Ahora bien, más allá de la relevancia que tuvo la inclusión de actores sociales escasamente estudiados en la comprensión de sociedades periféricas, parece oportuno advertir que “una historia del campesinado centrada exclusivamente en los levantamientos sería como una historia de los obreros dedicada enteramente a las grandes huelgas y disturbios” . Es justamente en este punto sensible donde la escuela de estudios subalternos nos provee algunas pistas sobre aquellas formas menos ampulosas de la lucha de clases. Para el caso neuquino, en el período comprendido entre las campañas militares sobre la Patagonia y el reforzamiento de la autoridad estatal en 1930, la ausencia de acciones colectivas protagonizadas por los sectores subalternos rurales puede conducirnos a la prematura conclusión de que no existieron en ese espacio prácticas de desobediencia. No obstante, sí en lugar de aquellos modos esporádicos de protesta, pusiéramos énfasis en diferentes formas cotidianas de resistencia, o lo que es igual, “esa prosaica pero constante lucha entre el campesinado y los que procuran extraer de ellos trabajo, comida, impuestos, rentas o intereses” , un paisaje hasta ahora yermo comenzaría a mostrar una enorme gama de formas de vida.

Una de las formas de acceder a este universo de prácticas inexploradas, muchas de las cuales estaban por fuera de la ley, es el estudio del delito. Sin embargo, una de las principales deudas pendientes de la literatura dedicada a esta problemática en Neuquén es su frecuente tendencia a retratar con detalle etnográfico situaciones excepcionales, sin conseguir distinguir en ellas disposiciones a más largo plazo . Parece oportuno sostener que ese grupo de producciones ha montado excelentes descripciones, pero no ha logrado rellenar el espacio vacío entre el plano particular y la generalidad. Ante tan significativo problema, la pregunta que se impone es: ¿Cómo sistematizar una situación de conflicto que, por la cantidad de voces individuales recuperadas, da la impresión de ser particularmente caótica?

Podría alegarse a priori que debajo de esta apariencia enredada se muestran algunas regularidades sorprendentes. En primer lugar, la clase y el número de actores involucrados resultan minúsculos en comparación con los potenciales: una y otra vez encontramos la disputa entre “hombres de bien” -entre ellos funcionarios, algunos intelectuales, comerciantes y hacendados- y un número variable de pequeños productores ganaderos. En segundo término, y esto es quizás lo más relevante, las formas de acción empleadas por esta “clase delincuente” fueron también muy escasas: la ocupación de tierras fiscales y privadas, el robo de ganado a diferentes escalas, la evasión de responsabilidades frente al Estado y el desacato frente a la autoridad, parecen complementarse en determinadas situaciones con fenómenos bandidistas de mayor magnitud.

En cierto sentido, no sería disparatado pensar que nos hallamos en presencia de un repertorio de acción, que pese a no tener ese carácter colectivo que Tilly imaginara para escenarios urbanos , nos pone en aviso de un conjunto limitado de rutinas que fueron aprendidas y ejercitadas mediante un proceso de selección deliberado . Por las características que imponía la geografía neuquina, el repertorio de acción que examinaremos no supuso un desafío colectivo directo, pero si evidenció una combinación de armas ordinarias que dieron continuidad a hábitos consuetudinarios, al tiempo de asegurar la cobertura de necesidades básicas de subsistencia. Lejos de entender a estas herramientas como reflejos de una pretendida naturaleza rebelde de los sectores populares, consideramos más adecuado pensarlas como el resultado de aprendizajes que culturales que nacen en la intersección entre Estado y sociedad. Así pues, el análisis de los repertorios de acción ofrece una excelente oportunidad para ensayar juegos de escalas entre diferentes niveles de observación, que oscilaron entre el fortalecimiento de la autoridad estatal y las formas que adoptó la microfísica de la resistencia.

1.

La progresiva ocupación del territorio neuquino luego de las campañas militares sobre la Patagonia fue protagonizada por una corriente migratoria trasandina que respondió a la acción simultánea de factores de expulsión y atracción poblacional. Por este motivo, resulta necesario dirigir momentáneamente nuestra atención a lo sucedido del otro lado de los Andes. Sabido es que, durante la segunda mitad del siglo XIX, la frontera agrícola chilena se deslizó notoriamente hacia el sur, al compás del crecimiento de mercados demandantes de cereales en la cuenca del Pacífico , fortaleciendo la concentración de la propiedad rústica en la región de la Araucanía. La voracidad del avance de un latifundio, sumado a las condiciones laborales que los hacendados procuraron imponer a los trabajadores rurales, facilitó el tránsito de nutridos contingentes de trabajadores rurales hacia una multitud de destinos . Si a este telón de fondo añadimos las consecuencias que trajo consigo el cierre del ciclo agrícola en 1876, cuyas secuelas más traumáticas afectaron a pequeños y medianos propietarios, quedan establecidos los contornos de una situación de carestía que involucraba a una importante porción de la población meridional chilena.

Ahora bien, el despliegue de factores expulsivos de relevancia en la región situada al sur del río Bio Bio, nos dice muy poco alrededor de las causas que convirtieron al territorio del Neuquén en un destino deseable para un destacado número de chilenos. Sobre este punto en particular, la abundancia de tierra disponible en la norpatagonia nos brinda algunas pistas al respecto. Las importantes franjas de tierras bajo dominio fiscal o de propietarios absentistas permitieron el asiento de pequeños productores ganaderos, que utilizando exclusivamente el trabajo familiar, orientaron su producción a un accesible mercado ultracordillerano. De ahí que podemos hablar de una región integrada que, favorecida por la existencia de más de treinta pasos fronterizos , no fue obstáculo para la circulación permanente de personas, mercancías y, por supuesto, de información tendiente al desplazamiento. Esto es así al punto que las propias autoridades territorianas apuntaban que: “…la población afluye de una manera extraordinaria a éste lado de los andes, suspendiéndose únicamente la corriente de emigración de la republica vecina en la estación del año en que las gruesas nieves oponen barreras insalvables para que el roto chileno trasmonte la cordillera buscando en nuestro suelo el sustento y bienestar general que no disfrutan en el que nació…” .

Así pues, la asfixia ejercida por los terratenientes en el territorio chileno tuvo como reflejo especular, por lo menos para un primer momento, una sensación de ausencia de controles por parte de las autoridades territorianas; algo que, sin lugar a dudas, debió alentar comportamientos migratorios. Sin embargo, ese orden de cosas no permaneció intacto por mucho tiempo, y tendió a extinguirse a medida que el Estado argentino fue incrementando su presencia a través de un cada vez más intrincado complejo de instituciones . Con el propósito de regularizar el funcionamiento de la sociedad, volviendo previsibles comportamientos muy poco alineados con el discurso “argentinizante” y una lógica de funcionamiento capitalista, el Estado inició un derrotero que habría de atizar conflictos de distinta naturaleza. Entre ellos podemos señalar fricciones que tuvieron como protagonistas excluyentes a autoridades públicas que pretendían imponer conductas consideradas adecuadas y a una población que se resistía a concebir sus propias costumbres como impropias . Se trataba de dos formas por momentos antagónicas de pensar modelos de buen gobierno: una ligada a una filosofía positivista, que confiaba plenamente en el poder interventor de la razón y en capacidad del cuerpo social de extirpar sus partes enfermas ; mientras que la otra imaginaba al buen-gobierno en términos de no-gobierno.

Entendidos en esta clave, los sectores populares neuquinos, cuyos límites parecían solaparse con la población de origen chileno, condensaban todo aquello que las elites intelectuales de fines del siglo XIX consideraban perjudicial para una Nación en proceso de construcción. La miseria material por entonces se emparentaba con pobreza moral, y por medio ella, con la haraganería, el alcohol, el delito y la enfermedad . Una población habituada a los tempos que imprimía una economía muy próxima al nivel de subsistencia y con elevadas dosis de movilidad, no parecía ajustarse a la creciente voluntad estatal por controlar diversas facetas de la vida cotidiana. No es de extrañar entonces que la principal preocupación de las autoridades territorianas haya sido promover el asentamiento de núcleos poblacionales fijos, que evitaran el riesgo de “poblaciones aisladas que escaparan a la vigilancia de las autoridades y no propendan al progreso del territorio” . Y enlazada a esta política de reducción de la población, cobró impulso además un agresivo combate a diferentes actividades autonómicas de los sectores subalternos, que comenzaron a ser percibidas bajo la genérica figura de vagancia. Ambos procesos fueron sin dudas la expresión de un fenómeno más amplio, a partir del cual delitos hasta ese momento intrascendentes y con escasas posibilidades de ser penados, empezaron a ser interpretados como intolerables y como una manifestación elocuente de la peligrosidad que impregnaba al mundo rural neuquino .

¿Cómo sintetizar tan complejo mundo en transición? A propósito de ello, algunas consideraciones de Rafart nos siguen pareciendo válidas: “…La imposición de un aparato represivo en el territorio nacional del Neuquén, aun cuando durante las dos primeras décadas de este siglo pasa por un momento de modernización, no logra ser suficiente para eliminar las causas del crimen, pero sí termino por reforzar una estructura de poder donde el aspecto coactivo era esencial para la producción de un orden social…” . En un contexto histórico de esta naturaleza, el mundo del delito debería ser localizado en una parcela de desobediencia dentro de una sociedad en movimiento hacia un determinado orden social y una cierta disciplina. Sin embargo, y pese al peso de los factores de índole económica, nos resistimos a pensar a los distintos emergentes delictivos, sean ellos de carácter individual o colectivo, como simples actos reflejos a una situación de miseria material. Por el contrario, juzgamos oportuno sumar a esta perspectiva quizás tradicional, otra que pondere la relevancia que tuvo en su desenvolvimiento la vocación estatal por intervenir en las diferentes esferas de la vida cotidiana para socavar el dominio del “imperio de la costumbre” .

` Se trataba de un conflicto entre una cultura que pretendía ser impuesta y un conjunto de hábitos que ofrecía resistencia a su desaparición. Esa disputa, por la fisonomía dispersa de la población rural neuquina, no pudo por supuesto adoptar un carácter abierto y desafiante de la autoridad instituida . En contraste, asumió formas de enfrentamiento más bien bretchianas, en las que diferentes modos ordinarios de resistencia como rechazo pasivo, sabotaje sutil, evasión y engaño, presentaron mayor relevancia que una guerra abierta y sin cuartel al poder . Atendiendo a un panorama tan singular, donde no se divisan clásicas rebeliones campesinas, restaría indagar en el próximo capítulo alrededor de: ¿Cuáles fue el repertorio de acción a disposición de un nutrido sector de productores cercanos al nivel de subsistencia? ¿Qué aspectos de la anatomía del delito territoriano podrían comprenderse en términos de formas cotidianas de resistencia?

2.

Comencemos por observar un primer elemento del repertorio de formas cotidianas de resistencia: la ocupación ilegal de tierras. La abundancia de tierras libres que siguió a la ocupación militar de la Patagonia, tuvo como relevo una creciente voluntad de efectivizar los derechos de propiedad, principalmente en aquellas zonas con mayor aptitud para la cría de ganado vacuno. Una muestra cristalina de ello es el creciente número de denuncias que reflejan la usurpación de propiedades por parte de “intrusos” que se negaban a abandonar esas parcelas . Fue una constante en este período encontrar, en las propiedades adjudicadas por el Ministerio de Agricultura, construcciones precarias , pequeñas cantidades de ganado y, por supuesto, una significativa cantidad de pobladores que hacían caso omiso a las reiteradas órdenes de desalojo impartidas por el gobierno nacional . Sin embargo, y pese al creciente refinamiento de la autoridad estatal, la afirmación de una nueva modalidad de ocupación, más ligada a formas empresariales de mayor envergadura , no lograría eliminar completamente la presencia de pequeños productores, quienes consiguieron sobrevivir en los abundantes terrenos fiscales.

A pesar que los ocupantes ‘fiscaleros’, conforme avanzaba el siglo XX, dejaron de ser peligrosos para el normal funcionamiento de la ganadería, es interesante advertir cómo ese tipo de tenencia precaria lesionaba la posibilidad de incorporar nuevos stocks de tierras. A medida que nos alejamos de las áreas de mayor rendimiento, la presencia del Estado pareciera desvanecerse y, junto con ella, la capacidad de materializar los derechos de propiedad. En estas zonas, la posición relativa de los sectores subalternos, sobre todo de los pequeños productores rurales, mostraba una sustancial mejoría, garantizando términos de intercambio mucho más favorables a sus intereses. La existencia de situaciones de negociación, que dieron lugar a momentos de tensa convivencia entre propietarios legales e ‘intrusos’, nos avisa de las lagunas del avance estatal, pero también de cierta resistencia intersticial de los sectores subalternos. Un recorrido por la prensa local puede que nos aporte algunas pistas sobre las alternativas de esta fricción. El periódico Neuquén, por ejemplo, hizo eco del reclamo de los propietarios, cuando en 1912 se refería a “…caracterizados vecinos del interior del territorio que no quieren adquirir tierras en aquellos parajes porque la población nómade domina en absoluto, adueñándose de la tierra, que explota tanto como puede para abandonarla luego e ir en busca de otra mejor…” .

Muchas de estas prácticas eran facilitadas por el precario estado de mensura que denunciaba la propiedad rústica neuquina. Si bien la normativa establecía la obligatoriedad del deslinde y amojonamiento de las parcelas en un lapso perentorio de cinco años desde la promulgación del Código Rural de 1894, para 1904 eran todavía muy frecuentes terrenos que no se ajustaban a lo señalado por la ley . En las mismas coordenadas podrían ubicarse algunos comportamientos que desafiaban, sobre la base de sabotajes a las incipientes tareas de mensura, los propios cimientos de la propiedad privada, tal como se desprende de otro fragmento del periódico Neuquén: “…En las partes donde los campos están mensurados, los nómades arrancan los mojones para discutir a los verdaderos propietarios el mejor derecho.…” .

2.

Un segundo hábito que nos advierte sobre la existencia de formas cotidianas de resistencia, se refiere al aumento de los delitos relacionados con el incumplimiento de las leyes de enrolamiento y servicio militar. Si en las primeras décadas del siglo XX no sumaban más del 3% del total de denuncias, a partir de 1920 se produjo un aumento explosivo de los mismos, que los convirtió en el rubro que mayor cantidad de causas agrupaba . Cuando se examinan las declaraciones que los imputados realizan en su defensa, se repiten insistentemente los mismos argumentos: extravío o ausencia de documentación oficial, desconocimiento de la legislación vigente o simplemente analfabetismo. Es llamativo observar en este caso como la voluntad estatal de imponer su soberanía por medio de mecanismos coactivos de ‘argentinización’, colisionó con la demanda de brazos que suponía una economía campesina incapaz de incorporar trabajadores asalariados. La pérdida de un integrante del grupo familiar no solo significaba la sobrecarga de los miembros restantes, sino además obstruía los ingresos derivados del trabajo para otros en los tiempos muertos. Vemos aquí como la ingenua frontera entre actos individuales y egoístas, por un lado, y acciones que cuestionaban el ordenamiento socio-político, por el otro, pareciera disolverse sin remedio. Es precisamente esa amalgama entre el interés propio y la resistencia lo que da vida a la política subalterna .

La ejecución definitiva de este género de disposiciones sólo fue posible con el mayor desarrollo del aparato estatal, reflejado en el aumento de las oficinas de reclutamiento y en el mejor funcionamiento de los registros civiles territoriales . Nuevamente percibimos cómo la continuidad de una conducta esquiva a la autoridad pública dio impulso a actuaciones muy diferentes a las originariamente diseñadas. Con esto queremos apuntar que, si bien el actor estatal tuvo una prolongada preponderancia sobre algunas parcelas de la sociedad civil, ello no se tradujo en una cristalización absoluta del mismo. Parece más adecuado pensar que ese conglomerado de instituciones sólo pudo consolidarse sobre y a partir de tales situaciones conflictivas, las cuales terminaron por transformarlo en una arena adecuada para la resolución de nuevos emergentes de tensión.

3.

Una tercera escala de este recorrido nos lleva a examinar el despliegue de comportamientos que sortearon los intentos estatales de regular ciertas actividades económicas. El establecimiento de esas medidas, muy abundantes en los primeros años del territorio, reconoce una interesante gama de determinantes y modalidades. Es interesante observar, en primer lugar, cómo ese cúmulo de intervenciones puede entenderse a partir de la preocupación de los funcionarios por obtener recursos suficientes para la reproducción de las instituciones que integraban. A estos efectos, los agentes de distintos organismos establecieron gravámenes y regulaciones sobre las actividades económicas más lucrativas que se desarrollaban en su jurisdicción . Otro elemento a tener en cuenta son los condicionantes que derivan de motivaciones subjetivas, y no por ello menos sociales, que establecían precisos límites entre prácticas consideradas deseables y otras que no lo eran. Quizá cabría pensar en estas motivaciones, que se encontraban determinadas en buena medida por una cierta concepción de la moral, orden y buenas costumbres, como la principal clave para comprender la minuciosidad con la cual muchos funcionarios intentaban regular las relaciones sociales que se desarrollaban en tales espacios.

Un ejemplo de resistencia cotidiana a los intentos reguladores del Estado, nos traslada a la evasión de diferentes controles aduaneros, diseñados a fin de reglamentar el paso de ganado hacia los mercados ultracordilleranos. Para la comprender magnitud de estos intercambios debe señalarse la accesibilidad de los Andes a la altura de Neuquén, ya sea por la menor magnitud de sus accidentes geográficos o por la existencia de una multitud de valles transversales que facilitaban el traspaso de la frontera . Una enorme cantidad de pasos facilitaban los contactos comerciales, haciendo de la región andina un espacio social donde intercambios de diversa índole eran moneda corriente. Con la incorporación definitiva del territorio a la soberanía nacional, la singular topografía del territorio y las limitaciones que imponía un reducido personal de vigilancia, favorecieron la continuidad de las relaciones sociales en el ámbito fronterizo .

El continuo incumplimiento de las normas aduaneras no podría clasificarse en un casillero estrictamente político. Mucha importancia tuvo en su desarrollo la inercia de una población habituada a la ausencia de controles efectivos. De ahí que, aun en los momentos que funcionara la fórmula de “Cordillera Libre” , cuando la concreción de intercambios de ganado sólo requería un trámite administrativo en las oficinas del Juzgado de Paz, este conjunto de prácticas no mostrara señales de cambio. Más allá que no existieran cargas impositivas, las escasas y mal ubicadas receptorías oficiales facilitaban la persistencia del tráfico comercial en las formas en que se desarrollaba con anterioridad. En este sentido, es obvio imaginar que los productores difícilmente podrían estar dispuestos a recorrer largas distancias sólo a efectos de cumplir con lo dispuesto por la ley, y menos aun, si tenemos en cuenta la accesibilidad del terreno y los escasos mecanismos de control fronterizo. Como queda claro, estos desafíos a la autoridad parecieran combinar en dosis variables la resistencia frente a una autoridad considerada invasiva y cálculos racionales en términos de costo-beneficio.”

4.

En una última escala de este itinerario deberíamos reflexionar en torno a las formas que adoptó el robo de ganado en el territorio nacional de Neuquén. Para ello creemos necesario domiciliar su naturaleza en los contornos de una sociedad fronteriza, en tránsito hacia formas de dominio estatal y capitalista. Los episodios de apropiación de hacienda, por esta razón, no deberían ser confundidos con una de las muchas modalidades del crimen rural. Por el contrario, encontramos más adecuado pensarlos como parte importante del espectro de estrategias diseñadas por los sectores subalternos rurales para dar continuidad a un mundo cotidiano en peligro de extinción.

Una importante porción de la población neuquina, como oportunamente señalamos, se dedicaba a la pequeña ganadería, asentada en terrenos fiscales o propiedades disputadas. El criancero sólo contaba con el trabajo familiar para cumplir con el cuidado de unas pocas cabezas de ganado. Las reducidas extensiones de tierra de muy dudosa calidad, sumadas a la creciente presión por parte de los comercializadores, trazan los límites de una situación, que en el mejor de los casos, se encontraba próxima al nivel de subsistencia. En esta clase de economía el robo de ganado no podía dejar de estar presente, asomando por momentos como “una conducta social armónica, parte constitutiva de una mentalidad propia de los sectores sociales partícipes en aquella actividad” .

Una presurosa aproximación cuantitativa nos alertaría sobre la creciente importancia de los robos y hurtos conforme avanza el período: en la primera década del siglo XX, las causas abiertas por esta clase de delitos apenas superaban las seiscientas, mientras que en la tercera década aquellas llegaron a una cifra cercana a mil quinientos . Entre las razones que nos ayudan a entender tan elevadas tasas de actividad delictiva, debemos reparar en la existencia de un mercado comprador de ganado mal habido del otro lado de los Andes, la dificultad de establecer una eficaz acción preventiva sobre una población mayoritariamente rural, como así también en las dificultades para conformar un cuerpo policial estable .

Dentro del universo de ataques a la propiedad puede distinguirse un primer tipo de cuatrerismo más ligado a la necesidad de subsistir. Se trataba de incidentes en los que la violencia no era un elemento constitutivo, y cuyo principal objetivo era el consumo inmediato de lo apropiado. Quienes los protagonizaron contaban con apoyo familiar o, eventualmente, se unían formando asociaciones delictivas ad hoc . La reducida cantidad de animales robados, que rara vez superaba las tres cabezas, nos pone frente a empresas delictivas de escaso calibre. Además de proveer de alimentos, los animales capturados servían para la confección de todo tipo de accesorios de uso cotidiano. Es por esta razón que percibimos en ellas el funcionamiento de formas económicas populares, que combinaban diferentes actividades para la subsistencia directa o bien para obtener escasos ingresos . Más allá de que el abigeato poseía, en dosis homeopáticas, un elevado umbral de tolerancia dentro del mundo rural, la creciente presión sobre recursos vitales para la reproducción de la población subalterna lo transportó a una nueva dimensión. Lo que tradicionalmente constituía un mecanismo excepcional, una especie de válvula de escape para situaciones de carestía, se convirtió en una actividad muy habitual ante la imposibilidad de acceder a bosques, lagos y pasturas naturales .

Algo no muy diferente sucedía con pequeñas bandas organizadas a fin de hacerse de un botín comercializable. En ellas apreciamos a sus miembros ocupados al momento de la comisión del delito. En la mayoría de los casos, lo robado actuaba como complemento de lo suministrado por labores como puesteros o crianceros. De ahí que no pueda pensarse a este conjunto de empresas delictivas en términos de absoluta profesionalidad. Implicaban, en el mejor de los casos, la puesta en marcha de rudimentarias labores de planificación y logística, que facilitaban el normal desarrollo de las actividades de robo, de transporte y comercialización del ganado. Como resulta evidente, su propósito no podría ubicarse en las coordenadas del cuestionamiento directo al sistema de dominación, sino más bien en la idea de sobrevivir dentro de sus propios límites. Se trataba, en todo caso, de una forma de permanecer en el sistema con la mínima desventaja posible, sin que ello signifique confrontar abiertamente los mecanismos e instituciones que éste proponía implementar .

Con todo, no deberíamos llevar estas conclusiones al extremo. Aun cuando los robos no pusieran en tensión los principios que estructuraban al Estado Nacional, esto no significa que no hayan afectado su funcionamiento. Puede que las incursiones de salteadores no logren ser etiquetadas de políticas, pero sí lo fueron sus consecuencias cuando aquellas alcanzaban un carácter epidémico. Cualquiera hayan sido las causas que motivaron estos raids delictivos, lo cierto es que su generalización obligaría a las autoridades a replantear algunas de sus estrategias de gobierno. El constante pedido de un mayor número de efectivos, la creación de comisarías y subcomisarias y la puesta en marcha de escuelas para gendarmes , fueron claras respuestas a una situación que, aunque no fuera necesariamente política, erosionaba en gran medida la autoridad del Estado.

Está claro que el abigeato fue una forma de resistencia frente a un ordenamiento cimentado en el principio de la propiedad privada y sus signos más visibles (guías y marcas). De todas formas, no podríamos pensar como actos de desobediencia a todo aquello realizado por los campesinos para asegurar su propia existencia. Por el contrario, el límite que pareciera separar ambos mundos se conecta con la capacidad que tienen esas acciones para mitigar o negar las demandas provenientes de la órbita estatal o, eventualmente, de los sectores dominantes. Si el robo a grandes propietarios o la evasión de responsabilidades impuestas por el Estado constituían formas cotidianas de resistencia, la sustracción de ganado a pequeños propietarios no se encontraba sintonizada en esa frecuencia. A pesar de que las denuncias sobre estos últimos episodios presentaron en este período pocas señales de retroceso, los mismos tuvieron poca incidencia en la redistribución del excedente entre las clases que moldeaban el paisaje social neuquino. Lejos de ello, tendieron incluso a debilitar la situación de los sectores subalternos en la guerra de posiciones que libraba contra quienes pretendían obtener de ellos rentas, impuestos y otras obligaciones incompatibles con la continuidad de prácticas autonómicas.

Algunas consideraciones finales.

Luego de este itinerario por algunas formas cotidianas de resistencia: ¿Que conclusiones pueden ensayarse sobre la acción campesina en el territorio nacional de Neuquén?

Ante todo, parece oportuno señalar que el contexto inaugurado por la ocupación militar de la Patagonia se revela como una escenografía ideal para demostrar la insuficiencia de aquellas perspectivas que homologan desobediencia y actividades formalmente organizadas. En caso de haber limitado nuestra investigación a esos aspectos, muy pocas hubieran sido las posibilidades de capturar la complejidad propia de una sociedad en transición como la neuquina. Un panorama muy diferente cobró vida cuando concentramos nuestra atención en diversas formas de resistencia cotidiana. Lo que a priori se nos presentaba como una sociedad violenta, comenzó a mostrarse además como una sociedad conflictiva. Aun cuando la insuficiente presencia estatal ayudaba a explicar la proliferación de comportamientos reñidos con la ley, no menos evidente resultaba que el paulatino fortalecimiento de su autoridad había motivado innumerables focos de tensión.

La voluntad oficial por ampliar su radio de operación, en compañía del avance de formas de propiedad capitalista cada vez más depuradas, agrietaría el umbral de tolerancia de una población habituada a la ausencia de controles, y por supuesto, al libre acceso a una variada gama de recursos naturales. Podríamos alegar que si quien ejerce la dominación espera obediencia, ella sólo podrá existir en el marco de normas consensuadas, que incluye un cuerpo legal formalizado, pero también prácticas y costumbres. En el caso de que su mando pretenda exceder dicho marco, es probable que provoque resistencia . Si en manos del Estado la noción de delito era utilizada para normalizar conductas juzgadas impropias, para quienes estaban comprendidos en ella no dejaba de ser un medio para dar continuidad a un enraizado mundo de hábitos cotidianos. Es por ello que nos resistimos a pensar a los distintos emergentes delictivos como simples actos reflejos a una situación de miseria material. Consideramos más adecuado sostener que se trataba de un conflicto entre una cultura que pretendía ser impuesta y un conjunto de ‘usos y costumbres’ que ofrecía resistencia a su extinción.

La constelación de rutinas a partir de los cuales puede inferirse un repertorio de formas cotidianas de resistencia demuestra además la importancia que tiene el interés propio en el montaje de formas de oposición a la autoridad. La naturaleza intrínseca de cada uno de los episodios de resistencia examinados, reside en que a menudo confieren ventajas inmediatas, mientras que a su vez niegan recursos y autoridad al Estado y a las clases dominantes. En este sentido, los pequeños robos de ganado o la evasión de responsabilidades públicas puede que parezcan a primera vista simples mecanismos de adaptación. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, es muy difícil negar la influencia que tienen en la distribución del excedente en cualquier ordenamiento social .

Una última consideración nos lleva a evaluar el potencial explicativo de una noción “repertorio de acción”. Esa categoría, tal como oportunamente advertimos, posee un enorme valor para analizar sociedades en transición, en la medida en que centra su interés en la dinámica que asume la fricción entre Estado y sociedad. El caso neuquino se presenta como un magnífico ejemplo de esta sobreimpresión. Una esfera oficial, que para el período analizado contaba con un limitado grado de organización y un menor caudal de recursos a su disposición, se prestó muy bien para el desarrollo de prácticas cotidianas de resistencia. No obstante, el paulatino asentamiento de su autoridad sobre cada una de la facetas de la vida territoriana debió haber afectado la configuración de las herramientas a disposición de los sectores subalternos rurales. Consideramos apropiado, por este motivo, pensar en un deslizamiento desde formas de desobediencia edificadas a partir de una pretendida omisión del Estado, hacia otras que comienzan a tener a diferentes instancias públicas como arena para la resolución de tensiones de diverso calibre. Es por ello que podríamos suponer que un repertorio-contra-el-Estado, fue cediendo importancia ante el creciente valor de estrategias-en-el-Estado. Algunas preguntas que deberán contestar futuras investigaciones deberían circular en las siguientes direcciones: ¿Cuáles fueron las formas cotidianas de resistencia que emergieron en el marco de una sociedad cambiante? ¿Qué instancias del Estado se prestaron para el desarrollo de nuevas formas de resistencia cotidiana? ¿Qué articulaciones existieron entre ellas y la estructuración de un sistema político cada vez más sedimentado? ¿Qué cambios pueden registrarse en los parámetros de justicia de la población rural neuquina, una vez aceptado el Estado como instancia reconocida para la resolución de problemas?