Revista: CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales
ISSN: 1988-7833

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LEGITIMIDAD DEL ESTADO EN EL COBRO DE CONTRIBUCIONES EN MÉXICO

1. Teorías argumentativas en la Justificación de la relación jurídico tributaria.

(Arrioja, 1998) habla de la justificación de la Relación Jurídico Tributaria, indicando que existe una justificación histórica y justificaciones doctrinarias. En la histórica, considera, que la existencia de la relación jurídico tributaria se justifica aduciendo que al pasar de nomadismo a la vida sedentaria, para poder dedicarse con mayor facilidad a actividades fundamentalmente lucrativas, el conglomerado social obligó a sus componentes a sacrificar una porción de lucro obtenido para allegar al gobierno de los fondos y recursos económicos indispensables para la satisfacción de todas las necesidades colectivas, sin cuya atención ningún núcleo social puede subsistir.
Dentro de las teorías doctrinarias, Arrioja Vizcaino menciona según su parecer a las dos más importantes: “la Teoría de la Relación de Sujeción que constituye una tesis sostenida y defendida por los tratadistas alemanes de Derecho Público, según los cuales, la relación jurídica tributaria se justifica por el simple hecho de la existencia de súbditos dentro de un Estado. La potestad de exigir el pago de prestaciones económicas para cubrir el gasto público nace del mero sometimiento a la soberanía de quienes representan el poder público (se considera la justificación de los regímenes autoritarios)”. Y pareciera la justificación de algunos gobiernos actuales.
La Teoría del beneficio equivalente es la sostenida por la escuela Anglosajona de Derecho Público. Entre sus principales promotores destacan Hugh Dalton y (Kuznets, 1941). Ésta se expresa afirmando que los tributos tienen como finalidad costear los servicios públicos que el Estado presta, por lo que tales servicios, deben representar para el particular un beneficio equivalente a las contribuciones efectuadas.
Al respecto Arrioja cita a Kuznets, quien sostiene que “El valor de los servicios que el gobierno presta a los individuos es equivalente al importe de los impuestos que pagan”. (Arrioja,1998:14)  
Por su parte los economistas clásicos hablan del Principio del beneficio, también denominado de equivalencia, el cual se basa en que un sistema fiscal es equitativo sólo en la medida en que cada individuo contribuya al financiamiento de las actividades públicas de acuerdo al interés (beneficio) que para él tengan dichas actividades.
Adam Smith en su libro La Riqueza de las Naciones (1723-1790) al respecto literalmente, reza: “los súbditos de cualquier estado deberían contribuir al sostén del gobierno en una proporción tan cercana como fuera posible a sus respectivas capacidades; es decir, en proporción a los ingresos que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado”. (Smith, Trad. 2001:130)
La premisa de esta teoría del beneficio equivalente es que debe existir un beneficio semejante entre la aportación que como ciudadanos entregamos al Estado y los servicios que éste presta. En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 31 F.IV adopta este sistema al considerar que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, de manera proporcional y equitativa, es decir, otorgando un trato igual a los iguales y atendiendo a la capacidad económica del contribuyente.
A este respecto, autores como Tron Petit (2010) en su obra “Lo real y lo justo de los impuestos” afirma que los ciudadanos no podemos vivir sin el Estado y éste no puede subsistir sin el financiamiento de aquéllos, de ahí la legitimidad y razón de ser del poder tributario. Luego entonces, el gasto público resulta legítimo cuando cumple sus objetivos y de la manera más eficiente. Dicho en otras palabras, puede verse como una inversión.
La legitimidad del Estado a decir, de Tron Petit nace de la necesidad mutua entre ciudadanos y Estado y el gasto público es legítimo si cumple sus objetivos de manera eficiente a fin de que los ciudadanos vean las contribuciones como una inversión. Es difícil afirmar que los ciudadanos mexicanos ven a las contribuciones como inversión o que el valor de los servicios que el gobierno presta a los individuos sea equivalente al importe de los impuestos que pagan como lo afirma Kuznets, si consideramos que en México tenemos un grave problema de evasión de contribuciones, pues de acuerdo a datos de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “México es el país de América Latina y el Caribe con menor recaudación tributaria, ya que sólo fue de 9.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) contra el promedio de 18.4 por ciento en la región; además de que la recaudación tributaria en México ha disminuido en los últimos años, al pasar de 11.4 por ciento en 1990, a 11.0 por ciento en 2000 y 9.4 por ciento del PIB en 2008.
Adicionalmente, las tasas de evasión tributaria son muy elevadas: entre 40 y 65 por ciento. La Cepal retoma cifras oficiales sobre los ingresos tributarios de los países de la región, según las cuales México ocupa el último lugar en recaudación tributaria” (Ariela, 2002: 89).
Las razones por las cuales nos encontramos en último lugar de recaudación en América Latina son diversas y complejas, sobre todo si consideramos que en nuestro país se habla de una democracia, un Estado de derecho y de la posmodernidad, pero como lo enuncia Tron Petit lo que legitima al gasto público es la conciencia de que las contribuciones son una inversión que definitivamente no se ve reflejada en la recaudación.

1. El papel del Estado y las promesas incumplidas de la modernidad

De Sousa Santos al referirse al pilar de la regulación y el pilar de la emancipación como los dos pilares en los que se apoya el paradigma de la modernidad. Afirma que “el pilar de la regulación está constituido por el principio de Estado, formulado de manera prominente por Hobbes, el principio de mercado, desarrollado por Locke y por Adam Smith, y el principio de comunidad, que preside la teoría política y social de Rosseau. El principio de Estado encarna la obligación política vertical entre los ciudadanos y el Estado, obligación que se garantiza de diversas maneras, a través de la coerción y la legitimidad. El principio de Estado estabiliza expectativas al establecer el horizonte de las expectativas posibles (y, por ende, el de las únicas expectativas legítimas)”. (De Sousa Santos, 2009:54)  
Al respecto (Habermas, 2005) comenta que un Estado debe estar legitimado por la sociedad y esa legitimación se considera la medida de la estabilidad y de la aceptación de la sociedad, por ello, como premisa, de acuerdo a Habermas, se debe hablar de ciudadanos libres e iguales.
(De Sousa, 2009), describe claramente cuáles considera las promesas incumplidas de la modernidad y considera a la igualdad y a la libertad como algunas de las promesas fundamentales de la emancipación moderna, que, con el paso del tiempo, resultó evidente no sólo que muchas de estas promesas no se habían cumplido, sino que la ciencia moderna, en lugar de eliminar los excesos y las insuficiencias, contribuía a recrearlas en moldes siempre nuevos.

Al referirse a esta promesa de igualdad de una sociedad más justa y libre hace referencia a datos proporcionados de 1997 a 1999, respecto a que había 815 millones de personas desnutridas en el mundo: 777 millones en los países en vías de desarrollo; 27 millones en los países que hacían la transición a las economías de mercado y 11 millones en los países industrializados. En el siglo XX murieron de hambre más personas que en cualquiera de los siglos anteriores. Un economista del Banco Mundial concluyó en un estudio de amplio espectro que cubre el 85% de la población mundial de 91 países, que el 1% más rico del mundo tiene ingresos equivalentes a los del 57% más pobre.
Hablar de igualdad como promesa fundamental de la emancipación moderna en México no es diferente, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que “la desigualdad social en México es la segunda más alta de las economías que integran el organismo, sólo detrás de la observada en Chile. Aseguró que en 2008 el ingreso de 10% de los hogares más ricos del país fue 26 veces el registrado en 10% de las familias mexicanas con menores recursos” (Vargas, 2012).
Tenemos al segundo hombre más rico del mundo y a 11 de los individuos más ricos del orbe, por otro lado, más de 50 millones de personas en pobreza. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 2008 a 2010, el número de personas que vivían en pobreza pasó de 48.8 a 52 millones de personas. Lo anterior implicó que en 1,003 de los 2,400 municipios que existen en la República Mexicana, 75% o más de su población viviera en condición de pobreza (CONEVAL, Cambio en el número de personas en pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2010, 2012).
En la lista de multimillonarios de la revista Forbes, los 11 mexicanos que aparecen en el ranking de la publicación acumulan una fortuna cercana a 112,300 millones de dólares en el 2011 (Forbes, 2011), es decir, alrededor de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Esta situación no ha cambiado “los hombres más ricos de México en la fecha 03 de enero de 2019 suman $95.3B” (Rankia, 2019) y los 17 mexicanos más ricos del listado Forbes completan 132 mil 500 millones de dólares, cuando 53.4 millones de individuos en México permanecen en  pobreza (CONEVAL, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 , 2018).
En este sentido Jaime Osorio (2009, pág. 22) considera que “el Estado sintetiza intereses sociales particulares y expresa el poder de determinados agrupamientos sociales, el de las clases dominantes, por sobre los intereses de las clases dominadas. Considera que el Estado capitalista es siempre un Estado de clases. Esto se contrapone a las visiones contractualistas del Estado, en donde éste sería el resultado de una cesión de soberanía por parte de los miembros de la sociedad. Ésta, afirma constituye lo que llama una visión ilusoria”. (Osorio, 2009: 22).
Y es que para hablar de una visión contractualista, los ciudadanos tendrían que ceder voluntariamente una porción de soberanía, y se tendría que referir a ciudadanos libres e iguales; sin embargo, como lo dice Boaventura sólo fueron las promesas incumplidas de la modernidad y como lo indica Osorio el Estado con la visión contractualista es sólo una visión ilusoria, ya que las premisas de igualdad y libertad no se cumplen. Ya Rosseau lo indicaba textualmente: “siempre será igualmente descabellado este discurso: hago contigo una convención, cuyo gravamen es todo tuyo, y mío todo el provecho; convención que observaré mientras me diere la gana y que tu observarás mientras me diere la gana”. (Rosseau, ed. 2004: 21)
El enorme problema que surge en este punto es que ya no es sólo el Estado el que impone, sino los entes económicos, los mercados.
(De Sousa, 2009) considera que para comprender el pleno impacto del desarrollo desequilibrado e hipercientifizado del pilar de la emancipación, es necesario recordar el desarrollo concomitante e igualmente desequilibrado del pilar de la regulación durante los últimos doscientos años. En lugar de un armonioso desarrollo de los tres principios de regulación (el Estado, el mercado y la comunidad) hemos presenciado, en general, el desarrollo excesivo del principio del mercado en detrimento tanto del principio del Estado como el de la comunidad.
El dramático crecimiento de los mercados mundiales con el surgimiento de sistemas globales de producción, la industrialización del tercer mundo y el surgimiento de una ideología mundial de consumismo en la época actual de lo que llama “capitalismo desorganizado”, el pilar de la regulación ha sido objeto de un desarrollo desequilibrado, orientado al mercado. 
A este “capitalismo desorganizado” Bauman, cita a Kenneth Jowitt lo llama “nuevo desorden mundial” y del que Bauman considera que “La imagen de desorden global refleja, más bien, la nueva conciencia (facilitada, pero no necesariamente causada, por la muerte repentina de la política de bloques) de la naturaleza esencialmente elemental  y contingente de las cosas, que antes parecían estar controladas o, al menos, “ser controlables desde el punto de vista técnico” (Bauman, 2011 cita a Kenneth Jowitt:47) 

(Bauman, 2011, b) analiza el significado del trabajo y la presentación de la ética del trabajo desde las primeras épocas de la industrialización, la transición de los gremios a los obreros y del problema central que enfrentaron los pioneros de la modernización que consistía en la necesidad de obligar a la gente acostumbrada a darle sentido a su trabajo a transformarse en pequeños engranajes sin alma, integrados a un mecanismo más complejo, que significaba una renuncia a la libertad y que constituyó la razón moderna contra la irracional, ignorante, insensata e imperdonable resistencia al progreso. Coincide con Boaventura de Sousa al considerar que las formas de justificar a la modernidad fueron promesas que nunca se cumplieron y que desde su inicio iban dirigidas al engaño.
Afirma que nuestra sociedad es una “comunidad de consumidores” en el mismo sentido en que la sociedad de nuestros abuelos (la moderna sociedad que vio nacer a la industria) merecía el nombre de sociedad de productores. Sin embargo, cabe señalar que en nuestro país se pudiera hacer una división entre un grupo social consumista y un grupo social marcado por la importante limitante de que 52 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza, en donde lo importante es satisfacer sus necesidades básicas.
Afirma que la estética del consumo gobierna hoy, allí donde antes lo hacía la ética del trabajo. En este sentido Bauman en dicha obra explica claramente cómo pasamos de la ética del trabajo a la estética del consumo y los efectos humanos que acarrea y cómo en esta transición la sociedad cambia y la empresa también.
Siguiendo a (Bauman, 2011, a) esta percepción novedosa y molesta de que “las cosas se van de las manos” es la que se expresa (con escasos beneficios para la claridad intelectual) en el concepto ahora en boga de globalización. En su significado más profundo, la idea expresa el carácter indeterminado, ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales; la ausencia de un centro, una oficina de control, un directorio, una gerencia general. La globalización para Bauman es el “nuevo desorden mundial” de Jowitt, con otro nombre.
De ahí que (Florence, 2009) considere que ese “nuevo orden” se ubica dentro de una lógica de competencia, de acumulación de deslocalizaciones, de privatizaciones, así como la desaparición de las reglamentaciones que antes regulaban esos principios dentro de los Estados nacionales. La desreglamentación económica, a favor de las grandes empresas multinacionales se apoya sobre la reducción de las prerrogativas de los Estados, de su papel de intermediarios (económico, político o social) entre las fuerzas antagonistas dentro de los Estados y da lugar a un nuevo “principio de soberanía” de las empresas trasnacionales, las cuales, a través de los organismos internacionales, dictan las políticas nacionales.
Es muy importante en este punto analizar brevemente El Consenso de Washington que a decir de (Batista Polo, 2001) constituye el condicionamiento al capital externo como instrumento para la implementación de reformas neoliberales en América Latina.

Así, a decir de Batista, Polo con el problema de la deuda externa los países acreedores se percataron de la incapacidad de los países deudores de responder a sus compromisos económicos. De esta manera, nace el C.W. como la estrategia creada por los países acreedores para afrontar la crisis de la deuda externa y garantizar que los países continuaran pagando el servicio de sus deudas. En adelante, el C.W. debía ser “la guía para los gobiernos de países en desarrollo y los organismos internacionales a la hora de valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos”
El C.W. es el recetario del neoliberalismo por excelencia, de ahí que sus medidas propendan por “la reivindicación del poder del mercado y su papel en el desarrollo económico y social, y la prevalencia del sector privado sobre el público, con lo que abogan por la eliminación de la función del Estado en dicho desarrollo”. Con este panorama es claro que el paquete de reformas económicas y políticas del CW es una fiel representación del modelo neoliberal: la apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional, el recorte del gasto público y eliminación de los subsidios sociales; la privatización de las empresas estatales y, en general, el establecimiento del clima más propicio para la inversión extranjera. Los diez puntos del Consenso de Washington son: Establecer una disciplina fiscal, priorizar el gasto público en educación y salud, llevar a cabo una reforma tributaria, establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado, lograr tipos de cambio competitivos, desarrollar políticas comerciales liberales, una mayor apertura a la inversión extranjera, privatizar las empresas públicas, llevar a cabo una profunda desregulación; y garantizar la protección de la propiedad privada.
Para John Kavanagh citado por (Bauman, 2011) la globalización les da a los extremadamente ricos nuevas oportunidades para ganar dinero de manera más rápida. Estos individuos han utilizado la tecnología de punta para desplazar grandes sumas de dinero alrededor del globo con extrema rapidez y con eficiencia creciente. Desgraciadamente, la tecnología no afecta la vida de los pobres del mundo. En realidad, la globalización es una paradoja: beneficia mucho a muy pocos, a la vez que excluye o margina a dos tercios de la población mundial. Esta desigualdad que también enuncia Boaventura tan marcada y que tiende a agrandarse.
Bauman, cita a Bourdieu quien escribió el citado artículo, presentado como conferencia en Friburgo en octubre de 1996, por Hans Tietmeyer, presidente del Banco Federal Alemán. “Lo que está en juego hoy (dijo el banquero) es crear condiciones que despierten la confianza de los inversores. Para despertar la confianza de los inversores y alimentarlos a invertir, dijo, se requiere un control más estricto del gasto público, una reducción de la carga impositiva, una reforma del sistema de protección social y “desmantelar las rigideces del mercado laboral.
El mercado laboral es demasiado rígido; hay que flexibilizarlo. Eso significa volverlo más sumiso y complaciente, fácil de manosear y moldear, cortar y amasar sin que oponga la menor resistencia a lo que se le hace. El trabajo es “flexible” en la medida en que se convierte en una suerte de variable económica que los inversores pueden excluir de sus cuentas” (Bauman, 2011 cita a Bourdieu: 36).
Estas reformas a las que se refiere Tietmeyer a decir de (Guillén, 2010) se dieron en México en la década de 1980, los cambios influidos por el nuevo programa estuvieron orientados a desmantelar el sistema de protección vigente durante la industrialización por sustitución de importaciones. Dentro de las reformas emprendidas, es interesante destacar las reformas referidas al comercio exterior, la apertura financiera, los programas de privatización y el proceso de desregulación de mercados. Este conjunto de reformas vinculó al país con el exterior, abandonando el proyecto de carácter nacional asociado con la sustitución de importaciones.

A decir de (Revueltas,1993) el Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), al iniciar su sexenio, hizo público el PIRE (Programa inmediato de reorganización económica) con el que se iniciaba el viaje hacia el modelo neoliberal aplicando las estrategias elaboradas por el Fondo Monetario Internacional FMI. Los acuerdos con el FMI se han proseguido desde entonces, en términos generales incluyeron políticas de ajuste macroeconómico y reformas de tipo estructural. Revueltas considera que este modelo quedó excesivamente abierto al exterior: de una economía cerrada se pasó abrupta y precipitadamente a una de las cinco economías más abiertas del mundo, sin dar tiempo a que la producción nacional se adaptase, no se tomaron medidas para proteger a la industria interna ni se desarrolló un plan de desarrollo industrial. Esto provocó desde 1992, un estancamiento e incluso quiebras con el consiguiente desempleo. El modelo es sumamente frágil, porque depende cada vez más del exterior: inversiones, empréstitos, repatriación de capitales (factores que están fuera de control).
“La privatización en México se llevó a cabo de forma acelerada: en 1982 existían 1155 empresas estatales y en 1992 quedaban 239”. (Revueltas, 1993: 224).
Por lo que podemos concluir que la globalización como lo dice Bauman rebasa a los gobiernos estatales, antes ejecutores eficaces de esta estrategia, que ahora se convierten en sus víctimas. Y es que una de las preguntas es: a quién benefician las políticas de incursión abierta y flexible hacia la globalización la respuesta, a las empresas transnacionales a los mercados.
Ya en 2003 (Van Den Eynde, 2003) realizó un análisis del poder de las multinacionales y concluía que las 200 empresas multinacionales más poderosas dictaban la política mundial y el comportamiento de gobiernos y ejércitos y afirmaba que éstas eran el verdadero poder que movía los hilos del planeta y cita a Clairmont y Cavanagh quienes afirma tuvieron el mérito de haber señalado a los verdaderos amos del mundo, al revelar el poder real, concreto, físico, de los 200 mayores grupos transnacionales.
(Landa, 2007) realiza un análisis de las tendencias de la producción agropecuaria en Latinoamericana y de cómo Estados Unidos aprovechó los beneficios de este tránsito hacia la globalización y califican la función del Estado como regulador, concluyendo que deja mucho que desear en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sus funciones de este tipo han girado alrededor de los intereses de las grandes empresas transnacionales, envueltos regularmente en problemas adicionales de corrupción.
Corresponde conocer a uno de los actores principales de la relación jurídico tributaria en este caso constituido como sujeto pasivo, es decir, conocer a la empresa en general y a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) como objeto de estudio.

1. El papel de la empresa

La empresa también ha cambiado en el transcurso del tiempo, la teoría divide a sus elementos en tangibles e intangibles para el tratadista Reyes Ponce los elementos que forman la empresa son:
“Los bienes materiales que ante todo integran la empresa: sus edificios; las instalaciones que en estos se realizan para adoptarlos a la labor productiva. La materia prima y el dinero.
Los hombres que son el elemento eminentemente activo en la empresa y, desde luego, el de máxima dignidad” (Reyes Ponce,1997: 54).
Bauman enuncia lo siguiente “la empresa pertenece a las personas que invierten en ella, no a sus empleados, sus proveedores, ni la localidad donde está situada” (Buman, 2011 a cita a Albert J. Dunlap) famoso racionalizador de la empresa moderna. Dunlap no se refería a “pertenecer” en el sentido puramente legal de la propiedad. El autor tenía en mente, sobre todo, lo que implica el resto de la frase: que los empleados, proveedores y voceros de la comunidad no tienen voz en las decisiones que puedan tomar las “personas que invierten”. 
(Bauman, 2011 a) profundiza el principio de Dunlap y nos dice que los empleados provienen de la población local y, retenidos por deberes familiares, propiedad de la vivienda y otros factores afines, difícilmente pueden seguir a la empresa cuando se traslada. Los proveedores deben entregar su mercancía, y el bajo coste del transporte les da a los locales una ventaja que desaparece apenas la empresa se traslada. En cuanto a la “localidad”, es evidente que se quedará donde está, difícilmente seguirá a la empresa a su nueva dirección, por ello, sólo las personas que invierten no están en absoluto sujetos al espacio; pueden comprar acciones en cualquier bolsa y a cualquier agente bursátil, y la proximidad o distancia geográfica de la empresa será la menor de sus consideraciones.
De manera cruda pero real, Bauman considera que “no hay determinación espacial en la dispersión de los accionistas; son el único factor auténticamente libre de ella. La empresa pertenece a ellos y sólo a ellos. Por consiguiente, les compete trasladarla allí donde descubren o anticipan la posibilidad de mejores dividendos, y dejar a los demás, (que están atados a la localidad); las tareas de lamer las heridas, reparar los daños y ocuparse de los desechos. Quien tenga la libertad para escapar de la localidad, la tiene para huir de las consecuencias. Éste es el motín más importante de la victoriosa guerra del espacio”. (Bauman, 2011 a:47)
Es por ello que al analizar la empresa debemos de dejar de verla como aquella institución que se encontraba vinculada al espacio territorial o al de los hombres como el elemento eminentemente activo en la empresa y, desde luego, el de máxima dignidad del que se refiere Reyes Ponce, por lo menos no a todas.
Pues como lo dice Boaventura, es importante ubicarnos en nuestra realidad social y económica y la micro, pequeña y mediana empresa tiene características particulares en las cuales aún se encuentra una vinculación entre estos elementos a los que se refiere Reyes Ponce, sin la máxima dignidad de los trabajadores, pero sí existe una vinculación con la localidad y se encuentra en la imposibilidad de un fácil traslado de un lugar a otro, aunado a que continúa representando el 99.8 % del total de la empresas de nuestro país no porque crezcan, ya que su período de vida de más del 50% de ellas es de un año, sino porque se crean y cierran.
3.1 Concepto de Micro Pequeña y Mediana Empresa.
En el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del año 2002, y reformada el 6 de junio del 2006, establece que la MIPYME debe constituirse sobre la base de la estratificación emitida por la Secretaría de Economía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, segmentado por el número de trabajadores de acuerdo al sector Industria, Comercio y Servicios.
Se publica un Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que determina la clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, indica que el tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del número de trabajadores multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%.
Esta cifra debe ser igual o menor al tope máximo combinado de cada categoría, que va desde 4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas.

1.2 Características, ventajas y desventajas de las MIPYMES
Determinar las características de la MIPYMES es una tarea complicada, en razón de que en ellas se involucran muchos factores como el número de empleados, sus ventas, sus activos; sin embargo, dentro de sus características generales (Medina Conde & Flores Ilhuicatzi, 2013) consideran que son dirigidas por empresarios empíricos, tienen difícil acceso a financiamiento sin altas tasas de interés; alta carga tributaria; dificultad para hacerse de una planeación fiscal real; convenios entre patrón y trabajador para no asegurar a sus trabajadores; las grandes corporaciones y multinacionales hacen imposible una competencia sana, contexto macroeconómico que las ahoga, informalidad y no protección de su propiedad industrial.

1. Los instrumentos de política fiscal

(López, 1989) afirma que los instrumentos de política fiscal son: Impuestos, los presupuestos, la presión fiscal, el gasto público, la empresa y que nos conducen al tema central de esta investigación al considerar un esquema de instrumentos, que coherentemente organizados integran un sistema básico para la superación de crisis económicas y lograr el crecimiento de las economías.
Es importante vincular a la empresa como un instrumento fundamental de la política fiscal, que como lo considera Nicolás López “La función de la empresa como medio del Estado a fin de lograr su crecimiento, constituye una de las alternativas que deben de adoptarse en forma cuidadosa ya sea a nivel de empresa pública, empresa privada o una combinación de ambas”. (López, 1989:79) En este punto el autor realiza un análisis de la elección de los gobiernos de la conveniencia entre las empresas públicas y las empresas privadas, en relación a este punto más adelante analizaremos la postura que tomó México al respecto.

Conclusión
Se establece en primera instancia, que la teoría del beneficio equivalente en que se funda el sistema tributario basado en el pacto social, es sólo una visión ilusoria, como lo llama Osorio, pues existen promesas incumplidas de la modernidad como lo indica Boaventura ya que las premisas indispensables de igualdad, libertad, paz y dominio de la naturaleza, son prácticamente inexistentes y la legitimidad del Estado que enuncia Tron Petit, nace de la necesidad mutua entre ciudadanos y Estado, y el gasto público es legítimo si cumple sus objetivos de manera eficiente; sin embargo, como lo analiza Bauman los Estados entregaron voluntariamente su soberanía a las transnacionales, realizaron las reformas “necesarias” solicitadas para transitar a la globalización de manera rápida sin preparar al mercado interno, y en ese tránsito también cambiaron los elementos de la empresa por lo menos de las grandes empresas o trasnacionales, como lo es la localidad, el vínculo con los trabajadores y la permanencia, elementos aún rescatables de la MIPYME que nace y se pierde de manera simultánea y que ha logrado sobrevivir al constituir aún más del 98% del total de las empresas del país y siendo generadoras de un gran número de empleos.

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* Estancia Posdoctoral CONACYT en la Universidad de Zaragoza, España, Doctora en Derecho con mención honorifica y Maestría en Derecho Fiscal por el Centro de Estudios Jurídico Políticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Investigadora Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad La Salle, México.
** Doctorando en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Zaragoza, España, Maestro en Administración y Licenciado en contaduría Pública por la facultad de ciencias económico administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla.


Publicado: 04/02/2020

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