investigadores miembros del sistema.

2. Programa de Modernización de la Educación, 1989-1994, de Carlos Salinas de Gortari: plantea, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, la modernización de la educación para contribuir en la generación de recursos humanos que satisfagan las necesidades de desarrollo del país. Proponía con ello, un cambio en los contenidos de los planes de estudio y en métodos pedagógicos, de modo tal que se estableciera una relación con el aparato productivo y se fortaleciera la ciencia y la tecnología principalmente. De inicio se plantea que “la educación superior universitaria pública se otorga en instituciones federales y estatales, autónomas y desconcentradas… tienen los fines de educar, investigar y difundir y extender los beneficio de la cultura”. Están dotadas de un régimen de gobierno, autonomía, libertad de cátedra e investigación, lo que les da un reconocimiento particular.

3. Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000, de Ernesto Zedillo Ponce de León: Se parte de la idea de que la educación media superior y superior tienen un gran valor estratégico para impulsar el desarrollo del país. Se considera la importancia del aprendizaje como proceso a partir del análisis, interpretación y adecuado uso de la información, aunado a la pretensión de ampliar y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Media Superior y Superior, para valorar el desempeño del personal académico, los programas, y las instituciones.

4. Programa Nacional de Educación, 2001-2006, de Vicente Fox Quesada: dentro del tema de Política Social que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los mexicanos sobre la base de asegurar el ejercicio de su libertad individual, se anuncia a la educación como estrategia central para el desarrollo; se parte de la idea de que ella “es el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva y para lograr la emancipación de las personas y de la sociedad.” Y que fomentando e impulsando la educación se apuntala el esfuerzo contra la pobreza e inequidad.

5. Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, de Felipe Calderón Hinojosa: se presenta el tema de Igualdad de Oportunidades y aquí se incluye la Transformación Educativa, en el objetivo 14 se establecen las apreciaciones sobre la educación superior a partir de considerar la necesidad de ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. Se pretende que las IES “funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos y profesionales creativos y científicos comprometidos con su país y de competencia internacional”.

3. Panorama del Sistema de Educación Superior en México

La Subsecretaría de Educación Superior se encarga del impulso del sistema de educación superior encaminado hacia el logro de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012; de acuerdo a su información son 2,537 instituciones las que integran el sistema de educación superior en el país en el ciclo escolar 2008-2009. En una primera división distingue IES públicas y privadas:

En base al balance sobre la educación superior en México de Julio Rubio Oca, en el ciclo escolar 2004-2005 la clasificación de las IES se integraba por 8 grupos.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en su Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior distingue entre las instituciones públicas, donde se registran 1108, y las privadas, con 1779 a noviembre de 2009. Este sistema de educación superior se constituye por las modalidades de técnico superior universitario, licenciaturas universitarias, tecnológicas, educación normal y posgrado que incluye la especialidad, la maestría y el doctorado.

Respecto a la matrícula en las IES, en el ciclo escolar 2007-2008 hay 2’623,367 inscritos, que representan el 7.9% de todo el sistema educativo; de éstos 874,314 pertenecen al régimen privado, el 33.3%, y 1’749,053 al público, el 66.7% del total. Su distribución se resume enseguida.

Los programas de Posgrado en México

Al aceptarse la idea de que el nivel de formación profesional de la población guarda relación estrecha con el desarrollo económico de los países, se sugiere que si se logran niveles educativos más elevados las posibilidades de que esto se refleje de una manera positiva en el desarrollo económico son igualmente mayores; pues se contará con recursos humanos que laboren en áreas estratégicas de la ciencia y la tecnología, que coadyuven a un funcionamiento más eficiente de las actividades del sector público y el privado. Pero para ello es importante el impulso a la educación en general, y el apoyo a los niveles de posgrado en especial.

El posgrado implica la formación educativa más especializada en un área del conocimiento, una formación que permita al estudiante incrementar sus habilidades y experiencia investigativa. Bernache, considera al posgrado como “la continuación de la educación superior en la que los estudiantes buscan una especialización en una disciplina científica con el fin de consolidar sus habilidades como investigadores […] tiene la misión central de formar investigadores. La misión secundaria es formar profesionales en gestión en un área de interés”.

A) Clasificación

Una primera clasificación del posgrado está dada a partir de su régimen, público o privado. En los últimos años las instituciones privadas se han incrementado al igual que su oferta, pues se presentan como alternativas que proponen nuevas opciones de formación, promueven su actualidad y pertinencia.

Según la información del Catálogo del Posgrado 2006, en México en los primeros años de la década de los noventa los alumnos de posgrado eran 45,900, cifra que se elevó a 153,900 en el ciclo 2005-2006. Se registran 902 instituciones públicas y privadas que ofertan 5,322 posgrados: 1,240 especialidades, 3,468 maestrías y 614 doctorados.

De acuerdo con la ANUIES, en el ciclo 2006-2007 existen más IES privadas ofertando posgrados que públicas. No obstante, la población atendida es mayor en las segundas en lo que atañe a la especialidad y el doctorado; las IES públicas continúan representando una opción válida y atractiva.

El posgrado puede tener una orientación hacia la profesionalización o hacia la investigación. Bernache expone la siguiente agrupación para catalogar la calidad de la formación en los posgrados en México:

a) Los programas de excelencia avalados por el CONACYT y sometidos a continua evaluación,

b) los programas normales que están aprobados oficialmente y ofrecen una formación sólida con un programa formal,

c) los programas cuya formación de estudiantes es superficial.

El CONACYT estableció en su convocatoria 2006 al registro en el Padrón Nacional de Posgrado una clasificación para los programas de posgrado, que pueden ser competente a nivel internacional o de alto nivel. En su convocatoria 2009 , el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad tiene como vertientes:

a) El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), que a su vez incluye: Programas de Competencia Internacional y Programas Consolidados

b) El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con sus: Programas en Desarrollo, y Programas de Creciente Creación. Además, se tiene el Programa de Fortalecimiento del Doctorado.

La situación que guarda cada uno de los posgrados en México es diversa y en ella se conjugan varios factores. El que la mayoría de las universidades públicas tengan el carácter autónomo, sugiere que su normativa proporciona un marco propio y particular que lo distingue de otros. Existen diferencias importantes que se reflejan en la matrícula, la eficiencia terminal, la dedicación de los estudiantes y los docentes, el tiempo y asesoría del docente, la infraestructura disponible, la relación docente/alumno, etc.

B) Posgrados de las Universidades Públicas

De acuerdo con el CONACYT , para el 15 de febrero de 2010, se encuentran registrados 1216 programas educativos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de los cuales 282 –el 23.2%– pertenecen a universidades públicas federales, apreciándose nuevamente su fortaleza, calidad y pertinencia académica Destacan la UNAM, con el 11% del total de los programas de calidad, el IPN con el 5.4%, y los posgrados de la UAM que representan el 4.7%.

*En el portal de la Dirección General de Posgrado de la UNAM, se ofertan 32 especialidades, una de las cuales, el Plan Único de Especializaciones Médicas, a su vez se compone por 74 especialidades, las cuales se incluyen para efecto de este ejercicio, pues el PNPC registra sólo 49 especialidades y son del PUEM.

**En el caso del IPN se cuenta con dos programas de estudios interdisciplinarios, una maestría y una especialidad

D= Doctorado, M= Maestría, E= Especialidad, PNPC= Programa Nacional de Posgrados de calidad

En las universidades públicas estatales, se presentan diferencias. En el cuadro siguiente sólo plasmamos aquellas con la participación más alta en el PNPC.

Estas 6 universidades tiene 281 posgrados registrados en el PNPC, lo que significa el 23.1%; 12 instituciones públicas del país tienen 563 de los posgrados de calidad, es decir el 46.6%.

C) Matrícula

Con base en la información proporcionada por los propios programas a través de los Formatos 911 –recurso empleado por el INEGI para la obtención de datos significativos referentes a matrícula, docentes e infraestructura y otros–, mostrada por la ANUIES en sus Anuarios Estadísticos, en el ciclo escolar 2007-2008 la matrícula nacional en el régimen público fue de 88,390 alumnos, frente a 85,892 del régimen privado. La tendencia de crecimiento en el periodo 2004-2008, que es acelerada en el régimen privado, la encontramos en las siguientes tablas:

Se observa que más del 60% de la matrícula en todos los ciclos escolares se concentra en el nivel de maestría, seguido por la especialidad que supera el 20% y apenas superior al 10% se ubica en el doctorado. Y se aprecia que, tanto en términos porcentuales como absolutos, mientras la matrícula a nivel de maestría manifiesta una reducción, en la especialidad y el doctorado hay un ligero crecimiento.

Los Anuarios Estadísticos del Posgrado de ANUIES indican que sólo en el Distrito Federal se encuentra el 35.7% del total de la matrícula del posgrado del país para el ciclo 2006-2007, seguido por Nuevo León (6.1%), Estado de México (5.7%) y Jalisco (5.1%); situación que se entiende al considerar que en estos estados se cuenta con un tamaño de población importante y una dinámica económica bastante activa. Los estados donde se presentan los menores porcentajes de concentración de la matrícula son Nayarit (0.2%), Quintana Roo (0.2%), Oaxaca (0.3%) y Colima (0.4%); cuyas matrículas estatales en los posgrados no rebasan los 400 alumnos frente a los 31,507 en el DF.

Respecto a las áreas de estudio que concentran la mayor matrícula para el ciclo escolar 2007-2008, en ambos regímenes que suman174,282 inscritos, se encuentra en el primer orden de importancia el área de ciencias sociales y administrativas, seguida de educación y humanidades como podemos ver en la siguiente gráfica.

4. Problemática y retos del posgrado

En los posgrados la reacción ante las tendencias globalizadoras son diferentes y diversas, pues en este nivel recae una exigencia mayor de atención de la problemática actual. “El posgrado es esencialmente sensible a las presiones globalizadoras, pues una de las cualidades de la globalización es la inmensa rapidez con que se construyen nuevos conocimientos y modelos teóricos.”

Por lo tanto los programas, los docentes y los alumnos se adecuan al marco imperante, lo que se manifiesta en distintos aspectos. La superación de estos problemas se constituye en una serie de retos. A continuación enumeramos algunos:

A) De presupuesto

En respuesta a la crisis económica que se presentó en la década de los setenta, y que impactó de manera profunda a las naciones latinoamericanas durante los ochenta, organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propusieron a los países subdesarrollados llevar a cabo reformas estructurales para acceder a los créditos que se esperaba permitirían hacer frente a la grave situación. Una de las reformas implicaba la reducción del gasto público destinado directamente al sistema educativo y que empujó a replantear las políticas educativas; éstas han provocado una nueva actuación de las instituciones de educación superior y en el desenvolvimiento de los académicos.

Tales organismos consideran al financiamiento en educación como una inversión en la formación de capital humano, que deberá dotar de habilidades y competencias a los educandos para su futura incorporación en el mercado laboral, además de que se espera que esta inversión se refleje en un progreso y mejoramiento de la sociedad. Es decir, la inversión en educación se nos presenta como una alternativa de desarrollo, pero un desarrollo que satisface más las expectativas del capital que de la misma sociedad que requiere mejorar sus condiciones de vida.

En el gobierno de Miguel De la Madrid y en el de Carlos Salinas, se insistió en que el impulso al posgrado era una prioridad, pues se debían generar los cuadros humanos para hacer frente a los retos que exigía una situación económica crítica y en proceso de apertura. Este posicionamiento significó un aumento en su presupuesto –mientras que en el resto de los niveles se presentaba una reducción en términos reales–, que en pocos años se tradujo en un incremento en la matrícula, el número de docentes y la oferta de posgrados en el país. Martínez y Ordorika en su análisis de la política educativa, presentan un balance del sexenio de De la Madrid y concluyen que el presupuesto real (base 1978) se redujo en un 43.65% de 1982 a 1988, en 1982 representaba el gasto educativo un 3.76% del PIB y para 1988 representó el 2.47%; en el caso del posgrado fue a partir del último año de este gobierno cuando se incrementa su presupuesto, en 192.52% de 1982 a 1988, de 807 millones a 2,362 millones.

La variación en el presupuesto destinado a las universidades públicas y en especial al posgrado determina el adecuado funcionamiento de las actividades del posgrado. Se apoya al sostenimiento de la universidad pública en distintos rubros, entre algunos de los programas y fondos diseñados para este fin encontramos los siguientes:

1. Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP);

2. Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES);

3. Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES);

4. Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA);

Destaca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, como un importante órgano de captación y distribución de recursos de la Federación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y sostenimiento del posgrado, preferenciando los que se encuentran en el PNPC, a través del sostenimiento del programa de becas y otras modalidades de apoyo, para lograrlo cuenta con los siguientes programas:

1. Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel.

2. Fomento a la Investigación Científica, con el fin de incrementar la capacidad científica y tecnológica en el país.

3. Fomento a la innovación y al desarrollo tecnológico, de proyectos para la creación de nuevas industrias de alto valor agregado.

Tanto el Estado como la sociedad, demandan la rendición de cuentas en el uso de los recursos financieros del sistema de educación superior. En este sentido, en el Artículo 45, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se señala que “las entidades federativas deberán enviar informes trimestrales tanto a la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, como a la Secretaría de Educación Pública, sobre la aplicación de fondos para la operación de los subsistemas de educación media superior y superior”. El mismo Artículo en su fracción III indica que la IES deben poner a disposición la información de la aplicación y uso de los recursos recibidos “en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en su caso, la ley local respectiva, las instituciones incorporaran en su página de internet la información relacionada con los proyectos y montos autorizados”.

B) La autonomía

Un aspecto importante, ligado al tema del presupuesto, es el correspondiente a la autonomía de las universidades públicas y cómo se manifiesta ésta en los posgrados. En el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VII se hace esta referencia y establece que “las Instituciones de Educación Superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas; determinar sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administraran su patrimonio.”

Partimos de la manera en que inciden el entorno económico y político en materia educativa en su búsqueda por generar cuadros humanos cada vez más calificados y capacitados para satisfacer el perfil que demanda la empresa privada. Es decir, el modelo neoliberal trata de imponerse en el sector educativo del ámbito público, a través de las reformas en la política educativa, ajustes y manipulación presupuestal, directrices en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, etc. Se manifiesta la intromisión incluso en la propia autonomía universitaria, carácter que la ha distinguido en mucho tiempo, junto a su carácter social, científico y humanista. Para González Casanova, el contexto que atraviesa la Universidad Pública en la actualidad advierte una lucha por mantener la autonomía universitaria frente a “la privatización, la desnacionalización y la usurpación de instituciones públicas y nacionales para convertirlas en empresas mercantiles. Y la transformación de la educación en mercancía”. Menciona también que la autonomía universitaria exige el derecho a la crítica objetiva y coherente, e implica la lucha por el conocimiento, contra la privatización y desnacionalización de empresas y servicios públicos y sociales, el endeudamiento y la crisis; enfrentarse a los medios de comunicación y su postura elitista y de desinformación; contra los odios y amenazas humanas, y la destrucción del medio ambiente, etc.

En los hechos, el capital ha sobrepuesto sus intereses a la autonomía, introduciéndose en la toma de decisiones, la determinación de los presupuestos, los temas, el diseño y los tiempos en las investigaciones y los proyectos de ciencia y tecnología Y en el caso de algunas universidades más vulnerables por sus condiciones socio-históricas, ello se ha realizado con celeridad. Este aspecto es precisamente uno de los que más preocupan a los universitarios.

C) De infraestructura

La infraestructura disponible en los posgrados del país es insuficiente, inadecuada y desigual, lo que se relaciona con el acceso a recursos financieros que permitan proporcionar las condiciones materiales e instrumentales indispensables para la realización adecuada de las distintas actividades que se desempeñan en los posgrados, como docencia, investigación, divulgación del conocimiento, además que permita a los estudiantes acceder al conocimiento. De acuerdo con Arredondo, el posgrado enfrenta la siguiente situación:

a) Las condiciones de funcionamiento y operación de los programas, en muchos casos, no son congruentes con lo que se pretende de este tipo de estudios. Es decir, no suelen haber "condiciones de posibilidad" para lograr la formación de recursos de alto nivel.

d) La mayoría de los programas no cuenta con las instalaciones adecuadas. Estas no han sido concebidas para que los estudiantes puedan "trabajar", sino sólo para que "tomen clases"… De igual manera, respecto a los profesores, la distribución de espacios y tiempos, dentro de los programas, es un factor con frecuencia soslayado.

e) Los servicios de apoyo (centros de documentación, bibliotecas, laboratorios, equipo de computación, etc.) son deficientes en la mayoría de los casos. Los problemas de información actualizada suelen ser serios, agudizados por la crisis económica que dificulta el acceso a libros y revistas publicados en el extranjero.

En este sentido hacíamos el señalamiento arriba expuesto sobre que la infraestructura es inadecuada y desigual, es importante tener en cuenta el área del posgrado, el número de alumnos, su disponibilidad de tiempo para cursar el posgrado, las condiciones naturales de lugar donde se ubica, si tiene instalaciones propias o las comparte con otro programa o nivel, por ejemplo licenciatura, las características de las aulas, los laboratorios y los cubículos, si estos últimos son individuales o compartidos, si se cuenta con elementos que garanticen la seguridad, la antigüedad de las instalaciones y sus condiciones, etc. Todos estos factores proporcionan un escenario material e instrumental que repercute en la labor del posgrado y del académico, por lo que es frecuente que se demanden recursos para mejorar, actualizar o ampliar la infraestructura existente. Un ejemplo de esto último también se muestra en la solicitud de recursos extraordinarios del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, pues puede solicitarse para adquisición de bibliografía, equipo de cómputo, acceso a revistas o bases de datos electrónicas, equipo de laboratorio y de seguridad, instrumentos varios, mobiliario y, más recientemente, apoyo para construcción.

D) Planta académica

En los objetivos de las políticas educativas destaca el interés por el mejoramiento profesional y académico de los docentes e investigadores por medio de programas de formación y actualización continua, así como de estímulos diversos, algunos de los cuales se reflejan en un ingreso mayor que se constituyeron como un complemento frente al deterioro salarial. Entre los programas de fomento y apoyo a los docentes, investigadores e instituciones, se encuentran:

1. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI);

2. El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP);

3. El Programa de Estímulos al Desempeño Docente (ESDEPED);

4. El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI);

5. El Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN)

6. Otros apoyos a proyectos pertinentes y con impacto en el desarrollo nacional, regional y local

A medida que se incrementó la matrícula y la oferta del posgrado, se hizo necesaria no solo la contratación de más docentes sino que los mecanismos y requisitos de selección y contratación han ido modificándose. Por ejemplo, en cuanto al grado mínimo aceptado, debe ser el mismo del nivel a impartir o mayor, la modalidad de contratación está dando preferencia al tiempo completo pues las actividades de investigación y generación de conocimiento que exige el posgrado así lo requiere, y además guarda relación con el tipo de posgrado que se trata, si es de profesionalización o de investigación.

Para los académicos, laborar en los posgrados se traduce en una responsabilidad académica mayor que implica destinar una parte importante de sus actividades a la investigación frente a la docencia, y esto conlleva entre otras cosas, el establecimiento de redes de cooperación para la realización de trabajo de manera conjunta, así como la posibilidad de hacer extensivo el resultado de sus investigaciones.

El grado y perfil que poseen los académicos es importante, pues deben contribuir y reflejarse en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es necesario que existan las condiciones que permitan continuar el proceso de habilitamiento de los académicos, garantizar certeza y seguridad laboral, y también un ingreso que responda a las actividades efectuadas.

Sobre esto, Annie Pardo, Titular de la Dirección General de Posgrado de la UNAM, señala categóricamente que “tener personal calificado es una necesidad indudable […] el desarrollo de un país depende, en gran medida, de su capacidad científica, y en México no tenemos suficientes investigadores que se forman en el doctorado”.

El rendimiento académico es una categoría que se refiere a la evaluación de los conocimientos que se adquieren durante la estancia por la escuela, se aplica habitualmente a los estudiantes de los niveles medio superior y superior.

Cuando se habla de la productividad académica, nos referimos a un aspecto cuantificable del esfuerzo y trabajo del docente investigador, y sujeto de evaluación interna y externa afirman que las universidades tienen una doble meta:

1. La producción de conocimiento; la cual consideran como una “misión básica de los investigadores que suele cumplirse mediante la formación de sus integrantes en los ámbitos de posgrado” ; y

2. La productividad académica, vista como los resultados de la investigación de los docentes, que se espera tenga un efecto positivo para ellos, la institución y la sociedad.

En las estadísticas de la ANUIES se encuentra un apartado sobre docentes que comprende de 1980 a 1999; destacando el boom en el año de 1984, un aumento de 19,557 docentes en educación superior en el país, de los cuales 6,373 incrementan la planta docente del posgrado, llegando a un total de 8,293. La tendencia de crecimiento se mantuvo aunque a un ritmo más modesto. Se encuentra una explicación en el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte del Gobierno de De la Madrid (1982-1988) que consideraba la necesidad de la creación de recursos humanos más y mejor formados, lo que impulsó el crecimiento de las alternativas educativas, la matrícula y por tanto la planta docente.

En el caso de los posgrados con orientación profesionalizante, no es de extrañar que exista un número considerable de docentes que no son de tiempo completo, que trabajan en dos o más IES, o combinan la docencia con el ejercicio de su profesión, tal es el caso de médicos, abogados y contadores, entre otros. En los posgrados con orientación a la investigación, una buena parte de la planta académica es de tiempo completo, y realizan distintas funciones como docencia, investigación, asesoría, tutoría y gestión. Generalmente en estos posgrados la citada planta es más consolidada y tiene una mayor participación en la generación del conocimiento, se distingue por productividad académica.

Los parámetros de evaluación de la productividad académica no son homogéneos para todas las áreas, existen aquellas que por lo preciso y delicado de sus investigaciones los resultados se obtienen a mediano y a largo plazo, como las ciencias exactas, por lo que se le otorga un valor significativo a la elaboración de un ensayo; en cambio, en la ciencias sociales se exigen artículos, capítulos de libros o libros. Otro elemento que da cuenta de la desigualdad se relaciona con el hecho de ser o no miembro del Promep y/o del SNI, en éste último el reconocimiento se acompañan de un estímulo económico complementario del salario.

De acuerdo al padrón del SNI vigente a enero de 2010 , hay registrados 15,491 investigadores, de los cuales 10,706 son hombres y 4,785 son mujeres. Durante el período 2000-2008 el número de miembros prácticamente se duplica, veamos su evolución en la siguiente tabla:

4.6 Miembros del SNI por género (2000-2008)

E) De calidad y cobertura

Las nuevas tendencias encaminan a las instituciones hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad, e impulsa la competencia. Esto implica cambios en la forma de transferir el conocimiento en el aula, la actitud y comportamiento de los estudiantes y docentes, en las formas y estrategias de trabajo académico sobre la base de la participación conjunta por medio de los Cuerpos Académicos con líneas específicas de investigación que facilitan el establecimiento de redes de colaboración que se traducen en intercambio de conocimiento.

La práctica de la evaluación es cada vez más común, pues de esto depende el acceso a recursos extraordinarios o complementarios así como el prestigio de la institución, del posgrado, de los académicos y los estudiantes; y son precisamente los programas y los docentes los principales sujetos de consideración. Si bien es cierto, todo el ámbito educativo suele ser evaluado, la situación cobra un matiz particular en los posgrados, pues su carácter de nivel más avanzado le demanda criterios más específicos a atender. Es en la década de los noventa cuando surgen varios organismos evaluadores, entre los más reconocidos se encuentran:

1. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. CIEES)

2. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)

Uno de los investigadores que se han preocupado por este tema, desde hace tiempo, es Víctor Martiniano Arredondo quien sugiere que los lineamientos, criterios y requisitos de la evaluación en la licenciatura, por lo general son los mismos en los posgrados, pues es común que docentes que participan en la licenciatura lo hagan también en el posgrado y la cercanía espacial de ambos niveles. Y menciona que “la evaluación es un medio para conocer y valorar, justipreciar la relevancia de situaciones, procesos o resultados, cuya finalidad es tomar decisiones -con elementos de juicio suficientes- y adoptar medidas para rectificar o corregir errores, o bien para ratificar y consolidar medidas acertadas.”

Díaz Barriga , señala que el Manual de Evaluación del Posgrado establece como indicadores: la valoración general, la operación del programa, el plan de estudios, la planta académica, el seguimiento de la trayectoria de egresados, la producción académica, la infraestructura, la vinculación y los recursos financieros. Considera que “la evaluación tiene que convertirse en una actividad más académica, debe recuperar su sentido amplio y convertirse en un instrumento que permita retroalimentar el funcionamiento del programa de posgrado” . Y que los indicadores deben reducirse a los realmente significativos: plan de estudios, planta académica y estudiante.

Los organismos evaluadores demandan una serie de información que, según señalan, permite tener un panorama o conocimiento lo mas objetivo de la realidad que enfrenta el posgrado, y bajo el argumento de que a partir de las recomendaciones emitidas, se puede estar en condiciones de impactar en las decisiones que tiendan a mejorar el funcionamiento y la calidad del posgrado.

F) Pertinencia social y vinculación productiva

Un aspecto relevante tiene que ver con la pertinencia del posgrado y su vinculación con el sector productivo. La vinculación puede definirse en “términos de una relación de interés mutuo y de responsabilidades compartidas, tanto para el planteamiento como para la solución de problemas comunes, cuyo frutos sean de beneficio directo para las instancias participantes y la sociedad”, se espera que impacte en la transformación del sector productivo y genere por tanto beneficios a la sociedad de manera directa o colateral.

Es cada vez más común que se les demande a los posgrados participar en el desarrollo productivo y científico de la nación a través de la formación de cuadros humanos que demanda la empresa y con la creación y desarrollo del conocimiento aplicado a los proceso productivos y/o con impactos que se manifiesten en mejoras sociales, como se mencionó anteriormente ligados al desarrollo económico. Así, se establecen nexos importantes entre la empresa y la universidad pública a través, por ejemplo, de convenios de colaboración, y apoyo y fomento financiero a proyectos de investigación que le serán útiles a ambas partes. Pero las universidades públicas deben garantizar la calidad de su planta académica y de sus resultados.

G) Otros problemas de funcionamiento u operativos

El crecimiento poblacional incide en la demanda por acceder a espacios de formación educativa superior, que en este nivel se espera impacten de manera favorable en la calidad de vida, tanto del sujeto como de la sociedad. Este escenario ha orillado a que, en algunos casos, el posgrado se adecue más a las necesidades y condiciones del estudiante, que a la inversa, lo que afecta la razón de ser del mismo. Según Bernache , algunos problemas derivados de lo anterior son:

1. El número de alumnos aceptados por programa. Cuando éste sobrepasa la capacidad de atención dentro y fuera del aula, y afecta la adecuada proporción en la relación estudiantes por docentes, impacta negativamente en el proceso de aprendizaje y en la eficiencia terminal;

2. El grado de rigor en el proceso de selección. Hay programas que aceptan estudiantes con requisitos mínimos y con distinta formación, que carecen de conocimientos básicos en el área, esto implica dedicar tiempo a los estudiantes rezagados, a la vez que se reduce el nivel general de exigencia para la permanencia;

3. Trabajo y estudio. Los programas de posgrado tienen la presión de formar a los estudiantes en un tiempo más breve, en especial los que se encuentran en el PNPC que beca a los estudiantes y les demanda dedicación a tiempo completo. Sin embargo, ésta no es la situación que prevalece en la mayoría de los programas, donde sus alumnos trabajan y estudian reduciendo el tiempo para atender y cumplir con sus deberes académicos. Lo mismo sucede con otros intereses extra-académicos, por ejemplo, los políticos.

Conclusiones

Como resultado de la implementación de las políticas de corte neoliberal en México que se han traducido en reducción del gasto público, el sector educativo ha sufrido sus embates. Con el crecimiento de la matrícula a finales de la década de los setenta se hace necesaria la expansión de la infraestructura y de la planta docente, que en esta etapa difícilmente gozaba de seguridad y certidumbre laboral.

En los programas y planes gubernamentales de educación se delimitaron los mecanismos bajo los cuales debe de funcionar la universidad pública y con ello los posgrados, encaminados hacia la calidad, y por tanto la evaluación; surgen organismos e instituciones que se encargan de llevar a cabo estas funciones, además de las que se encargan de otorgar recursos financieros que coadyuvan a la recuperación salarial afectada desde los años ochenta que provocaron, así mismo, un tipo de estratificación académica entre los beneficiados de los programas y lo que no podían o lograban ingresar, tal es el caso del Sistema Nacional de Investigadores.

En esta nueva situación, la problemática y los retos de los posgrados adquieren matices particulares que pueden apreciarse en distintos rubros, entre ellos los temas de presupuesto, la autonomía, la infraestructura, la calidad y la cobertura, la pertinencia social y la vinculación productiva, la situación laboral, la productividad y el desempeño académico, las condiciones laborales, etc.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos los posgrados de las universidades públicas han continuado generando conocimiento y contribuyendo al mejor desarrollo del país a través de la vinculación y la extensión; se mantienen como las mejores opciones educativas y un número significativo de programas de posgrado cuentan con el reconocimiento de su calidad.

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