Francisco Javier Ruiz Durán*
Universidad de Extremadura
Correo: pacobadajoz@hotmail.com.
Resumen: En este artículo mostraremos como las concepciones totalitarias de la izquierda española provocaron, conscientemente, la caída del Régimen Constitucional de la Restauración, la caída de la dictadura de Primo de Rivera para evitar la vuelta al constitucionalismo y finalmente provocó la defunción de la II República por el deseo de implantar la <<Dictadura del Proletariado>>, por encima de cualquier legalidad.
Palabras clave: Restauración, Alcalá-Zamora, violencia política, fraude electoral, Frente Popular, CEDA, Golpe de estado de 1934 y Golpe de estado de 1936.
Abstract: In this article we will show how the totalitarian conceptions of the Spanish left, consciously, provoked the fall of the Constitutional Regime of the Restoration, the fall of the dictatorship of Primo de Rivera to avoid the return to constitutionalism and finally caused the death of the Second Republic for the desire to implement the << Dictatorship of the Proletariat >>, above any legality.
Keywords: Restoration, Alcalá-Zamora, political violence, electoral fraud, Popular Front, CEDA, coup d'etat of 1934 and coup d'etat of 1936.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Francisco Javier Ruiz Durán (2020): “La II República”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (febrero 2020). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/02/ii-republica.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/caribe2002ii-republica
1. La Restauración.
España, cuando se instauró la II República, era un país medio y bastante modernizado que comenzaba a cerrar la brecha con los países más prósperos del norte de Europa. Poseía una notable red de comunicaciones, una considerable industria, una población alfabetizada al 75%, un alto número de publicaciones, un desarrollo científico de segundo orden… Es decir, España había superado el periodo de semiestancamiento provocado por la época de los pronunciamientos militares –los progresistas eran de corte jacobino- y las guerras civiles de principios del siglo XIX. Dicho dinamismo comenzó, superada la I República y bajo el Reinado de Alfonso XII, con la <<Restauración>> dirigida por Cánovas sobre el <<turnismo>> de conservadores y liberales, siguiendo más o menos el sistema británico.
“La Restauración, época crucial en la historia contemporánea del país, evolucionó a una mayor democracia (sufragio universal desde 1890), aunque lastrada por la corrupción electoral (el caciquismo), pero con genuinas libertades de expresión, asociación, etc… el balance de la Restauración nos parece extraordinariamente positivo, comparado con la época anterior o con la II República: libertades, despliegue cultural, superación de <<pronunciamientos>>, estabilidad interna mantenida durante casi medio siglo –una verdadera proeza, dados los precedentes… por primera vez desde comienzos del siglo XIX España salió de su semiatrofia económica para crecer de modo sostenido y acelerado… El esfuerzo integrador de la Restauración fue deshecho por las nuevas fuerzas surgidas al abrigo de las libertades y del desarrollo económico, sobe todo el socialismo, el anarquismo y los nacionalismos periféricos. Los anarquistas asesinaron a Cánovas, Canalejas y Dato, quizá los tres políticos de mayor altura de la época junto con Antonio Maura, a quien también intentaron matar –como al propio Rey Alfonso XIII-. La Restauración quebró en 1923, víctima de una ola de terrorismo sin precedentes, de los efectos del desastre militar de Annual, en Marruecos, demagógicamente, explotado por la oposición… pero entonces quedó a la luz como las fuerzas revolucionarias y antiliberales, aunque muy capaces de arruinar el sistema, no constituían alternativa a él. Vino la dictadura de Primo de Rivera, y el PSOE colaboró con ella1… y el desarrollo económico fue el más intenso habido hasta entonces”.2
La descomposición política de la Restauración provocó la dictadura de Primo de Rivera, que duró de 1923 a 1930. “Como reconocía Ortega… la dictadura no había sido sanguinaria. Y había más: nunca había crecido tanto la renta… En tan pocos años se construyó una de las mejores redes de carreteras de Europa, se triplicó el número de teléfonos, se duplicó de sobra el de automóviles y la producción de energía eléctrica, y se pusieron en marcha vastos planes de regadíos. El hambre bajó a menos de la mitad de principios de siglo… mejoró la sanidad popular, y la esperanza de vida al nacer pasó de 40 a 48 años. La población empleada en la industria y los servicios sobrepasó por primera vez a la del sector primario. El analfabetismo decreció hasta un 32 por ciento, duplicándose la presencia femenina; y en casi medio millón los alumnos de primaria. Se concedió a la mujer la elegibilidad para cargos públicos, con quince mujeres en la Asamblea Consultiva creada por el dictador. Las mejoras fueron paralelas al mejor periodo cultural desde las guerras napoleónicas, al coincidir las generaciones del 98 y del 14 con una nueva, la del 27… se publicaron más obras de mérito que antes, y circulaba incluso propaganda anarquista y comunista, pese a estar prohibidas sus organizaciones, prueba de cierto liberalismo del régimen. No menos trascendental fue la supresión del terrorismo, de la guerra de Marruecos y del separatismo, los tres cánceres de la Restauración”. 3 Y en este contexto, cabe destacar que, las dificultades que tuvo Primo de Rivera vinieron de la propia derecha que por su corrupción o su ineptitud, no sólo desacreditaron el Régimen constitucional, sino que conspiraron políticamente contra él. Por ejemplo, el Conde de Romanones, Miguel Maura, Alcalá-Zamora o José Sánchez Guerra, que como afirmó Cambó, creían buenos todos los caminos para gobernar, incluso aliarse con los anarquistas, republicanos o independentistas, como se formalizó en el Pacto de San Sebastián. Pacto que se basó en el plan de un Golpe de estado para romper la transición hacia una nueva época constitucional.
Las elecciones municipales convocadas para el 12 de abril de 1931 por el Gobierno del Almirante Aznar, el último de la Monarquía, se vieron pronto desbordadas por la agitación política y la violencia callejera de las izquierdas; que las convirtieron en un plebiscito sobre la Monarquía y el Rey. En esta tesitura eminentes figuras monárquicas comenzaron, desde enero de 1930, a posicionarse en el campo republicano –Sánchez Guerra, Burgos Mazo, Villanueva, Bergamín, Melquíades Álvarez, Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora-.4 El ascenso fulgurante de las fuerzas republicanas desde 1929 culminó con el Pacto de San Sebastián firmado el 17 de agosto de 1930 donde se acordó “impulsar un movimiento político a la vez legal y revolucionario contra la monarquía, a fin de establecer la República, cuya definición se dejaría a una futura Asamblea Constituyente… aceptó el compromiso de que la República asumiría el reconocimiento de la autonomía de Cataluña”. 5 Pero los flagrantes errores de organización y coordinación del movimiento revolucionario hicieron que el Golpe de estado se adelantase en Jaca y acabase en un fracaso –la Unión General de Trabajadores y los militares involucrados en Madrid como Ramón Franco y Queipo de Llano, consuegro de Alcalá-Zamora, estaban preparándose para el día 15-. Aunque los fusilamientos de los dos oficiales que iniciaron en Golpe en Jaca así como el juicio a los responsables políticos del movimiento –Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, Largo Caballero y Casares Quiroga-6* terminaron convirtiéndose en parte de la propaganda política contra la Monarquía que llevó a los republicanos a tomar el poder; a pesar de que la prensa de los días 13 y 14 publicaron los datos que indicaban que los monárquicos habían obtenido un número de concejales muy superior a los de la conjunción republicano-socialista. El Rey optó por abandonar el país y la República fue proclamada el 14 de abril de 1931 en la provincia vasca de Éibar, y por la tarde se repetiría la proclamación en Madrid. Y “si a alguien cabe atribuirle la llegada de la República, y también su destrucción, es al conservador católico y ex ministro monárquico Niceto Alcalá-Zamora… influyente siempre, su papel fue decisivo en, al menos, dos momentos clave: en 1930-1931, para traer la República, y a finales de 1935 y principios del 36, al desahuciar del poder a la derecha moderada y allanar el camino al Frente Popular”.7
Es decir, el medio para acabar con la Monarquía fue el clásico pronunciamiento militar, muy en la tradición jacobina del siglo XIX, apoyado por una huelga general tras haberse atraído al PSOE al Pacto de San Sebastián. El Golpe de estado se inició en diciembre y terminó en un fracaso; aunque cuatro meses después, el 12 de abril de 1931, los procesados pudieron presentarse a las elecciones municipales donde alcanzaron el poder <<sólo>> en las capitales de provincia, mientras que en el resto del país fueron superados ampliamente por sus oponentes. Y entonces Maura –católico, conservador y monárquico como Alcalá-Zamora, organizó junto a Don Niceto la unión del republicanismo-, seguro de la descomposición de la Monarquía, empujó a sus compañeros para que volvieran a intentar asaltar el poder, y como había predicho; los Ministros monárquicos, empezando por el Conde de Romanones, incapaces de enfrentarse a la violencia republicana, dejaron que la noche del 14 de abril se ocupasen los ministerios por el Gobierno Provisional Revolucionario, mientras que el Rey iba camino del exilio. Eso sí, una vez en el poder el Gobierno Provisional, como ocurrió en la Revolución francesa y en la soviética, fue superado por las fuerzas más anticlericales y extremistas que comenzaron una oleada de incendios por varias provincias –más de cien edificios entre los que se encontraron bibliotecas, laboratorios, centros de formación profesional, iglesias, pinturas, esculturas…- sin que el Gobierno hiciera nada por frenarla8; es más, Alcalá-Zamora aprovechó para aprobar la disolución de la orden de los jesuitas. Llegados a este punto, Alcalá-Zamora siguió sin comprender que su proyecto de centro republicano para obtener el poder, con el apoyo de la izquierda, ya había cumplido su misión; y su sucesión en el Gobierno por la coalición jacobino-socialista de Azaña la certificó las elecciones del 14 de abril de 1931. De hecho, durante el Gobierno de Azaña ocurrieron varias sublevaciones anarquistas, el Golpe militar de Sanjurjo y la creación del gran partido conservador moderado –CEDA- con el que siempre soñaron Maura y Alcalá-Zamora; motivo por el cual Don Niceto le guardó una inquina que terminaría, como veremos más adelante, siendo la ruina de España.
2. La política republicana de 1931 a 1935.
De la II República siempre se nos ha dicho que buscaba <<modernizar el país>>, “pero todos los datos indican más bien una connivencia democrática muy discutible, y una escisión social cada vez más profunda en el marco republicano. En sus dos últimos años de gobierno hubo muchos más obreros muertos por la fuerza pública o en otras violencias públicas (no menos de 200, la cifra más alta del siglo para un periodo tan corto), mucho más presos y deportados, y muchos más periódicos cerrados, que en diez o veinte años de monarquía. El mismo Azaña… en sus escritos. Invoca espléndidos… ideales de concordia, eficacia y libertad, e implícitamente los declara irrealizables, por falta de gente capaz de trabajar por ellos o simplemente de comprenderlos. Y él mismo defiende o aplica métodos que infaliblemente habían de conducir al <<caos social>>. Refrendó la secularización de los cementerios, disolvió la orden jesuita, prohibió la enseñanza católica, justificó la violencia anticristiana, hostigando, en fin a la población católica, muy mayoritaria, vulnerando para ello las libertades de conciencia, asociación y expresión, como él mismo admitió. El balance de sus dos años de gobierno dista mucho de ser deslumbrante. Mucha gente –incluso la católica-, aunque resentida, estaba dispuesta a sobrellevar su sectarismo, a cambio de realizaciones prácticas. Y alguna hubo. Implantó el voto femenino (con apoyo de la derecha y fuertes reticencias en la izquierda, temerosa del conservadurismo atribuido a las mujeres) y el divorcio. Pero su reforma agraria sólo dio unas parcelas míseras a 4.400 campesinos… y lo avanzado por un lado se perdió por otro: politización del magisterio y supresión de muchos centros católicos prestigiosos, entre ellos lo más parecido que había en España a una facultad de Ciencias Económicas, en Deusto. El estatuto catalán… exacerbó [el problema]. La inseguridad retrajo la iniciativa privada, agravando la incidencia de la depresión mundial, y el hambre volvió a los niveles de treinta años atrás. En el plano de las libertades, la Ley de la Defensa de la República las reducía a muy poco en la práctica. Etc.”.9 El gran éxito del Gobierno de Azaña fue, por tanto, detener la rebelión de la <<Sanjurjada>>. Llegados a este extremo, debemos recordar que el General Sanjurjo aseguró la llegada de la República al mantener pasiva a la Guardia Civil que él mandaba, y puso al servicio de sus ideales republicanos; hasta que en agosto de 1932, se sublevó por considerar insoportable la situación del país. Eso sí, esta rebelión ha sido presentada históricamente como un Golpe de estado de la derecha, a pesar de que la inmensa mayoría de ella no se sumó al pronunciamiento; demostrando que optaba por la vía pacífica y legal.
Durante los dos primeros años de existencia de la II República gobernó una coalición de las izquierdas republicanas y el PSOE, cuya política se centró en cumplir lo que denominaban públicamente como la <<revolución republicana>> contra los <<antiestados>>: la Iglesia, el Ejército y la Monarquía. Sin embargo, esta política de exclusión provocó que la mayoría de sus opositores se organizasen para defender sus derechos en las urnas y así, las izquierdas fueron desbancadas del poder cuando el 19 de noviembre de 1933 se celebraron en España las primeras elecciones generales10*, tras la aprobación de la Constitución republicana.11* A finales de 1933 se presentó ante el Parlamento el nuevo Gobierno de centro-derecha presidido por Alejandro Lerroux -y entonces las izquierdas reaccionaron proponiendo un Golpe de estado, por lo que la CEDA, aun ganando las elecciones, tuvo que ceder el poder al Partido Republicano de Lerroux [de centro moderado] para evitar la violencia. Es más Lerroux pudo gobernar porque la derecha católica [CEDA] le apoyaba en el Parlamento. Por ende, si me lo permiten, aunque la CEDA no se confesó republicana demostró ser más respetuosa con la Constitución y el Estado de derecho del régimen republicano que todas las izquierdas españolas. Pero entonces, el Presidente de la república pudo volcar sus inquinas personales contra el líder de la CEDA hasta el punto de que la inestabilidad guberidntal que este produjo con la ayuda de las izquierdas provocaron que Gil-Robles pidiese al Presidente del Gobierno su entrada en el Gobierno; momento en el que el PSOE y la Esquerra Nacionalista catalana dieron el Golpe de estado de 1934.-. “De este modo, las elecciones de noviembre de 1933 habían servido para arbitrar algo más que una alternancia en el Gobierno. La pugna había sido más profunda: una suerte de plebiscito sobre la Constitución misma y el modo en que las izquierdas la habían aplicado. Por eso, cuando se formó el nuevo Parlamento y se eligió al nuevo Gobierno de centro-derecha… empezaba una etapa radicalmente nueva… esta se prolongó hasta los primeros días de enero de 1936, cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, disolvió nuevamente las Cortes”. 12
Los republicanos de Lerroux querían centrar la República y demostrar que se podía gobernar muy lejos del radicalismo doctrinal de otros líderes de izquierda como Azaña, Álvaro de Albornoz o Marcelino Domingo; incluso en los problemas más importantes: la libertad de enseñanza, la propiedad de la tierra, la libertad de contratación, la fijación de salarios, las relaciones Iglesia-Estado, el papel de los sindicatos, etc. Pero las concepciones totalitarias de los partidos que conformaron el gobierno del primer bienio republicano les llevaron a entender que cualquier reforma así como la entrada de la derecha católica en el Gobierno, eran de por sí una amenaza para la supervivencia del régimen republicano. Es decir, la simple formación del Gobierno de centro-derecha puso de manifiesto la fractura sistemática “que presidía la política republicana desde su misma fundación, cuando las izquierdas habían decidido trasladar su <<revolución republicana>> a la Constitución e identificar democracia con sus políticas y su Gobierno>>”. 13 La propaganda republicana ha conseguido denominar históricamente, en contra de la veracidad histórica, al Gobierno radical-cedista como el <<bienio negro>>. Pero en realidad, la política del Gobierno de centro-derecha durante su primer año de mandato se atuvo, simplemente, con moderación y pragmatismo a cambiar el rumbo del Régimen dentro del marco constitucional, a paralizar la expulsión de la Iglesia de la educación española, que era la culminación lógica del laicismo constitucional de la República, y a contrarrestar la violencia política, así como el desafío revolucionario, de las izquierdas. Y en contra de lo que se nos ha enseñado: el Gobierno radical-cedista no sólo no canceló la Reforma agraria aprobada por Azaña, siendo Ministro de Trabajo Largo Caballero, si no que durante 1934 se asentó a más campesinos que en todo el bienio de izquierdas14; aumentó el presupuesto para educación, se aceleró la construcción de escuelas públicas y se incrementó el número de maestros de primaria; y también permitió que la Iglesia pudiese recuperar su lugar en los espacios públicos aunque ellos no tenía financiación pública ni podían celebrar actos públicos de culto sin permisos gubernativos. “Así, a finales del verano de 1934, la colaboración radical-cedista no había dado lugar a la anulación de los principales aspectos que identificaba la República con la política de izquierdas. Sin embargo, por limitadas que fueran, todas las medidas aprobadas por los gobiernos radicales exasperaron a la opinión de izquierdas y fueron puestas como ejemplos de la destrucción de la República de 1931. La descalificación fue ajena a todo realismo y estuvo basada en el partidismo extremo. No en vano, la radicalización ideológica del Partido Socialista había empezado antes de las elecciones de 1933 y se acentuó toda la primera mitad de 1934… el lenguaje insurreccional… no ocultaba que se estaban preparando para responder con las armas ante la probable llegada de la derecha al poder. En agosto de 1934, sin que mediara ningún motivo especial, medios socialistas como Renovación llamaban ya directamente a la <<insurrección armada por la conquista del poder>> y ponían en tela de juicio cualquier comportamiento de reformismo sindical… no había riesgo objetivo de destrucción de la República a manos de una derecha autoritaria; algo por lo demás, que no era desconocido ni negado por algunos altos dirigentes del sindicato y del Partido Socialista”. 15
La CEDA era un partido moderado, pragmático, posibilista y católico que buscaba que la república no anulara la libertad de expresión, reunión y expresión; recordando una y otra vez, públicamente, que cuando llegara el momento de pedir la reforma constitucional, ellos lo harían ganándose a la opinión pública y ratificándolo en las urnas. Algo que era más que una posibilidad para 1934 sí la CEDA además de a su socio de Gobierno se aliaba con los agrarios. “Por eso cuando, en octubre de 1934, tres ministros de la CEDA entraron en un nuevo Gobierno de Lerroux, aquellos cumplieron su amenaza y desencadenaron una insurrección que en algunos lugares del país llegó a ser muy violenta y se cobró la vida de más de un millar de personas...16* los socialistas se comportaron… [de forma] coherente con su discurso. Ahora lo relevante… es el hecho de que las izquierdas republicanas no condenaron rotundamente esa insurrección, escudándose en que Lerroux había permitido la llegada de los enemigos de la República al Gobierno… y sirvió para deslegitimar ante el electorado de centro izquierda la opinión que habían planteado los lerrouxistas: centrar la República y atraer a una parte de la derecha católica al sistema, sentando las bases para una posterior revisión de la República de 1931. Después de octubre de 1934, el régimen parlamentario, aun sin los socialistas en la Cámara, siguió su curso y no hubo suspensión indefinida de los derechos constitucionales. Nadie aprovechó para fundar un régimen autoritario”. 17
En este sentido, Besteiro acusaba a la prensa del PSOE de <<envenenar>> a los trabajadores tanto como de seguir la línea soviética: <<Por ese camino de locura decimos a la clase trabajadora que se la lleva al desastre, a la ruina y en último caso se la lleva al deshonor>>. <<Vais a llegar al poder, si llegáis, empapados y tintos de sangre>>, vaticinó, y sólo para emprender luego otra lucha con la CNT. Pero los besteiristas, sometidos a una lluvia de acusaciones, presiones e intimidaciones, terminaron apartados de cualquier poder efectivo en el partido y el sindicato. En ese momento, Largo y Prieto estuvieron libres para preparar la revolución mediante una comisión secreta del PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas; como dejaron claro en sus instrucciones secretas,18 donde reseñaron que la insurrección debía entenderse como una guerra civil desarrollada con la máxima violencia. De facto, durante 1934, organizaron grupos de choque, depósitos de armas, células dentro del Ejército y las Fuerzas de Seguridad… mientras afirmaban públicamente: “<<en las elecciones de abril [del 31] los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron las vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo (…). La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero luego justifica la historia (…). El socialismo ha de acudir a la violencia máxima para desplazar al capitalismo. La revolución no puede tener por objeto asustar al capital, sino destruirlo… Largo [afirmaba]… estamos en plena guerra civil!”. 19 Por ello, “los jefes de la insurrección, algunos de ellos diputados del PSOE, recibieron instrucciones… se declaró la huelga general… y si no llegaron a tomarse los cuarteles de Madrid fue porque los militares con cuya colaboración contaba el PSOE se echaron atrás… cuando ya estaban en marcha los ataques. Algunos republicanos, creyendo que el PSOE triunfaría, se sumaron a la sublevación. Azaña… más tarde negaría haber comulgado con la insurrección… La idea del PSOE era imitar el putsch que los nazis austriacos habían llevado a cabo ese mismo año contra Dollfuss”.20
Es más, el Golpe de estado se desencadenó el 4 de octubre de 1934 con el pretexto de la entrada de tres Ministros de la CEDA en el Gobierno –esto se presentó como un Golpe de estado fascista-. Y esta no sólo ocurrió en Asturias, donde duró dos semanas, se produjeron 1.400 muertos y se destruyeron cientos de edificios –iglesias, centros culturales, bibliotecas, edificios públicos, la Universidad de Oviedo, fábricas, carreteras, vías ferroviarias…-; sino que afectó a 26 provincias –Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, León, Albacete, Zaragoza, etc.- con multitud de muertos y de heridos. Es decir, “fue el mayor intento revolucionario en Europa Occidental desde la Comuna de París, 64 años antes, y las izquierdas obreristas en todo el mundo lo celebraron como un hito en el camino de la emancipación humana”. 21 Y lo realmente relevante fue, que el PSOE sabía que el fascismo en España no era un peligro: Besteriro lo contradecía públicamente; Araquistaín, el mayor ideólogo teórico del bolchevismo, durante los preparativos del Golpe del 34, llegó a afirmar en la revista Foreing Affairs que <<no existían en España condiciones sociales y políticas para el fascismo>>; y hasta Largo Caballero –el Lenin español- lo sabía cuándo le dijo a sus compañeros que si el alzamiento fracasaba no lo reivindicarían para seguir explotando las garantías de la legalidad burguesa. Y aquí se certificó la defunción de la II República porque mientras que en la Sanjurjada, las derechas apenas se identificaron con la asonada, el alzamiento de 1934 sí atrajo a los mayores partidos obreros y fue acogido con simpatías por los partidos republicanos de corte jacobino. En 1935, el PSOE bajo el mando aparente de Prieto, se subordinó a Azaña para fraguar el Frente Popular; aunque Largo seguía manteniendo el poder en las Juventudes, y esperaba que se acallasen los ecos del fracasado alzamiento, se aprobase la amnistía tras la victoria electoral y se volviesen a reorganizar para el siguiente Golpe de estado a la República.22
“La campaña posterior sobre la represión enconó los ánimos de modo terrible. No obstante, las acusaciones sobre la represión fueron casi todas falsas o muy exageradas. Llegado al poder, el Frente Popular rehusó investigar y aclarar los hechos denunciados, que tanto le habían beneficiado electoralmente”.23 Entre medias, “las tensiones en el PSOE llegaron a tal extremo que a finales de mayo Prieto y varios de los suyos estuvieron cerca de perder la vida en un mitin, en Écija, a manos de los seguidores de Largo, de quienes tuvieron que huir defendiéndose a tiros, y protegidos finalmente por la Guardia Civil”. 24
En esta línea, los gobiernos de 1935 tampoco supusieron cambios importantes para las políticas de izquierda del primer bienio, ni cuando la CEDA consiguió 5 ministerios en mayo de 1935. Y ni siquiera entonces, tras el Golpe de estado de las izquierdas de 1934, el centro-derecha católico se atrevió a iniciar los trámites de una reforma parcial de la Constitución que incluso Alcalá-Zamora, el Presidente de la República, apoyaba públicamente, como también sus socios de Gobierno. Para entonces la violencia socialista confirmó a muchos cedistas que “la República, en tanto que régimen de y para las izquierdas, podía ser una puerta abierta al marxismo y a la destrucción del orden social y la libertad… para las izquierdas republicanas y socialistas, <<Octubre>>… la defendieron y reivindicaron como un acto de legítima defensa… para unirse en torno a la bandera de la amnistía, es decir, la defensa abierta y clara de la acción revolucionaria y de sus protagonistas. Sin duda, tuvo razón el socialista Indalecio Prieto cuando, ya en el exilio, aseguró que aquella revolución solo había servido para <<hacer más profundo el abismo político que dividía a España>>”.25
En diciembre de 1935 el Gobierno estaba en manos de Joaquín Chapaprieta, un tecnócrata ajeno al Partido Radical y a la CEDA, aunque todo el mundo sabía que era un Gobierno de transición pues los católicos, tras dos años de sacrificios donde aun siendo el partido más votado no gobernaban, ya esperaban poder constituir pronto un Gobierno liderado por ellos para iniciar la reforma constitucional y consolidar las políticas de obras públicas iniciadas por sus Ministros; para poder presentarse ante los españoles como el partido que había detenido la revolución republicana desde la legalidad. Y entonces, bajo la dirección de Alcalá-Zamora, Prieto y Azaña, estalló el caso de corrupción conocido como <<caso Nombela>>, que afectaba a Lerroux y ello derivó en la caída del Gobierno radical-cedista y la descomposición del Partido Radical -aunque el día 7 el propio Parlamento terminó exculpando a Lerroux de las acusaciones de corrupción-; a renglón seguido, el día 8 el Presidente de la República, Alcalá-Zamora, en vez de llamar a Gil-Robles para que liderara la coalición de centro derecha realizó “una particular manera de interpretar la Constitución. Creía que podía ignorar la Constitución. Pensó que podía ignorar recurrentemente, y no de forma extraordinaria, la composición de la Cámara y maniobrar para que se formaran gobiernos de independientes o líderes de pequeñas minorías que, o bien mendigaban el apoyo de la mayoría, o, si no lo conseguían, gobernaban durante algunas semanas con el Parlamento cerrado. De este modo, entre el 9 y el 11 de diciembre se sucedieron varios encargos de gobierno… fracasados… El problema residía en que Alcalá-Zamora no estaba por la labor de nombrar presidente del Consejo al líder de la CEDA, argumentando que no se había presentado a las elecciones de 1933 como <<perfecto>> republicano… las maniobras del presidente para impedir que la derecha católica gobernara… la tarde del 11 de diciembre. Alcalá-Zamora amenazó con disolver las Cortes y convocar elecciones, en un último intento para que la CEDA permitiera gobernar al presidente de otro partido… Gil-Robles consideraba que la postura de Alcalá-Zamora era contraria a las normas de un régimen parlamentario. No estaba falto de razones, aunque… la Constitución permitía que esta propiciara gobiernos extraparlamentarios… [y] acabaría otorgando el Gobierno a otro hombre sin partido, Manuel Portela Valladares”. 26
Ante tal situación, Gil-Robles siguió defendiendo públicamente su idea del <<posibilismo>>; reiterando que la CEDA se mantenía en el campo republicano; y respondió que no lideraría ningún movimiento como el que el General Fanjul, en calidad de subsecretario del Ministerio de la Guerra, le había propuesto a uno de los Ministro de la CEDA –“la maniobra propuesta por Fanjul quedó rápidamente descartada. El mismo jefe de Estado Mayor, general Franco, mostró su negativa a que los militares intervinieran en un problema que, a su juicio, debían resolver los políticos”.27 -. Pero el Presidente de la República, además, firmó el decreto de suspensión del Parlamento por adelantado y en connivencia con Portela sin fecha fija; hecho que las derechas denunciaron como <<una manifiesta violación de la Constitución vigente>>, que Gil-Robles denominó como <<un verdadero Golpe de estado>>, aunque el pueblo español no llegó a enterarse de ello gracias a la censura de la prensa que ordenó el Gobierno.
Y todo ello sin haber recordado que, tras el fracaso del Golpe de estado que realmente fue la Revolución de octubre de 1934, la izquierda obrera se halló fuera del régimen parlamentario pues una gran parte de sus alcaldes y diputados provinciales fueron destituidos, cerradas muchas de sus sedes políticas y Casas del Pueblo y encarcelados muchos de sus dirigentes nacionales y de sus cuadros políticos y sindicales; por su implicación en las violencias que se desataron por toda España. Aunque nada de ello provocase que el Partido Socialista, a excepción de Julián Besteiro y sus seguidores, optase por volver a la vía legal y abandonar sus propósitos de conquista revolucionaria del poder para acabar con lo que denominaban <<democracia burguesa>> bajo el liderazgo de Largo Caballero, que se autodenominaba <<el Lenin español>>28. De aquí que el PSOE siguiera alimentando el mito de <<octubre>> y la propaganda sobre la represión del Estado para reforzar su victimismo frente a lo que denominaban <<los enemigos de la clase obrera>>. “Ignorando los muertos y heridos que la revuelta había generado entre los miembros de las fuerzas armadas y de orden público, los religiosos o los afiliados a los partidos conservadores y los sindicatos católicos, esa propaganda multiplicó por doquier el número de <<obreros>> presos, la célebre e infundada cifra de 30.000 que tan eficaz se mostraría como recurso electoral, aparte de los fusilados sin causa, los torturados y las mujeres violadas. Significativamente, la estadística de la Dirección General de Prisiones revelaba que a 15 de febrero de 1936 la población penal, incluyendo los presos comunes, ascendía a 20.446 individuos en toda España… podrían estimarse en unos 8.000 los encarcelados por los sucesos de 1934. La huida hacia adelante que suponía glorificar <<Octubre>> y sus mártires impedía, así, que prosperase cualquier intento de debilitar el discurso de los partidarios de la violencia… y la asunción de responsabilidades”. 29
Es decir, los Gobiernos de centro-derecha no ilegalizaron ni al PSOE ni a la UGT ni a la Esquerra Republicana, pese al requerimiento que presentó la derecha autoritaria de los monárquicos de Calvo Sotelo, y apostaron por el fortalecimiento del ala reformista del PSOE, la de Besteiro, que era contraria a la violencia y a la <<dictadura del proletariado>>. Finalmente, como Besteiro no inició una escisión de un partido socialista, que dominado por la vía insurreccional, optó por el retraimiento parlamentario a la espera de otra oportunidad. Prieto, desde el exilio, abogó de nuevo por una alianza con comunistas y anarquistas como en las <<Alianzas Obreras>> de 1933 para coordinar la acción insurreccional; pero esta vez también debían dejar espacio para los partidos republicanos de izquierdas no implicados en la <<represión>> como finalmente Fernando de los Ríos y Juan Simeón Vidarte comenzaron a hacer en 1935. Esta vía de conjunción republicano-socialista, que gobernó en el primer bienio, era originariamente de Azaña que no dejó de negociar con Prieto su nueva implementación. El acuerdo estudiado fue que el PSOE no entraría en el Gobierno y se cimentaría en un programa previamente pactado donde se incluiría la amnistía de los presos de Octubre, el reinicio de las expropiaciones de fincas rústicas y la novedad de no prescindir de comunistas y anarquistas –los peores enemigos del primer bienio-. Finalmente, Azaña aceptó llevar el peso con tan sólo apoyos puntuales del PSOE para su programa de <<recuperación de la República>>; y con ello reforzó la vía revolucionaria de Largo Caballero, en el socialismo español, que incluso vetaba cualquier concomitancia con la <<izquierda burguesa>>, mientras maniobraba para expulsar del partido a los seguidores de Besteiro y Prieto en busca de implementar un <<centralismo democrático>>, así como un <<frente obrero>> junto con comunistas y anarquistas –eso sí Largo quería que el PCE se disolviera y se reintegrase en el <<partido único del proletariado>>-.
El PCE, a las órdenes de la Komintern o Internacional Comunista, profundizó en las disensiones internas del PSOE para ir acercándose a las organizaciones socialistas, aunque incluso en la campaña electoral de 1933 seguían señalándolas públicamente como <<socialfascistas>>. Además, aunque en Octubre la dirección la llevó el PSOE, serían los comunistas quien verdaderamente rentabilizaría la revolución de 1934 con su propaganda; y con ello el PCE consiguió el banderín de enganche que necesitaba para atraerse a las masas del PSOE y de la UGT, hacia el mito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así las secciones sindicales y juveniles del PSOE y del PCE se terminarían fusionando bajo la supervisión de Victorio Codovilla, el delegado de la Komintern en España. Los líderes del PSOE lo permitieron creyendo, por su enorme diferencia de poder, que serían ellos los que coparían al comunismo, algo que pronto se descubrió falso cuando las nuevas Juventudes Socialistas Unificadas se convirtieron en la punta de lanza de la <<bolchevización>> del Partido Socialista. Fue “el <<abrazo de la serpiente>>, como desde Moscú se bautizó a esta política de fusiones <<para invertir las relaciones de fuerzas con el mundo socialista>>, rendía así sus primeros frutos”. 30 Y desde mayo de 1935 el PCE comenzó a poner en marcha las agrupaciones populares antifascistas bajo el nombre de <<Bloques Populares>> cuyo programa se condensaba en lo que denominaron <<defensa de las libertades democráticas>>. Estos trabajos para romper el aislamiento del comunismo en la política española fueron respaldados desde Moscú con el VII Congreso de la Komintern que a finales de agosto de 1935 daría su visto bueno para la alianza con la <<izquierda burguesa>> mediante los <<Frentes Populares>>. Fue en ese congreso donde Moscú por primera vez distinguió entre democracia y fascismo; aunque realmente sólo de manera transitoria hacia la imposición de la <<Dictadura del proletariado>>; su verdadera misión histórica.
3. La campaña electoral de 1936.
El 8 de enero de 1936 se publicaron los decretos que disolvían las Cortes y convocaban las elecciones para el 16 de febrero –ante lo cual se tuvieron que restablecer las garantías constitucionales y cesar el Estado de alarma vigente en España tras el Golpe de estado de 1934-. La Ley electoral era la de 1907, desarrollada por la Monarquía liberal, pero con las modificaciones de los decretos del Gobierno republicano del primer bienio que buscaron garantizar que una gran coalición de republicanos y socialistas pudieran obtener una amplia mayoría de escaños ante una derecha débil y fragmentada. Pero en las elecciones municipales de 1933 esa Ley creada por el bienio republicano-socialista, para el <<aplastamiento de las minorías>> como la denominaron varios diputados, les dio la victoria a las fuerzas de centro-derecha; y Azaña lo interpretó como una falta de coordinación electoral entre los republicanos y los socialistas; aunque en realidad, la victoria devino de la creciente capacidad de movilización del centro-derecha en las grandes circunscripciones. “Y es que, como observaba agudamente Alcalá-Zamora: <<Para tener una mayoría parlamentaria, bastan unas decenas de millar de votos (ni siquiera hacen falta las centenas de mil), repartidas afortunadamente […] en las doce o catorce grandes circunscripciones, aun cuando la mayoría de las otras supongan muchísimos más votos”.31 No olvidemos, que la reforma electoral se hizo porque la conjunción republicano-socialista sabía que los monárquicos estaban extensamente implantados por todo el país, especialmente en el mundo agrario, mientras que sus fuerzas se centraban en las grandes ciudades. Es más, en 1935 el propio Azaña lo admitió en un mitin en Comillas: “¡Estaría bueno que habiendo elaborado una ley mayoritaria, pensando en una coalición que después se rompió…que nos prestáramos a su derogación y sustitución por otra que venga del Gobierno actual con vista a la reforma electoral es para nosotros sospechoso… y todo lo que propongan tiende a disminuir el triunfo de las izquierdas”.32
El PSOE, en las elecciones de 1936, presentó un programa que imposibilitaba su confluencia con el centro-izquierda, pues este apenas se desligaba del programa revolucionario de octubre de 1934: derogación de todas las leyes sociales del Gobierno de centro-derecha, el restablecimiento de todas las leyes del primer bienio y la imposición de multas para los patronos que las incumplieran, el control obrero del comercio y de la industria, la nacionalización de la Banca, la expropiación de las fincas rústicas, el restablecimiento del Estatuto de Cataluña y su extensión a otras regiones, la creación de una milicia civil armada conformada con afiliados de los partidos republicanos y obreros, el establecimiento de relaciones con la URSS y como novedad la amnistía para todos los revolucionarios condenados desde abril de 1934 así como la destrucción de todos los ficheros policiales. Dicho programa fue acogido por el Partido Comunista hasta el punto de adecuarlo, prácticamente, con el del Bloque Popular Antifascista que además pedía: la derogación de la Ley de vagos y maleantes, la confiscación de las tierras sin indemnizaciones, la devolución a los ayuntamientos de los bienes comunales, el subsidio para los parados forzosos, la expulsión de las órdenes religiosas y la confiscación de sus bienes en beneficio del Estado, la educación laica obligatoria, la disolución de los Institutos Armados, la depuración política del Ejército y de los funcionarios <<monárquicos, fascistas y enemigos del pueblo>>. En este contexto, para Izquierda Republicana y la UR, tampoco había acuerdo posible con la CEDA.
El PSOE no ocultó en sus mítines que exigirían a las fuerzas <<burguesas>> que desapareciesen voluntariamente, que no olvidarían la colaboración de la izquierda republicana con el Partido Radical tras las elecciones, que la coalición era el vehículo para poner en marcha la revolución democrático-burguesa que finiquitaría a la España conservadora, que destrozarían la base económica del país para acabar con la raíz del fascismo… por lo que la vuelta del PSOE a la legalidad no garantizaba el fin de la vía subversiva. “Era el corolario lógico de una autocrítica superficial, que atribuía la derrota electoral de 1933 a la suavidad de las políticas del primer bienio. Esta, conjugada con el sufragio femenino y la desunión izquierdas, permitió que una derecha en principio débil y abúlica se convirtiera en una fuerza política victoriosa. Tampoco diferían los centristas de caballeristas y comunistas en que la República no estaría consolidada mientras no se arrancase a la <<oligarquía agraria y financiera>>, de la que los partidos conservadores eran meros testaferros, sus medios de dominio de la sociedad española”.33 Pero en esta coalición electoral Azaña siguió vetando, como hizo en el primer bienio, a la Izquierda Radical-Socialista, la Izquierda Federal y al Partido Democrático Federal; los representantes de IR, UR y PNR afirmaban que se negarían a proteger a los militares y a los policías que había participado en la represión del Golpe de estado de octubre de 1934, que investigarían sus responsabilidades en las aplicaciones del bando de guerra decretado por el Gobierno contra los revolucionarios y que anularían los despidos de los obreros involucrados en la violencia pasando por encima del Estado de derecho; Álvarez Mayo del PSOE alababa Octubre como el camino a “una <<nueva sociedad socialista>> como la Unión Soviética. Caballero confirmó estos extremos… si <<Octubre>> hubiera triunfado, <<habríamos transformado la República democrática burguesa en una República socialista>>”34 ; los socialistas y sus aliados de extrema izquierda pedían también el reconocimiento moral y material para los héroes revolucionarios que habían defendido el orden constitucional, su amnistía y el castigo para los miembros del Gobierno que habían detenido su Golpe de estado… Por tanto, el programa obrero era la mejor muestra de por qué los republicanos como Azaña, Martínez Barrio o Sánchez Román pensasen que no sería posible una futura colaboración parlamentaria si la izquierda obrera persistía en un camino, que dejaba el camino del constitucionalismo y el sistema parlamentario por el de <<la dictadura del proletariado>>.
Eso sí, Largo Caballero dejó meridiaidnte claro a toda España en el mitin madrileño del 12 de enero que, no habría renuncia a su programa revolucionario cuando “recordó a los republicanos que el PSOE ya no luchaba por la República democrática, sino por el <<socialismo>> y una <<dictadura del proletariado>> semejante a la Unión Soviética… que la coalición electoral era circunstancial y de que, <<cualquiera que sea el programa que se publique>>… nada los desviaría <<de nuestro objetivo final>>… el triunfo del socialismo marxista>>… [pues] para el líder de la izquierda socialista y presidente de la UGT, el carácter democrático de la República hacía al régimen fatalmente defectuoso, al propiciar lo que llamaba <<flujos y reflujos>>: <<Hoy las derechas… mañana… las izquierdas, luego volverán las derechas>>, y precisamente por eso había que propiciar <<un régimen estable>> que impidiera la alternancia política y permitiera el monopolio del poder político”. 35 Finalmente, el 16 de enero se publicó el <<manifiesto >> o <<pacto>> electoral de las izquierdas denominado Frente Popular.36
Llegados a este punto, no es de extrañar que la CEDA comparase públicamente a los republicanos de izquierda con el Gobierno de Kerensky, pues como él, serían la vía que permitiría la toma del poder al Totalitarismo socialista: la vía táctica de Lenin, que veía el sufragio universal sólo como una modalidad más de la lucha de clases; ni tampoco de que el periódico El Socialista publicase las palabras de su líder Largo Caballero: “si los resultados electorales se saldaran con una derrota… los socialistas irían <<a la guerra civil declarada>>”.37
En la candidatura del Frente Popular, incluidas las circunscripciones catalanas, el centro-izquierda salió ligeramente mejor, pues de las 347 candidaturas que presentaron 192 fueron para ellos y 155 para las obreras; aunque tras las elecciones se redujo a 161 y 145 respectivamente. Lo que descubre que el peso de la extrema izquierda hubiera limitado, coaccionado e incluso impedido, cualquier medida del Gobierno contraria a sus planes totalitarios. Por la otra parte, la CEDA, contrariamente a lo que se nos ha enseñado, se enfrentó al <<cordón sanitario>> que toda la izquierda española quería imponerle para evitar su llegada al Gobierno, manteniendo su tesis de que era posible transformar el Régimen republicano desde dentro y sin ilegalizar las formaciones que había violado la legalidad en 1934. Motivos por los cuales el líder de los monárquicos, Calvo Sotelo, no se ahorraba las críticas a Gil-Robles por su <<ingenuidad>>; a la par que le pedía que se uniesen electoralmente en <<la comunión de las derechas>> o <<Bloque Nacional>>. Pero como Gil-Robles no deseaba suprimir la Cámara si no tan sólo reformar la Constitución y además quería unirse incluso con los republicanos conservadores –Partido Agrario, Partido Radical, Mauristas, Lliga Catalana y otros republicanos moderados-, esa <<comunión>> con los monárquicos eran tan sólo una entelequia de Calvo Sotelo. No olvidemos, que aun yendo sola la CEDA a las elecciones tenía aseguradas las mayorías en veinte provincias y las minorías en las restantes. Ni tampoco, que la CEDA nunca invitó a esas negociaciones a la Falange Española [nacional-sindicalismo] que buscaba un <<Frente Nacional>>. Finalmente, la CEDA se unió en la mayoría de las circunscripciones con los republicanos moderados, por lo que en Cataluña conformó junto a la Lliga el Front Catalá d´Ordre; sólo aceptó ir junto a los monárquicos donde los partidos de centro-derecha no tenían fuerza para enfrentarse al Frente Popular, lo que imposibilitó su acuerdo con el PNV; y con los tradicionalistas por su notorio peso en las ciudades de Sevilla, Almería, Burgos, Salamanca, Toledo, Valencia y por su puesto en toda Navarra. Es decir, la CEDA negoció las candidaturas, sitio a sitio.
Mientras tanto el Gobierno de Portela, siguiendo los deseos de Alcalá-Zamora, intentaba crear un nuevo partido de centro, que nunca tuvo de visos de asentarse porque buscaba centrar la república sin contar realmente con el centro-derecha católico, por no considerarlo republicano; razones por las cuales orquestó las denuncias de los casos del Estraperlo y Nombela para destruir al Partido Radical [centro-derecha republicano], por haber permitido a la CEDA entrar en su Gobierno; y porque nunca podría haberse atraído a las demás fuerzas del centro ya existentes –UR y PNR de centro-izquierda, Partido Liberal Demócrata, Partido Republicano Conservador y Partido Agrario Español de centro-derecha-. Motivos por lo que finalmente los miembros del Gobierno, a última hora, cuando percibieron el fracaso de la ingeniería política del Presidente de la República, tuvieron que integrarse entre las dos grandes coaliciones electorales. Es decir, el propio Presidente de la República, Don Niceto Alcalá-Zamora, intentó demorar la disolución de la Cámara con el fin de tener más tiempo para crear un nuevo partido de centro que aunque minoritario, siguiese presidiendo el país gracias a un Gobierno de <<conciliación>>, apoyado por la fuerza electoral de la CEDA. Recordemos que para Alcalá-Zamora los católicos de la CEDA no eran auténticos republicanos y por ende, no tenían derecho a gobernar. Eso sí, no podemos obviar que Portela, el Presidente del gobierno, ya desde 1935 comenzó a hacer guiños a la izquierda: autorizó la reaparición del periódico El Socialista y de las sedes del PSOE cerradas por orden gubernativa sin ni siquiera informar a sus Ministros; prometió que se gestionaría la libertad condicional o la prisión atenuada para los detenidos de octubre que estaban esperando juicio; le entregó al centro-izquierda la diputación de La Coruña, puestos en los gobiernos provinciales de Soria, Santander y Soria y gestoras –que habían sido suprimidas por ilegalidades manifiestas- en varios ayuntamientos; permitió la suspensión de varios mítines y actos de la CEDA en Guadalajara, Lugo, Córdoba, Morón de la Frontera (Sevilla), Castalla (Alicante) y Almorox (Toledo); multó y secuestró varias ediciones de periódicos conservadores a la par que llegó a amenazar a Gil-Robles con su encarcelamiento si continuaba la campaña de <<injurias>> contra las maniobras políticas del Presidente de la República.
Sin embargo, Portela terminó comprendiendo que la única salida era acercarse a la CEDA pues entendiendo que no tenía votos suficientes para triunfar en ninguna provincia de España. “Significativamente, una vez conseguida la autorización de Portela, sus candidatos priorizaron los acuerdos con las derechas antes que con las izquierdas. La razón de más peso era que el rechazo de Alcalá-Zamora y su Jefe de Gobierno hacia la CEDA no era compartido por la mayoría de sus seguidores. No en vano muchos portelistas habían estados ligados a las candidaturas conservadoras en las elecciones de 1933… descontada la actitud revolucionaria de los socialistas y la amplitud del frente de izquierda… desde una lógica parlamentaria… <<¡Si después de las elecciones ni podrían gobernar las derechas solas ni el centro solo! ¿A qué abrir ahora una sima entre ambos bandos?>>”.38 Pero Chapaprieta y Portela seguían jugando a dos bandas como desveló el propio Azaña en los mítines de León y Madrid el 9 y el 12 de febrero cuando afirmó que le estaban tentando con el empleo partidista de la fuerza pública y la reposición de ayuntamientos si el Frente Popular le aseguraba la elección de sus candidatos; así quedaba demostrado públicamente el aislamiento político del nuevo partido de Alcalá-Zamora tanto como su capacidad para <<adulterar el sufragio>>. En este sentido, también fueron relevantes las denuncias, por sus presiones, sobre los gobernadores de Madrid, Segovia, Ávila, Teruel y Santa Cruz de Tenerife; o sobre los delegados de Albacete, Toledo, Cuenca, Málaga… por suspender mítines de la CEDA, de los Monárquicos y del PCE –mientras apenas hubo hostigamiento a los de IR, UR o el PSOE-, acompañar por los pueblos a los candidatos portelistas, que la policía arrancasen los carteles electorales de la CEDA en varias provincias o la prohibición de la propaganda radiada –que se levantó para retransmitir a toda España el mitin del Frente Popular en Madrid-. Pero la dirección de las denuncias cambiaron cuando los portelistas comprendieron que IR, UR y el PSOE no colaborarían con sus planes electorales, como deja patente la suspensión de algunos de sus mítines en Valencia, Ceuta, Toledo, Badajoz, Ciudad Real, Las Palmas o Burgos.
En lo referente a la cuestión de la seguridad, durante la campaña se intensificaron los cacheos en todas las provincias para localizar las armas no autorizadas –por el aumento del número de muertos y heridos-; en las provincias de Barcelona y Navarra se recogieron las armas de las armerías para evitar su sustracción; se cursó la orden en varias provincias de reforzar las prisiones para prevenir su asalto por la izquierda –algo que finalmente sí ocurriría-; y las Fuerzas de Seguridad encontraron depósitos de armas en Asturias, Ávila, Ciudad Real… -generalmente a las fuerzas socialistas-. Pero la parcialidad del Gobierno no impidió que los órganos del PSOE se jactaran públicamente de los boicots a los mítines electorales de otros partidos que realizaban sus partidarios, de que arrancasen sus cartelerías, de los apedreamientos de los candidatos contrarios, de las peleas multitudinarias que provocaban… por ser <<legítima expresión de protesta>>, <<recibimiento espontáneo>> o <<el homenaje del pueblo>>, como los titulaba el periódico El Socialista.
“Como ha podido apreciarse, lo que separaba a Portela de los conservadores no era una incompatibilidad de ideales, sino, sencillamente, que su proyecto había nacido para evitar un Gobierno de Gil-Robles. No obstante, había poderosas inercias hacia una entente entre ambos grupos… El perfil de la derecha republicana de casi todos los candidatos centristas determinó que, levantados los vetos, la mayoría se inclinara resueltamente a negociar con la CEDA. Es más, desobedeciendo a Portela, algunos acabaron compartiendo cartel con candidatos monárquicos. ?>>”. 39 Así, el entendimiento entre portelistas y la CEDA se dio pronto en provincias como Alicante, Cáceres, Córdoba, Málaga y Santa Cruz de Tenerife; y se llegó a negociar en Madrid, Extremadura, Andalucía, Valencia, Murcia, Huelva, Granada y Ciudad Real. Esto provocó cierto desconcierto en el Frente Popular, pues sus medios habían basado sus expectativas de victoria en la desunión del centro con las derechas, sin tener en cuenta que la unión y la violencia de las izquierdas terminarían acercándolos contra los deseos y las maniobras de los Presidentes del gobierno y del propio régimen, para evitar la implantación de los Soviets en España. Eso sí, siguieron haciéndose públicas filtraciones como la del Consejo de Ministros donde Alcalá-Zamora pidió a Portela que enmendase el pacto con <<las fuerzas reaccionarias>> para reducir “todo lo posible las proporciones de una victoria conservadora que creía <<inevitable>>… Portela lo calmó prometiéndole que los pactos con las derechas en unas provincias serían compensados <<con beneficios en otras para las izquierdas>, lo que archivaba definitivamente su acuerdo con Gil-Robles>>… el Ejecutivo procuraría ayudar a que el Frente Popular sacase un número de escaños siempre superior a 160, para evitar la excesiva preponderancia de la CEDA, a cambio de que en algunas provincias, como Badajoz o Sevilla, las izquierdas desviaran parte de sus votos hacia los candidatos centristas para que alcanzasen los escaños de las minorías”. 40 Esta nueva confluencia, se dio a última hora, y se realizó para pactar la candidatura de Lugo con IR y UR; para tal fin se llegó a trasladar incluso a varios funcionarios y poner en su lugar a reconocidos centristas afectos al Gobierno e incluso se destituyó al Presidente de la Junta Provincial del Censo –encargado de verificar las elecciones-. Así no se extrañaran si les digo que tras las elecciones las denuncias por fraude electoral se multiplicaron en toda la provincia.
Tras conocerse la fecha para las elecciones de 1936 el periódico El socialista publicó el 29 de enero <<estamos… en guerra civil y sin tregua>>; pues como decía Largo Caballero, el Lenin español: <<Debemos luchar implacablemente por la República socialista>>. La Dictadura del proletariado que dictaba Stalin desde Moscú.
Por otra parte, el Cardenal primado Gomá, ante los momentos de gran <<agitación política>> que vivía España, “prescribió a los católicos que evitaran <<toda violencia>> y respetaran <<la libertad de quienes no piensen como vosotros>>… el primado evitaba optar entre monárquicos y cedistas… se pedía respeto a los derechos de la Iglesia y protección de la escuela católica y de la familia, pero nada más… en realidad, era un documento <<de mínimos>> centrado en un mensaje contundente a favor de que los partidos católicos aparcaran sus disputas y priorizaran la unión electoral”. 41 Es cierto que hubo párrocos que desobedecieron a sus superiores haciendo política o presentándose a las elecciones –algunos de ellos fueron suspendidos ad divinis por sus Obispos como el caso de Jerónimo García Gallego en Segovia-; e incluso quienes desde el púlpito compararon las elecciones de 1936 con el enfrentamiento de las dos ciudades de San Agustín como hizo el Obispo de Teruel –en una línea similar se pronunciaron los prelados de Tortosa, Málaga o Santander-. Pero fueron casos mínimos y poco relevantes, aunque suficientes para que la propaganda frentepopulista pudiese presentar a la Iglesia como una entidad aferrada a sus privilegios y promotora de la confabulación Vaticano-fascista.
Por último, no podemos olvidar que la victoria del Frente Popular sólo podía llegar si las grandes masas del anarco-sindicalismo español, en contra de su habitual proceder, participaban en la jornada electoral; y para ello además de la amnistía la conjunción republicano-marxista provocó su acercamiento a las bases mediante la propaganda por la cual su abstención supondría la victoria del fascismo. Y decimos a las bases, porque muchos dirigentes del comunismo libertario recordaban que significó el Gobierno de Azaña para el anarquismo: había sido el responsable de los destierros a Guinea y de los fusilamientos de Casas Viejas. Abad de Santillán afirmó en sus memorias: “los cenetistas llamaron la atención en 1936… sobre el peligro… de <<la dictadura el proletariado… reaccionaria, regresiva, destructiva de la libertad y de la dignidad humana>>, que no pretendía acabar con el Estado opresor sino conquistarlo para sus propios fines, contrarios a la emancipación del proletariado”. 42
4. Las elecciones de 1936 y sus consecuencias.
El domingo 16 de febrero de 1936, millones de españoles acudieron a votar con normalidad en casi todo el país. Las medidas de seguridad tomadas por el Gobierno fueron extraordinarias43 colocándose incluso nidos de ametralladoras en las zonas claves de las grandes ciudades como Barcelona, se patrulló con camiones de la Guardia de Asalto también con ametralladoras como en Málaga, se registraron las sedes de todos los partidos para decomisar armas como en Santander… Aun así, se registraron roturas de urnas en varias provincias, altercados entre grupos de simpatizantes rivales –Alicante, Córdoba, Gijón, Zaragoza, Baracaldo, Bilbao, Málaga, Valencia, Murcia, Ávila…-; presión de grupos comunistas para evitar que las monjas pudieran salir a votar –Madrid, Pontevedra, La Laguna, Zaragoza, Valladolid o San Sebastián-; grupos de izquierda ocuparon colegios o sustrajeron actas electorales en Vivero Lugo (Vivero, Castroverde, Chantada y Palas del Rey) y La Coruña; hubo 10 muertos y 16 heridos de gravedad por arma de fuego el día de las elecciones –San Sebastián, Córdoba, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo y Zaragoza-. Pero todo ello sólo serían los prolegómenos de los desórdenes que se iniciarían durante la tarde-noche de la jornada electoral. “En Madrid un <<río de gente, desbordante… arrollador>> empezó… [con] los puños en alto… a gritar: <<¡Han triunfado las izquierdas!... No parece una manifestación espontánea. Sobre las nueve de la noche habían sido detenidos varios afiliados comunistas que distribuían pasquines en los que se denunciaban <<cientos de atropellos>> que habían impedido la victoria de sus candidatos en varias provincias, y se exhortaba a protestar por ello en las calles. Así, a las once de la noche, era ya imponente la concentración que en la Puerta del Sol celebraba el triunfo del Frente Popular en Madrid… en cuanto a Barcelona… sobre las nueve de la noche… el fuego del entusiasmo popular… coreaba la libertad de los presos... los <<mueras>> a Cambó y a Lerroux… de acuerdo con el Gobierno, no pasaba nada, pero empezaba a pasar de todo… un ambiente de coacción que podía influir negativamente en el recuento… asaltos a las sedes de la CEDA… episodios de violencia antirreligiosa… tales concentraciones ponían contra las cuerdas a las autoridades que, o bien incumplían la ley y cedían ante el hecho consumado, o bien las disolvía por la fuerza”.44 Incluso Alcalá-Zamora y Portela le reconocieron a Gil-Robles que temían que la presión callejera del Frente Popular impidiera un recuento imparcial. Pero en las horas siguientes quedó patente que la actitud del Gobierno y de sus subalternos fue de incapacidad ante el dilema de hacer cumplir la ley ante las movilizaciones de la izquierda.
Las movilizaciones daban por hecho la victoria electoral de las izquierdas, sin el recuento realizado aún, y pedían sin ambages el cambio de Gobierno. Y aquí radica el papel fundamental de la instrumentalización política de esas manifestaciones por toda España; pues llevando a las masas hasta las puertas de los edificios oficiales, como gobiernos civiles y ayuntamientos, se practicó una notable intimidación sobre las autoridades provinciales, el Gobierno y la Presidencia de la república. No olvidemos que sólo en Madrid hubo casi un centenar de manifestaciones antes de concentrarse en la Puerta del Sol; y estas no terminaron ante el Palacio Nacional –residencia del Presidente- por la salida de la Guardia de Asalto ordenada por el Gobierno. Aunque entonces la manifestación se dirigió hacia la cárcel Modelo para amenazar con asaltarla para liberar a los presos; ante lo cual la Guardia de Asalto tuvo que intervenir produciéndose un muerto y 18 heridos entre los manifestantes. En el caso de Barcelona, la tensión con las fuerzas manifestantes se solucionó sustituyendo al gobernador por Juan Moles –republicano de izquierdas- que se dirigió a la Guardia de Asalto para que no molestasen a los manifestantes y además ordenó la reposición de los ayuntamientos de izquierdas en Cataluña. En este contexto, la Esquerra tomó el ayuntamiento de Barcelona. Estos hechos se expandieron el día 17 hasta Valencia, Murcia, Cáceres, Las Palmas, Zaragoza, Santander, Córdoba o Vizcaya. Pero en el caso de Zaragoza la violencia organizada contaba con grupos armados que se enfrentaron a las Fuerzas de Seguridad con trágicas consecuencias, por lo que su gobernador terminó cediendo el mando al General Cabanellas; lo que en la práctica era declarar el Estado de Guerra. Ahora, lo que más alarmó al Gobierno fueron los motines orquestados por los presos políticos en los centros penitenciarios, en conjunción con las manifestaciones que había en el exterior, como los de Zaragoza, Valencia o Cartagena. Por último, el día 17 se incendiaron templos en las provincias de Madrid, Valencia, Cuenca y Santander; se asaltaron casas rectorales en Alicante y Orense…
Ante este panorama el día 17 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la declaración del Estado de Guerra, por lo que Franco –Jefe de Estado Mayor- comenzó los preparativos hasta que el Presidente ordenó la detención de estos por miedo a la reacción de las izquierdas. Finalmente, Alcalá-Zamora, sólo firmaría el decreto que establecía el Estado de Alarma –suspensión de garantías constitucionales, incluidos los derechos de reunión y manifestación-; aunque no le negó a Portela el establecimiento del Estado de Guerra si la situación seguía empeorando. Pero el Estado de Guerra ya vigente en Zaragoza, desde la noche del 17, se extendió a Oviedo y Murcia, ante la incapacidad de la Policía para contener a los manifestantes. El día 18 el nuevo Gobernador de Barcelona, Moles, comenzó a tramitar la excarcelación a los presos políticos, sin haberse declarado ninguna amnistía, y aprobó el decreto para que los alcaldes y concejales cesados tras el Golpe de estado de 1934 volvieran a sus puestos –el mismo día 18 todos los consistorios importantes de Cataluña ya estaban en manos de las izquierdas-; y con estos hechos sobre la mesa las izquierdas del resto de España se lanzaron a advertir sobre los peligros de no satisfacer, urgentemente, las <<demandas populares>>. Es más, la presencia entre los manifestantes de muchos líderes de la izquierda republicana de Azaña dejaba entrever que ya estaban cediendo ante el incumplimiento de las leyes; hecho que se consumaría cuando Portela abandonó el Gobierno que presidía antes de finalizar el escrutinio oficial. En todo este panorama pesó mucho la febril actuación de Largo Caballero, tras el cierre de los colegios electorales, haciendo declaraciones públicas recogidas en el Heraldo como: <<que se abran las puertas de las cárceles y de los penales. La ley la hace el pueblo. Y el pueblo ha decretado amnistía>>, <<si el Gobierno cumple con su deber, no pasará nada>> o <<el Gobierno dimitirá. Los presos saldrán y los republicanos ocuparán el Poder, respaldados por las masas, cuyo entusiasmo, si alguien se opusiese, arrollaría todos los obstáculos>>.45 Es decir, el líder del PSOE era coherente con lo que había proclamado en los mítines preelectorales; y lo fue más, cuando de la mano del PCE hizo circular un manifiesto, la tarde-noche del 17, exigiendo entre otras cosas la entrega del poder al Frente Popular. No olvidemos, que todavía no se había concluido el recuento electoral; y como dijo Gil-Robles: <<No es admisible, ni es democrático, que se piense en la constitución de un Gobierno a las pocas horas o a los pocos días de un escrutinio. Falta una segunda vuelta y falta, sobre todo, una discusión de actas>>.46 Por todo ello, el ABC terminó señalando el día 18 que los desórdenes eran la esencia misma del Régimen: <<Esto es la República […] la de abril y la de todas las fechas. Puede cambiar el ritmo y algunos accidentes o aspectos, pero nunca la entraña y el ser>>.
El día 18, sin conocerse aún los resultados, continuaron las manifestaciones y los actos de violencia: con tiroteos y asaltos de ayuntamientos en Barcelona; la Policía junto al Ejército tuvo que actuar en Zaragoza; asaltos y quema de templos en las provincias de Ciudad Real, Logroño, Murcia y Sevilla; ataques contra personas de las derechas en Oviedo y Murcia; motines en los presidios de Gijón, Santander, Burgos, Oviedo… Con todo, los legítimos representantes del Gobierno y la Presidencia de la República, nunca dejaron de contar con la lealtad de los mandos del Ejército y las Fuerzas del Orden Público. De facto, el propio Portela lo admitió públicamente ante la prensa, al afirmar que Franco y Goded habían <<cumplido con su deber>>.47* Pero la presión callejera hizo que el Gobierno no aguantase en su puesto48 y tuviese que ser el Presidente Alcalá-Zamora el que tomase a regañadientes la decisión de entregar el poder a Manuel Azaña. Eso sí, el nuevo Gobierno republicano de izquierdas pudo contar de inmediato con la colaboración del centro-derecha católico; pero no con el del Frente Popular que como sólo ansiaba el poder, sin esperar ni al recuento ni a la segunda vuelta electoral, continuó alterando la legalidad el día 19 en prácticamente todo el país, hasta el extremo de que casi todos los gobernadores de provincias huyeron de sus puestos;49* y el día 20 se comenzó la toma de ayuntamientos en Zamora, Córdoba, Palma de Mallorca, Burgos, Granada, Logroño, Almería, Cádiz, Ciudad Real…, los tumultos en los presidios de El Dueso, Larrinaga, Chinchilla, Gijón, o San Sebastián y las explosiones de extrema violencia política, incluidos atentados y profanaciones de lugares de culto, en las provincias de Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, La Coruña, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Cartagena, Pontevedra, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Salamanca.
El nuevo Gobierno de Azaña, en el Consejo de Ministros del día 20: aprobó la reposición de todos los ayuntamientos de elección popular suspendidos por decisión gubernativa para intentar legalizar lo que ya se había realizado en muchos puntos del país; comenzó a estudiar la manera de agilizar la amnistía de los presos del Golpe de estado de 1934; aprobó el nombramiento de los nuevos Gobernadores y el del nuevo Director General de Seguridad, Alonso Mallol, que se había hecho con el cargo de manera ilegal y que en su toma de posesión afirmó que su misión era <<republicanizar>> a las fuerzas del orden. Y esa misma tarde, por la radio, Azaña anunciaba que su Gobierno cumpliría el pacto con el Frente Popular. Pero aun así, los desórdenes públicos continuaron hasta que comenzaron las excarcelaciones de presos; aunque estas comenzaron “un día antes de que la Diputación aprobara la amnistía, ya estaban saliendo a las calles decenas de reclusos. En casos como el de Guadalajara, fue seguida de la <<ocupación>> pacífica del ayuntamiento y de una nueva manifestación frente al Gobierno Civil para presionar por la salida del resto de los reclusos”50 ; en La Coruña, ante la presión de la manifestación de anarquistas, socialista y comunistas, el Gobernador interino permitió la excarcelación de 17 presos; y en Gijón la manifestación encabezada por Dolores Ibárruri terminó provocando la salida de más de 300 reclusos –la mayoría presos comunes-. El miedo del Gobierno a la violencia callejera le hizo priorizar los deseos del Frente Popular antes que el Estado de Derecho. En este sentido el día 2151** el Gobierno en Consejo de Ministro anunció el decreto ley de amnistía, la suspensión del proceso de devolución de las fincas expropiadas ilegalmente a los Grandes de España y el traslado fuera de la península de mandos militares como Franco y Goded. Y no olvidemos que, el mismo día 21 la Diputación Permanente tenía que votar si se mantenía el Estado de Excepción, que incluían el Estado de Guerra en Albacete, Alicante, Zaragoza y Valencia.
La prensa de izquierdas, tras celebrar como un triunfo las excarcelaciones comenzó a exigir la depuración de la administración y el castigo de los <<verdugos del proletariado español>>; en esta línea, en localidades como Torrelavega, en Santander, el Frente Popular comenzó a pedir un <<tribunal popular>> para juzgar al alcalde, a los guardias municipales y a algunos vecinos, afirmando que si no lo hacía el Gobierno, <<será el mismo proletariado español y los republicanos españoles, los que se encarguen de castigar por su propia mano, y sin escrúpulos legalistas de ninguna clase, los crímenes cometidos>>.52 En resumen, las fuerzas de la izquierda totalitaria no cesaba de presionar al Gobierno: el retorno inmediato de Companys, la readmisión de los obreros despedidos por su participación en los sucesos de <<Octubre>>, el cierre de las escuelas católicas…Y en este clima desde la tribuna del mitin del Frente Popular en la Plaza Monumental de Madrid se pudo oír al ex–ministro Álvaro de Albornoz decir: <<O la revolución se hace desde el poder o se hará desde la calle>>. Por tanto, el Gobierno de Azaña fracasó en su intento de apaciguar a sus aliados de la extrema izquierda. Este extremo lo confirmó el propio Martínez Barrio cuando le confesó a Alalá-Zamora que la situación era <<mucho más revolucionaria, verdaderamente grave, que la del cambio de régimen de 1931>> y que el Gobierno estaba desbordado y a merced de la imposición de las masas.53* En este contexto, donde el Cónsul británico de Málaga solicitó al Foreign Office que enviase barcos por si debían proceder a la evacuación de sus ciudadanos, comenzó la segunda vuelta electoral; sin olvidar que, desde el 21 de febrero hasta el 1 de marzo hubo 23 muertos y 51 heridos graves por la violencia callejera, así como que los representantes del Frente Popular siguieron asaltando el poder en ayuntamientos, atentando contra las Fuerzas de Seguridad, incendiando templos, ocupando fincas o apaleando a miembros de la CEDA.54
Y llegados a este punto, deberíamos preguntarnos ¿qué ocurría con el recuento de la primera vuelta?. Se contabilizaron las roturas de urnas en 38 municipios; hubo varias denuncias de corrupción electoral; en algunas provincias no se llegaron a constituir las mesas electorales porque iban a beneficiar al centro-derecha, en Galicia, Santa Cruz de Tenerife, en Málaga 57 mesas…; en Almería se denunció que el candidato de UR se llevó la documentación electoral; en ciudades como Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gijón, Valencia, Zaragoza, Las Palmas o Sevilla los conservadores denunciaron la obstrucción planificada del voto; en Gijón se expulsó de los interventores de derechas de varios colegios electorales; se denunció varios pucherazos en la provincia de Granada; y el Gobierno la tarde noche del 16, y hasta la noche del 17, anticipó un <<destacado triunfo de las candidaturas de centro y derecha>> mientras el Frente Popular desató sus manifestaciones por la frustración de la marcha de unas elecciones que dieron por ganadas –Alcalá-Zamora no le dio al Frente Popular más de 120 escaños-.55 Por tanto los datos electorales que publicaron la prensa de izquierdas, los días 16 y 17, eran notablemente falsos. Pero entonces Azaña y Martínez Barrio se reunieron la tarde del día 18 para pedirle al Presidente del Gobierno: “interviniera para que el recuento no variara las proyecciones señaladas el día anterior a favor de las izquierdas… de que se intentase en algunas circunscripciones desvirtuar los resultados obtenidos por medio de estas actas retrasadas”.56 El resultado fue la dimisión del Presidente del Gobierno y el acuerdo de nombrar a Azaña como sustituto. Y sólo cuando Azaña llegó al poder todas las actas dudosas terminaron dándole al Frente Popular, el medio centenar de escaños que necesitaba para su mayoría; pues “la dimisión de Portela precipitó el abandono o la sustitución coactiva de las autoridades provinciales y locales que, como se vio, influyó lo suyo en la intensificación de los desórdenes del atardecer del 19”.57 Por ejemplo, el cambio de Gobierno afectó en las circunscripciones donde el resultado fue apretado o donde debían repetirse las elecciones en los colegios que no se dejaron constituir o se rompieron las urnas. Es decir, el clima de intimidación que se vivió durante el recuento derivó en violencia abierta tras la dimisión de Portela, la sustitución de los delegados gubernativos por militantes de izquierdas con órdenes de hacerse con las actas electorales, en Madrid el nuevo Gobernador –Julio Suárez Ferrín-, interceptó las actas electorales que de toda España estaban llegando por conducto reglamentario a la Junta Provincial del Censo… Sobre este último punto, el nuevo Gobernador de Madrid no tuvo reparos en confesarlo a la prensa y, desde entonces, no se volvieron a publicar los avances electorales.
Los fraudes electorales fueron notoriamente públicos en las provincias de Pontevedra, Lugo, Orense, Málaga, Jaén, Valencia, La Coruña, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Granada, Navarra, Badajoz, Sevilla, Murcia, Córdoba y Madrid. Es más, la violencia revolucionaria creo un clima de intimidación en las sesiones de escrutinio pues fue común que grupos de afiliados y simpatizantes de las izquierdas acudieran a los salones de Audiencias, entre toma y toma fraudulenta de ayuntamientos, para insultar y abuchear las intervenciones de los candidatos contrarios a sus intereses. Así aumentó notablemente el número de actas anuladas a las derechas bajo la acusación de que pertenecían a <<los campos más acreditados de la delincuencia electoral>>. De ellos los más sonados fueron el de La Coruña, donde se probaron la falsificación de 188 actas electorales a favor del Frente Popular; el de Cáceres, donde se demostró la falsificación de la documentación electoral de 7 municipios para ocultar que el centro-derecha había superado en más del doble de votos al Frente Popular; y el de Lugo, donde se retuvieron los pliegos de seis mesas en las Juntas Electorales para que no llegaran a tiempo para ser computadas, se demostró la manipulación de dos mesas más y los notarios acreditaron que se simularon las elecciones en todas las secciones de Castroverde, Taboada y Monterroso, así como en doce secciones de Chantada, dos de Becerreá y una en Trabada, Piedrafita, Cervantes, Germade y Lorenzana. Con todo ello bien presente, la prensa publicó que el Frente Popular obtenía entre 256 y 259 –mayoría absoluta- frente a los 194 o 209 escaños del centro-derecha; y el Presidente de la República vio confirmadas sus sospechas de manipulación electoral de las izquierdas con aquella afirmación de <<lograr radiantes resurrecciones postelectorales>>. Ya en el exilio Alcalá-Zamora habló de 80 actas falsificadas por el miedo provocado para que el Frente Popular pudiese obtener ilegalmente la victoria electoral; tanto como una mayoría que le permitiese establecer el dominio absoluto de la política española. No olvidemos que el socialismo totalitario del Frente Popular no ocultó nunca su deseo de establecer la Dictadura del proletariado.
Aun con todo lo relatado, los profesores Manuel Álvarez y Roberto Villa, han podido calcular que las diversas candidaturas conservadoras cosecharon el 47 % de los votos mientras que el Frente Popular alcanzó el 46,3 %; aunque la izquierda hubiera tenido mejor representación en el Parlamento que el centro-derecha, al haber sabido aprovechar mejor las ventajas del sistema electoral. En este sentido, la segunda vuelta, reducida sólo a veinte escaños en cinco circunscripciones, tampoco tuvo lugar en pie de igualdad porque ya estaba en marcha la sustitución ilegal de cientos de corporaciones legalmente establecidas, con el fin de falsificar las elecciones y amedrentar al voto conservador, hasta el punto de darle al Frente Popular la mayoría absoluta.58
El comunista José Díaz, que había sido instruido adecuadamente por la Komintern, lo dejó meridiaidnte claro en el Parlamento: “<<No podemos de ninguna manera estar jugando en España […] a Gobiernos republicanos de izquierda y de derecha, sino que es necesario consolidar […] la situación creada por el triunfo del 16 de febrero, para no tener más la pesadilla de que de nuevo la reacción […] pueda sentarse en el banco azul” 59; pero también lo hizo durante la campaña electoral de 1936, con afirmaciones como: <<la lucha está planteada con absoluta claridad. Fascismo o antifascismo>>; <<nuestra lucha en España, no tiene el menor parecido a las “elecciones de tipo normal de países como Inglaterra, Norteamérica, Suiza, etc.”>>; <<la papeleta llevada a las urnas, en este momento, tiene casi el mismo valor que tenían los fusiles en Asturias. Una cosa no excluye a la otra>>; <<los que os explotan ni son españoles… ni tienen derecho a vivir en la España de la cultura y el trabajo>>; <<bajo la presión de las masas el Gobierno empieza a marchar. Pero el Gobierno actual tiene un empacho de legalismo que le impide marchar al ritmo que exigen los acontecimientos… ¿hay algo que puede ser más legal que la voluntad del pueblo?>>; <<deben ser una sola milicia… de miles y miles de jóvenes con camisas de un solo color para que tengamos el embrión del Ejército del pueblo>>; <<necesitamos que las cárceles queden vacías para que puedan pasar a ocuparlas rápidamente los otros>>; <<no pedimos venganza, sino justicia aplicada por un tribunal revolucionario o quien sea>>; <<no hay derecho a que hoy continúen publicándose periódicos reaccionarios… Democracia sí, para nosotros, para los trabajadores, para el pueblo. No hay democracia para los verdugos de la democracia>>; <<y yo digo al Gobierno republicano de izquierda que (…) si sigue por ese camino, nosotros obraremos, no rompiendo el Bloque Popular, sino fortaleciéndolo y empujando hacia la solución de un gobierno tipo popular revolucionario que imponga las cosas que este Gobierno no ha comprendido o no ha querido comprender>.60 Y en esta línea también estuvieron, entre otros, el sindicalista Pestaña que afirmó: <<cometer injusticias y crueldades siendo audaces, que por no serlo […] lamentar otra vez un hecho como el del 33>> 61; el poumista Maurín que pedía <<la revancha para el verdadero pueblo que ha sufrido en Octubre>>62 ; o el líder del PSOE, Largo Caballero que sentenció: “<<las derechas… no piense nadie en darles el Poder, porque si eso intentan, el proletariado lo impedirá>>. Porque esas cortes no eran, como afirmó El Socialista, <<producto de paz sino de guerra>> y, por consiguiente, <<no caben transigencias>>. [El Parlamento era] un mero <<accidente, práctica transitoria>>”.63
Además, el debate sobre las actas fue realmente una violación, de la conjunción republicana-socialista, del Estado de derecho: “El Boletín Oficial de Madrid registró porcentajes que fluctuaban entre el 92% y el 99% de los votos para el Frente Popular en secciones de Canillas, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Mejorada del Campo, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. En Alicante, las izquierdas sobrepasaron el 90% de los votos con 41 mesas de la circunscripción, de las que 30 pertenecían a la capital. En La Coruña, amén de los vuelcos fraudulentos… las victorias del Frente Popular con más del 90% o el 100% de los votos en varias mesas de los distritos 7 y 8 de la capital. En Sevilla capital, 15.000 de los 31.000 votos que sacaron de ventaja las izquierdas a la CEDA, procedían de mesas donde aquellas obtuvieron del 90% al 100% de las papeletas. Y lo mismo se podría decir de varias mesas de Almería, Las Palmas, Ceuta, Melilla… Asturias y Vizcaya… Almería, Cádiz, Huesca, Málaga o Santa Cruz de Tenerife… el caso más significativo fue el de la provincia de Orense, donde varios candidatos del Frente Popular lograron todos los votos o casi todos en diez secciones”. 64 Por si no fuera poco, las fuerzas del Frente Popular empezaron a aumentar su presión para abreviar la revisión de actas y conformar las Cortes por la vía rápida: “En la Comisión de actas, los tres vocales caballeristas y el comunista presentaron una propuesta para acelerar los trabajos: las victorias del Frente Popular serían validadas, y se anularían las de las derechas en Albacete, Balearse, Cuenca, Granada, Orense, Salamanca y Zaragoza… los vocales republicanos no se opusieron”.65 No es de extrañar que vistos los <<pucherazos>>, amparados por la Comisión, Villalonga declarase que <<aquí ya no interesa la democracia, ni el Parlamento, ni nada>>; y que la CEDA decidiese el día 31 abstenerse de participar en ninguno de los debates parlamentarios de las actas, y más tarde incluso abandonase el Parlamento al constatar que la conjunción republicano-socialista había cambiado ilegalmente la voluntad popular para destruir el Régimen democrático, en pro de un Régimen totalitario. “Los comunistas y buena parte de los socialistas, que no se sentían concernidos por el <<parlamentarismo>>, sacaron con chanza pañuelos blancos para despedirles”. 66
Aunque los resultados electorales de 1936 nunca fueron publicados, los profesores Manuel Álvarez y Roberto Villa han computado las cifras del fraude electoral realizado por el Frente Popular: la opción conservadora perdió 16 diputados con la nulidad de Granada y Cuenca; la CEDA, la más perjudicada, perdió 11 escaños; el Frente Popular obtuvo ilegalmente 17 escaños –pero como aun así no consiguió la mayoría que necesitaban acabó constituyendo un Parlamento interino-; entre 36 y 40 escaños de la conjunción republicano-socialista son dudosos porque venían de localidades cuyos censos no llegaron a escrutarse. Por ende, el resultado real lo cifran entre 226 y 230 escaños para el centro-derecha y entre 223 y 227 para el Frente Popular; por lo que la segunda vuelta hubiera sido crucial sino hubiera sido transgredida por las manifiestas ilegalidades y la violencia organizada de los partidos de la izquierda totalitaria. Y llegados a este punto comprenderemos mejor las palabras que escribió el Presidente de la República en sus diarios: “un país enfermo crónico secular y gravísimo del mal horrendo de la guerra civil, al cual le dieron aquellos insensatos meteoros del fugaz… una Constitución de guerra civil que dejó pasar Azaña; que la agravó en unión de Prieto con la una Ley Electoral favorecedora de esa guerra civil, obsesionados por la idea del aplastamiento y exterminio de los adversarios, sin pensar, o sin detenerse [a considerar] que ese aniquilamiento puede ser el de la República y el de España… cualquier contingencia que acabe anormalmente la terminación de mi mandato, personalmente me libraría del año, nueve meses y veintiséis días de prisión, de indefensión, de silencio, de convivencias desagradables, de firmas asociadas forzosamente al desatino, la injusticia, o el exceso de los decretos y de las leyes. Pero no se puede ocultar… lo que no ven estos energúmenos de izquierdas, que tanto dicen amar a la República y el progreso”. 67
Finalmente debemos señalar que el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, jefe de los monárquicos, fue realizado por un grupo de Guardias de Asalto y milicianos socialistas bajo el mando de un Capitán de la Guardia Civil; por su parte, Gil-Robles, jefe de la CEDA, se salvó de ese mismo destino porque no se encontraba en casa cuando los pistoleros llegaron a su casa. Pero lo que suele olvidarse, es la posibilidad de que el Frente Popular ordenase esta conjura para provocar que los militares saliesen finalmente a la palestra, para desarticular el Ejército definitivamente. Recuerde, que el sumario del asesinato de Calvo Sotelo terminó siendo robado a mano armada por milicianos de Prieto; por lo que de paso también se reseña quien fue el instigador del asesinato de la oposición política. Si tiene alguna duda, sobre tan serias afirmaciones, le rememoraremos el sentir reinante con las palabras del Ministro de Gobernación del momento, Ángel Galarza: “<<A mí el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento. El sentimiento de no haber participado en la ejecución>>”;68 que al día siguiente del asesinato Prieto escribiese en el periódico El Liberal, de Bilbao, que el asesinato de Calvo Sotelo serviría para provocar el alzamiento militar, del que tanto se venía hablando; así como que en la sesión de la Diputación sobre el asesinato de Calvo Sotelo, el propio Prieto, tuviese por tres veces el lapsus de llamar al fallecido, <<Gil-Robles>>, y no Calvo Sotelo.
Conclusiones.
A lo largo de este artículo habrán podido ustedes comprobar, que la España de la Restauración era un país medio y bastante modernizado que comenzaba a cerrar la brecha con los países del norte de Europa, a asentar la democracia liberal, a levantar su nivel cultural, a superar los pronunciamientos militares de corte jacobino… lo cual sería detenido por el socialismo, el anarquismo y los nacionalismos periféricos; provocando la venida de la dictadura de Primo de Rivera que promovió el desarrollo económico, redujo el hambre, aumentó la esperanza de vida, bajó el analfabetismo, elevó a las mujeres a cargos públicos… de facto, republicanos, anarquistas e independentistas firmarían el Pacto de San Sebastián para evitar que la dictadura diese paso a una nueva época constitucional, incluyendo un Golpe de Estado fallido. Las fuerzas progresistas continuarían en esta línea, con las elecciones de 1931, pues tras perder las elecciones frente a los Monárquicos, extinguieron la legalidad mediante una violencia callejera que provocó que el Rey abandonase el país, proclamándose así la II República; la cual estuvo marcada por la violencia pública, el aumento de presos y deportaciones, el cierre de periódicos, el incremento del hambre, la secularización forzada de la vida pública, los ataques anticristianos y la vulneración de las libertades de conciencia, asociación y expresión; como admitió el propio Azaña. Por todo ello, en las elecciones de 1933 el centro-derecha se alzó con la victoria y las izquierdas volvieron a proponer un Golpe de Estado, ante lo que la CEDA tuvo que ceder el poder a Lerroux; hasta que en 1934 el PSOE y la Esquerra dieron el Golpe para evitar la entrada en el Gobierno de Ministros conservadores. La inestabilidad y la violencia política provocó la convocatoria de las elecciones de 1936, porque la concepción totalitaria de la izquierda vio la formación de un gobierno de centro-derecha como una amenaza para la supervivencia del régimen republicano, al que con su manipulación de la Memoria Histórica ha denominado como el <<Bienio Negro>>, en contra del pragmatismo, la moderación y el avance económico y social que este provocó. Así se certificó la defunción de la II República, pues la izquierda se volcó en el camino hacia una revolución de corte soviético que comenzó a formar el Frente Popular, para presentarse a las elecciones de 1936 bajo las intenciones del líder del PSOE: <<si los resultados electorales se saldaran con una derrota… los socialistas irían a la guerra civil declarada>>. De facto, las izquierdas asaltaron los presidios, boicotearon los mítines de la oposición, pidieron la <<Dictadura del Proletariado>>, aumentaron las víctimas del <<pistolerismo político>>, volvieron a los ataques a la Iglesia, las manifestaciones de la jornada electoral comenzaron unos desórdenes que tomaron edificios oficiales para destruir urnas y falsificar los resultados, de unas elecciones que sabían que habían perdido, y amedrentar al Gobierno y al electorado conservador en vistas de una segunda vuelta a todas luces manipuladas y anticonstitucionales; de las que el Frente Popular emergió con una supuesta mayoría absoluta, aunque nunca se publicaron los resultados. Con todo ello, se vaciaron ilegalmente las cárceles, se repusieron en sus puestos a cientos de personas condenadas por el Golpe de Estado de 1934 y se ordenó el asesinato de los líderes políticos de la oposición conservadora para provocar la reacción del ejército, que Franco en continuadas ocasiones había sostenido dentro de la legalidad republicana.
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