Edgardo Romero Fernández (CV)
edgarcs@uclv.edu.cu;
edgardoricardo60@gmail.com
Darío Loja Reyes (CV)
RESUMEN
El funcionamiento de la organización barrial-popular se ha vinculado al ejercicio del poder en el marco de los nuevos gobiernos de izquierda de la América Latina del siglo XXI que intentan buscar alternativas a la dominación capitalista neoliberal. Dicha relación precisa de fortalecimiento desde arriba y desde abajo, para que la transacción de poder en ambas direcciones, fortalezca el proceso de democratización que promueven los gobiernos de izquierda y les beneficie con legitimidad, de lo contrario el acumulado político tradicional de paternalismo y clientelismo, solo traerá descalificación a la gobernabilidad, inestabilidad social y cero desarrollo social. Esta situación es apreciable en la situación política del Ecuador actual, específicamente en el caso de Loja, por lo que se indican algunos elementos para el fortalecimiento barrial en dicho municipio.
Palabras clave: Empoderamiento local, fortalecimiento de organización barrial, gobierno local, actualidad ecuatoriana, gobernabilidad, Loja, participación ciudadana.
INTRODUCCIÓN
La temática de la organización barrial ha estado cobrando importancia, en la misma medida en que los procesos políticos de izquierda de los últimos 10 años han estado usufructuando el apoyo de los movimientos populares y por otra parte han estado promoviendo y/o aceptando le reforma del estado, a partir de procesos de regionalización y/o descentralización y desconcentración, por lo que el funcionamiento de la organización barrial-popular se ha vinculado al ejercicio del poder en el marco de los nuevos gobiernos de izquierda, que especialmente en la América Latina del siglo XXI intentan buscar alternativas a la dominación capitalista neoliberal. La legitimidad de dichos gobiernos pasa evidentemente por el apoyo y protagonismo de la ciudadanía organizada, para quien la movilización social tiene que tener como resultado una mejora de sus condiciones de vida.
El toma y daca, que se produce entre gobiernos y masas populares, es sumamente intenso e interesante, tal y como lo muestra el caso ecuatoriano en los últimos años, por ello hemos escogido este escenario para analizar la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones barriales, si es que se pretende un desarrollo social sostenible por parte de la izquierda de corte nacional-populista.
DESARROLLO
El Ecuador, en el transcurso de su historia y particularmente desde el 1995 hasta el 2005 se ha caracterizado por un aumento desmesurado de inmoralidad y corrupción, todo eso generado por los malos gobiernos de turno, quienes siguiendo el dictat neoliberal sumieron a la sociedad ecuatoriana en pobreza, miseria, hambre y desocupación.
En el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países Latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. Desde la perspectiva del individuo y considerando el Índice de Desarrollo Humano, el país era el segundo más bajo de Sudamérica, superando solamente a Bolivia. Todo esto evidenciado por la experimentación de una severa crisis a partir de 1998, la dolarización en el 2000; crisis que género que la pobreza urbana se duplicase, alcanzando un 70% en el 2000, el desempleo ascendió hasta el 17% de la PEA y al menos 900.000 ecuatorianos migraron a otras latitudes del mundo.
En 2006, casi el 13% de los ecuatorianos se encontraba en extrema pobreza y un 38% en pobreza; mientras que en la zona rural la pobreza era al menos dos veces más alta que en la zona urbana, y la pobreza extrema es 5 veces más alta que en la ciudad.
A partir de una política social orientada hacia la población, en el gobierno de Rafael Correa Delgado en el año 2010, la ocupación adecuada creció, desde el 37.57 % hasta el 40.26% entre el primer y segundo trimestre, lo que indica que aún existe baja calidad de empleo a pesar de los pasos emprendidos por el actual gobierno, uno de los indicadores es el sub empleo, el cual registra una disminución del 1.81% entre el primer y segundo trimestre de 2010, paso al 51.3% al 50.42%.
Sin embargo, de acuerdo a los datos de pobreza tomados del INEC, en el censo desarrollado en marzo del 2011, se puede establecer que en el último quinquenio (Junio 2006 / Marzo 2011), la pobreza a nivel urbano en el Ecuador ha pasado del 26.30% al 21.46%, es decir se ha reducido cerca del 4.84%. La pobreza nivel rural se ha reducido del 60.56% en diciembre del 2006, al 52.96% en diciembre del 2010, aproximadamente se ha reducido 7.60%. A nuestro juicio esto evidencia dos cuestiones: 1) la vocación popular del actual gobierno; 2) la lentitud y complejidad de los cambios, lo cual acontece por variadas circunstancias.
Las evidencias enunciadas se ilustran con otros datos estadísticos, así por ejemplo es importante señalar que las necesidades básicas insatisfechas (NBI), desde el 2006 hasta inicios del 2011, han variado, en el 2006 en todo el sector urbano del país, las necesidades básicas insatisfechas (NBI), de acuerdo a este indicador sintético fluctuaban aproximadamente en los 1.834.193,077166, mientras que en el 2009, el total de NBI fluctuaban en 2.033.922,007156, y considerando que la población se ha incrementado aproximadamente en 840 mil habitantes, se evidencia que las políticas implementadas para resolver las necesidades básicas de la población, han ido resolviendo mayoritariamente las mismas en el sector urbano. Sin embargo en el sector rural la realidad es totalmente diferente ya que en el 2005 las NBI, eran aproximadamente 2.505.410,055050, mientras que en el 2009 eran de 2.466.295,588097. Considerando que la población en el sector rural desde el 2005 al 2010 se redujo aproximadamente en 60 mil habitantes, se determina que lamentablemente en el último quinquenio muy poco se ha hecho para trabajar equitativamente en la resolución de las necesidades básicas insatisfechas en el sector rural, lo que nos lleva a generar una reflexión. ¿Por qué se trabajó más en el sector urbano y se descuida el sector rural?
A nuestro juicio, esto aún ocurre al menos por tres razones: 1) la tradición política ecuatoriana mediante la cual la política se trazaba de acuerdo a las proyecciones electorales de los actores políticos del momento, y en donde la población mayoritaria en la participación de los procesos electorales, se encuentra en las poblaciones urbanas; 2) la tradición de las formas de protesta popular violenta en el país, afianzadas en los últimos años, generó en el imaginario popular la idea de destruir mecanismos de gobierno y expulsar gobernantes como algo positivo, pero muy poco o casi nada la idea de construir país; 3) el pobre protagonismo real de los ciudadanos en los procesos de gobernabilidad democrática, que aunque amparados en la Constitución de 2008, gestada por el gobierno de Rafael Correa, no se logran implementar de forma clara.
Estas situaciones fueron potenciadas en los últimos años por el accionar de gobiernos que mezclaban el paternalismo con, la mala utilización de los recursos económicos del estado, y medidas represivas, que generaron la crisis más grande en la historia contemporánea del Ecuador, la que motivó que el 5 de febrero de 1997, los ecuatorianos sacasen del poder al Dr. Abdalá Bucaram, quien dictó un paquete de medidas antipopulares el año nuevo de 1997, al elevar los impuestos a los combustibles y a los denominados consumos especiales (vehículos, perfumes, licores, cigarrillos), suprimir los subsidios (gas, teléfonos y electricidad), dictó el congelamiento-reducción del salario mínimo y la elevación de las tarifas de transporte. Luego el 21 de enero del 2000, los ecuatorianos cansados de las políticas de salvataje para sostener a los bancos que estaban en la quiebra, indignados con la medida dictada en 1999 donde se decretó el congelamiento de los depósitos en los bancos, confundidos con anuncio la dolarización de la economía ecuatoriana a inicios del 2000, con un salvataje bancario que costó cerca de 6000 millones de dólares a los ecuatorianos, se levantaron en protesta y en esta ocasión sacaron del poder al Dr. Jamil Mahuad Witt. Sin embargo, la poca capacidad de gobernar el país, no iba a quedar allí. Aparece luego de la caída de Mahuad, el coronel Lucio Gutiérrez, quien a pesar de un discurso inicial de izquierda, al igual que sus antecesores implementó políticas neoliberales direccionadas desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; todo esto sumado a los constantes actos de corrupción a lo interno del gabinete de gobierno. Dichos actos propiciaron de nuevo la presión popular, que culminó con la destitución del Coronel Lucio Gutiérrez como presidente, el 20 de Abril del 2005.
Esta crisis de gobernabilidad ha hecho, que Ecuador desde 1996 hasta el 2006, tuviese nueve (9) presidentes de la república. Sin lugar a dudas esto refleja que en el caso de los diferentes gobiernos de turno, particularizados por quienes han asumido el poder, han actuado con estilos de liderazgo poco democráticos y participativos, más bien han sido liderazgos con un sesgo paternalista invocando al caudillismo típico en América Latina, por lo que han generado en la población una actitud de dependencia y clientelismo.
En la actualidad y luego de una década de falta de gobernabilidad y de poca capacidad para resolver los problemas comunes de la ciudadanía; con un discurso progresista y de proyección socialista, aparece el Ec. Rafael Correa Delgado, quien se muestra a la palestra pública en el gobierno del Dr. Alfredo Palacios, en calidad de ministro de economía, escenario en el cual lideró y/o discutió temas como: renegociación de la deuda externa, el canje de la misma, entre otras posiciones de carácter nacionalista. Esto género que el 2006, el Ec. Correa, a través de una coalición política formada por más de 30 organizaciones políticas y sociales, (Alianza País) ascendiese por primera vez a la presidencia de la República el 15 de enero del 2007.
Desde ese escenario y contando con el apoyo mayoritario de la población el Ec. Correa tras su posesión firma el decreto 002 que convocaba a Consulta Popular. Referéndum que contó con el apoyo de cerca del 82% de la población ecuatoriana, quienes aprobaron la creación de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución.
Todo lo señalado anteriormente estuvo orientado por los cinco ejes programáticos de la Revolución ciudadana, entre los que se destacan: Reestructuración del Congreso, lucha contra la corrupción, atacar a la falta de empleo, acceso a educación y salud gratuitas; y defensa de la soberanía y dignidad del país.
Algunas de las medidas generadas en el marco de los ejes de la Revolución ciudadana son: “bono de solidaridad”, “bono de la vivienda”, subsidios a discapacitados, etc., es decir medidas, que si bien es cierto resuelven problemas concretos acumulados en la vida cotidiana de la ciudadanía, no promueven aún, que los ciudadanos generen una reactivación económica y productiva.
Con la aprobación de la nueva constitución el 28 de septiembre del 2008, apoyada por más del 60% de la población ecuatoriana, se inicia un nuevo proceso de la Revolución ciudadana, ya que en la misma establece un Estado que refuerza las atribuciones del gobierno central y de la función ejecutiva, y que promueve una política social de participación o derechos sociales, culturales y ambientales, subordinando a un grado jurídico inferior las garantías individuales de la anterior constitución.
La nueva constitución transforma el modelo jurídico de Estado social de Derecho y economía social de mercado pasando de una "constitución de libertades garantizadas" hacia una "constitución del bienestar garantizado" transversalmente inspirada por la ideología del socialismo del siglo XXI y la filosofía ancestral del "buen vivir" de los antiguos quechuas, recogido explícitamente en el texto sumak kawsay.
En abril del 2009, el Ec. Rafael Correa, por segunda ocasión, en una sola vuelta, en las elecciones presidenciales el 26 de abril, ganó con el 51.9% de votos contables, considerado el voto más alto de la historia ecuatoriana. Para este proceso electoral se eligió la nueva asamblea nacional, cuyos resultados oficiales mostraron una muy amplia ventaja del partido oficialista Alianza País.
Contando entonces con el Poder Ejecutivo y Legislativo, desde los ejes programáticos de la Revolución ciudadana, se profundizan algunas medidas como: la descentralización y desconcentración del estado, a través de normas como el COOTAD; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros.
Es importante recalcar que en el afán de centralizar los diferentes poderes del estado, desde el ejecutivo se han promovido nuevos procesos electorales como el referéndum para los cambios a la constitución.
Lo indicado anteriormente ha generado que los otros niveles de gobierno (Gobiernos provinciales, municipales y regionales), asimilen el modelo de gestión planteado desde el ejecutivo. Al nivel de gobiernos municipales la situación lógicamente se reproduce, ya que a pesar de que el ejercicio de cada municipalidad se realiza a través de varias funciones integradas “(de legislación, normatividad y fiscalización, de ejecución y administración; y, de participación ciudadana y control social)”, no ha existido la participación directa de la ciudadanía. Es decir se han generado políticas públicas cantonales, sin contar con la participación directa de los verdaderos actores, lo que ha conducido a la desvirtuación y a veces peor, a la desmovilización de los liderazgos a nivel de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, partidistas, hogareñas, laborales, de trabajadores, etc.
Por otro lado la aplicación del actual COOTAD y la actual Ley Orgánica de Participación Ciudadanaimplican necesariamente participación ciudadana y liderazgo en las organizaciones populares, pues de lo contrario los fenómenos de corrupción y clientelismo solo se ampliarán en el país. De tal forma resurge de otra forma la contradicción entre desarrollo democrático del país (protagonismo real de los ciudadanos en la toma de decisiones de la política pública, horizontalidad en los mecanismos de dirección, etc.) y la gobernabilidad del proceso de reforma y reestructuración del estado, de ahí que sea indudable la pertinencia del desarrollo de un trabajo que fortalezca el rol de las organizaciones barriales para contribuir al desarrollo social del país a través del protagonismo real de los ciudadanos.
En caso de la ciudad de Loja, la organización barrial, ha jugado un rol protagónico en el desarrollo de dicha ciudad, en vista de que la misma, ha sido la gestora de múltiples acciones en aras de buscar la mejora de la calidad de vida de las y los lojanos. Un ejemplo latente de ese accionar es la posta de la Lojanidad, evento a través del cual en la década de los 60 un grupo de lojanos se organizaron y exigieron al gobierno nacional y local, invertir en obras de servicios básicos.
La ciudad de Loja, en la actualidad se encuentra constituida por 257 barrios, los que de acuerdo a sus necesidades se han venido organizando y estructurando fin de que con el apoyo del I. Municipio y su nivel de gestión, puedan resolver las necesidades básicas insatisfechas.
Hay que considerar por ejemplo, que para la planificación y construcción de los diferentes planes, en el caso del I. Municipio de Loja, se ha iniciado la implementación de algunos mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales se destacan el consejo cantonal de planificación, silla vacía, sistema cantonal de presupuesto participativo, las asambleas barriales, las reuniones sectoriales, etc., sin embargo dicha participación a estada limitada solo a presidentes(as) de los diferentes barrios, olvidando considerar el criterio de la ciudadanía en su conjunto (grupos juveniles, de mujeres, de niños, campesinos, deportistas, entre otros).
Esto ha generado que exista muy poco involucramiento de parte de los ciudadanos para con la Municipalidad, ya que se ha creado una acción de paternalismo, y no de coordinación y organización, lo cual evidencia que no hay un mecanismo que permita ir dando el seguimiento y la evaluación de los asuntos comprometidos, por lo que, estos compromisos en su mayoría no son cumplidos por los funcionarios de los diferentes departamentos municipales. Esto explica por ejemplo, que la mayoría de los barrios que en la actualidad tienen problemas en lo relacionado a los servicios básicos, son los que se organizan de mejor forma, a diferencia de los barrios que tienen ya resueltas sus necesidades básicas materiales, pues no se consideran que se deben organizar para otras cuestiones sociales como seguridad, lucha contra la violencia intrafamiliar, drogas, alcoholismo, etc., reduciendo su accionar peticiones ligadas al estilo clientelista de gestión del desarrollo.
Es importante señalar, que en caso de Loja, las organizaciones barriales han sido fraccionadas por la injerencia de determinados partidos y movimientos políticos de la localidad, quienes sin vacilación alguna han incidido en los barrios a fin de manipular a quienes están al frente de las directivas de los diferentes barrios. Así por ejemplo la FEBACALO, Coordinadora de Barrios de Loja; o, los barrios Noroccidentales, entre otros, si bien es cierto defienden los intereses de los sectores que representan, actúan sobre las bases de las orientaciones de los partidos y movimientos políticos lo que incide en las peticiones, reclamos, articulaciones, etc.., entre ellos y el municipio, con la consiguiente limitación en la solución de las necesidades reales de los barrios, es decir, existe un interés común hacia los barrios, que es el hecho de utilizarlos a fin de tener control y usufructuar electoralmente y no de resolver problemas reales de la población, por lo que se hace imprescindible fortalecer las organizaciones barriales y sus liderazgos a fin de que no recurran al clientelismo.
Entonces la situación problémica del presente, en el caso lojano, parte de la contradicción que se genera entre la existencia de un importante número de barrios con necesidad de reconocimiento y/o fortalecimiento institucional; y, su no reconocimiento, ni ayuda de fortalecimiento por parte de las autoridades locales. Por lo cual se plantea como problema genérico a ser investigado y solucionado el siguiente: ¿Cómo fortalecer la organización barrial lojana en las actuales circunstancias políticas?
La anticipación en forma de respuesta a esta interrogante es la siguiente: 1) Se puede fortalecer la organización barrial lojana a partir de la potenciación de los liderazgos naturales en los barrios; lo cual en el actual esquema democrático ecuatoriano es fundamental después de haber entrado en vigor la nueva Ley de ordenamiento territorial, descentralización y autonomía (COOTAD, 2010) que otorga estatus de gobierno descentralizado autónomo hasta el nivel de junta parroquial es muy importante contar con liderazgos populares que gestionen desde abajo; 2) por otra parte, gracias el COOTAD, se fortalece la descentralización del Estado (se delimita el rol de cada uno de los GADs) y por ende se garantiza el ejercicio pleno de las autonomías, evita la duplicación de atribuciones, funciones y competencias; vale recalcar que con la vigencia de esta norma, se establece un marco legal general para la organización territorial y el funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), pero es necesario articular formas de gobierno horizontal a nivel de barrio, en donde a través de la reflexión colectiva, se generen y propongan otros asuntos de interés social a resolver y se distribuya el poder y la responsabilidad social equitativamente.
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