En las primeras horas del día 28 de junio de 2009 un comando militar tomó por asalto la residencia del presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales. El mandatario fue encañonado, secuestrado y finalmente obligado a salir del país rumbo a Costa Rica. En las horas siguientes un gobierno de facto, comandado conjuntamente por los militares y la oligarquía hondureña, anunciaron la realización de una “sustitución constitucional” y que el pueblo hondureño debería reconocer y subordinarse a las nuevas autoridades. Para sorpresa de muchos – especialmente de los golpistas y sus acólitos – el gobierno encabezado por el señor Roberto Micheletti no se ha consolidado en el país y no ha sido internacionalmente reconocido por ningún gobierno del continente americano o del mundo – y de hecho es condenado por casi todos los gobiernos y muchas organizaciones internacionales.

Obviamente existen muchas lecturas y perspectivas teórico-metodológicas para estudiar y comprender los dramáticos acontecimientos sociopolíticos vigentes en Honduras. De inicio se entiende que se está delante de un conflicto de interés continental. Salvo mejor juicio, la coyuntura hondureña puede ser analizada también en la perspectiva de las contradicciones generadas por el esfuerzo de un gobierno – que sin ser verdaderamente de izquierda – tiene orientación progresista y ha pretendido superar la democracia electoral – predominante desde el retorno al orden democrático en 1982 – por una democracia de ciudadanía. Siendo que dicha propuesta de construir una democracia de ciudadanía no deja de crear vicisitudes, apoyos, resistencias y hasta tentativas de trasnochados golpes militar-oligárquicos. Resumidamente la hipótesis de trabajo aquí sustentada considera que el golpe militar-oligárquico sería una tentativa de mantener vigente una – deshidratada – democracia electoral (o poliarquia) altamente beneficiosa para las aristocracias partidistas y para los sectores dominantes de la sociedad y evitar la participación ciudadana activa propugnada por las nuevas corrientes de pensamiento democrático en el mundo – esto es, la construcción de una verdadera democracia de ciudadanía.

En esa línea, vale adelantar que el propósito del presente texto es explorar la paradoja existente entre inclusión política de orientación democrática y exclusión social vigente en Honduras en los primeros años del siglo XXI. Más allá de la difícil coyuntura generada por el burdo golpe de Estado, interesa explorar de forma un poco más amplia la evolución política reciente del país y algunas perspectivas futuras. Al mismo tiempo, parece importante comentar que el presente trabajo fue concluido en la segunda semana de julio de 2009, ésto es, cuando el presidente Zelaya continuaba luchando para retornar al poder y cuando los usurpadores – aunque claramente aislados y sin perspectivas favorables – se mantenían atrincherados. Los acontecimientos están en desarrollo y la crisis social y política está vigente. Aparentemente negociaciones sigilosas están siendo realizadas con mediación del gobierno estadounidense. Y un retorno pactado de Zelaya para terminar su gobierno y entregar constitucionalmente el poder político, en enero de 2010, a un nuevo mandatario electo es la alternativa plausible.

El estudio de la democracia: un breve análisis conceptual

El debate contemporáneo sobre democracia y sobre consolidación democrática es ampliamente conocido. Para los fines del presente artículo vale reconocer, junto con la tradición aristotélica y con el PNUD (2004a), que la democracia no es ni puede ser únicamente considerada como una serie de procesos electorales periódicos, competitivos, libres, y fundamentados en el voto universal y en el pluralismo político-partidario. Esto es, la democracia no puede ser reducida a una poliarquia – o democracia electoral. Para existir y consolidarse, la democracia precisa observar las características propias de las poliarquías. Igualmente, conviene reconocer que el propio hecho de tener una poliarquia o democracia electoral es un avance altamente significativo cuando comparado a los regímenes autoritarios preexistentes en América Latina y otros continentes.

Entretanto, aquí se acepta y se parte de la antiquísima tradición aristotélica de democracia entendida como el gobierno de todos y en beneficio de los pobres. O como lo ha colocado recientemente el PNUD (2004a), una democracia de ciudadanía. Perfeccionar las democracias electorales existentes y, simultáneamente, avanzar hacia democracias de ciudadanía es, quizás, el mayor desafío político de los pueblos latinoamericanos en los primeros años del siglo XXI.

No hace falta recordar que la noción de democracia de ciudadanía procura armonizar sus dimensiones política, civil y social. Tampoco es necesario mencionar que, en última instancia, la democracia de ciudadanía pretende contribuir de forma decisiva en el proceso de emancipación del ser humano por medio de la valorización de la libertad, la justicia social y el progreso socioeconómico – motivos por los cuales la consolidación democrática es tanto, al mismo tiempo, una conquista histórica y de interés prioritario de los sectores trabajadores y subordinados de la sociedad. Si es pertinente, entretanto, recordar el carácter profético y profundamente liberador implícito, inherente y siempre subyacente a las luchas democráticas en el mundo actual. Consecuentemente, desde Aristóteles hasta el consagrado informe del PNUD, se entiende que la democracia es más que el conjunto de reglas para elegir, para ser electo y para gobernar. La democracia es también un modo de vida. Es una forma de organizar la relación entre el Estado y la Sociedad garantizando la constante expansión de la ciudadanía integral. Esto último incluye lo concerniente a la promoción del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la explotación.

Paralelamente, es importante reconocer que Honduras y muchos otros países del continente y del mundo enfrentan el reto teórico y práctico de la consolidación democrática. En términos resumidos, la consolidación implica hacer irreversible a la gobernabilidad democrática vigente. Tornar las democracias electorales existentes en democracias de ciudadanía plenamente consolidadas es, como dicho, uno de los principales desafíos políticos latinoamericanos en los primeros años del siglo XXI. Dicha consolidación democrática conlleva implícita la persistente atención a sus dimensiones institucionales, actitudinales (o cultura política individual y colectiva), sectoriales (especialmente de las elites políticas de orientación democrática), entre otras. Como se sabe, todo ello es particularmente complejo en sociedades con seculares carencias socioeconómicas, que no pueden ser obviadas en el contexto de un régimen que pregona y propugna por la igualdad formal y real (Maihold y Córdova, 2002).

Las democracias electorales en proceso de consolidación también precisan atender otros desafíos tales como: la estatalidad – entendida como la presencia y la eficiencia del poder político democrático en todo el territorio del Estado –, la definitiva erradicación de enclaves autoritarios y de tradicionales vicios de gobierno (corrupción, clientelismo, etc.), monitorear y denunciar nuevas formas de autoritarismos, y favorecer la expansión de los derechos y deberes de la moderna concepción de ciudadanía – reconociendo y atendiendo las demandas específicas emergentes (cuestiones de género, medio ambiente, desarrollo local, etc.).

La democracia electoral realmente existente en Honduras: virtudes y defectos de un sistema bipartidista consolidado

La historia política hondureña sugiere la existencia de procesos electorales desde inicio del siglo XIX (Rouquié, 1994). Sin embargo, normalmente se trataba de elecciones sin democracia y básicamente de orientación oligárquica – semejante a lo observado en muchos otros países latinoamericanos. Si nos concentramos en el ciclo democrático vigente (1980-2008, ver Cuadro 1), es posible apreciar ocho procesos electorales nacionales; el primero de naturaleza constituyente y los restantes siete de naturaleza simultáneamente presidencial, legislativa y municipal.

Todos los procesos electorales hondureños desde el retorno al orden constitucional han sido considerados libres, abiertos, legítimos y competitivos. También han sido monitoreados y avalados por observadores internacionales (OEA, Unión Europea, Naciones Unidas, entre otros). Los resultados han sido acatados tanto por los partidarios de diferentes gobiernos, como por la oposición y por actores político extra-partidarios (sindicatos, empresariado, instituciones religiosas). En el propio informe del PNUD (2004a, 2004b) se considera que el Índice de Democracia Electoral (IDE) del país es 1,0 (valor máximo) desde 1990.

En tal sentido, la exitosa realización de varios procesos electorales en Honduras sugiere la existencia de una democracia electoral estabilizada. Nótese, por ejemplo, que en dos oportunidades la oposición política logró triunfar electoralmente y asumió la administración del país. Asimismo, las garantías constitucionales básicas han sido observadas, y la participación político-electoral es considerada como el único mecanismo legítimo disponible para alcanzar el poder (Domínguez y Duarte, 2009).

El bipartidismo consolidado es otra de las peculiaridades del sistema político-electoral hondureño. Aunque muchos autores consideran que la legislación de organizaciones políticas es hasta bastante laxa con relación a la creación de nuevos partidos, dos centenarias instituciones políticas dominan el panorama del país: el Partido Liberal (centro) y el Partido Nacional (derecha). Junto a estas dos grandes organizaciones, también participan tres pequeños partidos: el Partido Innovación y Unidad (social-democracia), la Democracia Cristiana (centro-derecha) y la Unificación Democrática (centro-izquierda). Vale destacar que el modelo de bipartidismo hondureño es uno de los más consistentes de América Latina, especialmente al verificar el colapso de sus contrapartes en Uruguay, Colombia y Venezuela.

A pesar de algunas consecuencias negativas, el bipartidismo consolidado ha garantizado estabilidad y previsibilidad en la política local. La propia investigación del PNUD (2004a) sugiere que, en general, los hondureños están satisfechos con el papel desempeñado por los principales partidos políticos. Igualmente, más de noventa por cierto del electorado hondureño apoyó los candidatos de ambos partidos en los comicios realizados desde el retorno al orden constitucional. Y, aunque pueda ser considerado resquicio de autoritarismo, arcaísmo o falta de desarrollo de cultura política democrática, Honduras es el país latinoamericano donde los electores son más leales a los partidos políticos existentes – esto sugiere alta identificación del electorado con ambos partidos, y relativamente baja volatilidad electoral en el país. Esto último también se refleja en una alta participación electoral, y en una baja desafección, desinterés o apatía frente a la política, en general, y hacia el proceso de consolidación democrática, en particular (ver Cuadro 2).

Naturalmente los partidos políticos hondureños también adolecen de muchos vicios y problemas ampliamente conocidos e identificados en otros países latinoamericanos. Entre tales vicios y problemas sobresalen los siguientes: oportunismos, excesiva desideologización, impunidad, caciquismos, clientelismo y corrupción. Aún así, aparentemente la así llamada “crisis de los partidos políticos” latinoamericanos aún no se ha manifestado de forma evidente o definitiva en Honduras. A lo anterior es necesario agregar algunas ponderaciones adicionales actualmente presentes en el contexto del sistema político-electoral hondureño: (i) el debate sobre financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, (ii) la democratización interna de los partidos políticos, (iii) la separación de los comicios presidenciales, parlamentares y municipales, (iv) el eventual surgimiento de un sistema de partido predominante, (v) el creciente abstencionismo electoral..Conviene agregar que, por razones de espacio, no es posible considerar aquí aspectos técnicos e institucionales, incluyendo proyectos de reformas políticas y constitucionales. En general, tales proyectos de reformas políticas con consecuencias en los correspondientes procesos de consolidación democrática son semejantes a las impulsadas en otros países latinoamericanos, particularmente cuando se trata de cuestiones tales como la descentralización y el desarrollo local, las relaciones de género y raza, y la tecnología electoral (Maihold y Córdova, 2002; Domínguez y Duarte, 2009).

El gobierno de Zelaya: de una democracia electoral estabilizada a una democracia de ciudadanía en Honduras

Hasta poco antes del golpe de Estado el país centroamericano parecía ser una democracia electoral estabilizada. Independientemente del desfecho final de la crisis actualmente vigente en el país, no parece incorrecto comentar que los avances político-electorales logrados en Honduras desde el retorno al orden constitucional (en 1982) habían sido claramente significativos, elocuentes y hasta sorprendentes llevando en consideración la experiencia latinoamericana reciente. No parecía exagerado o inapropiado afirmar que dicho país estaba en el bloque de vanguardia en lo concerniente al desarrollo de la ciudadanía política y la consolidación democrática en el continente. Los datos presentados por el PNUD, bien como otras investigaciones y fuentes, atestiguan y confirman tales ponderaciones.

Naturalmente existen muchísimas tareas pendientes para lograr la construcción de una democracia de ciudadanía en el país. Honduras demuestra importantes avances en materia de ciudadanía política y de ciudadanía civil, pero graves e inaceptables rezagos en términos de ciudadanía social. En consecuencia, parece evidente que la democracia electoral vigente en Honduras no se transformará en democracia de ciudadanía hasta que los desafíos de pobreza, desigualdad, exclusión y explotación sean sensiblemente reducidos o definitivamente superados – lo que en la práctica, como se sabe, es algo extremadamente difícil de lograr.

Aunque puedan existir controversias, y reconociendo que el gobierno de Zelaya cometió muchos errores desde que asumió el poder en enero de 2006, parece evidente que él ha sido uno de los pocos mandatarios que realmente asumió la difícil tarea de mejorar las condiciones sociales de los más necesitados, y simultáneamente dinamizar la economía y la consolidación democrática del país. Algunas iniciativas – como elevar el salario mínimo, luchar contra la corrupción en las aduanas, reformar el sistema tributario nacional y adoptar una política externa independiente – fueron consideradas demasiado radicales por una pequeña élite acomodada y bastante reaccionaria. Conviene agregar que los representantes de esta clase dominante se sintieron desplazados del Ejecutivo, pero continuaron dominando de forma directa a los poderes legislativo – el propio Micheletti era presidente del Congreso Nacional –, judiciario y a los militares, bien como a la mayoría de los medios de comunicación y al sistema financiero.

La adhesión de Honduras a los convenios de cooperación auspiciados por el gobierno de Venezuela – especialmente Petrocaribe y la ALBA –, a pesar de ser en beneficio de toda la sociedad y principalmente de los sectores subalternos se tornaron particularmente preocupantes para los tradicionales grupos empresariales. Algo semejante se puede afirmar de la propuesta de consulta popular para una eventual formación de una Asamblea Nacional Constituyente, de naturaleza más democrática y popular. Aunque una evaluación detallada de cada una de esas propuestas excedería el espacio del presente artículo, es evidente que siempre se intentó que las mismas atendiesen a las reales demandas de la población. Todo ello fue boicoteado de forma sistemática, persistente y coordinada por toda la derecha – inclusive por la derecha enquistada en los poderes legislativo y judicial – temerosa de una supuesta infiltración chavista o de falsas acusaciones de afán reelectoral del gobernante. Y una consulta popular no vinculante programada para el día 28 de junio de 2009 terminó siendo la “justificativa” que toda la derecha unificada presentó como argumento para llevar a cabo la primera tentativa seria de golpe militar en América Central en el siglo XXI.

Consideraciones finales

El golpe de Estado en Honduras no se consolidó gracias a la firme oposición y resistencia de un considerable sector de la sociedad hondureña y por el unánime rechazo de la comunidad internacional. La tentativa de imponer por la fuerza de las armas al señor Roberto Micheletti en la Presidencia de la República ha sido considerado como una burda e insustentable usurpación. Los argumentos para intentar justificar lo injustificable carecen de credibilidad – se llegó a afirmar que el presidente Zelaya había firmado su renuncia al cargo o que ya no era presidente cuando fue secuestrado y expulsado del país. La dominación política de los golpistas pasa necesariamente por la represión, el bloqueo mediático y el oportunismo partidista.

Para sorpresa de muchos – especialmente de los usurpadores y sus acólitos – la resistencia popular es alta, creciente y coherente. El golpe palaciego no ha prosperado en función del rechazo de las clases subalternas de la sociedad, particularmente de buena parte de los sindicalistas, campesinos, docente, pobladores, indígenas, afrodescendientes, intelectuales y una parte significativa de la clase media. Las protestas en Tegucigalpa y en todo el resto del país se tornaron masivas. La represión no ha amilanado el espíritu combativo de la gente. Se trata del evidente rechazo de un segmento no despreciable de la sociedad civil contra un régimen fundamentalmente espurio.

Paralelamente, en el frente externo las reacciones han sido aún más sorprendentes y aleccionadoras. El régimen militar-oligárquico no ha sido reconocido por ningún gobierno del continente o del mundo. Por el contrario, el rechazo y la condena han sido prácticamente universales – inclusive de parte de aquellos gobiernos de derecha vigentes en países como México, Colombia, Canadá, Francia e Italia. La reacción de la comunidad internacional fue verdaderamente instantánea y categórica – inclusive del gobierno de los Estados Unidos, que otrora apoyaba, toleraba y/o simpatizaba con ese tipo de regímenes especialmente si era para substituir gobernantes considerados díscolos en países latinoamericanos. El gobierno de Micheletti ha sido expulsado de la Organización de los Estados Americanos. El mismo ha sido condenado por el Grupo de Rio, por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y por todas las potencias con vínculos e intereses en Honduras. Algo semejante se puede afirmar de la reacción de la mayor parte de la sociedad civil internacional – con excepción de los grupos conservadores hemisféricos y globales, para quienes el problema fundamental en el país ha sido la aproximación de Zelaya a los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). De modo general, no parece incorrecto afirmar que la comunidad internacional – a diferencia de la época en que predominaba la Doctrina de la Seguridad Nacional, verdadera base política de las violentas dictaduras anticomunistas latinoamericanas del pasado – simplemente no puede aceptar un retroceso autoritario tan evidente como el que propone explicita o implícitamente el régimen militar-oligárquico.

¿Cómo (se puede) salir de la actual crisis política y social hondureña? Al momento de escribir el presente artículo – quiere decir, el día 7 de julio de 2009 – la crisis golpista en Honduras parece evolucionar hacia un acuerdo político marco que incluye: (i) el inmediato retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República, (ii) la confirmación de las elecciones generales programadas para el día 29 de noviembre de 2009 y la transferencia del poder político a un nuevo gobierno legítimamente electo en enero de 2010, (iii) la promulgación de decreto de amnistía y reconciliación nacional, (iv) la realización de plebiscito para eventual conformación de una asamblea nacional constituyente en el plazo máximo de un año, y (v) la concesión de pensión para los familiares directos de las víctimas mortales que resultaron de la resistencia popular al gobierno de Micheletti.

Finalmente, y con base en los datos y tendencias disponibles en el presente momento, es posible ponderar al menos cinco “lecciones” de la experiencia hondureña: (i) la democracia realmente existente en Honduras – y ciertamente en muchos otros países latinoamericanos – aún está en proceso de consolidación, (ii) ha sido eficiente la reacción del sistema interamericano para contener y revertir la tentativa golpista, (iii) las leyes deben adecuarse a las necesidades histórico-estructurales de los pueblos (y no lo inverso), (iv) ha sido constructiva la posición del gobierno Obama, y algo semejante se puede afirmar con relación a la postura de prácticamente todas las otras potencias con vínculos e intereses en el país centroamericano – inclusive de gobiernos claramente conservadores e ideologicamente próximos al régimen de Micheletti –, (v) en la opinión de algunos analistas el caso hondureño se erige en una advertencia contra la implantación precipitada de profundas reformas económicas, políticas y sociales – especialmente aquellas de inspiración bolivariana –, y (vi) la política doméstica en Honduras nunca más será la misma, ésto es, el tradicional bipartidismo seguramente será resquebrajado en las próximas elecciones generales y la alternativa verdaderamente popular-progresista podrá aspirar a gobernar el país – siguiendo, quizás, el modelo salvadoreño, chileno o español.

Bibliografía

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