Christian Washburn Herrera*
Renato Ponce Arreaga**
Universidad de Guayaquil, -Ecuador
christian.washburnh@ug.edu.ec
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el análisis de la Economía Popular y Solidaria (EPyS) desde su puesta en marcha en algunos países de América del Sur hasta la ejecución, práctica, en el Ecuador, con la realización de un sinnúmero de proyectos que en su mayoría son organismos de integración comunitario como artesanos, pequeños productores y emprendedores que al 2015 habían conformado unas 8.154 organizaciones que contribuyen al desarrollo del país, pero un punto relevante es el que crea empleo y propone oportunidades a todos sin que ningún sector se vea excluido fomentando el buen vivir.
En el Ecuador la constitución de la República lo establece como un sistema económico desde el 2012 en el Art. 283, tiempo que ha venido tomando impulso y constituyendo un grupo muy relevante en el marco económico del país. En este estudio se presentan cifras de las ciudades y grupos vinculados y el crecimiento que ha tenido este sector donde prevalece el trabajo colectivo sobre el individual.
El presente análisis muestra el impulso y aceptación en el Ecuador del sector de la Economía Popular y Solidaria, que cada año los ingresos por este sector, el número de empleos y la inversión por parte del gobierno aumenta, creando incentivos, proyectos que estimulan a la ciudadanía a emprender ubicándolos en el grupo de la población económicamente activa logrando una disminución en índices de desempleo, fortaleciendo el desarrollo económico del País.
Palabras clave: economía popular, economía solidaria, economía social.
ABSTRACT
The objective of this work is the analysis of the Popular and Solidarity Economy (EPyS) since its implementation in some countries of South America until the execution, in Ecuador, with the realization of a number of projects mostly of the organisms that integrate the educational system as artisans, small producers and entrepreneurs that by 2015 were made up of 8,154 organizations that contribute to the development of the country, but a relevant point is that which creates employment and offers opportunities for all without any sector that looks excluded by encouraging good living.
In Ecuador the constitution of the Republic establishes it as an economic system since 2012 in Art. 283, time that has been gaining momentum and constituting a very relevant group in the economic framework of the country. In this study we found figures of the cities and groups linked and the growth that has been this sector where collective work prevails over the individual.
The present analysis shows the impulse and acceptance in Ecuador of the Popular and Solidarity Economy sector, which every year the income for this sector, the number of jobs and investment by the government increases, creating incentives, projects that stimulate the citizenship to undertake placing them in the group of economically active population achieving a decrease in unemployment rates, strengthening the economic development of the country.
Key words: popular economy, solidarity economy, social economy.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Christian Washburn Herrera y Renato Ponce Arreaga (2018): “Reflexiones sobre la economía popular y solidaria en el Ecuador”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (septiembre 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/cccss/2018/09/economia-solidaria-ecuador.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/cccss1809economia-solidaria-ecuador
INTRODUCCIÓN
La Economía Popular y Solidaria (EPyS) es conocida como un movimiento económico que se figuró en el ámbito de generar y promover el buen vivir y el bienestar colectivo; ha sido caracterizada por el trabajo en comunidad, en conjunto y no individualista, es por esto su nombre de popular. Esta economía se dio bajo el estatus de que las poblaciones que se encuentran en las zonas periféricas son excluidas de derechos y beneficios que mantiene la sociedad en general.
La EPyS “se la conoce como un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad justa y equilibrada” (Coraggio, 2009). Es decir, se trata de que toda la sociedad sea participe del sistema económico incluso los sectores que son excluidos.
“La economía popular y solidaria se reconoció como un nuevo subsistema económico que mantiene principios basados en la igualdad de oportunidades, la autogestión, la innovación y la perspectiva de una economía incluyente, que está en construcción realizando actividades con las economías públicas y privadas donde su principal objetivo será conformar un único sistema económico social y solidario” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017).
Desde la colonia el hombre mantuvo que el cooperativismo y el trabajo en comunidad benefician a todos y no solo a uno; es decir, que esta forma de producción busca el beneficio colectivo, asociativo y de esa manera crear incentivos para contribuir a la calidad de vida de las personas que conforman la economía.
Considerando el buen vivir de los diversos sectores populares, la Economía Solidaria se planteó como “una alternativa viable a la crisis estructural de sobreproducción y consumismo” (Muñoz, 2015); lo que genera que cada vez muchos ciudadanos no tengan los ingresos necesarios para cubrir necesidades de consumo.
Según Morais (2014), “El creciente impacto global de la EPyS en los ámbitos económico, social y político se fundamenta en un nuevo modelo de interacción entre gobiernos y sociedad civil. Aun siendo aplicado de forma heterogénea, la EPyS deviene un mecanismo de apoyo e impulso social con voluntad transformativa, sustentado en valores como la integración social o la erradicación de la pobreza”.
Es así que el asistencialismo se lo reconoció como un acto político que es orientado a resolver problemas sociales partiendo de la asistencia de factores externos; es decir, “ayudas económicas” que en lugar de plantear soluciones a largo plazo que generen cambios estructurales, solo plantean soluciones en cortos periodos; y “el cooperativismo que es una de las manifestaciones del derecho social puesto que se constituye en un conjunto de principios y normas relacionados con las sociedades intermedias, esto es, con las manifestaciones organizacionales de la población las mismas que defienden sus derechos de carácter colectivo a través de varias formas, asociaciones entre las que se destacan las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones de vecinos, de consumidores, de usuarios, entre otras” (Hernán, 2016).
La concepción teórica de la economía solidaria tiene un cautivante poder de convocatoria que las tradicionales concepciones del cooperativismo y la autogestión parecen haber perdido, pues plantea nuevas modalidades de acción para alcanzar un desarrollo económico comunitario y una mayor cohesión social, integrando bajo una común identidad social experiencias nuevas que se han desarrollado bajo diferentes denominaciones pero con objetivos afines y adoptando, además, distintas estructuras organizativas (Eduardo, Callou, Bucheli, & Molina, 2014).
Según Richards (2014), “pensar en la economía solidaria como la matriz cultural, o dicho de otras maneras la ideología o la filosofía,” pues también podría llamar “utopías” “de una economía cuya meta es atender a las necesidades de cada quien en armonía con la naturaleza, desplegando una pluralidad ilimitada de medios para movilizar los recursos necesarios para lograr su meta”.
Para Coraggio (2014), “existe una carencia masiva de agentes que satisfagan materialmente las necesidades básicas”, o más bien que necesidades ilimitadas “una gran desigualdad en el acceso a la formación científico-técnica y una estigmatización de los pobres por las clases medias que dificulta el desarrollo de relaciones solidarias simétricas que atraviesen el espectro social”.
La institucionalización de esta economía bajo “el término de economía solidaria se forjó en América Latina a comienzos de la década de los ochenta del siglo pasado y tuvo como su máximo exponente al sociólogo chileno Luis Razeto”; por lo que “su pensamiento encontró especial acogida en la iglesia católica, en 1987 el Pontífice Juan Pablo II, durante su visita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), difundió con fuerza la idea de construir una economía solidaria para el continente” (Eduardo, Callou, Bucheli, & Molina, 2014).
Según Coraggio (2014), estas nuevas formas pueden ser adecuaciones formales a nuevas prácticas y demandas desde la sociedad (bottom-up) o encuadramientos voluntaristas (top-down) de los comportamientos económicos por parte del Estado”.
Considera que “la evolución de las reformas institucionales durante la década (2004 -2014), pueden ser fácilmente revertidas o perder su fuerza a través de los cambios en las prioridades del gobierno o de los partidos en el poder; y que su consolidación depende del apoyo activo y sostenido de los actores colectivos en diálogo permanente con el gobierno” (Coraggio, 2014).
En particular las instituciones que respaldan y garantizan las actividades de esta economía, se crean bajo los gobiernos que en ese período asumen el poder, mas no como una política de Estado y solo depende de estos que se ejecuten a largo plazo para consolidar su creación.
La institucionalidad de estas actividades cuenta con información consolidada del sector, así mismo con el número de organizaciones, distribución en el territorio, información económica, número de socios, etc. Esto agilita la participación de manera igualitaria, dando oportunidades a todos sin dejar ningún sector excluido, lo que conlleva a que poco a poco muchas personas consideradas pobres que realizan algún emprendimiento aumenten su nivel de ingresos y esto contribuya a su desarrollo.
Es así que (Coraggio, 2014), destacó características que fueron muy marcadas a la hora de desarrollar esta economía, las cuales se describen a continuación:
Los partidos políticos que exigen el poder para promover sus políticas, en sus campañas destacan muchas políticas y leyes que respaldan a las EPyS, por lo que se ha popularizado para enganchar a la ciudadanía y de ese modo tener el poder.
En Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela y Brasil se deja en claro que existe una contradicción que enmarca a esta economía en sus actividades, por lo que se menciona:
Para León (2014), “el Buen Vivir, en los términos constitucionales y paradigmáticos aludidos, no es un enfoque acabado, menos aún un modelo”. El Buen Vivir permite ubicar con mayor contundencia y nitidez la vida y la reproducción de la vida como núcleo de la economía, con lo cual se proyectan o adquieren nuevo valor, nuevos alcances, varias corrientes alternativas de pensamiento y análisis económico.
Según Feijó, Feijó, & Ormaza (2014), “Su noción básica, entraña en el enfoque del bienestar social a través del trabajo mancomunado y retribución de esos esfuerzos hacia la comunidad, transformados en obras de interés común como la salud, la educación, la generación de ingresos, entre otros, que repercutirán de manera directa en el bienestar social. Esta revalorización de la sociedad como un todo, promueve una serie de valores éticos y morales a partir del bien estar y bien ser, para hacer lo mejor en beneficio del conjunto social hacia el cual el individuo se siente comprometido”.
Se mencionó que “la identificación constitucional directa del Buen Vivir con la EPyS, abre condiciones inéditas para recuperar, revalorizar, reinterpretar y poner en perspectiva prácticas y visiones económicas subalternas, que han persistido o han ido emergiendo especialmente en torno a la subsistencia, aunque con distintos grados y modos de vínculo con el patrón de acumulación capitalista dominante” (León, 2014).
Podemos decir que el Buen Vivir forma parte de la EPyS en la cual pretende disminuir la pobreza aplicando políticas innovadoras dirigidas a crear y multiplicar la productividad basada en aso-ciatividad y tener relaciones solidarias hacia la justicia económica en un mundo globalizado.
Según Guerra (2010), “En el caso de Brasil es el país que incluye desde más temprano diversos instrumentos públicos para el fomento de las economías solidarias. El primer antecedente tiene lugar bajo el Gobierno primero municipal y luego estadual de Porto Alegre liderado por Olivio Dutra. Más tarde, en 2004, el Gobierno de Lula Da Silva decide la creación de la Secretaría de Economía Solidaria, dependiente del Ministerio de Trabajo”. Esta Secretaría nace con el objetivo de promover el fortalecimiento y la divulgación de la economía solidaria, mediante políticas integradas, persiguiendo la generación de empleo y renta, la inclusión social y la promoción del desarrollo justo y solidario.
Basado en el objetivo de creación de estas instituciones, su trabajo fundamentalmente está dirigido a “Emprendimientos autogestionarios, ferias de emprendimientos asociativos, redes de distribución solidaria y experiencias de comercio justo. Se estima en más de 1 millón de trabajadores los que se ocupan en las diversas empresas auto gestionadas” (Guerra, 2010).
La economía solidaria en Brasil está “impulsada desde sus orígenes por una dinámica de organización social, en la que un conjunto de actores sociales heterogéneos se articulan e impulsan experiencias socioeconómicas que buscan nuevas propuestas frente a la crisis del modelo de acumulación capitalista y sus consecuencias sociales, ambientales y culturales al final del siglo XX” (Dubeux, Sarria, De Siqueira Medeiros, Cavalcanti, & Paes, 2011).
“Los indicadores relativos a la magnitud del movimiento de la economía solidaria en Brasil dan cuenta que en 2007, según información de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (SENAES - MTE, 2007), existían 21.859 Emprendimientos Económicos Solidarios (EES) en todo el país; número 46% superior a la cantidad de emprendimientos existentes en 2005, período en que se iniciaron los primeros mapeos sistemáticos de las coyunturas nacionales de la economía solidaria” (De Oliveira, Pasquotto, Bitencourt, Schmidt, & Teixeira, 2013).
La economía popular y solidaria puede definirse como el conjunto de recursos, capacidades y actividades de las instituciones que reglan la apropiación y disposición de los recursos en la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo, realizadas por los trabajadores, sus unidades domésticas (familiares y comunales), y las organizaciones específicas que se dan por extensión para lograr tales fines (emprendimientos unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas con fines de gestión económica, cooperativas y asociaciones diversas) organizan los procesos naturales y las capacidades humanas con el objetivo de reproducir la vida y fuerza de trabajo en las mejores condiciones posibles (Saltos & Mayorga, 2004).
Cabe reiterar que la ciencia económica no es solo un cuerpo teórico independiente sino también debe conformarse por otras disciplinas como la filosofía y la ética.
Es así que para Acuña (2007), los términos “economía” y “solidaridad” pertenecen aparentemente a campos separados y opuestos. Además, que la ciencia económica tradicional nunca ha incorporado el concepto de solidaridad: “podemos leer numerosos textos de teoría y análisis económico de las más variadas corrientes y escuelas sin encontrarnos nunca con ‘la solidaridad’”.
La economía solidaria se conformado por diferentes formas organizacionales tales como el cooperativismo, las microempresas, el mutualismo, el comercio justo y finanzas éticas o solidarias.
Para el caso de Ecuador, se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el 5 de junio de 2012. Entre sus funciones primordiales están el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. Además, que es la encargada de la supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, también esta entidad posee personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera.
En el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, se estable al sistema económico como “social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; que propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y que tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. En concordancia a la Constitución, la Ley de Economía de Popular y Solidaria tiene por objeto:
• Determinar a todas aquellas organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del desarrollo del país.
• Establecer los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en las actividades económicas que realizan las organizaciones de la Economía de Popular y Solidaria.
•Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la EPyS; Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios y miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria.
•Impulsar la participación de los socios y miembros en el control y toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas privadas.
•Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y solidario y;
•Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la comunidad (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012).
Según Coraggio (2011), menciona que esta economía funciona mediante: la producción para el autoconsumo individual o comunitario, el trabajo asalariado, así como la producción para la venta con el objetivo de obtener ingresos que permitan el acceso a los productos del trabajo de otros además de la obtención de donaciones de diverso tipo, transferencias monetarias y subsidios de costos y precios respecto a los valores de mercado.
El sector de la economía popular y solidaria es diversificado y fragmentado es así que en el Ecuador mediante un estudio se estableció que hasta mayo del 2015 existían 8 154 organizaciones de las cuales 7237 son el sector real el cual está conformado por: cooperativas, asociaciones, organismos de integración y comunitarios los cuales están compuestos por comunidades campesinas así como artesanos y pequeños productores de las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay según estadísticas de la SEPS.
En el sector financiero que se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito tenemos a 917 organizaciones las mismas que están en crecimiento ya que sus depósitos se incrementaron a 470 millones de dólares entre marzo del 2014 a marzo del 2015, de acuerdo con datos de la SEPS.
Es así como el 25% del total de activos, son del sector financiero regional y de la economía nacional en general. En lo que se refiere a las captaciones se produjo un incremento desde el año 2008 al 2014 de 3273 millones de dólares, según datos de la SEPS y de la Superintendencia de Bancos.
En el 2014 el 54% de la participación en la economía popular y solidaria, se debía al sector de cooperativas de servicios (transporte y otros) según estadísticas de la SEPS.
En cuanto a las personas vinculadas muchas de estas no solo están asociadas a un solo cooperativa, sino que muchas a varias debido a estos las cifras oficiales hablan de 5,3 millones socios. Existe un estimado que al menos tres millones de personas son las que en realidad están asociadas. Analizando el crecimiento tenemos que hasta mayo del 2015, que según la SEPS existían: 7428 asociaciones, 2451 cooperativas de economía popular y solidaria y 58 organismos de integración y comunitarios (Lideres, 2015).
En el año 2012, se generó casi 3500 millones de dólares de ingresos en Ecuador y a su vez un 70% en lo que se refiere a plazas de empleo, durante este año la inversión del gobierno ascendió a 305 millones de dólares el mismo que se destinó para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Es así que para poder mejorar se decidió un cambio en el sistema con una nueva etapa de control y regulación tomando mayor atención en evaluaciones y liquidación de aquellas cooperativas que no estén cumpliendo con la función que les fue designada.
Para el diario El Telégrafo (2012), en el año 2012 existían alrededor de 900 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales 40 eran reguladas por la Superintendencia de Cooperativas y el resto es decir 860 por la Dirección de Cooperativas del MIES. Así como también 12000 bancos comunales. En cuanto a lo que se refiere a cooperativas de producción, consumo, transporte, vivienda existían 2400 organizaciones.
En Azuay tenemos más de 300 socios los cuales acceden a microcréditos a través de la cooperativa de Ahorro y Crédito Chola Cuencana los mismos que oscilan entre 300 y 500 dólares dichos valores son usamos en negocios de frutas y legumbres.
En lo que se refiere a zonas aledañas existen a organizaciones como: Santa Ana, Jadán, Ahorrista Solidaria y Carmen; en las que sus socios en gran parte solicitan recursos para cultivos agrícolas, comercio y crianza de animales. En el año 2015, muchos factores no han beneficiado a este sector debido en gran parte a la situación económica del país. Para mayo de ese año se contaba con 916 cooperativas de ahorro y crédito y una caja central, representando casi la tercera parte Pichincha y Tungurahua.
En cuanto al movimiento comercial el imán que incentiva a la creación de nuevas cooperativas de ahorro y crédito es la provincia de Tungurahua, debido a muchos beneficios entre los cuales destaca las cuentas de ahorros que le permiten microcréditos o de consumo los mismos que serán limitados de acuerdo a su capacidad de pago. En Ambato, es donde se centran más las cooperativas y al menos 150 de estas instituciones financieras en nueve cantones de la provincia de Tungurahua.
En lo que se refiere al sector bancario en la provincia de Tungurahua se realiza los créditos a través de los bancos comunales los cuales son las encargadas de financiar los pequeños emprendimientos como criaderos de animales, talleres de costura también en la compra de ganado ovino y semillas. Es así que llegaron a existir 150 bancos comunales con una cartera total de 4.3millones 50 funcionan en la zona rural y 100 en la zona urbana.
En la ciudad de Cuenca se producen cada mes de 800 a 1000 pares de zapatos para dama, los cuales son comercializados en Cuenca, Quito y la Sierra Norte todo esto se da gracias a la cooperativa de Producción Artesanal San Isidro la que fue constituida en 1999.
Según Jácome (2016), solo en el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), concretamente las cooperativas de ahorro y crédito, sus cerca de 5 millones de socios, tienen un patrimonio de 1.368 millones de dólares a diferencia de un banco privado cuyo patrimonio es propiedad de sus accionistas, que por lo general suelen ser muy pocas personas. Esto demuestra, no solo la capacidad de inclusión económica social de la EPyS, sino también, la de distribución y redistribución de la riqueza.
Para el año 2017 tenemos que son más de 6 millones de socios los mismos que se dividen en 600 cooperativas de ahorro y crédito además el resto son miles cajas y bancos comunales en el Ecuador. Durante la rendición de cuentas que se da en la Asamblea Nacional se explicó el motivo del crecimiento de ese sector el mismo que superan en cifras al sector bancaria casi es el doble por lo que es un ejemplo donde podemos la redistribución de la riqueza y la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual. Por ello es de suma necesidad trabajar en reformas legales que permitan que se consolide la Economía Popular y Solidaria así como también fortalecer los roles del organismo de inclusión (Asamblea Nacional, 2018).
Al referirnos al sector real para el 2017 se han registrado 2.647 cooperativas y 9.382 asociaciones las cuales son el sector no financiero popular y solidario el cual ha permitido la institucionalización de este importante sector.
La provincia que se encuentra entre las 10 de más importancia es la de Los Ríos ya que en ella se crearon 91 organizaciones de la EPyS, sobresaliendo las del Sector Agropecuario con 469, luego la Agrícola con 106 y por ultimo con 42 la de limpieza (Aldia, 2018).
Es así que en cuatro años se produjo un considerable crecimiento del 130% en la EPyS. Además, que en once meses se destinó atreves de la banca pública 1.000 millones para emprendimientos.
Partiendo como referencia desde el año 2013 teníamos 5.241 entidades y organizaciones financieras las mismas que en el 2017 aumentaron a 12.977 lo que representó un 130%. A su vez en lo que se refiere a asociaciones para el 2013 había 2.053 luego en el 2017 esta cifra se incrementó a 9.396. En cuanto a lo que son cooperativas no financieras se produjo un incremento de 667 asociaciones entre 2013 y 2017.
En lo que se refiere al sector financiero es decir mutualistas, bancos comunales o cajas comunes en ellos se encuentran 50.000 socios los que están representados en un 63% por hombres y el 37% por mujeres. En cuanto a lo que se refiere al sector no financiero en la costa es la de mayor concentración de asociaciones, así como también en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas (El Telégrafo, 2018).
Aunque como todo proyecto sufre de falencias considero una de las principales es la falta de estudios que maximicen los recursos destinados hacia estos sectores que nos permitan reducir en mayor cantidad la falta de empleo e incrementar las oportunidades laborales, en lo que se refiere a cifras tenemos que en lo referente a contrataciones públicas son más de 200 millones que representan 75%, los mismos que son solo destinados solo aquellas grandes ciudades como Guayas, Pichincha, Azuay, entre otras (La Hora, 2018).
Conclusiones
La economía popular y solidaria en Ecuador está formada por organizaciones tales como: el cooperativismo, las microempresas, el mutualismo, el comercio justo y finanzas éticas o solidarias. Cada una de ellas plenamente identificada, censada y sectorizada; algunas incluso capacitadas, por la Cartera de Estado respectiva. El crecimiento de este tipo de organizaciones como se evidenció ha estado en constante crecimiento.
La EPyS es un modelo económico que busca el bien común y coloca al ser humano como sujeto y fin de la economía (no al capital), siempre guardando respeto por la naturaleza. Además, nace ligado a los emprendimientos por necesidad. Existe en Ecuador un marco legal regulatorio que ha permitido un ordenado desarrollo de la misma. Por lo expuesto, la EPyS permite la obtención de un trabajo digno y por ende coadyuva al buen vivir.
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