Recensión del libro DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARTE GENERAL. TEORÍA GENERAL Y PRÁCTICA DEL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO de Manuel GÓMEZ TOMILLO; Editorial Aranzadi, S.A;
España, 2008
Kenia M. Espinosa Velázquez
keniaev@ult.edu.cu
Incursionar en el análisis de cualquier obra científica - incluso de aquellas
caracterizadas por la brevedad de su contenido y la escasa complejidad del
lenguaje empleado para su redacción-, en aras de su posterior comentario,
valoración o crítica, implica, por parte de quien asume la realización de tan
significativa tarea, una práctica compleja donde se entrelazan de manera
ineludible: la comprensión, la interpretación, la asimilación de las
transformaciones que tienen lugar en una materia dada, así como la emisión de
consideraciones propias que contribuyen a la profundización de aspectos
tratados, o dan paso a la crítica de aquellos donde son perceptibles
determinadas insuficiencias.
La aludida práctica resulta más compleja, cuando el texto objeto de análisis es
ilustrativo de una realidad ajena a la nuestra, lo que obliga a trasladarnos
mediante un ejercicio de abstracción, a un ámbito usualmente desconocido. Tal es
el caso del libro que en esta ocasión presentamos al lector, del cual figura
como autor Manuel GÓMEZ TOMILLO: Doctor en Derecho por la Universidad de
Valladolid. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid,
España y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Palencia.
Su obra, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y
Práctica del Derecho Penal Administrativo, aborda una de las más controvertidas
temáticas en lo que a materia punitiva respecta, donde convergen por la
similitud de sus contenidos, dos importantes ramas del Derecho Público
contemporáneo: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador –este
último como un derivado del Derecho Administrativo-. Ello hace de la presente,
una obra además de extensa, compleja, no solo por tratar al unísono aspectos
atinentes a ambos órdenes legales, sino por ser portadora –en cuanto a los
mismos- tanto en el plano teórico como práctico, de múltiples valoraciones, con
principal referencia al Derecho Administrativo Sancionador; lo que a su vez
permite atribuirle una utilidad y trascendencia indubitable, ya desde el punto
de vista legislativo, doctrinal o procedimental.
Para citar este artículo puede utilizar el
siguiente formato:
Espinosa Velázquez, K.M.: Recensión del libro Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo, en
Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/06/kmev.htm
En su estructura el texto consta de cuatro partes, cada una de las cuales,
organizadas en diferentes capítulos –para un total de treinta y cinco- y
siguiendo una secuencia lógica muy bien concebida por el autor, impregnan al
mismo de una exquisita coherencia.
Bajo la rúbrica Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionado, la primera de
esta partes alude, de manera sucinta, al fenómeno expansivo del Derecho
Administrativo Sancionado; enuncia con sus consecuentes críticas, cada una de
las tendencias que hasta fecha reciente signan el Derecho Penal y lo sitúan en
la modernidad, en una encrucijada de orientaciones contrapuestas pero
interrelacionadas entre sí: expansión legislativa vs despenalización –esta
última con un respaldo doctrinal mayoritario-. De igual modo, procede a la
distinción entre delito e infracción administrativa. En este sentido, se remite
al análisis de posiciones teóricas divergentes, las que desde sus perspectivas,
establecen puntos de diferenciación entre ambos fenómenos jurídicos, dejando
para un segundo momento, el estudio de la tesis unitaria; posición que defiende
y asume como propia, mediante el establecimiento de disímiles consideraciones,
debido a la idéntica naturaleza jurídica considera poseen entre delito e
infracción administrativa.
No obstante las cuestiones que anteceden, esta primera parte no concluye sin
antes referir -en palabras del autor-, pautas de distinción político legislativa
entre delito e infracción, convenientes a fin de delimitar, los ámbitos de
actuación de los sectores del ordenamiento jurídico señalados con anterioridad.
La segunda parte del texto que recensionamos, como su denominación así lo
indica, El principio de legalidad en el ámbito sancionador administrativo, con
una orientación administrativista, se centra en el estudio del principio de
legalidad y en cuatro de los corolarios que de él derivan, en este mismo orden:
el principio de reserva de ley, el principio de taxatividad, la prohibición de
analogía y el principio de irretroactividad de las leyes. Los cuatro capítulos
que por separado se destinan a su análisis, luego de hacer un paréntesis para
explicar someramente su esencia y fundamento, plantean, en relación a cada uno
de ellos, en dependencia de sus particularidades y con enfoque crítico,
importantes apreciaciones, dejando entre ver en todo momento, la necesaria
defensa -sin variaciones de ningún tipo- de las garantías de los
ciudadanos/administrados y el alcance de su seguridad jurídica; máxime cuando de
la normativa administrativa sancionadora existente, se advierten algunas
insuficiencias en detrimento de los principios expuestos.
El principio nom bis in idem en su dimensión material, completa la relación de
principios objeto de estudio en esta segunda parte, para cuya total comprensión,
como sucede con los anteriores, el autor parte de su definición. Respecto a él,
entre otras ideas no menos importantes, hace alusión a cómo proceder en los
casos de concurrencia de normas penales y administrativas ante la triple
identidad de sujeto, hecho y fundamento; en los supuestos de concurso aparente
de normas penales - dicho en otras palabras, en las situaciones en las que dos o
más sanciones administrativas convergen a la hora de regular una misma
situación-; y ante la posibilidad de compatibilizar sanciones penales y
administrativas por unos mismos hechos, o de sanciones administrativas cuando de
personas físicas y jurídicas se trate, siempre que no coincidan como referíamos
anteriormente, los elementos sujeto, hecho y fundamento.
Finalizando la segunda parte, encontramos un último capítulo dedicado al estudio
del ilícito disciplinario, del que se deduce un Derecho Disciplinario
conformador del Derecho Administrativo Sancionador. Este constituye el motivo
por el cual, se lleva a cabo una breve valoración de su naturaleza jurídica y se
trasladan a ese contexto para su análisis, los corolarios del principio de
legalidad.
Escindida en diecinueve capítulos, la tercera parte de la obra es, sin dudas, la
de mayor amplitud. Y es que en sí misma, encierra el objetivo central de la
presente, formular una teoría general de la infracción administrativa; donde el
Derecho Penal se convierte en punto de referencia obligado, pues a partir de él
se trasladan al ámbito sancionador administrativo, varias de sus categorías.
Lo primero que destaca en la configuración de esta teoría, es la definición que
de infracción administrativa se ofrece, acción típica, antijurídica y culpable
–como se hace notar, coincidente con la de delito-, de la cual se extraen los
elementos que posibilitarán su articulación definitiva. En el mismo orden en que
se analizan encontramos: la acción, la omisión, la tipicidad objetiva y
subjetiva – dentro de esta última el dolo y la imprudencia-; la antijuricidad,
la culpabilidad –de personas físicas y jurídicas por la comisión de infracciones
administrativas-, la punibilidad, la infracción intentada, la autoría y la
participación. A lo anterior se añade el tratamiento del concurso de
infracciones administrativas y las causas de extinción de la responsabilidad por
la comisión de infracciones, entre las que se sitúan: prescripción de la sanción
y la infracción; la muerte de las personas físicas y disolución de las personas
jurídicas; el indulto, la condonación y la revocación de la sanción. Si bien
cada uno de estos elementos tiene su fundamento inicial en la teoría del delito,
no significa que para la elaboración de la teoría general de la infracción
administrativa, se haya hecho de los mismos una reproducción mimética, pues
partiendo de las peculiaridades de las ramas jurídicas a las cuales representan,
se advierten en ellos determinados matices.
Lo distintivo de esta parte del libro, es el modo en que el autor, a través de
su exposición, logra combinar apropiadamente la teoría con la práctica; cómo
acude a la construcción teórica de instituciones del Derecho Administrativo
Sancionador mediante su engranaje con el Derecho Penal, rama jurídica tan vasta;
y la vehemencia con que asume posiciones críticas y realiza sugerencias, en pos
de perfeccionar todo cuanto a Derecho Administrativo Sancionador se refiere.
La obra concluye con una cuarta parte, donde se exponen aspectos de naturaleza
procedimental, debido al vínculo indisoluble –según señala el autor- entre
aspectos formales y materiales existe. Así se destacan los pronunciamientos
sobre el principio de oportunidad en el marco sancionador administrativo; el
derecho a ser informado en los casos de acusación y cambio de calificación
jurídica llevado a cabo por los órganos de la jurisdicción contenciosa
administrativa o por la Administración Pública; el derecho a la presunción de
inocencia y unido a él, la cuestión de la carga de la prueba de la infracción
administrativa, partiendo del punto de vista de su estructura; las ideas
referentes a las partes integrantes de la resolución administrativo sancionadora
y el indulto administrativo, con referencia a mecanismos jurídicos de efectos
análogos. Por último, y con ello pone fin a la obra, deja sentadas someras
reflexiones en lo referente a infracciones administrativas y jurisdicción penal,
conforme a las cuales figuran considerables propuestas.
Con independencia de las carencias pueden ser advertidas en el texto, en
relación a los fundamentos históricos sobre los que se erige la investigación;
al Derecho Disciplinario y su correlativo, el ilícito disciplinario; así como en
lo referente a cuestiones procedimentales –de antemano proclamadas por el autor,
teniendo en cuenta lo inagotable que podría resultar la obra-, es meritorio en
ella, la amplia bibliografía empleada para su elaboración. Pues no solo se acude
al análisis de disímiles disposiciones legales, ni al estudio minucioso de toda
una gama de sentencias judiciales emanadas primordialmente del Tribunal Supremo
español y el Tribunal Constitucional, sino que procura nutrirse a cada instante,
de todo cuanto le aporta la literatura científica nacional y extranjera. Loable
además, por la pericia con que su autor, tal vez sin proponérselo, logra
introducir dentro de los contenidos propios de la materia objeto de análisis,
elementos característicos de la Teoría General del Estado, la Teoría General del
Derecho y el Derecho Constitucional, enalteciendo el carácter interdisciplinario
que por sí sola posee.
De este modo, para quienes encuentran en el Derecho Administrativo Sancionador,
una rama jurídica atrayente, recomendamos sin reparos, el estudio de esta
magnífica obra, notable por su novedad y valor científico.
