Revista: Caribeña de Ciencias Sociales
ISSN: 2254-7630

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PERCEPCIONES DE LAS IMPLICACIONES GENERADAS POR HIDROITUANGO: LA MARCA DEL CONFLICTO NEOLIBERAL COLOMBIANO

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1. INTRODUCCIÓN
Calvento (2006), asegura que la principal característica de la corriente neoliberal se centra en reconocer que la importancia fundamental de los Estados debe ser su expansión económica más no la defensa de los derechos de los suyos, enmarcando con esto “el papel privilegiado del mercado sobre la sociedad”, por consiguiente, según Peck (2012), los principales intereses neoliberalistas se centran en “el poder corporativo”.
Situación que sería contradictoria cuando se define la concepción del Estado, que de acuerdo con lo estipulado por el Senado de la República de Colombia (S.f.), es considerado la fusión de la población, la cultura y las instituciones públicas que rigen en el territorio nacional, consagrando, dentro de sus principales funciones:
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, defender la independencia y la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo, entre otros” (Senado de la República de Colombia, s.f.).
Atribuciones estatales que en las últimas décadas se han trasmutado por la estandarización de procesos nacionales tendientes al neoliberalismo, denotándose esto, en la generación de proyectos de alta escala, los cuales se han escudado bajo el eslogan guberidntal de “prosperidad para todos”; y que a su paso han generado consigo una serie de disputas territoriales por los derechos civiles de las comunidades afectadas contra las empresas ejecutoras de este tipo de proyectos y el Estado mismo tras la carencia de garantías tendientes al cumplimiento de derechos.
Por ello, uno de estos proyectos, denominado Hidroituango, el cuál según el director general de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en una entrevista efectuada a este por Espinosa (2015), para el diario la República, representa una de las obras más importantes y complejas en cuanto a generación de energía eléctrica del país, que de acuerdo con Palacios (2013), se prevé genere aproximadamente el 17% de la energía total de la nación, cubriendo en su totalidad 12 de los 125 municipios del departamento antioqueño.
Así pues, en cuanto a este megaproyecto hidroeléctrico, son diversas las investigaciones que han arrojado la carencia de procesos encaminados a una gestión transparente y eficaz, tendiente al respeto por los derechos territoriales de los afectados, puesto que como lo asegura Molina (2015), a nivel nacional, no se cuenta con una política pública que “permita reconocer el problema, identificar las afectaciones sobre la población y ejecutar el reasentamiento desde la perspectiva del desarrollo basado en el bienestar de los seres humanos y no sólo en el crecimiento económico del país”.
Noción que se denota en los impactos arrojados por el proyecto en municipios como Ituango, en el cual se encontró, de acuerdo con Úsuga (2014), que dentro de los factores que la comunidad percibe como negativos han sido la no vinculación de mano de obra no calificada en la región (situación que ha ocasionado altos índices de inseguridad y problemáticas sociales), la falta de inclusión de la comunidad al proyecto (tanto en las etapas de construcción como en la de planificación), el incremento de alcoholismo, drogadicción, prostitución infantil, crecimiento demográfico, problemas de orden público y embarazo adolescente, a su vez, se diagnosticó cómo esta comunidad impactada, cuenta con un desconocimiento del trabajo social que han adelantado las empresas involucradas en el proyecto, e identifican un impacto alto y representativo en cuanto a la pérdida de fauna y flora.
De la misma manera, en una entrevista dada por la socióloga e historiadora Isabel Cristina Zuleta, vocera para Antioquia del movimiento Ríos Vivos1 a Hurtado (2014), para el periódico virtual Voz, argumenta que si bien este proyecto hidroeléctrico representa un hito en la historia de la ingeniería del país, también ha generado altos choques culturales debido alcambio significativo en la vocación productiva de las zonas y las nuevas relaciones laborales que ha generado.
En relación a esto, ¿se puede considerar que el Estado colombiano cumple sus funciones a cabalidad (las cuales son bien especificadas por el senado de la república) o presenta una condición de doble moral al permitir la incursión de corrientes neoliberalistas en su territorio nacional?
El presente artículo, pretende pues, diagnosticar la percepción de la vereda Membrillal, del municipio de Sabanalarga, Antioquia, acerca de las implicaciones sociales, ambientales, culturales y económicas generadas por la incursión del proyecto hidroeléctrico en su territorio y demostrar con esto el contexto actual en relación a su estado de conflictividad territorial en tiempos del neoliberalismo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación de carácter descriptivo se llevó a cabo tras la ejecución de dos momentos: inicialmente se efectuó el levantamiento de la información en campo, el cual, consistió en la aplicación de 10 entrevistas semiestructuradas a miembros clave de la comunidad, las cuales contaban con un total de 40 preguntas y una durabilidad aproximada de una hora. 
El segundo momento, se constituyó por la revisión documental, el cual, consistió en la consulta y elección de la información en cuanto a la cimentación del objetivo mencionado en el presente artículo, investigándose pues, diferentes bases de datos encargadas de la divulgación de información relacionada a boletines informativos, libros, artículos de investigación  y documentos electrónicos.
En el caso del momento uno, los datos obtenidos, se transcribieron, codificaron y organizaron en un libro de códigos (en formato Excel) y en el caso del momento dos, el material consultado, se sistematizó a través de la construcción de matrices bibliométricas; obteniendo con estos dos pasos: la retroalimentación y construcción de los resultados.

3. RESULTADOS

Los estudios en relación al proyecto Hidroituango en pro a su ejecución,  según la página web Hidroeléctrica Ituango (s.f.), se viene adelantando desde 1969, comprendiendo así toda la extensión de la jurisdicción del Río Cauca de Antioquia, lo que implicó, el involucramiento de 12 municipios de este departamento: Ituango, Briceño, Santafé, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal; contexto que tras largos estudios de factibilidad, conllevó desde 1979 considerar estos territorios ubicados en el denominado “cañón del río Cauca”, como zonas estratégicas para la expansión del sector eléctrico nacional, implicando con esto, la construcción de una gran represa con una capacidad de 20 millones de metros cúbicos de volumen con 115 metros de altura y una central subterránea de 2.400 megavatios de energía.
Contexto que pese a venirse considerando como se puede apreciar desde 1969, sólo se dio a conocer a los territorios implicados, a finales de la década de los 90 y que desde entonces, ha generado una serie de disputas y enfrentamientos de estas comunidades con la entidad ejecutante (Empresas Públicas de Medellín –EPM-) y el gobierno; lo que en su conjunto, sólo denota despotismo, tras obviar la voluntad de los habitantes de esta región cañonera, que, por obvias razones, se han caracterizado por ser poblaciones de perfil rivereño, creando así un fuerte vínculo con la dinámica de este afluente hídrico, lo que ha conllevado a considerarlo, no sólo su soporte ambiental y social, sino también económico, por medio de actividades como el barequeo2 , contexto que a su vez, implica a ser considerada su relación con el río como un constructo de carácter cultural, puesto que por siglos no sólo han dependido de este, sino también forjado territorio; de hecho, de acuerdo con el Ministerio de Cultura (2014), esta región, se considera una zona reconocida como heredad natural inmaterial debido a las prácticas de barequeo que se han ejecutado por siglos en este lugar.
Ante esto, la figura de EPM y el proyecto para la comunidad participante, se centra en la representación de esta compañía como una entidad negligente en cuanto a la ejecución de acciones poco conducentes a procesos justos, participativos e incluyentes; por consiguiente, el significado de EPM, para las personas participantes en el estudio, se representa en cuatro definiciones:
EPM como mentiroso, el cual carece de conciencia y sentido social, empleando por medio de trabas su accionar, obviando las necesidades reales de los territorios y tergiversando la realidad, no sólo hacia Colombia, señalando su “excelente” gestión en el proyecto, sino también hacia los territorios afectados, dado que careció de mecanismos asertivos de participación comunitaria.
EPM como ladrón, puesto que hurtó los derechos de un pueblo: al trabajo, al goce de su cultura, de su tradición y de sus bienes naturales:
“No pues, ¿la verdad? Pues que son unos ladrones ¿lo puedo decir? (…) Porque me robaron el… prácticamente el derecho porque eso es un derecho que yo tenía, porque ¿cómo me iban a desconocer yo… que no era minera? y me… como le dije yo a Carlos Ballesteros, le dije yo: vea señor, me desconoce como minera a mí, mire hija de quien soy ¡Hija de Hernando Gonzales, mire quién es Hernando Gonzales, un señor que aprendió a nadar como se dice: a dar los primeros pasos en el río, gatiando en el río, yo en la misma! Entonces usted ¿Por qué me desconoce como minera?” A.03.18.39
De la misma manera, hay quienes atestiguan que EPM simboliza “nada” de manera despectiva, producto de su accionar:
“¡Quedamos en cero! Pa´ noso… pa´ nosotros EPM es nada” A.04.35.77
A su vez, hay quienes lo definen como oportunista, el cual efectúa su accionar sólo con base a sus intereses.
Así pues, como se puede apreciar, los impactos generados por Hidroituango son múltiples en cuanto a la afectación territorial, que en el caso de Membrillal, la percepción social sobre estas implicaciones se centra en la pérdida de su patrimonio social, económico y cultural tras la inhabilitación al acceso al río:
“Si (…) ¡ehh! ¿Qué impactos? En los social, en lo cultural, en lo económico y en lo ambiental ¡ehh! por ejemplo en lo económico toda la comunidad somos afectados porque todos dependíamos del río Cauca, en lo… en lo cultural ha sido la cultura de toda… de toda la vida... ¡El patrimonio! ... Sí y en lo social ¡ehh! este… estos proyectos traen muchos problemas acerca… hacia… hacia las comunidades... ¿Conflictos? ... Si, muchos conflictos: nos va a cambiar… nos va a cambiar totalmente el estilo de vida que tenemos... En lo ambiental ¡todo! Porque mire, por ejemplo van a ver tala de árboles, o sea ¡muchas cosas!, son muchas cosas que van a cambiar” A.07.13.28
Por consiguiente, se puede destacar  tres consecuencias claves de acuerdo con los participantes del estudio:
3.1 Desintegración del tejido social

Uno de los impactos propiciados por el proyecto en el territorio diagnosticado en las entrevistas efectuadas es la desintegración del tejido social, dado que el barequeo mismo, como se ha podido apreciar, ha representado por siglos para esta región, una labor de carácter de integración comunitaria:  
“Si, eso ya desintegra mucho la… la… las comunidades porque puede que acá en la comunidad hayan personas que… o sea, a todos nos cambia el estilo de vida y unas puede… unas buscan las formas de capacitarse, otras dicen mejor me voy porque lo único que yo sé es lavar el oro y si no puedo seguir lavando oro yo mejor me voy a otra parte ¡se va buscar hasta otro municipio donde pueda lavar oro! Como otras dicen: ¡ahh! es que si yo no puedo… otras buscan… otros buscan otras oportunidades: si yo ya no puedo lavar oro, voy a mirar que… en qué me capacito para poder… para poder salir adelante” A.07.43.76

Por consiguiente, de acuerdo a los interrogados, antes de la llegada de este mega proyecto, Membrillal, era representada por elementos como: Unión con el río (el cual les propiciaba su sustento y alimentación) y unión comunitaria, puesto que el río representaba la dinámica misma del territorio: la unión de todas las generaciones en pro a una misma actividad, actividad que para ellos no sólo es su único medio de vida, sino también su único legado ancestral; de hecho, hay quienes aseguran que antes del arribo de este mega proyecto, su comunidad tenía mayor nivel de libertad y más altos índices de felicidad.
Contexto que no difiere de lo encontrado por investigadores como Estrada (2016), quien asegura que este tipo de escenarios en comunidades rivereñas que por siglos han dependido de su relación con el río, tras la puesta en marcha de este tipo de proyectos, suelen presentar altos niveles de desintegración del tejido social y pérdida de la identidad y conocimientos ancestrales.
Situación que a su vez, en su conjunto denota alto temor territorial por el futuro de la vereda tras la modificación de sus patrones de vida:
“(…) Mucho miedo, mucha incertidumbre porque todo va a cambiar ¡muchas cosas van a cambiar!, vamos a tenernos que acostumbrar a una vida totalmente diferente” A.07.32.56

3.2 Pérdida de la economía local
Otra de las implicaciones percibidas por los habitantes de la vereda tras la ejecución de este proyecto, se vincula al temor por los medios de subsistencia para las futuras y presentes generaciones, dado que los entrevistados destacan que su único recurso económico (barequeo) se ha basado por siglos de su relación con el río, de hecho, los interrogados, aseguran que los principales afectados por el proyecto son sus hijos, hijas, nietos y nietas, tras el impedimento futuro de poder llevar a cabo la labor que por siglos ha caracterizado su territorio.
Adicional a esto, los entrevistados ratifican la inutilidad del proyecto por no generar apoyo al desarrollo local y oportunidades venideras tras su ejecución y la carencia empresarial de propiciar alternativas ante la capacitación de los nativos para la futura generación de empleo en la zona.
Percepciones que también se acompañan de desconfianza hacia este grupo empresarial, puesto que debido a las acciones llevadas a cabo hasta el momento, la comunidad no siente posibilidad de propiciar mecanismos de confianza hacia la gestión de este.
Por consiguiente, lo anterior, evidencia, que Membrillal, considera la carencia de mecanismos acertados y éticos de parte de EPM hacia ellos, lo cual se denota en factores como el beneficio de EPM a costa del desconocimiento propio de la comunidad hacia sus derechos; derechos que se trasgredieron al desconocer decenas de personas como barequeros, con carencia de información transparente y veráz; derechos que se vulneraron, no sólo a las personas no reconocidas como barequeros ante las indemnizaciones dadas, sino también hacia los que EPM consideró barequeros, dado que estos discurren que este tipo compensaciones suministradas de parte de la entidad, no representan algo significativo en cuanto al resarcimiento de impactos devengados para ellos.
De hecho de acuerdo con el Movimiento Colombiano Ríos Vivos (2014), este ha sido el escenario común en todos los municipios de carácter cañonero afectados:
“Los censos socioeconómicos realizados por las empresas a las poblaciones afectadas, con el objetivo de llegar a acuerdos de indemnización o restitución de las actividades productivas socavadas, resultan absolutamente imprecisos por el hecho de desconocer las realidades socioculturales locales. Además, se evidencian irregularidades en los criterios de inclusión y exclusión de las poblaciones afectadas (…)” (Movimiento Colombiano Ríos Vivos, 2014, pág. 227).
Contexto que ha sido acompañado de una serie de impedimentos administrativos, que han imposibilitado la adecuada compensación a las familias afectadas en la vereda, de hecho ante las preguntas: ¿Qué acciones ha implementado EPM para resarcir los impactos de la construcción de este mega proyecto? y ¿Qué les proporciona EPM para restituir sus condiciones de vida?, los entrevistados denotan una ejecución de acciones mínimas y acompañamiento institucional inexistente.
Por consiguiente, cabe destacar, que en el marco de las investigaciones consultadas, se destaca el como uno de los principales motivos de confrontación social de acuerdo con Reyes, Umbarila y Velásquez (2015), en cuanto a la gestión del proyecto Hidroituango, se centra en la “inconformidad derivada de los censos, desarraigo y afectación económica”, contexto que ha desencadenado gran número de demandas; diagnostico que también se presentó en la investigación llevada a cabo por Betancur  (2014): “Las exigencias de ciudadanos en relación con el proyecto eran básicamente la reivindicación de sus derechos, puesto que la compensación económica, considerada por ellos injusta, no abarcaba el real significado que tenía el río para su cultura”.

Pero sin embargo, la comunidad es consciente que el único beneficio real, que representa el proyecto es para este gran consorcio empresarial, más no para ellos que son los directamente impactados:

“¿Qué es eso? que eso prácticamente inundan el rio y que eso solo es como para… ¿Cómo le digo? Lo represan como para recursos para ellos” A.06.11.30

Así pues, como se puede evidenciar, las principales consecuencias que los habitantes atañen tras la incursión del proyecto hidroeléctrico, se relacionan en la pérdida de medios de subsistencia; Adicional a esto, los interrogados, diagnostican un futuro incierto y con incremento de altos índices de violencia y criminalidad tras la incapacidad del territorio de generar procesos productivos ecuánimes para todos. Situación que no difiere de lo diagnosticado en otras investigaciones asociadas a los impactos de este tipo de municipios de carácter cañonero:
En una de las pesquisas llevadas a cabo por Torres y Caballero (2014), se diagnosticó, que la construcción de las obras de Hidroituango, ha generado alto detrimento en el tejido social y la cadena productiva de todo el cañón del Cauca,  contexto que ha facilitado el incremento de problemáticas relacionadas al desarrollo económico local. Aparte de esto, en este mismo estudio, se identificó el cómo propuestas por parte de EPM como el incremento de turismo dado a la construcción de este mega proyecto no generaría grandes repercusiones en los 12 municipios impactados, porque solamente tres de estos (Santa fe de Antioquia, Olaya y Liborina), poseen vocación turística, lo que para los otros posibilitaría una amenaza más por la falta de capacidad instalada de sus territorios; de la misma manera, dichos investigadores, aseguran que “a partir de la definición de desarrollo económico local, puede concluirse que no se está generado un proceso de crecimiento económico a partir del potencial existente en el territorio”, puesto que si bien, a largo plazo se generarán algunos beneficios relacionadas a la transferencia del sector eléctrico, dichos apoyos, no compensan los impactos acaecidos en la población por la implementación de las obras.
Contexto similar argumentan Restrepo y Salazar (2015), quienes aseguran que la generación de economía, es una estrategia que debe ser pensada desde las alternativas de los poblamientos, ya que muchos de estos no tienen vocación turística, lo que generaría mayor impacto a nivel cultural, ambiental y social; quienes a su vez, manifiestan la importancia de abordar este elemento desde las necesidades y características de cada territorio.

3.3 Vulneración de derechos territoriales
Así pues, en el marco de impactos relacionados a la vulneración de derechos territoriales, se abordarán tres de estos y son los relacionados a la vulneración de su contexto cultural, al derecho al trabajo y al goce de su medio ambiente.
En cuanto al primero de estos factores, se encontró, que la vulneración a este derecho, se denota principalmente en el no reconocimiento de su actividad ancestral, fruto de su sustento territorial, el cual representa el principal ingreso económico de la vereda; lo que a su vez indica violación del derecho al trabajo, dado que no sólo los expropiaron de su único medio de subsistencia, también las acciones llevadas a cabo por dicho grupo empresarial, denotan la negativa de parte de este ante la propulsión de medios alternativos para el desarrollo local.
Así pues, como se ha venido evidenciando, Hidroituango representa la pérdida de un legado que ha sido inculcado hace siglos en la historia de los territorios cañoneros; de acuerdo con Echeverry, de los impactos más significativos de la incursión de este proyecto, ha sido la desaparición de uno de los pueblos indígenas más antiguos de Colombia: Los Nutabes, pueblo, que vio su último líder desfallecer por los sonidos de la guerra en 1998 y que desde entonces, fue firmando su condena de muerte, la cual, coincidencialmente concurre con la llegada de Hidroituango a su zona; expiración de una cultura que llevaba 500 años en el Cañón del Río Cauca y que en sus mejores épocas dominó todo el Noroccidente antioqueño, la cual se caracterizó no solo por sobrevivir a la conquista, sino también a las guerras republicanas, evangelización, guerras partidistas y la pérdida de su lengua y tierras comunales, que identificada a su vez por el “cultivo de oro”, no le quedó de otra que desistir ante el arribo del proyecto a sus tierras, el cual perciben los pocos miembros que quedan de la tribu como aquel, que:
“Borró esa forma de alegría que es compartir la pobreza de los Nutabe, borró sus voces y su historia, la historia suya, que no es la historia de Antioquia, a pesar de haberla vivido antes de que se llamara así incluso, borró al campesino y al barequero, y al cultura cañonera de más de 200 años” (Echeverry, 2014, pág. 13).

Así mismo, hay quienes van más allá y atribuyen a este proyecto no sólo el robo de su bien natural más significativo y dador de cultura, el cual no sólo es parte de Membrillal, sino de Colombia, hurto, que de acuerdo con sus habitantes, se efectúa a la nación no para el beneficio directo de esta ni los territorios cañoneros afectados, sino para la incursión nacional a la generación de energía eléctrica para otros países a costa del sufrimiento de los propios.
De la misma manera, se destaca un alto grado de apreciación comunitaria de impactos generados por el proyecto relacionando el territorio como una venidera prisión, tras la pérdida de su relación con el río:
“Eso es lo que estamos pensando, eso es lo que hemos pensando nosotros y hemos… todo el mundo hemos criticado eso, que a lo último vamos a quedar nosotros como… como… como prisioneros (…) ¡Claro! Como en una prisión que… como pagando condena sin deber nada” A.04.26.60
Contexto que no difiere de la realidad situacional de los demás municipios cañoneros afectados; de acuerdo a lo expuesto en diversas investigaciones, tal como la efectuada por Flórez, Montes y Gómez (2015), en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, tras largas movilizaciones sociales se han expuesto las afectaciones generadas por el proyecto en este tipo de territorios, impactos que se destacan por el campesinado en el detrimento de sus condiciones de acceso al río, lo que imposibilita básicamente el desarrollo de labores como el barequeo, la cual es considerada en el caso de los municipios indagados en dicho proyecto investigativo, como “su única fuente de ingreso”, contexto que a su vez, evidencia el gran impacto económico de estas municipalidades:
“Entre las afectaciones generadas, las más relevantes y las que más despiertan el inconformismo en estas comunidades está el desempleo, los cambios ambientales reflejados en los daños a diferentes cultivos, y por ende el incremento de los niveles de pobreza en la zona; la falta de educación, el aumento de los atropellos violentos por parte de las fuerzas armadas presentes en el territorio, y la presencia constante de éstas en zonas que se conciben como públicas, el detrimento de las tradiciones ancestrales construidas a las orillas de este río, ya que para estas personas constituye el centro de acción de todas sus costumbres campesinas” (Flórez, Montes y Gómez, 2015, 72).
Claramente el desplazamiento según parte de los habitantes ha sido doble: primero a causa de la violencia, lo cual les permitió llegar a la vereda en búsqueda de nuevas oportunidades y tras la huida de los grupos armados al margen de la ley y segundo a causa del tan añorado “desarrollo”, auspiciado por las políticas guberidntales de incursión de economía nacional, lo que denota el olvido institucional y la invisibilización de las necesidades territoriales en pro a los intereses mercantiles de un país.
Es por ello, que se debe reconocer, que si bien, en el contexto colombiano, la mayoría de los casos de desplazamiento son producidos por los conflictos sociales y violencias en pro al control social en los territorios a mano de los grupos armados, autores como Areiza (2013), reconocen, que también desde la esfera estatal se puede denotar este tipo de prácticas “con herramientas menos violentas pero con muchos más efectos sobre el territorio”, tal es el caso de la región cañonera antioqueña, en la cual no se tuvo en cuenta que la cultura e historia poblacional se encuentra arraigada al río y sus bienes naturales y “erróneamente se creyó que un proceso de industrialización y una promesa de crecimiento no afectaría la vida de sus pobladores, o más bien, a sabiendas de este cambio en sus valores culturales y tradicionales, se les obliga a someterse a las condiciones en las que, debido a las inundaciones y daños en el territorio afectado de la construcción, serían reubicados, todo en nombre del interés general y el progreso regional”.
Contexto que a nivel general presenta un panorama desalentador, así pues, se puede diagnosticar, cómo el temor de los habitantes de Membrillal, y las percepciones en cuanto a impactos generados por el proyecto, son el resultado de una inadecuada gestión de parte de EPM y el gobierno sobre el manejo del mismo, lo que ha conducido de parte de esta institución y del gobierno a la omisión de las realidades de los contextos municipales en pro a las ganancias económicas nacionales.
4. DISCUSIÓN
De acuerdo con Orjuela (2000) “Desde una perspectiva Estado-céntrica se puede afirmar que Colombia, como muchos de los países latinoamericanos, se caracteriza por un Estado débil y una sociedad civil fragmentada”; en la cual comenzó a primar la imposición de procesos neoliberales principalmente entre 1990 y 1997, dándose esto en primera estancia mediante las reformas constitucionales de dicha época y en segundo lugar, a través de cambios en los modelos económicos nacionales, primando desde entonces la implicación de “procesos sociales excluyentes debido, entre otras cosas, a la privatización de empresas estatales, la quiebra de empresas privadas que no pueden resistir la competencia, el desempleo y a la reducción del gasto público de carácter social”.
¿A caso el contexto actual de la vereda Membrillal es ajeno a estos procesos neoliberales?
Como se pudo evidenciar, en los hallazgos encontrados en la presente investigación, el principal soporte económico, cultural, social y territorial de la vereda Membrillal, se centra en su relación con el río, el cual por siglos ha posibilitado su único medio de subsistencia: el barequeo, labor que ha propendido el sustento familiar de este territorio hasta la actualidad, así pues, es evidente que ante las principales implicaciones generadas por Hidroituango, la comunidad percibe la pérdida de su patrimonio social, económico y cultural tras la inhabilitación al acceso al río.
Pérdida de su único medio de subsistencia que de acuerdo con sus habitantes simboliza el detrimento de su legado transgeneracional y el quebranto de su libertad como territorio, lo cual a su vez genera la percepción de un futuro incierto y con temor a la generación de violencia y desplazamiento de parte de los propios tras la carencia de otro tipo de medios de subsistencia en la región; carencia de alternativas productivas que ni EPM como organización empresarial ejecutora de este mega proyecto ni el gobierno han garantizado cubrir, contexto que a sus vez incrementa más la intranquilidad de los habitantes de la vereda.
Así pues, ante esto, se hace evidente el hecho de que Membrillal, perciba tanto al proyecto como a EPM, como productos del interés particular, que han obviado las necesidades reales de este territorio y demás municipios cañoneros en pro a la generación de desarrollo de estos mismos, más no del desarrollo local, lo cual se ha evidenciado en la ejecución de procesos injustos, carentes de garantía de derechos territoriales, contexto que se puede evidenciar en la inadecuada gestión empresarial ante los censos, las indemnizaciones y el desprovisto acompañamiento institucional tanto de esta entidad ejecutora como del gobierno.
En relación a esto, según Klein (2005), es fundamental reconocer el concepto de desarrollo local como “el resultado de la voluntad de actores sociales, políticos y económicos de intervenir de manera activa en los procesos de desarrollo acaecientes en sus territorios y de influir en la reconversión de estos a la nueva economía”, es decir, esta noción implica el empoderamiento de los territorios empobrecidos mediante la generación de herramientas que les permitan alcanzar su desarrollo.
Por consiguiente, en relación a este concepto y el contexto actual de la vereda,  ¿se puede considerar este un Estado tendiente al desarrollo local, con el objetivo de alcanzar la “prosperidad para todos”, cuando no sólo está peligrando la economía de toda una región, sino también sus bases culturales, sociales, ambientales y territoriales, como lo representa para estos el barequeo y el río Cauca?
Autores como Delgado (2004), aseguran que otra característica de aquellas naciones enmarcadas en la corriente neoliberal, se haya en la supresión de las diferencias culturales, puesto que la cultura, debe estar enfocada a lo global, ya que si la economía está orientada bajo este modelo, esta también debe de estarlo, y al no considerarse así, sería un atraso territorial.
Situación, que a nivel general, denota no sólo la opresión territorial por medio de la imposición de un modelo económico, sino también mediante el exterminio del dinamismo cultural y social de esta región que por siglos se ha construido por medio del barequeo y su relación con el río.
En consecuencia, este contexto neoliberalista, según Cárdenas (2015), simboliza una fuerte permuta a los derechos humanos, puesto que esta corriente inhibe las garantías y la realización de estos, deshabilitándose principalmente los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos: “Los marcos jurídicos de los Estados se construyen entonces para favorecer a los grandes intereses económicos nacionales y mundiales por encima de los intereses y los derechos humanos de la población”.
Por años, se ha señalado que Colombia, ocupa altos índices de desplazamiento interno a escala mundial, de hecho, de acuerdo con la agencia EFE (2016), en una publicación expuesta en el diario Espectador, esta nación, supera en cifras a países como Siria e Irak; contexto que según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016), para finales del año 2016, a comparación de estos dos países, la nación contaba con 7,4 millones de personas en dicha condición, cantidad superior a la de Siria con 6,3 e Irak con 3,6 millones.
Sin embargo, infortunadamente, en este tipo de informes se habla de la condición general del desplazamiento interno del país, pero no de sus causas, de hecho, investigadores como Martínez (2014), aducen que el incremento de estas cifras para las décadas de 1990 a 2010 se dio gracias a los patrones de acumulación de la nación, es decir, a la incursión de los denominados “proyectos de desarrollo”, específicamente en cuanto al “desarrollo de la infraestructura portuaria, de generación eléctrica y de infraestructura de transporte”.

En alusión a esto, Mejía (2016), argumenta que este tipo de proyectos, no sólo generan altas cifras de desplazamiento directo en la nación, sino también desplazamiento indirecto, debido a las transformaciones territoriales, puesto que generalmente las personas se desplazan para garantizar mejores condiciones de vida.

De hecho, según la Comisión Mundial de Represas (2000), este tipo de mega-obras, son responsables del 63% de los desplazamientos poblacionales, por causas ambientales.

Así pues, como se puede apreciar este tipo de proyectos, inhiben la capacidad real de desarrollo de los territorios, lo que a su vez se exterioriza en la violación y vulneración de derechos, derechos que como se ha podido evidenciar priman menos que los deseos del Estado de expandir su economía nacional; vulneración que en el caso colombiano, prevalece más en el departamento de Antioquia, el cual, coincidencialmente, ha sido uno de los territorios que más le ha apostado a la generación de este tipo de mega obras:

“(…) el departamento de Antioquia arrastra por lo menos con el 30% del total nacional de las violaciones a los derechos humanos y en general, de los indicadores utilizados para hacerle seguimiento a los efectos de las violencias tanto urbanas como rurales” (Fundación Sumapaz et al, 2012, pág. 3).

Ante esto, Gonzalo et al (2014), arguyen que el enfoque al modelo de desarrollo en pro al crecimiento económico y acumulación de capital, durante las últimas décadas, se ha validado en cuatro líneas fundamentales, las cuales podrían ser el resumen de lo acaecido por los territorios cañoneros inmersos en el proyecto, quienes fueron completamente invisibilizados ante la idea vehemente del desarrollo nacional:

• El Estado como propulsor del interés general del pueblo, lo que implica el sometiendo del interés particular a la idea que se tengan en su momento como beneficio general de la nación, no importando si ese interés particular representa las voces de todo un territorio.
• La calificación de nación subdesarrollada a aquella que posee cosmovisiones diferentes a lo que se entiende por progreso.
• La noción errada de que el valor de cada país radica en su fidelidad al seguimiento de los denominados estándares internacionales.
• Y en cuarto lugar: “Los discursos promotores del Desarrollo son interiorizados por cada país, a tal punto, que empiezan a encontrar en los recursos jurídicos instrumentos de apoyo y ejecución de sus proyectos”.

Contexto investigativo que no dista de la realidad estudiada en Membrillal, la cual, como se puede evidenciar, se caracteriza por un enfoque institucional excluyente tanto a nivel político como social, económico, ambiental y cultural, obviándose elementos como la significancia histórica para este territorio del río y el lavado del oro, y sus necesidades y contextos reales, lo cual se ha antepuesto por la expansión empresarial de EPM y la generación de crecimiento económico tanto  institucional como guberidntal.

Así pues, es indispensable analizar el contexto que implica una adecuada gestión empresarial, para ahondar más en la situación de vulneración de derechos de los municipios cañoneros, específicamente en la vereda de Membrillal:  De acuerdo con lo estipulado por la Corporación Financiera Internacional (2007), una de las buenas prácticas recomendadas para alcanzar una adecuada gestión empresarial, se da en la gestión de las reclamaciones, dado que ante las quejas, el modo de respuesta de la empresa es altamente importante para el desempeño empresarial; por consiguiente, los elementos más significativos a abordar ante las reclamaciones de los proyectos son:

• “El proceso es importante.
• Diseñar el mecanismo en consonancia con las necesidades del proyecto.
• Ponerlo por escrito y difundirlo públicamente.
• Incorporar a terceras partes cuando sea necesario.
• Hacer que el proceso sea accesible.
• El tiempo de respuesta y la transparencia cuentan.
• Mantener registros adecuados y presentar informes.
• No impedir el acceso a los recursos legales” (Corporación Financiera Internacional, 2007,pág. 89)

Es por ello, que ante lo expuesto por la Corporación Financiera Internacional y el contexto estudiado en la presente investigación, sólo se evidencia una vez más la carencia de procesos transparentes y fidedignos tanto de parte de dicho consorcio empresarial como del gobierno, quienes han omitido cada uno de los elementos expuestos en el párrafo anterior de manera clara y contundente; de hecho, en el marco de diversas  investigaciones como la expuesta por Moreno (2014), se identificó el cómo las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango, han denunciado la carencia de un censo adecuado, y la solicitud de una legislación justa, dado que se destacan altos índices de violación de derechos humanos, tales como la libre movilidad, el trabajo y la libertad.
Contexto que desde el enfoque de la ingeniería industrial y quizás desde el gobierno mismo, es erróneo, puesto que los impactos hacia las comunidades y territorios que comprende el proyecto son “mínimos”; de acuerdo con Ciro, Colazos y Rosero (2015), este proyecto, representa un bajo impacto ambiental, dado que existe un pequeño porcentaje de población en la zona del proyecto, una “actitud favorable de la comunidad hacia el proyecto”, baja utilización agroeconómica de la tierra, entre otros aspectos que según estos autores, beneficiarán aproximadamente a doce municipios solamente del norte antioqueño, caracterizándose así por tener un alto nivel de responsabilidad en las esferas ambiental y comunitaria.
Tras esto sólo queda una pregunta ¿bajo qué instrumento se está evaluando los impactos ambientales y sociales generados por el proyecto con respecto al sector de ingeniería? Puesto que al parecer dicho instrumento sólo ha arrojado datos altamente erróneos y desfasados de la realidad.
De hecho, diversos autores han ido más allá de los propósitos perceptibles de esta mega obra, y ratifican dobles intenciones de parte del gobierno tras su apoyo a esta: de acuerdo con Muñoz  (2014), Hidroituango, representa no sólo una mega industria del ingenio antioqueño, sino también, la visión economicista del departamento, caracterizada más por la atracción de los recursos económicos y principalmente por “la generación de un lugar de paso que conecte el Valle de Aburrá con Urabá” 3, obviando el verdadero desarrollo de subregiones como el occidente.
Lamentablemente, como se ha podido apreciar, la realidad de este tipo de territorios es deplorable, no sólo por el accionar institucional que ha caracterizado a EPM lo cual ha permitido el incremento de los niveles de vulneración de derechos territoriales, sino también la invisibilización de este contexto de parte del Estado, quien no ha ejecutado mayores medidas para brindar oportunas acciones de restitución y garantía de derecho a este tipo de comunidades; si bien, ha dictaminado claramente las acciones que debe seguir EPM, dichos fallos se quedan en el papel, no trascendiendo a hechos reales.
Así pues, a continuación, se traerá a colación algunos apartados en cuanto al otorgamiento de parte del Estado de la Licencia Ambiental concedida para la ejecución del proyecto, la cual, exterioriza una excelente gestión de parte del gobierno en cuanto a la escritura de resoluciones y mandatos, pero que tras analizar los impactos comunitarios del proyecto, sólo denotan la doble moral, de parte del gobierno ante este tipo de contextos, estipulando la protección de derechos de manera integral en el papel pero en cuanto a acción se queda corto.
De acuerdo con la resolución número 0155, la cual, se efectuó en el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto, en el apartado programas de manejo ambiental, el ministerio enfatiza en relación la sección titulada “Obligaciones o restricciones a la utilización del recurso” lo siguiente:
“(…) Deberá cumplir con las políticas y normas sociales para el manejo de los impactos por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico, mediante la ejecución del Programa de Manejo del Medio Social y la implementación de estrategias que garanticen la participación ciudadana, los procesos de interlocución, el impulso a las veedurías ciudadanas y su representación, conjuntamente con las personerías municipales, en los procesos de concertación de las comunidades y en los convenios interinstitucionales.

La Empresa deberá identificar previamente las actividades productivas impactadas y a todas aquellas comunidades y personas cuyas actividades agrícola, mineras, comerciales o pesqueras se vean afectadas, e incorporarlas en el subproyecto “Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”” (Resolución número 0155l, 2009, pág. 50)

Por lo tanto, como se puede apreciar, claramente el gobierno estipula las obligaciones o restricciones de la empresa en la ejecución del proyecto apoyando no sólo el plan de manejo ambiental estipulado por esta, sino también suministrando algunas sugerencias y recomendaciones a abordar, mediante la consecución de la licencia ambiental, contexto que a la hora de la verdad, sólo se ha garantizado de manera escrita puesto que ni EPM ha efectuado dichas acciones estipuladas en los párrafos anteriores y ni el gobierno ha ejecutado acciones apropiadas de vigilancia y control.
Ante esto, es fundamental recordar que garantizar los derechos humanos, es responsabilidad única y exclusivamente del Estado, quien es el garante de velar por el cumplimiento de estos bajo cualquier condición, por lo tanto, autores como Cerrato (s.f.) han expuesto cómo los casos de vulneración de derechos de Hidroituango ha sido resultado de la inadecuada gestión de parte del gobierno Estatal: “El Estado Colombiano no limita la acción de grupos particulares que está arrasando con las casas y la vida social de un grupo de personas desplazadas por su actividad, sino que además las promueve, renegando de su obligación de proteger a las personas, obligación que han adquirido mediante la firma de numerosos tratados de derechos humanos”.
Contexto que lamentablemente como se puede denotar es el diario vivir de la vereda, lo que dificulta más la garantía de sus derechos,  puesto que la dimensión de desarrollo tanto para la empresa como para el gobierno es diferente a su propio escenario territorial, dado que de acuerdo con Mesa (2014), EPM y el Estado,  lo que se pretenden pues con el proyecto, no es efectuar una “obra de desarrollo”, sino más bien llevar a cabo una “iniciativa de desarrollo” tendiente a la dinamización de los municipios cañoneros los cuales han sido reconocidos por su débil articulación territorial e institucional: “En este sentido, se convierte en un proyecto estructurante que favorece la configuración de un nuevo sistema territorial, que potencia los recursos humanos y naturales de las subregiones y localidades en su zona de influencia”.
¿Favorece la configuración de un nuevo sistema territorial? ¿A caso la comunidad pidió la ejecución de dicho mega- proyecto? ¿A caso la comunidad está siendo beneficiada por sus obras? Al parecer el gobierno y EPM han obviando la voluntad de la población civil en este caso, desconociendo como lo aseguran Bresser y Cunill (2013) que “Lo público no es estatal”, que el futuro del río Cauca no debe estar a merced de estos dos organismos sino de todo el Estado, reconociendo a este como el elemento que también integra la sociedad civil.
Es por ello, que autores como Ulloa y Coronado (2016), señalan que a modo de justificación estatal ante la carencia de apoyo hacia este tipo de comunidades, el gobierno, argumenta la necesidad de este tipo de proyectos, a modo de inversión social, posibilitando con esto a aquellos “espacios vacíos” del territorio nacional, incursionar en el desarrollo a través de este tipo de proyectos; contexto que a su vez, ratifica la apropiación estatal de estps espacios, “tornándolos física y simbólicamente” en zonas de generación de rentas.
¿A caso no representa el escenario actual de Membrillal una muestra vehemente de las consecuencias del neoliberalismo nacional?

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*Administradora en salud: énfasis en gestión sanitaria y ambiental/Especialista en Salud Ocupacional/Magíster en Epidemiología, Universidad de Antioquia. Doctora en Desarrollo Sostenible, Universidad de Manizales. Docente Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. Coordinadora de la línea de investigación de epidemiología ambiental y ocupacional del grupo de investigación en salud y ambiente. ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7178-9702 E-mail: margarita.perez@udea.edu.co.
**Administradora en salud: énfasis en gestión sanitaria y ambiental, Colombia. Egresada Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. Perteneciente a la línea de investigación de Epidemiología ambiental y ocupacional del grupo de investigación en Salud y ambiente. ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7662-5408. E-mail: anibetancur@hotmail.com
1 Este movimiento, se encuentra vinculado con la entidad extranjera International Rivers y su objetivo se centra en la defensa del agua y los territorios afectados por la construcción de proyectos como represas y mega minería.
2  Que de acuerdo con Vergara (2007): “Es una actividad en la cual a través del lavado de arenas, y empleando solamente medios manuales (bateas), se obtienen los metales preciosos contenidos en éstas. En el barequeo no se usan motobombas, dragas excavadoras ni ninguna maquinaria”.
3 Ante esto, es fundamental tener presente, que Urabá, representa para el departamento antioqueño, la  entrada al Atlántico y salida al Pacífico, lo que en simboliza una inmensa generación de oportunidades económicas no sólo para Antioquia sino también para la nación.

Recibido: 20/09/2019 Aceptado: 26/09/2019 Publicado: Septiembre de 2019

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