Al respecto del tema de la democracia la bibliografía es inmensa, las referencias a autores que han tratado la cuestión serían igualmente muchas. No es nuestra intención pues, agotar todas las visiones ni todos los argumentos. Nos hemos centrado en las características que nos parecieron más relevantes en la actualidad; lo cual hace que existan posiciones teóricas predominantes. Éstas en la mayoría de los casos tienen orígenes en sociedades “desarrolladas” o proceden de circunstancias diferentes y que en muchos casos por seguirlas al pie de la letra nos perdemos en el mar de ambigüedades de la realidad política nacional.

Si la democracia se define como un sistema en donde los dirigentes son elegidos, de acuerdo a un conjunto de reglas más o menos claras y con una periodicidad, entonces, actualmente la mayoría de países podrían calificar como democracias; pero si se define como un sistema de “elecciones libres”, la lista de países incluidos se reduciría a la mitad.

La discusión sobre las diferencias de la democracia de un estado y otro es aún más debatible. El primer elemento controversial es el que las diferencias pueden ser de grado o de especie. Y por tanto no estaríamos hablando de una sola democracia sino de varias. La premisa repetida infinitamente es que todas las diferencias son de grado, en el sentido que deben de existir características medibles. Pero no. No hay nada en la naturaleza de las cosas que establezca que las diferencias sólo sean diferencias de grado, así como no hay nada que establezca que son intrínsecamente en especie refiriéndonos a los tipos de democracia que existen: parlamentaria, presidencial, semi-presidencial. Que las diferencias sean cuantitativas o cualitativas, de grado o de especie, es un asunto de tratamiento lógico y, por tanto, un asunto de decidir cuál manejo teórico es apropiado y para qué propósito.

De inicio habría que preguntarnos qué es, o qué no es, una democracia, y a la vez preguntar en qué grado un régimen político que se enuncia como democrático lo es en mayor o menor medida, en función de los rasgos esenciales que lo definen.

Ambas son preguntas perfectamente legítimas que orientan la discusión sobre el intento de una definición. La primera pregunta establece los puntos extremos. La segunda se ocupa de las variaciones dentro de la democracia.

Si ensayamos con una definición de la democracia mexicana fundada en características verificables, sería en efecto una democracia real, lo que implica que contenga por lo menos un sistema competitivo de partidos y rotación pacífica del poder; representantes elegidos, y derechos políticos garantizados; pero se trata básicamente de una democracia excluyente porque los encargados de fijar los asuntos de la agenda política serían unos pocos, o sea, las élites facultadas para normar qué se vota, cuándo se vota, a quién elegir y un temario político que garantice no poner en peligro los “intereses esenciales” de la nación. Por tanto, la democracia en México está marcada por una profunda representación (en el sentido teatral de la palabra) de involucrar a la masa en la toma de decisiones, pero en temas estratégicos no es consultada.

El instrumento teórico que más se ha utilizado en los últimos años para revelar los cambios políticos sufridos en México, es el paradigma de la transición a la democracia, el cual separa la transformación política de la económica, bloqueando todo esfuerzo por explicar la complejidad social. Ese paradigma contiene una visión normativa y fragmentada del cambio. Desde nuestra perspectiva, la transición a la democracia se basó más en compromisos entre la élite para generar la estabilidad, que resolver el atraso económico y la marginación. Habiendo dicho esto, agregamos que los objetivos no eran menores; democratizar el régimen. Sin embargo, concentrarse en ello olvidándose del desarrollo social fue un gravísimo error.

A fin de justificar los fracasos de la praxis democrática así como de pronósticos sobre las reformas políticas, se han elaborado teorías de las consecuencias inesperadas o no intencionadas sobre los cambios que se realizaron. Pero esto es en gran parte una coartada para encubrir el hecho de no haber tomado en cuenta los conocimientos e investigaciones aplicadas o ligadas a preguntas lógicas [del tipo si (A) entonces (B)] lo cual nos lleva al análisis de los medios y los fines. En un sentido clásico de este tipo de análisis.

Cuando se realizan cambios profundos existen consecuencias imprevistas y no intencionadas, éstas siempre es posible evitarlas y amainar el desajuste que se provoca. En contrario su inevitabilidad ha sido ampliamente exagerada. En el campo de las reformas políticas y de la construcción de instituciones, la mayor parte de los fracasos de predicción eran fácilmente predecibles y la mayor parte de las consecuencias imprevistas podían haberse previsto con facilidad (como revela casi invariablemente los análisis ex post facto). Por ejemplo, tenemos el caso de las privatizaciones que se realizaron entre finales de los ochenta y principios de los noventa. El Estado al vender sus empresas dejaría de tener ingresos, por tanto era necesario una fuente alterna que le provea recursos, la reforma fiscal es el instrumento mayormente utilizado. Entonces, dos cosas sucedieron: no hubo reforma fiscal y se vendieron las empresas estatales, ergo; tenemos un Estado debilitado.

Desde nuestra óptica, se puede realizar una investigación en la que se logre establecer que los elementos del análisis, representaron decisiones aplicadas por una pequeña parte del bloque en el poder, la élite. Y las consecuencias de sus decisiones eran previsibles. De allí que al poder esclarecer el grado de responsabilidad de los actores involucrados en la democratización mexicana, se logre a su vez formar un juicio sobre las condiciones en las que se trataba de imponer la democracia.

Como ejemplo de lo anterior podríamos destacar las coincidencias teóricas de Seymour Lipset , Robert Dahl y Samuel Huntington acerca de su concepción de la democracia. Convergen en características relevantes, y si bien hay diferencias entre el enfoque de cada uno de ellos, la descripción y enumeración por separado de cada una ha permitido establecer la congruencia y homogeneidad pretendida.

No obstante, dejemos constancia que los resultados de las investigaciones puedan variar, desde nuestra óptica, afirmamos que el punto en el que esos autores no tienen controversia en definir a la democracia como un procedimiento. Un planteamiento sobre la democracia de tal sencillez debiera tener menor valor del que normalmente se le atribuye. Es decir, cuenta menos el procedimiento tanto que lo que se decide tiene menos impacto en el bienestar social.

Aunque ese procedimiento supone, a la vez, que todas las sociedades parten del mismo piso, lo cual es inconcebible si no se le entendiera como un producto histórico, como una forma de gobierno que debe en buena medida su valoración positiva al conjunto de instituciones políticas, económicas y sociales que se asocian con ella y que han sido construidas a lo largo de un sinuoso y accidentado proceso histórico autóctono. Para que la democracia funcione, no debe ser impuesta desde fuera del propio desarrollo institucional y cultural del país.

Para considerarnos democráticos, no basta transformar el poder de la institución presidencial, aun teniendo la percepción de una acumulación inequitativa de recursos es incompatible con el acceso y el ejercicio del poder a partir de reglas democráticas. Más allá, en la medida en que se democratiza el ejercicio del poder público, la acumulación de recursos vuelve cada vez más ineficiente a la institución que los atesora.

Es por eso que la institución presidencial inició un proceso progresivo de cambio democrático, necesario y paralelo al tránsito a la democracia

Sin embargo, surgió una paradoja aparente entre consolidación institucional del sistema y la pérdida por parte del Ejecutivo de su capacidad de acumulación de recursos institucionales. El punto central del argumento es que el escenario de escasez de recursos institucionales, combinado con un desequilibrio en la repartición de dichos recursos, termina, a la larga por desestabilizar el sistema político y debilitar a la institución presidencial al ir perdiendo su eficacia.

Desestabilización que trae consigo muy altas variaciones en la votación ciudadana, llegando el abstencionismo a ser mayor en algunos periodos a la participación votante.

La desigualdad, que se ha agudizado con el modelo económico aplicado por la corriente neoliberal, debe ser atendida a través de contrarreformas estructurales que ataquen el problema de raíz y no sólo atenúen parcialmente sus efectos mediante programas coyunturales. Esta situación requiere atención prioritaria, pues genera severos conflictos sociales.

Además de lo anterior, al analizar las sociedad latinoamericanas debemos procesar los argumentos adecuados y exponerlos de la manera más ilustrativa estableciendo que la única probabilidad de tener una democracia plena en el subdesarrollo latinoamericano puede ser aquella que proponga la transformación social, mediante la disminución de la desigualdad y la exclusión económica. Hay que repensar las opciones del análisis; son dos, a) entre elitismo y exclusión (como en este momento) o b) democratización plena, que integre los elementos supuestamente hoy "irreconciliables". Puesto que el esquema actual de liberalización parcial y unilateral incrementa la desigualdad entre la población, y disminuye la percepción de obtener avances reales en las expectativas de vida, salud, vivienda, empleo y educación. Al mismo tiempo ha de librarse del diagnóstico placentero que considera a nuestros países como democráticos o cada vez más.

De ahí se sigue que, democracia, Estado y capitalismo no son entes separados ni separables. La concepción (derivada de los clásicos y convertida en neoliberal) de que la economía es un campo independiente y autorregulado, hoy predominante, debe ser criticada y desbancada, puesto que el “mercado” opera siempre bajo condiciones políticas y legales bien establecidas. De tal suerte que la esfera económica no tiene una existencia independiente de las esferas del derecho y la política.

Puede ser cierta la premisa que sostiene que el mercado genera la formación de capital; sin embargo, sin un mecanismo que lo regule, genera también una serie de disparidades sociales en contra de la misma sociedad porque son situaciones potenciales para la inestabilidad política y el quebranto de la paz social. Si el Estado no establece lineamientos para redistribuir la riqueza, no estaría cumpliendo con su función primordial: propiciar las condiciones mínimas para alcanzar el bienestar social.

Los autores arriba mencionados centran sus reflexiones respecto de la diferenciación entre la propiedad pública y privada, y cuál debería ser predominante. Queda claro, así, que sus determinismos fueron asimilados para la realización de la reforma del Estado al dar inicio la privatización de las empresas públicas. De este modo, el Estado poseedor quedó relegado del proceso de desarrollo, invalidando toda la trayectoria establecida en las décadas pasadas. Perdimos impulso al empezar de cero y cedimos toda la responsabilidad del crecimiento a la élite política y económica.

En el pasado se pensaba que el desarrollo y bienestar económicos eran precondición para la transformación democrática; hoy, por el contrario, la estabilización política es precondición para posteriores transformaciones económicas y redistribución de cualquier recurso.

Los problemas de gobernabilidad están asociados, entonces, a los del Estado fragmentado y debilitado económicamente. La gobernabilidad democrática ha tomado gran relevancia a partir de comprobar en nuestro país los graves problemas para generar consenso en la toma de decisiones. En cuanto al régimen, si no hay legitimidad, aceptación y consenso entre los actores políticos, y tampoco la creación de mayorías, la consecuencia es la ingobernabilidad. Respecto de las acciones gubernamentales, la gobernabilidad se complica al no concretar soluciones o respuestas a los problemas y demandas de la sociedad. Y la gobernabilidad democrática existe cuando hay un estado de equilibrio entre las demandas del ciudadano y la respuesta de las instituciones de gobierno

Fuentes de información

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