Sin embargo, la burguesía nativa (formada fundamentalmente por cubanos y españoles) y sus aliados (ex autonomistas, y representantes conservadores y moderados de la causa mambisa) apoyaron o sirvieron de instrumentos a los planes norteamericanos de “descubanización” de Cuba. En la prensa, El Nuevo País (heredero del diario autonomista El País), por ejemplo, defendió en sus páginas la idea de que la mayor de las Antillas no estaba preparada para la vida republicana independiente, tesis que acompañó después a los enemigos de la instauración de un Estado-Nación pleno.

El mismo Gobernador General estadounidense, Leonardo Wood, se propuso “captar el interés de la oligarquía del país y ganar su apoyo a favor de la proyectada fórmula de la dependencia”. La lucha ideológica establecida entre los nacionalistas radicales (partidarios del establecimiento de un Estado-Nación pleno), los nacionalistas moderados (reformistas que aceptaban la instauración de mecanismos republicanos limitados, en cierta manera dependientes de Estados Unidos) y los sectores antinacionales confesos (explícita o implícitamente a favor del Protectorado o la anexión), se recrudeció a medida que se acercaron las elecciones municipales de 1900.

La marginación de las capas populares de la redacción de la Constitución de 1901 restó fuerza y atentó contra la legitimidad de la nueva República. Entretanto, los sectores antinacionales, poseedores de los requisitos indispensables para participar en las elecciones e inferiores en número, estuvieron ampliamente representados en la suscripción de la Carta Magna. La plataforma político-jurídica de la nación surgió, por tanto, deformada y alejada de los intereses del cubano de a pie, y, con ello, de los sujetos que conformaban una nación sin soberanía. La mutilación del proyecto nacionalista radical se concretó mediante la imposición de la Enmienda Platt como apéndice de la Constitución (amén de los debates relacionados con la aprobación del documento foráneo), y los partidarios de la República Martiana quedaron a merced de sus enemigos norteños e insulares.

En esencia, las fuerzas antinacionales alcanzaron, a través de la Enmienda Platt, una victoria aplastante sobre los grupos nacionalistas radicales, quienes cayeron en un estado perpetuo de frustración o moderaron sus reclamos respecto al proyecto de nación. Según el investigador cubano Ambrosio Fornet, “desde 1909, en que se comenzó a invocar la Enmienda Platt con un signo positivo –como mecanismo anti-intervencionista –se hizo evidente que la ideología de la sumisión había empezado a carcomer todo el tejido social, que «el dominio neocolonial», en otras palabras, comenzaba a funcionar como un sistema”.

En un principio, los partidarios del establecimiento de un Estado-Nación soberano enfrentaron al ignominioso documento con claras manifestaciones proindependentistas, pero tales esfuerzos no impidieron que Estados Unidos tuviera el control económico y político de Cuba, siempre con la complicidad, tibieza o inconsecuencia de la burguesía nativa, ejerciendo una influencia cultural de amplias magnitudes que pretendía transmitir la idea de que todo lo relacionado con los designios norteños suponían lo más avanzado de la democracia occidental, y, con ello, lo mejor para el Estado Nacional, aún cuando persistieran, se agravaran o tomaran nuevas formas sus problemáticas y anomalías.

Evidentemente, el surgimiento de una República limitada, el 20 de mayo de 1902 y la disgregación paulatina de los sectores radicales de la sociedad en relación con la instauración de un Estado-Nación pleno, impulsaban a la clase dominante a “integrarse en una alianza posrevolucionaria para constituir un nuevo poder, un sistema político indispensable a los fines de reformular la hegemonía burguesa bajo una forma política republicana funcional, aunque con soberanía limitada y renuncia a tener proyecto nacional”. Pero, esta clase dominante, en parte quebrada por las secuelas de la guerra, afincó sus posiciones y empezó a (re)estructurarse durante las dos primeras décadas republicanas. Según los investigadores Gregorio Collazo y Jorge Ibarra, “se fue formando con lentitud y dificultad un núcleo de propietarios cubanos de ingenios, grandes colonias de caña, y fincas de ganado. De ese modo se reconstruyó como clase una burguesía doméstica, que tenía un carácter subordinado en relación con el capital financiero norteamericano”.

En el plano político y ante la frustración republicana, la burguesía nativa se apoyó –para proteger sus intereses –en personalidades provenientes de las filas mambisas y poseedoras de cierto prestigio popular. Así, el poder económico integrado por cubanos y españoles residentes en la Isla (con o sin nexos con el capital foráneo), intervino en la organización del Partido Conservador y el Partido Liberal, las dos agrupaciones políticas representativas del período. A partir de aquí, las fuerzas conservadoras contaron con la ayuda económica y moral de las grandes empresas productoras o exportadoras, ex autonomistas, españoles afincados en Cuba, funcionarios, y terratenientes acaudalados; mientras que los liberales ejercieron influencia sobre la mediana y pequeña burguesía, los hacendados, e intelectuales de tendencia nacionalista.

Carlos del Toro indica que en aquellos años “se forjó una élite política republicana que consolidó sus intereses materiales e, incluso, compartió el espacio político con los antiguos rivales coloniales. Además, creó flamantes alianzas clasistas para beneficio individual o partidista, exentas de cualquier provecho nacional”. En efecto, los grupos nacionalistas radicales, frustrados ante el fracaso republicano, “suavizaron” sus posiciones respecto al establecimiento de un Estado-Nación cubano pleno y se integraron a los dos nuevos partidos políticos (sobre todo al Partido Liberal).

Por otra parte, los políticos “populistas” de entonces (liberales en su mayoría) emplearon el discurso nacionalista radical con el objetivo de acrecentar los votos de las clases desposeídas, quienes quedaron al margen de los “beneficios” que proporcionó la República de 1902. Desde luego, “la prédica política del liberalismo podía resultar mucho más atractiva a los peones y campesinos dependientes, muchos de los cuales habían combatido en las gestas independentistas bajo órdenes de los nuevos caciques procedentes de la alta oficialidad del Ejército Libertador”.

Era consabido que un cambio en el estado de cosas de la República no se produciría mediante simples elecciones políticas (pues el sistema “democrático” cubano se asentaba sobre bases neocoloniales), ni a través de una sublevación armada estrictamente contra el gobierno de turno (por que esto era poco si no se proponía, igualmente, acabar con las relaciones de dependencia y subordinación respecto a Estados Unidos, quien dispondría sin reparos de la intervención militar). En efecto, las rebeliones que se produjeron en esta etapa no cuestionaron las verdaderas causas de la farsa republicana, estando limitados a demandas partidistas. Incluso, el patriota Enrique Collazo llegaría a predecir que “el peligro, cuando llegue el caso, se reducirá a ligeros choques, abundantes de palos, mojicones y algunos muertos y heridos que vengan a darle color y sabor a la salsa”.

La idea de que los cubanos estaban incapacitados para ejercer el gobierno propio y los presupuestos de que sin la “vigilancia” estadounidense el caos reinaría en Cuba, sirvieron de coartada a los sectores antinacionales para preservar sus intereses y acariciar el sueño de una posible anexión o Protectorado. En respuesta, los representantes de los grupos nacionalistas radicales (muchos de los cuales moderaron sus reclamos y se limitaron a pedir reformas (nacional-reformistas) lanzaron la consigna “contra la injerencia extranjera, la virtud doméstica”, fórmula que “enarbolaba la honestidad ciudadana como única garantía contra el intervencionismo foráneo, y el debate recayó en la esfera de la ideología”.

A pesar del resquebrajamiento de las fuerzas nacionalistas radicales (en rápida mutación hacia un nacionalismo de corte reformista), existieron personalidades que intentaron rescatar el proyecto de un Estado-Nación cubano pleno. En ese caso se encontraba Salvador Cisneros Betancourt, quien transformó su Junta Patriótica (fundada en 1907 en plena intervención norteamericana y cuyo propósito era la lucha contra la Enmienda Platt) en el Comité Proabolición de la Enmienda Platt. Esta organización, conocida como Liga Antiplattista, “comenzó a actuar preferentemente, en el Congreso de la república. Sin embargo, pronto extendió su acción, con el fin de formar comités de barrio y delegaciones, en las fábricas, talleres, centros de toda índole, Universidad de La Habana, etcétera”.

La mayoría de los patriotas convencidos de entonces creyeron –de forma ingenua, aunque con cierta lógica –que el primer paso en pos de rescatar a la República secuestrada se realizaría mediante la derogación de la Enmienda Platt. Pero, el fin de las relaciones de dependencia de Cuba respecto a Estados Unidos no se lograría con la eliminación de la disposición plattista solamente, pues esos vínculos de dependencia se encontraban sujetos a condiciones económicas, políticas y sociales particulares y de considerable trascendencia. Como plantea Ambrosio Fornet, “en Cuba, el único antídoto posible contra las (…) clases dominantes era la ideología mambisa, pero esta había sufrido un colapso irreversible, primero, en 1901, con la imposición de la Enmienda Platt, y después, en 1906, con la Segunda Intervención norteamericana.”

Durante esos años, la sumisión, la inmovilidad y la cordura minaron lentamente el espíritu nacional en la medida que los sectores antinacionales afincaban sus posiciones de dominación. Así, la prudencia sustituyó a la política, mientras la frustración empezó a hacerse crónica. Los enclaves de poder político, articulados en la primera década de vida republicana, “tuvieron por objeto acentuar la fragmentación y disgregación social e ideológica de las clases sociales constitutivas del pueblo-nación, a la vez que reagruparlas y reorganizarlas bajo la dirección hegemónica de la burguesía dependiente. Su función primordial consistía en impedir que los elementos que formaban parte del pueblo-nación expresaran, de manera independiente, aspiraciones o reivindicaciones opuestas a los intereses de la burguesía dependiente”.

En la segunda década republicana, la penetración económica estadounidense en Cuba alcanzó niveles extraordinarios debido a la creciente demanda de productos y artículos de primera necesidad generada por el mercado norteamericano y la Primera Guerra Mundial. De esa forma, la economía cubana acentuó su deformación y dependencia respecto a Estados Unidos. Oscar Pino-Santos indica que durante esta época “el capital yanqui se ha vaciado en el molde estructural del siglo decimonónico, que así se afianza, solidifica y deviene rigidísimo modelo monoproductor, monoexportador y subdesarrollado”.

Esta subordinación crónica a los intereses norteamericanos demostró la eficacia del experimento neocolonial impuesto en Cuba e incrementó la frustración de los sectores nacionalistas radicales (la inmensa mayoría transformados en nacionalistas de corte reformista) que se proponían la implantación de una República sin trabas. Luego, la crisis deflacionaria de 1920-1921 reveló que los reclamos respecto al proyecto nacional por parte de las fuerzas nacionalistas de corte reformista resultaban insuficientes, y que la adopción de posiciones revolucionarias antiimperialistas resultaba el único camino para alcanzar la definitiva independencia de Cuba.

El surgimiento de fuerzas populares dispuestas a cambiar el status de dependencia de Cuba respecto Estados Unidos a comienzos de la tercera década del siglo XX sería el resultado de una ruptura con las concepciones nacional-reformistas imperantes en estos años, y significaría un rescate de los postulados básicos de los nacionalistas radicales relacionados con el establecimiento de un Estado-Nación soberano. Mientras, la burguesía imperante hasta 1921, o asumía una postura coherente con los postulados imperiales, o se adaptaba tácitamente a los mismos, o postulaba un antiimperialismo que no llegaba a sacudir las bases estamentales del Estado-Nación diseñado desde el Norte, denunciando el Problema Nacional solo hasta el punto en que no rompía con el modelo de “democracia occidental” avanzado, que, precisamente bajo este último término, garantizaba la seguridad de sus intereses.

Si bien es cierto que en este período alzaron sus voces importantes intelectuales, figuras de la independencia y nacionalistas declarados que cuestionaban los efectos de la nueva República, el desentendimiento de cualquier elemento relacionado con la continuidad de la lucha por la vía radical y armada de la Revolución (dirigida, no contra un partido político específico, sino contra el sistema republicano en sí) impedía ofrecer, -más que críticas- soluciones coherentes con la coyuntura del Problema Nacional. Luego, hasta las posiciones más fuertes en contra de las imposiciones yanquis y los desmanes de los gobiernos, aún bajo el reclamo de los derechos de reivindicación del pueblo-nación, solo podrían ofrecer elementos ideológicos para fomentar el discurso de un nacional-reformismo cuyo rango de acción (más o menos activo o pasivo) estaría condenado al fracaso rotundo en las décadas siguientes.

La burguesía santaclareña y el Nacional-Reformismo ante la coyuntura histórica del Problema Nacional Cubano entre 1902 y 1921

Como ya se ha visto, el fin de la dominación española en Cuba inició un período incierto que habría de resolverse con el establecimiento de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902, surgiendo un Estado Nacional con soberanía limitada que estaría bajo las nuevas formas de dominio del emergente imperialismo de Estados Unidos y que, por tanto, plantearía este formidable reto a la nación. En dicho contexto, la República tendría que estructurar sus formas de funcionamiento, por lo que las distintas clases, sectores y grupos sociales tendrían, a su vez, que reestructurar su accionar.

Pero, como ha dicho Fernando Martínez Heredia, “la Nación es siempre, entre otras cosas, una instancia de unificación de diversidades sociales, lo cual tiene efectos de orden muy variado. Uno de ellos es ser instrumento cultural de dominio y explotación de mayorías por minorías al interior de cada país. Otro es ser instrumento cultural de las mayorías para acciones colectivas populares de liberación social y nacional”.

Sin embargo, lo anterior –aún funcionando como norma regular– encuentra sus especificidades regionales y locales a partir de las particulares composiciones económicas, demográficas, socioclasistas, étnicas, religiosas y culturales en sentido general, las cuales determinan una historia específica que se comprende dentro del corpus geopolítico común, pero que encarna una memoria propia a la hora de interpretar el Problema Nacional. Dentro de este complejo, uno de los factores que más se subestima a la hora de entender los impactos y reacciones diversos es el que comprenden las composiciones socioclasistas, con frecuencia asumidos como tábula rasa ante las problemáticas comunes del Estado Nacional.

Santa Clara, ubicada justo en el centro de la Isla, dentro de la antigua región de Las Villas, fue una de las seis provincias cubanas establecidas por la división político-administrativa de 1878, estando compuesta entonces por seis jurisdicciones: Trinidad, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Remedios, Sagua la Grande, y Santa Clara o Villa Clara. Esta última región incluyó, además de la capital provincial (Santa Clara), a otros términos municipales circundantes.

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, la producción azucarera constituyó el renglón económico más atractivo para la inversión de capitales en el centro del país. Las zonas de Sagua la Grande, Cienfuegos y Remedios (fronterizas con la jurisdicción de Santa Clara) alcanzaron resultados significativos en cuanto a los niveles productivos de azúcares, gracias, en buena parte, al proceso de concentración y modernización de los centrales azucareros. De esa manera, se estrecharon los vínculos comerciales de la burguesía villareña (entiéndase de la provincia de Santa Clara y en especial de las regiones de Remedios y Sagua la Grande) con Estados Unidos.

En el caso de la jurisdicción de Santa Clara, las zonas azucareras existentes estuvieron relacionadas siempre con los grandes productores-exportadores de Cienfuegos y Sagua la Grande. La ganadería, por su parte, decayó debido a la falta de mercados, la competencia extranjera, los efectos de la guerra para los pastos, entre otros factores. Mientras, la producción tabacalera mantuvo sus altos y bajos en el último quinquenio decimonónico, observándose cierta recuperación a partir de 1900.

Demográficamente, según el censo de 1899, la región de Santa Clara experimentaba una disminución poblacional aproximada del 22 %, a causa, sobre todo, de los efectos de la contienda del '95 (muertos en combate, enfermedades, desplazados, Reconcentración, etc.). En cuanto a la capital provincial, la mengua poblacional sobrepasó el 37 por ciento, lo cual comenzó a superarse con el comienzo de la República y la consiguiente expansión poblacional hacia el Este del país. Según Julio Le Riverand, “la fuerza de atracción de esas zonas “nuevas” económica y demográficamente fue la gran industria azucarera, con su secuela de expansión de los puertos y subpuertos; también participó de esta influencia una gama de explotaciones agrícolas de tipo comercial”.

El capital cubano-español o doméstico era predominante en las diferentes zonas de la antigua provincia de Santa Clara, a excepción de Sagua la Grande y Cienfuegos, donde los inversionistas estadounidenses poseían importantes negocios vinculados con la producción azucarera y el comercio. En esencia, dentro de Santa Clara y sus términos, durante los primeros años republicanos, existían seis fábricas de azúcar ubicadas en los términos municipales de San Juan de los Yeras, La Esperanza, Ranchuelo, y en el barrio de Seibabo.

En cuanto a las actividades tabacaleras (agrícola y manufacturera), esta zona geográfica contaba con un número significativo de vegas de excelente calidad, mientras que en la cabecera provincial funcionaban cerca de cien pequeñas tabaquerías y chinchales. Sin embargo, esto no significa la conformación de un sector menos dependiente, pues, como afirma Alejandro García Álvarez, “la vinculación de la burguesía hispano-cubana con la agro-exportación azucarera y tabacalera y con el comercio de importación, la colocaba en situación poco propicia para representar adecuadamente intereses de la nación”.

En cambio, las inversiones inglesas en los ferrocarriles (con el apoyo de José Miguel Gómez) permitieron un mayor desarrollo de la agroindustria azucarera y favorecieron las relaciones regionales e interregionales de la provincia. En ese aspecto, la ciudad de Santa Clara mejoró sus comunicaciones y nexos comerciales con zonas de considerable desarrollo económico. Igualmente, durante las primeras décadas republicanas hubo una expansión de los servicios eléctricos y telefónicos, auspiciada por propietarios cubanos y empresarios norteamericanos. También importantes consorcios bancarios como el National City Bank of New York y el Royal Bank of Canadá mantuvieron sucursales en el centro del país y participaron en la modernización de instalaciones azucareras (con mayor intensidad en los años de la Primera Guerra Mundial).

El mejoramiento de las condiciones de vida respecto a períodos anteriores, los naturales nacimientos, y los flujos migratorios (principalmente, los provenientes de España) incidieron en el incremento de la población del centro del país entre 1899 y 1919. En el caso de Santa Clara, la mayoría de los habitantes residían en áreas rurales (65,65%) debido a que sus fuentes económicas estuvieron relacionadas con la agricultura y la ganadería, todo lo cual, obviamente, se reflejaría en lo relacionado con las posiciones políticas.

Así, en una fecha tan temprana como diciembre de 1899, surgió en Santa Clara el Partido Republicano Federal de Las Villas, cuyos propósitos estuvieron relacionados con el desarrollo de la burguesía de la zona central, la implementación de prácticas democráticas en las gestiones de gobierno, la autonomía regional y la descentralización del poder. Además, los miembros de esta agrupación política intentaron formar coaliciones con grupos opuestos a la anexión y defensores de la soberanía nacional. Como resultado, a comienzos de 1900, un grupo de propietarios acaudalados, de tendencia conservadora (sobre todo de la región de Cienfuegos), se integraron al Partido, buscando preservar sus intereses.

Los siete representantes villareños a la Asamblea Constituyente pertenecieron al Partido Republicano Federal y mantuvieron posiciones diversas en los debates respecto a la instauración de un Estado-Nación soberano. Entre los defensores de la soberanía (nacionalistas radicales) sobresalieron José Braulio Alemán y José Luis Robau. Los vacilantes (nacional reformistas) fueron José Miguel Gómez, José de Jesús Monteagudo, Enrique Villuendas, y Martín Morúa Delgado. Mientras, Pedro González Llorente apoyó las iniciativas más conservadoras (antinacional).

El Partido Republicano Federal de Las Villas arrasó en las elecciones legislativas y locales, pues colocaron a 13 representantes (de 14 posibles) en la Cámara, a la vez que se hicieron de todos los puestos para el Senado (con excepción de uno, ocupado por Francisco Carrillo). De esa forma, también tomaron las estructuras políticas provinciales a través de la designación de José Miguel Gómez como Gobernador. Luego, en 1905, el Partido Republicano Federal de Las Villas y el Partido Liberal Nacional (fundado por Alfredo Zayas) unirían fuerzas, dando lugar al Partido Liberal. Alemán y Robau criticaron esta fusión, porque traicionaba a los verdaderos liberales y defensores del pueblo cubano.

El anuncio de la reelección de Estrada Palma provocó innumerables protestas en Santa Clara y, posteriormente, tras las elecciones irregulares, causó el alzamiento de las fuerzas liberales en agosto de 1906. La Segunda Intervención Norteamericana (1906-1909) constituyó un período de trascendental importancia en el proceso de formación de la burguesía local, pues se incrementaron los enfrentamientos ideológicos respecto a la instauración de un Estado-Nación soberano. La provincia de Santa Clara preocupó en grado sumo a las autoridades estadounidenses, quienes vieron posible una insurrección en ese territorio. Un informe de los servicios de inteligencia militar yanqui reveló que las dirigencias locales villareñas repudiaron, en su mayoría, los proyectos de anexión o de protectorado.

Según Jorge Ibarra, “en los 74 expedientes individuales elaborados nos encontramos con que solo siete se pronuncian por el protectorado y dos por la anexión. Entre estos expedientes, 37 eran miembros del Partido Liberal, uno de los cuales se pronunció por el protectorado y dos por la anexión; 16 eran miembros del Partido Moderado o Conservador, habiéndose manifestado dos por el protectorado y de las 21 personalidades restantes, no identificadas como liberales o moderados, cuatro se pronunciaron por el protectorado. Así mismo dos personalidades partidarias del liberalismo se mostraron indiferentes con respecto al futuro del país y dos no identificadas en ninguno de los partidos se manifestaron apolíticas. Del total de 43 personalidades sobre las cuales se obtuvo información sobre el estatus político futuro, 32 se pronunciaron contra el protectorado y la anexión, o sea 74,4%”.

Los estadounidenses temieron un alzamiento armado (encabezado por los liberales fundamentalmente) contra las fuerzas interventoras en la provincia de Santa Clara. Notables personalidades políticas del centro del país (liberales y conservadoras) manifestaron su oposición al estado de cosas imperante. Incluso Robau, que había transitado hacia una postura de dirigencia moderada, era estrechamente vigilado, por sus continuos ataques al gobierno de ocupación y por sospechas sobre la preparación de un movimiento rebelde antiyanqui. Estando recién electo como gobernador provincial, el célebre general renunció a su cargo mediante una carta de protesta a Taft, alegando que el gobierno cubano había cesado y que la Constitución de 1901 ya no tenía validez.

Luego, durante las administraciones de José Miguel Gómez y Mario García Menocal, los periódicos santaclareños (portavoces de la burguesía liberal, sobre todo) criticaron las continuas amenazas norteamericanas de una intervención militar y el aumento de las inversiones extranjeras en la economía nacional, aunque sin proponer soluciones radicales o revolucionarias. Los enfrentamientos entre las fuerzas liberales y conservadoras continuaron a través de ataques verbales, armados y riñas callejeras. El sentimiento de frustración respecto a la instauración de un Estado-Nación soberano fue compartido por militantes de los sectores nacionalistas radicales, muchos de los cuales adoptaron posiciones reformistas o se alejaron de la vida pública.

De este modo, la burguesía santaclareña siempre resultó, durante las dos primeras décadas del siglo, predominantemente liberal en términos ideológicos, y, por ende, en su militancia política, sobre todo por tres razones fundamentales:

Primero, por el regionalismo retornante que ya durante los últimos años de la Guerra del 95 se manifestaba, y que determinó un espíritu contrario a la postura inconsecuente (primero) y conservadora (luego) evidenciada en otras regiones del país, y en especial en la capital, alrededor de la ocupación y las primeras medidas del gobierno moderado estradista.

Segundo, por la composición propia (en parte histórica) que económicamente adquirió, a partir del predominio del pequeño y mediano (pero muy dinámico) comercio intermediario, más vinculado a los servicios y a otras producciones que a la gran industria azucarera (a diferencia de Cienfuegos, Sagua La Grande, etc.).

Tercero, por el hecho de que el segundo mandato constitucional de la República Neocolonial fuera ejercido por José Miguel Gómez, con cuyo partidismo liberal se identificaban históricamente la mayor parte de los propietarios santaclareños, y que además (si bien se trató de uno de los gobiernos más corruptos de la Historia de Cuba), contradictoriamente, mostró una postura algo más intransigente y menos entendida con los Estados Unidos, dando cierta cabida a los sentimientos antiimperialistas de la mayor parte del pueblo cubano.

Si en términos económicos las fuentes de apropiación de la burguesía se relacionaban más en Santa Clara y sus términos con los postulados ideológicos del discurso liberal, la connotada identidad regional inclinó a la mayor parte de los círculos de poder locales en contra de las posiciones que antes y después del gobierno de Jose Miguel Gómez representaban las políticas entreguistas, intervencionistas y elitistas de Tomás Estrada Palma, Charles Magoon y Mario García Menocal, respectivamente; abriendo el camino para que, también (y sobre todo) a través de la prensa, se expresaran ampliamente las ideas de un nacional-reformismo reivindicativo y, en ocasiones, antiinjerencista, aunque casi nunca de modo radicalmente comprometido con la continuidad de la lucha armada por la soberanía total.