Por parte del ciudadano, éste identifica a los ayuntamientos como un importante proveedor de servicios y como la entidad capacitada para satisfacer sus cada día más complejas demandas, que, en numerosas ocasiones, sobrepasan el actual régimen de competencias. De todos es sabido que la evolución de la sociedad no suele ir pareja con la evolución de la normativa escrita que regula las relaciones humanas, y en este caso tampoco es una excepción. Siendo así, la Administración Local tiene que implicarse en el diseño de una estructura diferente, especialmente en ámbitos urbanos donde la participación se convierte casi en exclusiva en una relación unilateral en la que el Ayuntamiento actúa como mero gestor de tributos.

La meta a perseguir de parte de las políticas públicas en torno al tema de la participación ciudadana es la creación de espacios reales y virtuales en los que se aglutinen las inquietudes y las acciones de todos aquellos componentes ciudadanos (individuales y/o grupales) que están dispuestos a colaborar en la transformación y mejora de su comunidad, con especial atención al desarrollo de criterios de mejora y eficacia en los esquemas propios de gestión.

Por medio de esta estrategia se pretende repercutir en la eficiencia conseguida en lo que se refiere a la identificación de necesidades, intereses y demandas. Además, sirve también para coordinar esfuerzos y aunar voluntades, lo que incide positivamente en la se rentabilización de recursos y en la complementación de acciones. Otro punto fuerte de esta concepción metodológica es que aporta la posibilidad de contar con diferentes perspectivas de evaluación, tanto de procesos como de resultados y, por supuesto, de planificación de acciones.

Sin embargo, si se quiere desarrollar con éxito este modelo de gestión comunitaria, es absolutamente necesario que se creen sistemas de recogida de información de cierto grado de complejidad estratégica que impliquen de manera activa a los diferentes sectores implicados, esto es: ciudadanos a título individual o colectivo, entidades asociativas, empresas privadas y públicas y administración local. Esta fase de recogida de información especializada (que garantice la fiabilidad y validez de los datos obtenidos) será fundamental para orientar las líneas de trabajo posterior.

Hablaríamos entonces de la activación de políticas de participación ciudadana, de la asunción plurilateral de dinámicas de corresponsabilidad en la construcción del bien común, del refuerzo de la colaboración entre los ámbitos implicados en la toma de decisiones y, en definitiva, de la aportación estratégica de los medios, recursos, espacios e iniciativas dialógicas que encaminen la gestión ciudadana a la plenitud del desarrollo comunitario. Se trata así de que las personas sean partícipes de los cambios y no meros entes receptores de servicios o prestaciones, lo que facilitará la implementación de las políticas públicas, consensuadas por medio del derecho fundamental de la participación ciudadana.

Otro aspecto importante es el esfuerzo por mejorar la fluidez comunicacional entre el entramado asociativo y la administración. La mayoría de las veces, ambos sectores operan al margen el uno del otro sin tener en cuenta el aumento de la calidad en los servicios y equipamientos que ambos serían capaces de ofrecer si trabajasen cooperativamente. Para ello hay que buscar nuevos canales de comunicación y entendimiento con esfuerzos correlativos por ambas partes. Por medio del uso e implementación de nuevas estrategias de trabajo en red con grupos de trabajo sectoriales que potencien la conciliación horaria, la cooperación podría alcanzar mayores índices de efectividad.

La mayoría de las veces es preciso buscar las oportunidades comunicativas, pero otras tantas veces es preciso crearlas. Aquí la administración ocupa un rol de responsabilidad con respecto al resto de la ciudadanía ya que sería la encargada en última instancia, por medio de personal técnico cualificado, de la promoción de un proyecto conjunto de fomento de la consciencia sociocomunitaria para optimizar los nuevos paradigmas y encaminarlos a la acción social planificada.

Teniendo en cuenta lo expuesto, habría que trabajar teniendo muy presentes unos objetivos definidos hacia los que encaminar la planificación, la acción y la evaluación de resultados y procesos. Estos objetivos pasarían por la necesidad de establecer criterios generales destinados a definir propuestas específicas que promocionen la participación y contrasten las propuestas finales para establecer sinergias de consenso y de comunicación con el tejido asociativo. De esta manera, la implicación de las entidades se verá reforzada y será más factible la promoción de puntos de interés y consenso, pretensión última a alcanzar.

En cuanto a la aplicación práctica de estos apuntes, habría que tener en cuenta una serie de ejes conceptuales en torno a los que promover las actuaciones. Uno de ellos habría de estar centrado en la actualización y revisión de los reglamentos y resto de legislación relacionada con la participación ciudadana. Es muy importante que las leyes se adapten a los nuevos modelos de gestión para permitir la aplicación y articulación de los mismos.

Las estrategias de trabajo desde las que se puede comenzar a operar de cara al fomento de la participación ciudadana han de pasar necesariamente por el impulso de debates colectivos entre pequeño y gran grupo, la celebración de foros sectoriales y mesas de debate en los que se pueda poner de manifiesto las necesidades, intereses y demandas de los colectivos implicados en el desarrollo comunitario, así como la realización de entrevistas dirigidas y cuestionarios de sondeo a miembros o representantes de las distintas entidades asociativas, de todo lo que debe quedar constancia escrita para que la información pueda ser divulgada y revisada.

Como conclusión general podemos decir que la participación ciudadana no será eficaz sin la interconexión de las diferentes redes sociales existentes en el área en la que se pretende incidir ni sin la implicación de la Administración Local. Se trata de adquirir una visión global de la realidad ciudadana que a la par sea muy específica, por sectores, y de desarrollar pautas de conocimiento estratégico y técnico que sepan captar los intereses de la comunidad, además de identificar líneas de cooperación para poder actuar en consecuencia de manera consensuada y negociada.

BIBLIOGRAFÍA:

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