Semejante a lo que ocurre con la naturaleza, el mundo social se compone de un número ilimitado de actores que a su vez desarrollan acciones que dan lugar a una multi-dimensionalidad de hechos sociales. Por ello, es difícil hacer un análisis integral que involucre todas las características sociales de un conglomerado específico de entes.

Es a través del ejercicio científico, el cual involucra un andamiaje teórico y práctico, que es posible hacer una aproximación de esa realidad social difusa, dinámica y en ocasiones, beligerante. La pobreza, por abordársele con políticas partidarias aunado a la falta de propuestas críticas y concordantes ante una realidad específica, consideramos, es la manifestación social que hace constancia del nivel de privación a que se ven sometidos los inmersos en el campo de la exclusión y desigualdad; indistintamente de su género.

Como ha sido recurrentemente demostrado, la existencia de la pobreza como fenómeno social adverso y la constante violación de los derechos humanos, revisten el nivel de preponderancia de la actual situación que se escenifica en las sociedades modernas en torno a éstas dos temáticas. Esta situación es dada a lo interno de cada región, estado, comunidad e incluso, localmente. Es pues a través del análisis del desarrollo experimentado en cada sector social que cobra transparencia y visibilidad la desigual distribución de bienes comunes. Algo verídico es que suelen ser los habitantes de las áreas rurales los que padecen de pobreza, en mayor caso. Las particularidades del caso, aún no han sido abordadas de forma específica. Eso sí, se ha denotado un mayor nivel de pobreza y desigualdad que incluye directa o indirectamente, el campo de los derechos humanos.

Acercamiento teórico pobreza y derechos humanos

La sociedad considerada como un todo perteneciente a un sistema, ha fomentado la exclusión de unos en torno a la participación en la toma de decisiones, su dependencia al capital y la redistribución de los bienes adquiridos por la transformación hecha sobre los recursos y sobre el trabajo social realizado por cada ser. Bajo este marco social, cada actor (ser humano) tiende a realizar sus fines o impulsa la producción de ese estado ideal personal, eligiendo en una situación dada, medios que le inducen hacia un ambiente exitoso a través de la aplicación sistemática de los mismos.

Por otro lado, la multitud de actores que integran la sociedad ha permitido la formación de sectores sociales imaginarios que en apariencia, poseen una similitud de oportunidades en torno a bienes e intereses. Esto absolutamente, no es así de cierto. Los actores, al no solo depender de ese interés común sino también de un número infinito de actitudes y aptitudes propias, han consolidado lo que en términos sociales se ha denominado como clase -social-.

Es manifiesto que en la mayoría de los Estados se plantean concepciones políticas tanto internas como externas para hacer frente a la problemática de la pobreza. Tanto es así, que suele considerarse una amplia gama de motivaciones e intereses institucionales. Ahora bien, a través de este espectro de intereses, por decir lo menos, se generan lineamientos y programas de acciones político-sociales complejos. Los mismos, son promovidos por organismos internacionales que suelen ser los parámetros institucionales de referencia de gobiernos locales. Verbigracia de estos, son el PNUD y la FAO.

No cabe duda que las recomendaciones que los organismos internacionales propugnan, emanan como resultado de un diagnóstico general que inicialmente, en lo fundamental, se consideran satisfactorios. Sin embargo, ante las dinámicas de transformación de acción individual o colectiva que en forma consciente o inconsciente suelen experimentar las sociedades, se erosionan las bases del poder de políticas estatales específicas. Esta irregularidad aunada a los siempre existentes intereses de clases sociales, ha evidenciado según las circunstancias, expresiones sociales que hacen manifiesto la desmoralización y la parcial radicalización de las instituciones (Assmann, 1978). El auto-interés en términos relativos, priva desarrollar el bienestar común.

En América Latina, por citar un ejemplo, ante las irregularidades institucionales internas, se añaden otras aristas de acción internacional que dificultan la forma de abordaje del problema de la pobreza en el sistema imperante. Esto es así, porque se hacen manifiestos a través de discursos mediáticos o por medio de la implementación de políticas macro-sociales regionales, indicios en donde el sistema internacional no duda hacer manifiesto cierto grado de desconfianza en la capacidad latinoamericana en torno a elecciones económicas, por considerárselas infectadas de valores políticos distorsionados (McNeish, 2005).

Más aún, por ejemplo, las políticas de reducción de la pobreza planteados por el Sistema de Naciones Unidas (SNU), se han visto truncados por la contraposición de estrategias o fines de desarrollo propiciados sobre todo por entidades como el BM y el FMI. Dichos fines generalmente, han obligado a los Estados a implementar políticas de ajuste estructural con miras a lograr réditos de créditos, donaciones y préstamos (López, 2004).

Ante semejante incongruencia de políticas sociales, son los individuos los más afectados. Quizás dicha incongruencia no afecte a entidades institucionales. No obstante, es lamentable ver y comprobar el despilfarro económico que se hace en eventos sociales (reuniones, congresos, entre otros.) que suponen lograr planteamientos efectivos para disminuir la pobreza. Sin embargo, en la periferia de los sitios en que se desarrollan estos eventos, es clara la pobreza. Mal social que suele golpear diariamente a millones de seres humanos. Por ejemplo para el año 2002, en América Latina y el Caribe, se estimaba que más de 220 millones de personas apenas podían tener acceso al ingreso mínimo para satisfacer necesidades básicas. Esto denota que entre los años 1980-2002, se incrementó el número absoluto de pobres en aproximadamente 90 millones (Aymar-Macías, 2004).

El hambre, la desnutrición, el analfabetismo, el alto índice de mortalidad infantil, la carencia de bienes, el sufrimientos de enfermedades crónicas, la falta de libertad de expresión o bien, la lucha por un mejor nivel de vida; en fin, un sinnúmero de aspectos cualitativos y cuantitativos observables sobre ciertos seres humanos, son parámetros sociales ante los cuales, se prefiere practicar una indiferencia relativa, como si aquellos entes humanos fueren objetos materiales posibles de comprar y despojar cuando sea requerido.

La pobreza es una instancia social que involucra el área urbana y la mayoría de los residentes de las áreas rurales. Sus efectos pretenden trascender hacia áreas con aristas muy frágiles que hacen casi inminente la expansión del flagelo. Comprendida como una condición de privación tanto de capacidad como de libertades experimentada por los individuos, las familias y comunidades que determina la insatisfacción de las necesidades humanas (López, 2004); la pobreza como fenómeno social, ha obligado al establecimiento de prácticas sociales superpuestas. En ocasiones estas prácticas han reflejado cierto grado de éxito; no obstante, en la mayoría de los casos, han fracasado.

Lamentablemente, los índices de desarrollo social demuestran otra realidad. Tanto es así, que son pocos los más ricos y en mayor cantidad los más desposeídos. Se ha establecido sin lugar a duda un abismo diferencial en términos sociales, entre los que poseen oportunidades de adquirir un bien material o satisfacer una necesidad básica y los que no la tienen. Según datos analizados por el BM y por el Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya, para 1992 en América Latina, el 60 % de la renta era acumulada por el 20 por ciento más rico de la población. Sin embargo, el restante 80 por ciento de la población, se repartía el 38 % de la restante rentaº.

Las dificultades para la unificación de una política única que haga frente al problema de la pobreza, no se deben buscar en solo un referente social empírico; más bien, se debe tener presente la multiplicidad de factores que inciden en la problemática social antes aludida. ¿Por qué? Porque la pobreza es un flagelo social multidimensional. El obviar una arista de la diversidad de componentes que la constituyen, es abordar el fenómeno sin seriedad y conciencia social de la realidad. Es carecer de un enfoque crítico y proponente.

En el presente, teniendo como referente hechos de otrora, no se vislumbra la articulación de un lenguaje alternativo y proponente que logre hacer congruente la retórica teórica con la praxis. No es que se critique los diversos desplazamientos de énfasis propuestos en torno a alternativas propiciadas por organismos internacionales o proyectos endógenos que han demostrado cierto nivel de éxito frente al flagelo de la pobreza. Se requiere de más esfuerzo. Se demanda de una conciencia crítica y proponente que logre conciliar la mayoría de los intereses provenientes de las individualidades y colectividades afectadas, y que se trabaje no solo por el bienestar económico de los individuos y colectividades; sino también, por los derechos a las libertades que son inherentes a los mismos.

En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se suponía un avance en cuanto a equidad de oportunidades. Es más, se dio tanta preponderancia a la misma, pues significó y dignificó un consenso multinacional jamás logrado. Bajo estos augurios de júbilo, podría decirse que a nivel mundial, se delineaba un mejor futuro para cada ser humano que existiese o llegare a existir. Hoy día, 62 años después de esa fecha, los márgenes de incongruencias sociales son mayúsculos. ¿Quién pensaría tal nivel de retroceso? Acuerdos locales, regionales y de carácter mundial¹, no han sido suficientes para contrarrestar demandas y beneficios individuales o colectivos.

Si bien es cierto, la declaración universal de los derechos humanos es un recurso legal en la mayoría de los Estados, desafortunadamente, el respeto de los mismos en la praxis, no es tan real o efectiva. Crisis internas sociales que a menudo se dan en territorios nacionales auspiciados por la mano del ser humano y/o por la naturaleza, contribuyen a menoscabar los pocos logros que se obtienen. Al respecto, por citar algunos ejemplos, señalamos el caso de Irak (inestabilidad política y social), la constante vulnerabilidad institucional (inseguridad civil, irrespeto a la vida, etc.) que se experimenta en Guatemala, a raíz del accionar de las “maras”; y el recién caso de Haití, tras el funesto terremoto ocurrido en 2010, entre otros casos.

El pleno goce de los derechos humanos tanto a nivel económico, político como social, constituye la base fundamental para la implementación de libertades personales y colectivas. Hoy día son persistentes las violaciones a diferentes matices de los derechos humanos. En ciertos sectores geográficos de América Latina, son alterados los derechos a la justicia, el derecho a la vida, a la participación política, a la libertad de expresión y a otros tipos de derechos sociales. En Guatemala por ejemplo, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2003, hace manifiesto que en los últimos años se ha fortalecido un deterioro del Estado de Derecho, lo cual revela la inoperancia de ciertas instituciones formales e informales vinculadas con los derechos humanos (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003).

Vinculados con el flagelo de la pobreza, la constatación de violación a los derechos humanos, ganan vigencia. ¿Por qué? Porque en la pobreza se reúnen en un solo polo problemático, aspectos como carencia de igualdad, exclusión social, debilitamiento de la integridad de las personas, escasez de ingreso, merma intelectual, alto índice de probabilidad de mortalidad, entre otros males. Si a estos hechos que son tangibles y por ende, posibles a dimensionar a través de una cuantificación de los mismos, se le añaden otros parámetros como el económico y la instauración de políticas adversas a las realidades de áreas específicas, se vislumbra una infinitud del problema al querérsele tratar como un problema integral.

El abordaje del respeto de los derechos humanos vinculados con la pobreza, demanda de visiones teórico-prácticas diversas. Y es que con el transcurrir de los años, se ha hecho evidente que la movilización de recursos para impulsar el crecimiento con equidad no sólo demanda del factor económico. Implica un compromiso social que va más allá de meros acuerdos legalizados sobre papeles. Determina la configuración de una base sistémica en aspectos referidos a bienestar social, estabilidad fiscal, política e institucional, incluso ambiental y ética.

Es entendido que los micros-procesos son hechos no aislados de un entorno complejo del sistema. Sin embargo, hoy por hoy es difícil proyectar si quiera, una teoría social abarcadora de los mismos en su totalidad. Siempre se presentan limitaciones que permiten ver deficiencias, en vez de, soluciones abstractas o concretas. Ante esta realidad, todo científico debe considerar las posibles limitantes que enfrentará a la hora de abordar un hecho social, sea cual sea su índole. Para este fin, es necesario abordar metodologías mixtas capaces de ser susceptibles a modificaciones no alegóricas pero sí cimentadas en proposiciones científicas, quizás, innovadoras.

Categóricamente hay que evitar caer en los errores registrados en los anales de la historia humana. Es a través de argumentos consensuados surgidos a raíz de disensos argumentativos que, posiblemente, se minimicen las catástrofes sociales. Ello invita a ser más reflexivos en cuanto al papel desempeñado dentro del sistema social a que se pertenece. Eso también invita a buscar una equidad en el desarrollo de las actividades que involucran aspectos políticos, sociales, económicos y ambientales; sin dejar de un lado los de índole religiosa y ética.

Las reflexiones de líneas anteriores, demuestran que tradicionalmente sólo se habla de derechos humanos cuando están en discusión. ¿Por qué? Porque mientras no hay motivo alguno de sopesar si determinada persona goza o no de derechos, los mismos solo se ejercen cuando se determinan amenazados o negados (Donnelly, 1994). Bajo este marco referencial, cada ente, junto con sus congéneres, se ve inscrito en formas de dominación sutiles, a veces ignoradas o simplemente, obviadas.

En suma, se re-establece pues, la posibilidad de una segregación y discriminación no observable pero sí existencial. Por ejemplo, en la mayoría de los Estados, es cierta la existencia de una política social en términos de seguridad social para quienes están dentro del esquema. Sin embargo, en las áreas rurales, las mujeres suelen hacer frente a la ausencia de cobertura social tanto de ellas como la de los hijos. ¿Por qué? Por no contar con una constancia de cuota de seguridad social obrero-patronal. Y si logran recibir ciertos servicios, los costos son altos. ¿No es esta una forma de violación de derechos humanos cotidiana que suele ser considerada como algo normal? La falta de acuerdos sociales consensuados entre por ejemplo, gobernantes y oposición, en función de visión de política estatal, hace que la alternancia del ejercicio del poder en un ambiente democrático, demuestre fallas dentro del sistema social de ciertos Estados.

Pobreza y derechos humanos en Panamá

El Istmo de Panamá a pesar de usufructuar bajo su jurisdicción política, una de las obras más modernas en términos tecnológicos, el Canal de Panamá, no escapa a la amenaza social de la pobreza y por ende, de la continua violación de los derechos humanos. Aunque cuenta con una población menor a cuatro millones de habitantes, en la República de Panamá los índices de pobreza son altos. No sólo en los indicadores de pobreza es observable la incongruencia social existente. Las denuncias constantes en torno a la violación de derechos humanos es otro, de los múltiples óbices que enfrenta la sociedad panameña.

Según los resultados de la Encuesta de Niveles de Vida (ENV) 2003 ejecutada por la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Panamá, 4 de cada 10 personas viven en pobreza (36.8 %). Del total de la población, el 16.6 % (508,700 panameños) se hallan en situación de extrema pobreza (MEF, 2005).

De acuerdo a la proyección hecha en el 2003 (Ver Cuadro #2) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mitigar los niveles de pobreza en Panamá, sería necesario alcanzar un esfuerzo redistributivo que implicaría transferir el 3.6% del PIB (B/. 445 millones anuales) a los pobres. Con este monto, sólo se lograría superar el stop mínimo del valor de la línea general de la pobreza. Aunado a este monto, para que las personas incluidas en la extrema pobreza superaren dicho status, requerirían que del PIB del país, se hiciese una redistribución de B/. 104 millones anuales por medio del cual, éstas personas lograrían garantizar el mínimo de la canasta básica familiar. En otras palabras, anualmente se requerirían B/. 549 millones para garantizar un estado de bienestar mínimo al 36.8 % de la población afectada por este flagelo.

Un análisis de los datos proporcionados por el MEF, evidencia cambios referentes a los resultados finales arrojados por la ENV del año 1997 y la realizada en el 2003. Entre los más importantes, se encuentra que en las áreas urbanas se nota un incremento de la pobreza total equivalente a un 4.7% y en torno a la extrema pobreza, se detecta un equivalente porcentual de 1.3 %. Con ello, se deduce que ahora en las áreas urbanas, hubo un incremento de los focos de pobreza. Sin embargo, no es posible descartar que este evento se suscite por el hecho de la migración de pobladores provenientes de áreas rurales hacia las áreas urbanas. Se utiliza como base argumental para esta aseveración, el incremento poblacional reflejado en las áreas urbanas del país (41%) entre los censos de población efectuados en los años 1990 y 2000.

Es importante rescatar que el nivel de pobreza por jefatura del hogar, denota un resultado positivo para el género femenino. Los hogares liderados por mujeres, presentan mejores condiciones en torno a nivel de pobreza (20.9%, incluye pobreza extrema y no extrema). Según la ENV del 2003, dichos hogares presentan niveles de pobreza por debajo de los hogares encabezados por hombres (27.7%) y aún más, por los promedios reportados en todos los hogares (MEF, 2005). En Panamá, en contraposición a la tendencia general de los casos latinoamericanos, son los hogares encabezados por hombres los que denotan mayor frecuencia de pobreza; no así los liderados por mujeres.

Entretanto, Panamá no escapa a la problemática de incumplimiento de los Derechos Humanos. Generalmente este es un tema obviado por los planteamientos de los líderes políticos, salvo cuando sus intereses se ven trastocados directa o indirectamente. Aún así, en este país es posible encontrar actores sociales como la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos, que es un ente con peso institucional enfatizado en velar por el cumplimiento del derecho y respeto de los derechos humanos.

En otrora, acciones como la negación de solicitud en calidad de refugiados hecha por el gobierno panameño en contra de personas afrocolombianas², han ocasionado pronunciamientos de comunicados enérgicos que hacen alarde de la presencia de subsistemas sociales vigilantes del cumplimiento de acuerdos suscritos por el Estado panameño, en términos de derechos humanos.

Casos como el hacinamiento de recluidos en las cárceles del país, la discriminación étnica, el pago de salarios inferiores al salario mínimo a trabajadores que desempeñan labores en áreas rurales de difícil acceso, el abuso a menores, la corrupción institucional (estructural y no estructural), entre otros aspectos sociales, son ejemplificaciones de claras violaciones de los derechos humanos en Panamá. Resulta alarmante este hecho. No obstante, el flagelo de la pobreza es, quizás, el que mayor repercusión social denota sobre el conglomerado social del país.

La historia de la violación a los derechos humanos en Panamá, no es reciente. Como antecedentes cercanos se pueden mencionar los hechos ocurridos durante el pasado régimen militar que imperó bajo la dirección del entonces General Manuel A. Noriega (sobre todo en la década de los 80’s del siglo XX). La OEA en noviembre de 1989, rinde un Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Panamá³, en el que destaca la práctica de violaciones sociales claramente estipuladas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellas, se destacaron las violaciones a los artículos referidos a los derechos de integridad personal (artículo 5); a la libertad personal (artículo 7); a las garantías judiciales (artículo 8); libertad de pensamiento y expresión (artículo 13); derecho de reunión (artículo 15); libertad de asociación (artículo 16); derecho a la propiedad privada (artículo 21); derecho de circulación y residencia (artículo 22); derechos políticos (artículo 23), y protección judicial (artículo 25). Dado el régimen imperante, eran de esperar dichas anomalías. Pasado el régimen militar, Panamá se adentra como sociedad, al convivio democrático.

En marzo de 2006, la Embajada Norteamericana hizo del conocimiento público, el Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2005 en Panamá. Con base al documento aludido se destaca que a pesar de existir una democracia representativa en este país, es también cierto, la escenificación de constantes violaciones a los derechos humanos. Problemas como difíciles condiciones de las prisiones con reportes de abusos de los custodios, existencia de un sistema judicial sujeto a la corrupción, ineficiencia y manipulación política; la práctica de detenciones preventivas prolongadas, trata de personas, presión política sobre los medios de comunicación, discriminación contra la mujer, trabajo infantil y discriminación contra el pueblo indígena y otras minorías; son las irregularidades destacadas en términos de derechos humanos a través del texto del documento en mención.

De acuerdo a información publicada en diario LA PRENSA en junio de 2007, representantes de 30 organizaciones dedicadas a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos en Panamá, luego de un análisis de la realidad nacional; determinaron la existencia de unos 19 aspectos que evidenciaban violaciones a los derechos humanos. Entre los parámetros identificados, destacan la impunidad de victimarios, discriminación de grupos indígenas y afro-descendientes, maltrato policial, hacinamiento carcelario, entre otros (Molina, 2007). Como se observa, a pesar de las múltiples luchas en pro de la mejoría de esos aspectos dentro de la dinámica de ésta sociedad; los males siguen persistentes.

Con el fin de minimizar la desigualdad, explotación, discriminación y abusos sociales, en Panamá se han establecido estrategias interinstitucionales con miras a mejorar las oportunidades de integración de los congéneres hasta ahora excluidos. Un ejemplo del caso, lo es la campaña publicitaria auspiciada por el Gobierno, la OIT y la ONG Casa Esperanza, para hacer conciencia cívica sobre la incorrecta práctica de fomentar el trabajo infantil tanto en el sector laboral formal como en el informal. Por otro lado, se ha incrementado el ejercicio de inspecciones periódicas en los sitios de trabajo con riesgo (sector construcción y bananero, por ejemplo), por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la Sección de Salud Ocupacional de la Administración del Seguro Social. De igual forma, pero en un menor grado de cumplimiento, se ha tratado de impulsar el ejercicio y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad*. Estos avances son significativos para la sociedad panameña, pero aún así, hace falta impulsar la operatividad de las propuestas políticas gubernamentales y locales.

A manera de conclusión

Al propiciarse mecanismos de integración económica con sesgos excluyentes, la pobreza crece. Esto es verificable a través de los resultados de las ENV. Es preocupante que hasta el año de 1997, se establece una política de análisis en torno a la pobreza. El análisis quinquenal propuesto, es un paliativo referencial para la toma de decisiones. Aún así, se necesita de soluciones prácticas rápidas y eficaces. Estos últimos parámetros, son muy incipientes en Panamá.

Dentro de todo el componente social que integra a la sociedad panameña, se pueden observar instancias negativas sobre respeto y violación de derechos humanos y pobreza; empero, también es digno de reconocer, la existencia de organizaciones que velan por los derechos de personas inmersas tanto en la pobreza como en aspectos referidos a violación de derechos humanos. Ello demuestra que la complejidad de una sociedad, es verosímil. No obstante, los integrantes que denotan el poder público y los que no lo ejercen, deben tener como norte social, la búsqueda de soluciones consensuadas. Ello con miras a lograr una sociedad más justa en igualdad de oportunidades, derechos y privilegios. La participación activa y proponente de cada actor social (institucional o particular), puede ser la clave o la iniciativa requerida para el éxito de propuestas, programas y políticas tanto a nivel local/comunitario como nacional.

Notas

º Para profundizar en contenido, consultar en http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/ El%20impacto%20de%20la%20desigualdad%20en%20el%20DH%20en%20A.L.pdf

¹Entre estos están: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte (1989), entre otros.

²Dichas personas se encontraban en localidades panameñas (Punuza y Matugantí) y al solicitar calidad de refugiados ante autoridades nacionales, su petición fue denegada. Esta decisión, obligó repatriar a los mismos. Para mayor detalle, consultar www.caritaspanama.org/incidencia/migrantes/migrantes_violacion_dh.htm

³Para mayores detalles al respecto, consultar http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/indice.htm

*A través del código de la construcción de edificios en la Ciudad de Panamá, se ha impulsado la inclusión en obras con interés de brindar algún servicio público, el contemplar áreas que permitan el acceso a dichos locales, a las personas con discapacidad. En otro aspecto, en el 2004 fue creada la Secretaria Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS). Su objetivo de creación, es velar por la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Bibliografía

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Assmann, Hugo et. al. (1978). Carter y la Lógica del Imperialismo. Editorial Universitaria Centroamericana -EDUCA- , Costa Rica.

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McNeish, John-Andrew (2005). La lucha por la prosperidad: reflexiones sobre la crisis y la política de pobreza en Bolivia. En: La Pobreza: un problema de todos. Memoria del Seminario Internacional agosto 2004. Serie debate y propuestas sobre la pobreza N° 1. Oscar A. López Rivera (compilador). Editorial de Ciencias Sociales, Guatemala.

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Molina Cecilia, Urania (2007). ‘Grave’ violación de derechos humanos. En diario LA PRENSA, 2 de junio de 2007. http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/06/02/hoy/panorama/ 1002342.html