Sin duda alguna, la aprobación el 17 de mayo de 2012 de la Instrucción jurisdiccional número 216, abrogando la anterior, la número 187 de diciembre de 2007, ambas dictadas por el Tribunal Supremo Popular cubano, constituye un nuevo paso, el acercamiento, cada vez más, a la adopción definitiva en un cuerpo procesal regulador, de las normas que establecerían en Cuba las reglamentaciones procedimentales en sede procesal familiar.
Ello se constata cuando, en lo que constituye la exposición de motivos de esta nueva instrucción judicial, emanada del consejo de gobierno del máximo tribunal de justicia del país, se alude a las tendencias actuales del Derecho Procesal y los compromisos contraídos por la nación cubana, al ratificar en 1991 la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los que por similar razón derivaron en el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing de 1995.1
Es así que en el apartado primero de dicha instrucción jurisdiccional, al establecerse amplias facultades del tribunal tanto en la práctica de pruebas como en la protección cautelar, se converge con el principio específico del proceso familiar referido a la publicización, que encauza el activismo de los jueces en todo lo relativo al thema probandum   y a las medidas de cautela, garantes de una ulterior ejecución de lo resuelto.
Al abordarse en el apartado cuarto la convocatoria a la comparecencia que prevé el artículo 42 de la ley procesal civil positiva, dada la necesaria supletoriedad a esta norma procesal por la carencia de un proceso específico de familia en Cuba y porque de no hacerse así, convertiría a los jueces en legisladores y ello pugnaría entonces con los postulados del sistema de derecho cubano, se establece que dicha comparecencia se señala después de la fase de alegaciones y previo a la apertura a pruebas del proceso de que se trate, o sea, es menester que se presenten los escritos polémicos por las partes y luego, antes del momento procesal de aperturarse a prueba el proceso en cuestión, se cita a comparecencia.
Concepción interesante y moderna, que en documento que complementa  dicha instrucción judicial, se explica como “edades deslizantes, condicionadas únicamente a la adquisición por el niño, niña o adolescente de suficiente juicio y aptitudes madurativas, teniendo en cuenta, en principio, que sea capaz de expresarse mediante el lenguaje verbal y articulado. 2
¿Por qué  en las “Reglas mínimas para la escucha de menores de edad”, fijadas por al Tribunal Supremo cubano, en las formalidades, se establece que el juez ponente (conductor de ese acto procesal) deberá estar desprovisto de la toga, y ello no se dispuso también en  el apartado 4 de la Metodología para la comparecencia que se convoca a tenor del artículo 42 de la LPCALE (Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral y de lo Económico)?