Dada la situación de la Seguridad Pública y la procuración de justicia en México, la división entre policías federales, estatales y municipales, la clara división y distribución de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la diferenciación legal entre delitos del fuero común y del fuero federal y otros tantos factores que añaden complejidad al esquema, es innegable que los cambios en la política de Seguridad Pública en México debían implementarse de manera incremental, tal cual el Ejecutivo Federal decidió en su momento.

Ahora bien, según algunos estudiosos de temas de seguridad pública y numerosos analistas de políticas públicas, la primera etapa de la estrategia Calderonista consistió en reforzar la presencia de las fuerzas federales (Ejército, Marina, Policía Federal) en puntos de alta incidencia delictiva, para hacer frente en zonas de máxima vulnerabilidad social a los delincuentes y mantener el control del Estado sobre la totalidad del territorio nacional, que según Adam Smith, es una de las funciones primordiales del Estado-Nación.

En ese mismo tenor, la estrategia continua con una etapa que se traslapa con la primera y que se mantendrá por lo menos en el mediano plazo donde el Ejecutivo Federal y otros actores políticos presentan al Congreso de la Unión las iniciativas de nuevas leyes y reformas a las ya existentes para optimizar y garantizar la eficiencia de la actuación de las fuerzas federales, ejemplos de estas leyes es la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la reforma al Código Penal Federal.

Se están implementando también en la actualidad otras 2 etapas, una que tiene que ver con la dignificación y revalorización de la vida policial (Más estrictos controles de confianza, mejor capacitación a los policías, mejoras en las remuneraciones) y otra que tiene que ver con el Sistema e-México, que pretende dotar a los cuerpos policiacos de información estadística importante para optimizar su labor en todo el territorio nacional, ambas etapas planteadas adecuadamente en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.

Hasta este punto, según Bardach, la estrategia sólo había identificado el problema (En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se hace un buen diagnóstico de la situación), intentado resolver lo urgente (con la primera etapa) y empezado a delinear los marcos legales e institucionales necesarios para que el macro modelo de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en México empiece a cambiar (con las etapas 2, 3 y 4), por lo que el camino es largo aún.

Sin embargo, en las últimas semanas se empieza a debatir en el escenario político nacional el esbozo de lo que sería una quinta etapa de la estrategia gubernamental, específicamente en el tema de Seguridad Pública, etapa sumamente interesante, pues traería consigo no sólo cambios cuantitativos (cuantos policías, cuando dinero, cuantas armas, cuantas leyes) sino cambios cualitativos, que buscan dar un salto importante y que podrían revolucionar la estrategia, inclinando al fin claramente la balanza hacia el éxito de la misma, nos referimos a la propuesta del Presidente Calderón de Unificar los mandos policiacos de los más de 2400 municipios en el país a sólo 32 mandos, uno por cada entidad federativa.

Ahora bien, con el objetivo de contribuir a la discusión nacional a este respecto, se plantearán a continuación algunos elementos que a juicio personal debe contener la propuesta presidencial y se concluirá este documento esbozando las ventajas que la adecuada implementación de esta quinta etapa de la estrategia traería al país.

En primer lugar, debe considerarse para hacer realidad esta propuesta, la necesidad de reformar diversos artículos Constitucionales, como el 115, lo que requerirá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, además, al ser reforma Constitucional se necesitará la ratificación de por lo menos 17 Congresos Locales para que las modificaciones entren en vigor, además, dado que el Congreso de la Unión se encuentra en receso, es necesario tomar en cuenta que la propuesta no se aprobará por el Pleno de la Cámara de Diputados antes del 1 de septiembre próximo, lo que da al Ejecutivo Federal el tiempo suficiente para afinar la propuesta y minimizar el riesgo de dejar cabos sueltos.

En segundo lugar, la propuesta presidencial debe ser clara en quién designará al mando de cada una de esas nuevas 32 policías y a quién rendirá cuentas dicho mando, es recomendable que se involucre a la ciudadanía desde el inicio en temas de contraloría social, para que las decisiones de los mandos y el uso de los recursos públicos sean lo más transparentes posibles (no en asuntos delicados de estrategia contra el crimen, claro está), minimizándose así los posibles problemas de corrupción, además, es indispensable clarificar los criterios de la presencia de destacamentos policiacos en los territorios estatales para que se cumpla con el mandato legal de brindar seguridad pública a todos los habitantes, sin privilegiar sólo algunos municipios por su importancia económica o política.

Es necesario también, pretendiendo que la política pública sea lo más duradera posible en el tiempo, que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Coordinación de Asesores del C. Secretario de Seguridad Pública y otros expertos que el Presidente juzgue necesarios, valoren si la propuesta incluirá un proyecto de Ley General que reglamente este tramo de la política pública en todo el territorio nacional o si deben impulsarse leyes estatales para que cada entidad reglamente en su territorio el actuar del mando policiaco único, tratando se mantener en cualquiera de los 2 casos, los lineamientos básicos de estandarización y homologación de la actividad policial.

Además, la propuesta debe incluir los lineamientos para dar seguimiento a la adecuada implementación de este tramo de la política pública y para evaluar durante y ex post, la eficacia de la misma.

Finalmente, esta propuesta, además de lo ya descrito líneas arriba, es importante porque avanza en la necesidad de relevar al Ejército y a la Marina de las labores de Seguridad Pública que de manera emergente han tenido que realizar, es necesaria porque busca profundizar en la dignificación y profesionalización de la actividad policiaca, es interesante porque da un paso adelante en la búsqueda de mayor corresponsabilidad de los gobiernos estatales en materia de seguridad pública y pretende avanzar sin duda en la homologación y estandarización de métodos, procedimientos, indicadores, objetivos y formas de trabajo de la policía que idealmente todos queremos y que con esta propuesta, estaríamos en vías de obtener.