1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este artículo reside en el conocimiento del pasado, presente y posible futuro del Estado de Bienestar en España.

A la hora de obtener información sobre el desarrollo del Estado de Bienestar español se debe estudiar y analizar la historia de España en cuanto acontecimientos importantes a lo largo de los siglos, sobre todo a partir del siglo XVIII, ya que a partir de la Ilustración empieza a desarrollarse cierta perspectiva social.

Además de observar la evolución histórica del país, es necesario observar el desarrollo de la política social en el mismo, ya que es ésta la que provoca la creación del Estado de Bienestar a través de sus actuaciones.

Una vez analizada tanto la historia como la política social de España, es necesario observar el desarrollo del propio Estado de Bienestar como tema principal que atañe a este artículo, observando las crisis y las reestructuraciones por las que ha pasado y la situación actual en la que se encuentra, así como su posible futuro en una sociedad de la información donde se ha de tener en cuenta la demanda de la ciudadanía, así como las ofertas accesibles a aportar por parte el Estado de Bienestar según la economía del país.

Los objetivos de este estudio se centran en el conocimiento del pasado, presente y posible futuro del Estado de Bienestar, para lo que como hemos señalado anteriormente, se necesita conocer la historia de España y la política social que la acompaña. Por lo tanto, los objetivos de esta investigación son los siguientes:

• Conocer los acontecimientos históricos más importantes de España desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.

• Observar el desarrollo de la política social en España y su influencia en la creación del Estado de Bienestar.

• Desarrollar la evolución del Estado de Bienestar a lo largo de la historia de España, desde su creación hasta el siglo XX.

• Reflexionar sobre el futuro del Estado de Bienestar.

2. CLAVES DE LA POLÍTICA SOCIAL

Numerosos artículos y obras relacionadas con la Política social constituyen una reivindicación de la justicia social por parte de sus autores, siendo estos especialistas expertos en la sociología, ciencia política y filosofía moral. La reivindicación de los numerosos autores existentes se basa en la reflexión sobre la naturaleza del buen gobierno y su situación actual, y es sobre ese mismo aspecto sobre el que se va a reflexionar en este artículo, dada la importancia de toda la materia existente sobre el futuro del Estado de Bienestar.

Así pues, ¿cuál es el trayecto de la Política social en España? ¿cuáles son las vistas al futuro del Estado de Bienestar español? A la hora de obtener una respuesta, nos centramos en el desarrollo a lo largo del tiempo del Estado de Bienestar español, ya que el mismo se ha creado a través de las políticas sociales y momentos históricos relevantes que han provocado a su vez cambio en las mismas. De este modo, se obtendrán las diversas causas de la creación del Estado de Bienestar actual.

Por lo tanto, la motivación de este artículo se basa en la el necesidad de entender el desarrollo del Estado de Bienestar en la sociedad española actual para poder afrontar adecuadamente las crisis actuales y visualizar con mayor amplitud las posibles soluciones hacia las mismas.

Las ideas principales del este artículo son aquellas que tienen relación con el Desarrollo del Estado de Bienestar español, tales como pueden ser los diferentes eventos importantes históricamente, el concento de política social y el concepto de Estado de Bienestar.

En primer lugar, respecto a los importantes eventos históricos se puede señalar que España ha pasado por diferentes cambios durante los siglos XVIII, XIX, y XX, a través de los cuales los ciudadanos han ido exigiendo al Estado una mayor implicación en aspectos sociales, tales como puede ser el derecho a voto, el derecho a la seguridad social, el derecho a la creación de sindicatos, etc.

En segundo lugar, la definición de política social tiene diferentes matices según el autor que la defina, por lo que a continuación se exponen las siguientes definiciones al respecto:

Ceja Mena entiende la política social como la forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad (Mena, 2004:1).

Maingon señala que existe una diversidad de definiciones de política social que presentan diferentes posiciones tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites; agrupándolas en atención a ello en dos (Maingon, 2004: 48-49).

Primero están las definiciones que la limitan a los programas de bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De acuerdo con ello, “política social” hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las políticas económicas. En otras palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual.

Un segundo concepto considera que la función principal de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social.

En conclusión, se define la política social al conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad posible. Por lo tanto la finalidad de la política social es facilitar las medidas necesarias para que se puedan llevar a cabo acciones sociales que permitan llevar a las personas que lo necesitan una vida digna.

En tercer lugar, se debe tener en cuenta el concepto de Estado de Bienestar, el cual según Rodríguez Cabrero es un conjunto de instituciones de regulación, redistribución de recursos e integración política sin el cual no es posible concebir la naturaleza del capitalismo contemporáneo y el funcionamiento de las democracias políticas. Además, el autor señala que las funciones del estado de bienestar no son solo económicas (corregir los fallos del mercado y equilibrar el ciclo del crecimiento económico) sino también sociales (redistribuir la renta de manera positiva y reducir las desigualdades más lacerantes) y políticos (logro de la estabilidad social y orden político en los sistemas democráticos en los que se desarrolla el modelo (Rodríguez: 2004, 17).

3. HITOS DE LA POLÍTICA SOCIAL EN ESPAÑA

Existen diversos debates sobre el “retraso” de la economía española a lo largo del siglo XIX y XX, y en particular se centran en el desarrollo de su industrialización. Uno de los aspectos relevantes relacionado con dicho retraso es la lenta transformación de la agricultura, estando entre los principales motivos de su lentitud diversos rasgos culturales (política dominante, forma y desarrollo de la política y sistema clasista) y físicos (la forma compacta de la Península, su altura y aridez encarecen el transporte y aíslan al país del comercio de mercancías) de la España del siglo XIX. Otro de los motivos influyentes en la lentitud agrícola son las políticas proteccionistas, es decir, la protección arancelaria, la cual además de proteger la producción española de la competencia, actuó como barrera contra el cambio del comercio exterior, el cual habría implicado una rápida transferencia de recursos para la agricultura hacia la industrial y los servicios.

Junto con la lenta transformación de la agricultura, se encuentra la debilidad del cambio estructural, el cual produjo diversas etapas de avances y retrocesos en el desarrollo de la economía española ya que, a pesar de haber dejado atrás el Antiguo Régimen, no se llegó a la transformación al sistema liberal tras muchos intentos fracasados. Dentro de esas etapas de avances y retrocesos cabe señalar un aspecto positivo, la construcción entre 1843 y 1869 de las instituciones básicas de un Estado Liberal, tales como Hacienda, el Banco de España, la Guardia Civil o las administraciones provinciales. Así pues, se inicia el equipamiento industrial moderno que favoreció la construcción de los ferrocarriles, el apoyo a la industria textil y el desarrollo del capitalismo financiero.

Sin embargo el aspecto positivo mencionado no fue suficiente para que funcionara un Estado liberal, de modo que seguía existiendo una inestabilidad política que solo en la Restauración empieza a estabilizarse debido a cambios tales como el sufragio universal masculino en 1980.

El siglo XX está caracterizado por dos aspectos muy diferenciados entre sí. Por un lado la existencia de reformas económicas acompañadas de reformas institucionales donde tuvieron protagonismo las distintas regiones y el movimiento obrero, estableciéndose así un marco político más democrático y una coyuntura económica que mejoró por la entrada de capitales. Y, por otro lado, los fuertes cambios políticos, con alternancia de períodos de democracia y de dictadura que han repercutido al desarrollo económico del país. Es necesario señalar que fue el crecimiento económico el que comportó las fases de dictadura a través de las tensiones sociales y, el miedo a una revolución así como el creciente clima de violencia acentuó la fe en una solución dictatorial por parte de las clases conservadoras, polarizando así a la sociedad española.

Dentro de las etapas de crecimiento se pueden distinguir tres Españas a través de los niveles de renta. La primera España (de 1900 a 1935) se caracteriza por el mantenimiento del ritmo de crecimiento económico iniciado a finales del siglo XIX. La segunda España (de 1930 a 1950) es una etapa donde se producen importantes pérdidas económicas tanto materiales, debido a la guerra civil y la primera etapa de la dictadura de Franco (autarquía), como inmateriales debido a las numerosas pérdidas humanas tanto por la guerra como por los fusilamientos en la etapa franquista. Así pues, debido sobre todo a la autarquía estamos ante una segunda España con una estructura industrial productora de bienes de poca calidad debido a la escasez de materias primeras y al retraso de la estructura productiva. La tercera España (de 1950 a 1998) es un período de importante crecimiento económico a partir de la mitad del siglo XX, con ciclos de auge y estancamiento. Es necesario señalar el auge en la segunda etapa del franquismo donde se abre España al exterior y recuperan los indicadores macroeconómicos los niveles que habían logrado en los años treinta. Además, a partir de 1953 gracias al convenio con Estado Unidos se reciben ayudas para las defensas e importaciones de bienes de consumo y equipo a cambio de medidas para el control de la inflación y la implantación del libre mercado, intentando pasar de un sistema capitalista con rasgos corporativistas y desequilibrado a otro más eficiente y estable. Sin embargo los cambios políticos sufridos a partir de 1975 son también muy importantes ya que visualizan una distribución del poder, una definitiva modernización económica y política, un inicio del Estado del bienestar y la integración de España en la Europa comunitaria.

En síntesis, se puede observar un gran crecimiento económico y la definitiva industrialización a lo largo de los años 1950-1998 debido a varios factores: el crecimiento europeo, la entrada de inversión extranjera, la modernización de la tecnología, entrada de divisas procedentes del turismo y de la emigración, y el incremento de transacciones comerciales.

A la hora de tratar el desarrollo de la política social en España es necesario tener en cuenta el significado de “asistencia o acción social”, ya que según la forma de entender este concepto, la política social se puede desarrollar de una forma u otra. Por lo tanto, y según Montagut se entiende como asistencia o acción social a la manera utilizada por una sociedad para tratar aquellos individuos o grupos carentes de recursos necesarios para llevar una vida mínimamente digna en cada momento histórico (Montagut, 2000: 154).

Así pues, podemos deducir que el objetivo de la política social es facilitar las medidas necesarias para que se puedan llevar a cabo acciones sociales que permitan llevar a las personas que lo necesitan una vida digna.

A lo largo de la historia española, el desarrollo de esta política social ha sido paralelo al de otros países europeos, y para comprobarlo analizaremos dicho desarrollo a través del siglo XVIII (donde empieza la política asistencial) hasta el siglo XX.

Durante este siglo empiezan a desarrollarse la política social de protección a los ciudadanos, la cual tiene dos aspectos: el primero es un conjunto de medidas “de previsión” de riesgos, es decir, una previsión para hacer frente a la falta de ingresos ocasionada por la falta de trabajo, y el segundo son medidas asistenciales, las cuales se ponen en funcionamiento para cubrir las necesidades, es decir, en situaciones en las que no ha habido posibilidad de prever su acontecimiento.

Sobre estas características del inicio de la política social, consideramos fundamental destacar algunos ejemplos de ambos, tales como son por un lado, las primeras instituciones creadas (véase en las cofradías o hermandades de socorro, las cuales se autofinanciaban con las cuotas mensuales aportadas por sus miembros) y por otro lado el cambio del mundo de la pobreza el cual pasa a ser clasificado en función de la capacidad o no de trabajar (creación de los hospicios para aquellas personas que no podían trabajar, siendo estos lugares caracterizados como una prisión por su carácter intimidatoria hacia el resto de la población).

Durante este siglo la asistencia social se destaca por un menor peso de la Iglesia y una política benéfico-asistencial centrada en la asistencia familiar en sustitución de la acción social tradicional (la caridad).

Uno de los primeros intentos para el desarrollo de la política social lejos de la influencia eclesiástica es La Constitución de 1812, la cual atribuía la competencia de la enseñanza y la asistencia sanitaria pública a los ayuntamientos. Sin embargo debido a la falta de recursos y de continuidad política no fue posible ponerla en marcha.

Más tarde, se intentó otro cambio a través de la Ley de beneficencia de 1822, la cual establecía la sustitución de la asistencia caritativa de origen eclesiástico por la beneficencia liberal gestionada por los municipios y provincias, pero no pudo ponerse en práctica hasta la Ley de beneficencia de 1849, la cual recortaba las atribuciones de los ayuntamientos y reforzaba las competencias provinciales, dando paso a la creación de un sistema piramidal con una Junta General, unas Juntas Provinciales y unas Juntas Municipales que tendría poderes de actuación sobre la inadaptación social.

Otro evento a tener en cuenta respecto a la pérdida de poder de la Iglesia católica es la desamortización de los bienes eclesiásticos de 1836 y 1844, lo cual representó la pérdida de su control, aspecto que provocó un fuerte malestar y una presión del Vaticano, cuya consecuencia fue la firma del Concordato de la Santa Sede en 1851 entre España y el Vaticano, donde se autorizaba la adquisición de propiedades y la creación de órdenes religiosas para cuidar a los pobres y necesitados.

Así pues a pesar de perder cierto control, la Iglesia fortaleció su protagonismo a través del primer grupo reformista, el cual estaba compuesto por médicos e higienistas cuyas se apoyaron en la Academia de Ciencias Morales y Políticas creada en 1857 y en la que tenían influencia personas provenientes del catolicismo social y krausistas.

Por lo tanto, lentamente se va propiciando el paso del principio de beneficencia y la represión, al principio contributivo y asegurador de la época moderna.

Antes de comenzar con el siglo XX, hemos de tener en cuenta aspectos que suceden a finales del siglo XIX y que tienen una gran influencia en el siglo que le continúa, como son la Conferencia de Berlín en el año 1890 sobre seguros de accidentes y seguros sociales, así como La Renum Novarum, la cual propugnaba una actuación social tripartita entre Iglesia, Estado y grupos sociales interesados, por lo que reconocía la legítima intervención del Estado por medio de leyes protectoras, así como las aportaciones de la Iglesia en el terreno doctrinal y un modelo mixto de acción social.

Así pues, a finales del siglo XIX la Iglesia católica cambia de estrategia, dando paso al “catolicismo social”, el cual apoya la democracia y fomenta sindicatos obreros y centros sociales en los barrios trabajadores. Sin embargo, en España debido a la ambigüedad y los nuevos criterios reformistas hace que la puesta en práctica de los sindicados y centros sociales sea mucho más lenta que en otras naciones.

A partir de 1881 se producen cambios importantes después de la restauración borbónica y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores, con la Comisión de Reformas Sociales a pesar de la debilidad de sus propuestas debido a la dificultad de consenso entre sus integrantes. Uno de los cambios a destacar de este año es La Institución Libre de Enseñanza que pasó a tener una gran influencia en la política educativa estatal.

Una vez entrado el siglo XX, es necesario vislumbrar el desarrollo de la política social en dos períodos: de 1900 a 1939 y de 1939 a 1975, siendo este último dividido en dos secciones, hasta los años cincuenta y a partir de los años sesenta.

En el primer período (1900-1939) se pueden destacar novedades legislativas entre las cuales se encuentra el Instituto de Reformas Sociales (1903), Ley de descanso dominical (1904), Ley de huelgas (1909) y Ley de regulación del horario laboral (1919).

Además de las novedades legislativas cabe destacar algunos aspectos tales como la actuación de la organización de la sanidad, la cual crea una ley en 1904 que obliga a los ayuntamientos a establecer mejoras higiénicas a las viviendas, medidas de regulación y control de higiene en las escuelas y de los escolares, inspección de alimentos y bebidas y vacunación de la viruela. También en mismo año se crea un Consejo Superior de Protección a la Infancia y posteriormente, en 1908 los seguros sociales son coordinador por el Instituto Nacional de Previsión (INP).

Por otro lado es necesario señalar el importante desarrollo de la política social en el período de la II República (1931-1936), sobre todo en dos aspectos: las políticas de mercado laboral- con la legislación de sindicatos, incrementos salariales y reducciones de jornada laboral- y la Ley de creación de una Caja Nacional contra el paro forzoso en 1931, así como la Ley de Paro de 1935.

Respecto al segundo período (1939-1975) cabe destacar la separación de dos fases: hasta los años cincuenta y a partir de los años sesenta.

En la fase de 1939 hasta 1950 hay que señalar que está presente la dictadura del General Franco, la cual provoca una etapa de negación de todas las libertados, y afectó en gran manera a la educación, ya que la enseñanza pasó a ser confesional, politizando así la educación.

Respecto a la asistencia social franquista durante la etapa de la autarquía, se considera que es de carácter regresivo, benéfico y asistencial, estando regulada dicha asistencia por la Ley de Beneficencia de 1849. Además, se sustituyó el Retito Obrero en 1939 por el Subsidio de Vejez e Invalidez, y se creó el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), como también el Seguro Obligatorio de Enfermedad, aunque solo cubría a un sector muy limitado de población (trabajadores con bajos ingresos) y con muy pocas prestaciones.

En la fase de 1960 en adelante, el primer intento para establecer un sistema de servicios sociales fue en 1961 con la creación del Fondo Nacional de Asistencia Social (FONAS)-cuyo objetivo era realizar programas asistenciales y conceder pensiones para aquellas personas ancianas, enfermas y sin recursos económicos- y en 1962 la Dirección General de Promoción Social.

Un año después, en 1963 se aprueba la Ley General de Seguridad Social entre cuyas funciones se encuentran la de coordinar los antiguos servicios sociales y la beneficencia, y en 1966 se amplían los Servicios Sociales de la Seguridad Social a todos los beneficiarios. A continuación, en 1967 se diseña la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y en 1972 se expande la protección social, vinculando los subsidios a los ingresos reales.

Un aspecto a destacar de esta fase es la incidencia de la Iglesia católica que el 1942 crea el Secretariado Nacional de Caridad, destacando en 1960 la creación de Cáritas Española como entidad benéfico-asistencial. Todo ello, según Demetrio Casado constituía un sistema de servicios sociales moderno, aun a pesar de ser de iniciativa privada y tener un carácter fuertemente religioso (Casado, 1989).

Dentro del ámbito educativo también hubo cambios relevantes, tales como la Ley General de Educación en 1970 a partir del Libro Blanco de la Educación, siendo un esfuerzo para crear un sistema unitario, con una educación obligatoria y gratuita.

4. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN ESPAÑA

A la hora de realizar un análisis de la evolución del Estado de Bienestar español es necesario conocer el desarrollo de la política social durante los años 80 y 90 en España, ya que ésta es el principal factor de la creación de dicho Estado.

Así pues, el desarrollo de la política social en la España de los años señalados está condicionado según Gregorio Rodríguez por tres factores (Cabrero, 1997: 113):

- La importancia histórica del Estado autoritario del bienestar construido en el período 1960-1975.

- La especifidad de la transición política a la democracia entre 1975 y 1982.

- La peculiaridad del proceso de modernización capitalista y de reforma social acometido por los diferentes gobiernos socialistas entre 1983 y 1995.

Además, dicho autor señala tres procesos, los cuales tienen una serie de continuidades que les confiere significación sociopolítica:

a. la centralidad de un sistema de seguridad social en función del desarrollo del mercado de trabajo

b. la subordinación de la política de servicios públicos a la transferencias de rentas y su gestión compartida con el mercado

c. el desarrollo de la política social bajo el influjo de fuertes conflictos sociales y políticos

d. la naturaleza fragmentada del Estado de bienestar

e. el limitado impacto de la política social para reducir la pobreza y la desigualdad dada la extensión del desempleo.

En definitiva, el desarrollo de la política social ha estado mediatizado y subordinado al largo proceso histórico de modernización capitalista y de integración de la economía española en el centro de la división internacional del trabajo.

Sin embargo al igual que tienen aspectos comunes, cabe resaltar las diferencias notables en cada una de las etapas mencionadas anteriormente (Cabrero, 1997:114):

- El carácter instrumental de la política social durante el franquismo tardío, a la vez que se reprimía la libre expresión de las demandas sociales.

- El carácter político de la política social durante el período de la transición política como factor de integración política de amplias mayorías de población.

- El carácter funcional de la política social durante el período de gobiernos socialdemócratas durante el cual la política social ha estado condicionada por la tensión entre políticas monetaristas y demandas sociales, y las presiones de un mercado de trabajo fragmentado que han creado amplias diferencias en el acceso a las prestaciones sociales y, sobre todo, en la intensidad protectora.

Una vez se conoce el desarrollo de la política social durante los años señalados, se observa la evolución del Estado de Bienestar español. Dicho Estado de Bienestar tiene un tamaño medio en relación con los de la Unión Europea debido a que su comiendo se realizó más tarde, y antes del mismo existió un Estado autoritario del bienestar durante el período 1963-1977, durante el cual se construyeron los cimientos institucionales del actual sistema de protección español a través de la Ley de Bases de la Seguridad social de 1964, y en el que tuvo lugar una importante expansión de los servicios de educación sanidad. La transformación de este Estado autoritario del bienestar al Estado democrático del bienestar actual se debe a los conflictos sociales de los primeros años setenta, a la presión democrática del período 1975-1978, al impacto de la crisis económica y al auge de las clases medias urbanas. El nuevo Estado democrático del bienestar durante los años 1975-1980 constitucionalizó los derechos sociales y constituiría una pieza estratégica de legitimación política del nuevo sistema económico, que tiene que abordar objetivos impopulares: unos ajuntes económicos permanentes, una reestructuración profunda del apartado productivo, la liberación y desregulación de la economía española y su inserción dentro de una economía global.

Una vez consolidado políticamente a través de la redistribución de prestación y servicios entre 1977 y 1978, y en parte en 1979, se abre un largo período socialdemócrata en la dinámica de este Estado que va a discurrir sobre un eje socialdemócrata por un lado (continuación y universalización de los servicios educativos y sanitarios, y de las prestaciones sociales), y liberal-monetarista por otro lado (aplicación de políticas de contención, asistencialización y racionalización). Este doble eje sobre el que trascurre el Estado demócrata del bienestar surge por la necesidad de gestionar el conflicto social como resultado del profundo cambio sociodemográfico de la sociedad española, y las presiones desreguladoras y de descompromiso social que supone la globalización económica. Todo ello, bajo un contexto de reestructuración económica y aplicación de políticas ortodoxas monetarias y de flexibilidad y precariedad de los mercados de trabajo han concluido en un Estado del bienestar extenso en cobertura, desigual en su impacto social, con un intenso desarrollo de las prestaciones asistenciales, con escasa coordinación de las diferentes políticas estatales, autonómicas y municipales, y progresivamente privatizado en cuanto a formas de producción y gestión.

Así pues, el desarrollo del Estado de Bienestar español a partir de 1977 hasta 1997 discurre a través de ese doble eje, y durante ese desarrollo se pueden visualizar cuatro fases de la política social y por tanto del Estado de Bienestar, las cuales son (Cabrero, 1997):

-Fase 1: expansión y auge de la política social: se produce en el período 1977, año en que se firman los pactos de la Moncola, hasta 1981, cuando se firma el ANE, condionada por la estrategia común de consolidación de la democracia política, creación de un nuevo marco institucional para el crecimiento económico, legitimación del empresario y la integración de los sindicatos en la dinámica de la reforma política.

-Fase 2: contención y freno de las demandas sociales: Se trata de un período en que se realizan pactos que económicamente no tuvieron demasiadas consecuencias, ya que únicamente se trataba de crear un clima favorable a las políticas de ajuste económico mediante el reconocimiento del papel político de los sindicatos y de la creación de un clima social favorable a dichos ajustes.

-Fase 3: universalización del Estado de Bienestar sobre las bases asistenciales: Consta de un período en el que continuó la ampliación del Estado del bienestar, en este caso vía asistencial, de forma que la cobertura llega a tener carácter diferenciador además de una reducida intensidad protectora. Al no existir necesidad de pacto de políticas, la gobernabilidad se torna conflictiva y se expresa en forma de huelga general parcial contra la reforma de la ley de pensiones de 1985, y posteriormente como huelga general total el 14 de diciembre de 1988.

-Fase 4: auge de las presiones privatizadoras: Es una fase en la que el gobierno se tiene que enfrentar al gasto social, en primer lugar de las pensiones y sistemas sanitarios, y en segundo lugar del gasto del desempleo. Por lo tanto se trata de una fase entre la universalización de derechos y la contención del déficit público, en la que en algunos aspectos ha existido consenso y en otros muchos no lo ha habido.

Por lo tanto, se trata de una evolución de la política social en España durante las últimas tres décadas basada en desarrollos políticos, económicos e ideológicos contradictorios. A pesar de ello, el freno relativo al desarrollo del Estado del bienestar no ha supuesto todavía una crisis de legitimación imposible de gestionar políticamente. Sin embargo, existen interrogantes sobre si esta legitimación se mantendrá sobre el modelo centrado en la liberación económica actual, al que se subordinan los problemas sociales que genera.

5. PERSPECTIVAS SOBRE EL ESTADO DEL BIENESTAR

El Estado de Bienestar está condicionado por la política social, por lo que de esta depende su desarrollo a lo largo del tiempo. Por ello cabe señalar que la política social en España seguirá su curso según el modelo actual de desarrollo, por lo que se puede afirmar que seguirán existiendo algunos rasgos tales como la debilidad de la base financiera del Estado, el apoyo de los ciudadanos al sistema sanitario y educativo, la dificultad de consenso sobre el futuro del Estado de Bienestar, y las políticas de desregularización, privatización y reducción del déficit.

En el caso español además se deberá afrontar nuevos conflictos derivados de la decadencia del Estado de Bienestar, cuya causa se deriva de los diferentes factores que según Juan Alonso han influido, influyen e influirán en el mismo, los cuales son los siguientes:

- Moderación del crecimiento económico y el consiguiente aumento de las tasas de desempleo han engrosado el número de beneficiarios de subsidios de paro, y reducido los cotizantes.

- La progresiva globalización económica pone en primer plano los problemas de competitividad de las empresas, entre ellos, los costes sociales asociados a la utilización del factor trabajo en los países desarrollados.

- Las tendencias demográficas por un lado de la esperanza de vida, y por otro, del descenso de la natalidad, provocando así un envejecimiento de la población y un aumento de las prestaciones por pensiones de jubilación y del gasto sanitario.

- La transformación de la estructura familiar, la cual en muchas ocasiones implica situaciones de desprotección que pasan a cubrirse desde las instancias públicas.

Todos estos factores se refuerzan entre sí, propiciando la expansión del sector público y provocando así la crisis financiera del Estado de Bienestar. Por lo tanto y desde el punto de vista de este autor, la viabilidad del Estado de Bienestar español se ve acondicionada por su tendencia a abarcar más y más áreas en la actividad social y a cubrir mayores colectivos humanos, y por tanto garantizar su mantenimiento significa la necesidad de establecer límites a la expansión (Alonso, 1998).

Debido a todo ello, y según Gregorio Rodríguez se pueden deducir dos escenarios futuros de gobernabilidad, y por consecuencia, de viabilidad del Estado de bienestar. Estos dos escenarios son los siguientes (Rodríguez, 1997: 129):

- La viabilidad del Estado de bienestar es altamente incierta: Los ciudadanos han asumido las dificultades económicas del Estado de bienestar, los recortes económicos en cantidad y calidad de las prestaciones sociales, etc., por lo que dichos ciudadanos están preparados para la reestructuración de dicho estado a la privatización selectiva y concertada de algunas parcelas del mismo, las cuales sean rentables y garantías financieras aseguradas. Las consecuencias de ello es que en unos casos habrá una complementación de las prestaciones a través del libre mercado o el ámbito profesional, y otros se gestionaría los servicios financiados por el propio Estado.

- Asunción de las dificultades económicas reales que afronta el Estado de bienestar: Se trata de un espacio en que además de asumir los problemas económicos del Estado de bienestar, pueden ser pactados sobre la base de unas políticas de Estado y suprapartidistas, pudiendo realizar recortes y sacrificios sin mermar los derechos sociales e incluso asumiendo nuevas necesidades y retos del sistema de protección social. Por lo tanto, este escenario de pacto y de consenso sería posible gracias al apoyo de los ciudadanos al sistema de protección social y a la consideración por parte de todos los partidos políticos de una cuestión de Estado.

Actualmente, se puede señalar que existe una complementación de ambas, ya que por un lado existen recortes sociales en algunos ámbitos públicos como en la educación y en la sanidad, y por otro lado, existe cierta privatización, tales como son los planes de pensiones debido a las congelaciones de las públicas (Cabrero, 1997).

Por lo tanto, el Estado de Bienestar de hoy en día no funciona correctamente, no es el adecuado puesto que no consigue que su pilar básico funcione, es decir, no puede favorecer la creación de empleo, y el motivo es la imposibilidad económica de afrontar los gastos que ello supone, siendo el más numeroso en términos económicos los salarios de los trabajadores.

6. CONCLUSIONES. ¿QUÉ BIENESTAR SOCIAL QUEREMOS?

La construcción del Estado del bienestar es un proceso de largo recogido y lleno de interrupciones y conflictos a través de los cuales se pasa de la reforma social a los seguros sociales, más tarde a un sistema de Seguridad Social, a continuación a la construcción del Estado autoritario del bienestar, y terminando con la consolidación del Estado democrático de bienestar.

Por lo tanto, el Estado de Bienestar ha sufrido cambios institucionales e ideológicos debido a todos los procesos históricos mencionados anteriormente, debiendo destacar tres de ellos, los cuales han trascurrido desde 1963 a 1997: a) el paso de sistemas de protección puramente profesional a otros de tipo universalista basados en la idea de los derechos sociales para todos; b) el paso de un sistema de Seguridad Social en base a prestaciones económicas a otro en el que los servicios públicos y sociales universales explicitan una demanda social ciudadana; y c) la relativa desideologización o la tecnificación de los sistemas de protección social como logro histórico interclasista.

A partir de estos tres grandes cambios se puede observar una continuidad en los rasgos del Estado de Bienestar español, tales como son el conflictivismo, la fragmentación institucional, tensión financiera y déficit, populismo, privatización y protagonismo de la familia, rasgos que se pueden visualizar actualmente a través de por ejemplo la Ley de Dependencia (otorgando importancia a la familia), la existencia de los Planes de Pensiones privados (reafirmando el déficit financiero), etc. Uno de los ejemplos más importantes a día de hoy son los diversos movimientos “revolucionarios” existentes en muchas de las Comunidades Autónomas de España, tales como son los movimiento del 15-M y del 19-J, apoyados por los pilares de “No le votes” o “Democracia Real Ya”, en los cuales la ciudadanía solicitaba numerosos cambios dentro del Estado de Bienestar.

Pero, ¿son necesarios estos movimientos? ¿qué se pretende o reclama con ellos? ¿funcionan realmente? Desde nuestro punto de vista, se trata de movimientos sociales absolutamente necesarios en nuestra sociedad española actual, ya que nos encontramos en una situación en la que no se tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía en cambios tan importantes como la validación de la Ley de Economía Sostenible, la cual se conoce entre el público español como “Ley Sinde”, es decir, “sin derechos”, ya que priva de libertad “cibernética” entre otros aspectos tratados en la misma. Por lo tanto, se trata de movimientos necesarios que pretenden, además de algunos cambios sociales, conseguir que los que están en el poder nos escuchen y tengan en cuenta verdaderamente nuestras opiniones a la hora de realizar cualquier modificación que vaya a afectar a nuestras vidas, y la forma que esto puede ser posible es cambiar la forma de validar o no los cambios, permitiendo que todos los ciudadanos decidamos, elijamos o votemos nuestra opinión al respecto. Una de los medios actualmente existentes a nivel local de favorecer la participación ciudadana y a su vez la opinión pública, son los Presupuestos Participativos, a través de los cuales una cantidad del presupuesto municipal se otorga a una de las propuestas realizadas por parte de los ciudadanos. Sin embargo, estos presupuestos son escasos para el número de localidades existentes en España, y además, en los municipios en los que existen no son conocidos por sus ciudadanos, por lo que éstos pierden su capacidad de elección y participación, volviendo de nuevo a la “sordez” de nuestras voces en la sociedad, y a la escasez de comunicación “real” de las posibilidades que tenemos, incluso hablando en términos municipales.

Éste es un ejemplo más de que nuestro Estado de Bienestar se encuentra en una etapa de inviabilidad caracterizada ya no solo por cada uno de los puntos que hemos citado a lo largo de nuestro artículo, sino por cada una de las opiniones, de las situaciones, de las actitudes, que somos capaces de ver cada día. Indignación, desesperación, esperanza, rabia, impotencia…Los españoles reclaman esa libertad de expresión con suma valentía, esa que se les arrebata cada día con cada acción corrupta, y siempre de una forma positiva…En conclusión, creen en ellos mismos.

7. BIBLIOGRAFÍA

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