Melania Osornio Macías*
Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, México
melyosornio@gmail.com
RESUMEN
El Gobierno de México, cada seis años, elabora un Documento llamado Pan Nacional de Desarrollo, en el cual, se implementan diferentes Programas Sociales, con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables de la población, en un esfuerzo por reducir la pobreza, la marqinación, la desigualdad y la inclusión de este sector, propiciando a través de estos oportunidades para mejorar sus niveles de vida. El programa Progresa-Oportunidades-Prospera ha sobrevivido a los cambios de gobierno en los últimos 4 periodos de Gobierno.
The Government of Mexico, every six years, prepares a Document called the National Development Pan, in which different Social Programs are implemented, with the purpose of supporting the most vulnerable sectors of the population, in an effort to reduce poverty, the marginalization, the inequality and the inclusion of this sector, propitiating through these opportunities to improve their living standards. The Progresa-Oportunidades-Prospera program has survived the changes of government in the last 4 periods of government.
PALABRAS CLAVE:
Programas sociales, Progresa, Oportunidades, Prospera, Bienestar, Calidad de vida.
Social programs, Progress, Opportunities, Prosper, Well-being, Quality of life.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Melania Osornio Macías (2019): “Programas sociales en México, progresa-oportunidades-prospera”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (febrero 2019). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/02/programas-sociales-mexico.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1902programas-sociales-mexico
Las políticas públicas de la mayoría de los países latinos, enfrentan la prioridad de la salud, educación y nutrición, para la formación de capital humano. La función del Estado es determinante, para que las familias obtengan los ingresos que les permitan acceder a éstos.
Superar la pobreza no es solo un reto, sino un compromiso del gobierno mexicano, que debe trabajar por mejorar las condiciones sociales de todos los mexicanos, priorizando los que se encuentran en pobreza extrema, propiciando las mismas oportunidades a todos, impulsando programas y aplicando el ejercicio del gasto de una manera responsable y eficaz.
El Plan Nacional de Desarrollo PND, es el documento para la Planeación del País que elabora cada seis años el Gobierno Federal mexicano.
En este documento se establecen las estrategias que ha de seguir el Gobierno Federal durante los seis años que dura la gestión, a partir de las cuales se generan los instrumentos de planeación y ejecución en los Estados y Municipios de todo el territorio mexicano, así como los Programas Sectoriales y Regionales.
La primera generación de los Programas Sociales en México inició en 1940, hasta 1970, y su principal objetivo era incorporar a los trabajadores a la seguridad social y a las prestaciones laborales. Consistía en incluir a la población en redes básicas de protección social por la vía del empleo formal y que sirviera además para el control de los trabajadores y que pudieran participar de la modernización económica del país. Se estableció la universalidad, gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la educación primaria, extendiéndose posteriormente a la secundaria y actualmente a la media superior1.
Esta etapa produjo un desarrollo institucional, legislativo, de infraestructura física y de recursos humanos en educación, salud, seguridad social, seguridad alimentaria, infraestructura y servicios urbanos. Por otro lado, surge el “sector informal urbano” que realiza actividades por cuenta propia y al margen de las regulaciones del estado con poco capital y baja tecnología, pero que contribuyó a aliviar la necesidad de que el desarrollo industrial absorbiera no solo a los trabajadores desplazados del campo sino a las nuevas generaciones resultado de un crecimiento demográfico elevado.
La segunda generación surge a mediados de los 70 y fines de los 80, con programas para resarcir el abandono y la explotación del campo y acortar la brecha de desigualdad respecto al desarrollo en las ciudades. Se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) en 1977 y en 1987 las autoridades se vieron obligadas a reforzar un programa de estabilización basado en la concertación entre los representantes de los sectores privado, social y público, conocido como Pacto de Solidaridad Económica (PSE).
El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, bajo la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, estableció cuatro líneas estratégicas básicas tendientes a consolidar el cambio estructural de la economía, una de las cuales consistía en buscar la erradicación de la pobreza extrema. “El ataque a la pobreza ya no se concebía como resultado del crecimiento ni como acción supletoria por parte del Estado, sino que se postulaba cada vez más claramente la necesidad de políticas enfocadas que no estuvieran en contradicción con la búsqueda de optimización del mercado. Se hablaba de romper con el “paternalismo, burocratización, centralismo e intermediación corporativa” (Valencia y Aguirre,1998).
En el discurso de toma de posesión el Presidente Carlos Salinas de Gortari propuso un “acuerdo nacional para ampliar la democracia, recuperar estabilidad y crecimiento y mejorar el nivel de bienestar popular”2. El crecimiento y distribución, ajuste y legitimación se lograría ampliando las funciones del Estado como promotor de desarrollo social. El proyecto salinista, identificado con el “liberalismo social”3, se llevó a cabo atendiendo dos criterios: control de las finanzas públicas y selectividad social (a través de cuatro temas críticos: erradicar la pobreza, garantizar la seguridad pública, dotar suficientemente de servicios básicos a la población y restablecer la calidad de vida en la Ciudad de México) y programática en la aplicación de los recursos públicos. En éste período aumentaron los fondos para atender a la pobreza (41.3 millones, de los cuales 17.3 millones eran indigentes) y se articularon las acciones en un programa macro: el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que recuperaba las experiencias de la COPLAMAR, el PIDER y el SAM, dirigido no sólo a los pobres rurales sino también a los urbanos.
El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se crea en 1989, para atender a habitantes concentrados en zonas y comunidades marginadas en el medio rural. Estos programas manejaron cinco características: La primera consistía en combinar la atención social en materia de salud, abasto alimentario y provisión de infraestructura de saneamiento, intervenciones en el área productiva como la construcción de caminos, obras de riego, fondos y asesoría para microempresas, granjas integrales y créditos a la producción agropecuaria. La segunda característica era que el Estado era el proveedor de los servicios sociales. La tercera característica era que los programas utilizaban e incrementaban la infraestructura social desarrollada anteriormente. La cuarta característica consistió en incorporar la multiculturalidad y la de género. La quinta característica incluyó la promoción de la participación de las comunidades en la planeación, control, seguimiento y evaluación de programas y se incluyeron a las mujeres.
El PRONASOL, destinado al 48% de la población mexicana que vivía bajo la línea oficial de pobreza y especialmente al 19% (15 millones de personas, aproximadamente), clasificada como “pobreza extrema”, con el fin de compensar los efectos del ajuste estructural que se venía aplicando desde mediados de los ochenta en el marco de la crisis financiera, de los propósitos de sentar un modelo económico regulado por el mercado, así como la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estos objetivos exigieron aplicar medidas tendientes a eliminar el déficit fiscal y a renegociar y garantizar el pago de la deuda. También se dispusieron “medidas de apertura comercial y se flexibilizaron las condiciones de ingreso del capital extranjero, al mismo tiempo que la política de subsidios generalizados tendió a desaparecer” (Gordon, 1996).
Algunos de los proyectos evaluados son sugeridos a partir de las iniciativas de los Comités de Solidaridad, en los que deben participar las diferentes comunidades del país. A su vez los representantes de las comunidades a los comités serán elegidos en asambleas públicas mediante votación directa en asamblea. La creación del programa incluye también un Consejo Consultivo en el que participan, además de los responsables de las dependencias vinculadas, representantes de grupos indígenas, de los sectores social y privado y un conjunto de reconocidos investigadores sociales. Una de las cualidades del programa es el reconocimiento e incorporación de valores enraizados en la cultura de las comunidades rurales mexicanas como el “tequio”, la “mano vuelta”4 y las asociaciones vecinales (modos de trabajo voluntario recíproco para el bien común).
Las obras de Solidaridad se agruparon en tres vertientes: bienestar social (salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y regularización de la tenencia de la tierra); programas productivos (agropecuarios, extractivos, agroindustriales, piscícolas y microindustriales) y desarrollo regional (infraestructura regional y programas de desarrollo en zonas específicas). Dentro de la primera vertiente, sobresalen los programas educativos (becas y construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios deportivos) y la vivienda (principalmente en infraestructura y servicios urbanos, a los que se les asignó un presupuesto promedio del 16 y 27% del total, beneficiando en conjunto entre 11 y 19 millones de personas.
Los Principios Operativos5 del programa, se modulan y encauzan mediante figuras organizativas propias del programa que figuran la participación comunitaria, mediante los Comités de Solidaridad:
* Respeto a la voluntad, iniciativas y forma de organización de los individuos y sus comunidades. El Programa convoca, articula y apoya las demandas e iniciativas de solución, no impone decisiones ni establece clientelismos6 o condiciones. Las organizaciones adoptan estrategias y métodos de trabajo propios en los proyectos y acciones. La diversidad del país y de las formas de organización comunitaria tienen fiel reflejo en el Programa.
* Plena y efectiva participación y organización en todas las acciones del programa. La participación se ejerce en el planteamiento, toma de decisiones, seguimiento, control y evaluación de los proyectos concertados con los sujetos y organizaciones. La participación también se expresa en trabajo directo, aporte de recursos y materiales propios de la región, y en un manejo vigilado que beneficia realmente a quienes más lo necesitan, que funcione como una eficaz “Contraloría Social” (seguimiento el ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas).
* Corresponsabilidad. Todos los proyectos se definen en convenios en los que se especifican las aportaciones, responsabilidades y compromisos de las partes. Las obligaciones aceptadas se ejecutan con la unidad de recursos y voluntades que se expresan públicamente con base en la confianza y la colaboración.
* Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos. Los recursos del Programa son de la nación. Su uso debe ser escrupulosamente honesto, transparente y público, mediante la intervención de las comunidades en su manejo, vigilancia y evaluación de resultados. Debe ser un manejo ágil, sencillo y oportuno, sin burocratismo ni centralismo. La transparencia y la eficiencia se basan en que las decisiones y las acciones son instrumentadas por las comunidades.
Desde su inicio, el Programa mantuvo básicamente: atender-erradicar la pobreza mediante la provisión de servicios básicos e infraestructura en salud, educación, electrificación, drenaje, y la recomposición de las relaciones Estado-sociedad. Se pretende eliminar anteriores prácticas de paternalismo, clientelismo o condicionalidad política y promocionar en su lugar una cultura democrática “desde abajo”. El sujeto privilegiado de gobierno-acción es la comunidad pobre basada en relaciones de vecindad, a la cual el Programa asigna responsabilidades en la aplicación del gasto social tanto para resolver sus carencias en materia de servicios sociales básicos como para mejorar su capacidad productiva. En éste período el gasto asignado a desarrollo social es de 19%, el más alto incluso desde 1921 (Moreno, 1994 ).
Destacan los programas: Fondos Municipales, Escuela Digna, Fondos para la Producción, Niños en Solidaridad y Mujeres en Solidaridad. Otra forma de expresar estas líneas de acción y objetivos se recoge en las propuestas oficiales de garantizar un “piso básico” de bienestar y con el tiempo avanzar hacia un “segundo piso” de oportunidades productivas entre los sujetos de atención. El objetivo de alcanzar un “Piso social básico”, predomina en las primeras declaraciones del Programa y se refiere al acceso por los mexicanos a un conjunto de bienes y servicios mínimos en materia de alimentación, salud, educación y vivienda. La promoción de empleo productivo constituye el objetivo del “segundo piso”, expresado en el V Informe de Gobierno (1993).
Pronasol contaba con dos características que lo hacían distinto a las políticas anteriores. Por un lado se basaba en el principio de la focalización. La idea central de este principio es que cuando se tienen recursos escasos una opción para maximizar el impacto de los programas es canalizar los beneficios exclusivamente para la población objetivo. Esta estrategia constituyó la alternativa a la provisión de subsidios abiertos a la población en general. Por otro lado, el programa tenía como uno de sus principios básicos la participación social. Ésta se entendía como el involucramiento de la población beneficiaría en la toma de decisiones relacionadas con el tipo y monto de apoyos que se otorgarían. La modalidad fue particularmente importante para la creación de obras de infraestructura en las comunidades beneficiarias, ya que propiciaba mano de obra barata, así como parte de la inversión requerida (Székely,2000).
La tercera generación de programas inicia en los 90 y se focalizan en los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad.
En su momento de mayor alcance (1993), los recursos de PRONASOL, representaron el 0.65% del PIB, es decir, el 3.5% del gasto programable y 6.9% del gasto social. El gasto social recuperó en este año, el nivel que tenía en 1981 y en 1994 alcanzó un máximo histórico de 10.3% del PIB.
En este período Ernesto Zedillo, incorpora Solidaridad en la Alianza Nacional para el Bienestar; la descentralización del Pronasol en 1995-1996; la puesta en marcha en 1997 del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y la publicación del “Programa para Superar la Pobreza 1995-2000”, en el cual se definen las dos vertientes de la política social: acciones amplias orientadas a la población en general y acciones dirigidas enfocadas a la población en pobreza extrema.
Este programa considera tres aspectos: salud, educación y alimentación y se enfoca en principio al medio rural. Se focaliza en individuos y no considera intervenciones en el nivel de las comunidades. Es un programa de transferencias monetarias, utilizadas para la compra de alimentos en el mercado y a cambio, las familias –principalmente las mujeres- tienen que garantizar la asistencia de los hijos a la escuela y a los centros de salud y asistir ellas a cursos de capacitación. Estos programas se elaboraron en base a interpretar la pobreza centrada en las carencias individuales, tanto materiales como de capacidades y con orientación al desarrollo de capacidades para la inserción en el mercado de trabajo. También se diseñan programas para la construcción de infraestructura social y mejoramiento de la vivienda. Se crean también programas de apoyo a adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia doméstica y discapacitados.
El PROGRESA, dirigido a la población en pobreza extrema, a través de apoyos alimentarios, educativos y para la salud, buscaba dar igualdad de oportunidades para los individuos (desarrollo de capacidades) y entre sus objetivos7 estaban: Mejorar sustancialmente las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias pobres, particularmente de los niños, niñas y de sus madres, brindando suficientes servicios escolares y de cuidado de la salud de calidad, así como ayudas alimentarias; Integrar estas acciones para que el aprovechamiento escolar no se vea afectado por la falta de salud o la desnutrición de los niños y los jóvenes, ni porque realicen labores que dificulten su asistencia escolar; Procurar que los hogares dispongan de medios y de recursos suficientes para que sus hijos completen la educación básica; Inducir la responsabilidad y la participación activa de los padres y de todos los miembros de las familias a favor del beneficio que significa para los niños y los jóvenes mejorar su educación, salud y alimentación y Promover la participación y el respaldo comunitario en las acciones de Progresa para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de las familias de las localidades donde opere, así como sumar los esfuerzos e iniciativas comunitarias en acciones similares o complementarias al Programa.
La característica más importante del Progresa es que proporciona beneficios a su población objetivo, a cambio del compromiso de invertir en la educación y salud de los miembros de cada familia. Es decir, el programa proporciona apoyos de corto plazo pero también equipa a las familias pobres con instrumentos que les permiten alcanzar un mejor nivel de vida en el futuro (Székely, 2000).
Los principales aspectos innovadores del Progresa son: 1) la ayuda económica es otorgada en efectivo a las familias, 2) su enfoque de género: la ayuda económica se proporciona directamente a las madres de familia, ellas son las depositarias y titulares de los beneficios económicos ya que se ha comprobado que hacen un mejor uso de los apoyos, además, las becas educativas están diseñadas de tal forma que en el nivel de secundaria son ligeramente mayores para las niñas que para los niños, lo cual tiene el propósito de revertir la tendencia de un menor nivel de escolaridad de las mujeres en zonas marginadas; 3) la corresponsabilidad de los beneficiarios, la cual es requisito indispensable para que las familias puedan recibir los apoyos de Progresa. Se considera fundamental la participación activa de los padres de familia para el logro de los objetivos del programa, y 4) el enfoque integral del programa, que incluye tres componentes vinculados entre sí: educación, salud y alimentación (Orozco, 2003).
La cuarta generación de Programas Sociales inicia en la década del 2000 a partir del cambio de gobierno e incluye la participación del sector privado en la provisión de éstos, convirtiéndose en responsable del financiamiento y cediendo inicialmente su operación a la sociedad civil a través de la promoción de microempresas. Se subrogan los servicios de guarderías del IMSS, se crea un programa de estancias infantiles, así como el diseño original del Seguro Popular. Fue notable el desarrollo de viviendas de interés social a través de proyectos inmobiliarios de empresas privadas en terrenos de tenencia colectiva en el sexenio 2000-2006. Los servicios sociales fueron vistos como un campo de negocios para las empresas privadas.
A partir de 2002, el Programa de desarrollo social Progresa cambia de nombre a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual busca que mediante acciones intersectoriales coordinadas de educación, salud, alimentación y desarrollo social, las capacidades de las personas se traduzcan en mayores opciones para la familias en condiciones de pobreza extrema.
Implementa el Programa Escuelas de Calidad, la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, promueve cursos de educación de adultos para la vida y el trabajo, programas de empleo temporal, proyectos de cuidado del agua, bosques y reforestación, mejoramiento de vivienda rural; establecimiento de Comités de Promoción Comunitaria. El Programa de Oportunidades está integrado por ocho modalidades: 1. Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar y una mejor alimentación; 2. Becas para niños y jóvenes, a partir de tercero de primaria y hasta el último grado de educación media superior; 3. Fondo de ahorro para jóvenes que concluyan su Educación Media Superior; 4. Apoyo para útiles escolares; 5. Paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud; 6. Complementos alimenticios a niños y niñas entre 6 y 23 meses y con desnutrición entre los 2 y 5 años. También a las mujeres embarazadas o en período de lactancia; 7. Apoyo económico para cada adulto mayor, en localidades mayores de diez mil habitantes Y 8. Apoyo adicional bimestral para el consumo energético de cada hogar.
El Programa Oportunidades aplica un riguroso sistema de identificación de beneficiarios mediante una encuesta socioeconómica. Las familias que se incorporan el Programa son beneficiarias por sus condiciones de pobreza alimentaria, y su permanencia la determina el cumplimiento de sus corresponsabilidad: asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela. De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes, la concepción, medición e identificación de las familias susceptibles de ser beneficiarias del Programa, se realiza mediante una metodología objetiva, homogénea y transparente, basada en una estimación del ingreso, mediante un conjunto de variables socioeconómicas y demográficas de los hogares que pueden diferir de acuerdo al tamaño de la localidad en la que habitan, lo cual permite identificar hogares cuyas condiciones socioeconómicas y demográficas son similares para aquellos que están en pobreza alimentaria así como aquéllos cuyos ingresos son insuficientes para invertir en el adecuado desarrollo de sus integrantes. la metodología de focalización, en su caso, se adecuará, considerando el tiempo necesario para su implementación, de conformidad al grado de correspondencia entre los criterios actuales y los que emita el Consejo Nacional de Evaluación, previa autorización del Comité Técnico de la Coordinación Nacional.
La incorporación o reincorporación de un hogar al Programa, se define con base en su condición de pobreza, aproximada a través de su ingreso estimado, con atención prioritaria a la pobreza alimentaria. Una vez identificadas las familias elegibles, el Programa atenderá a los hogares aplicando los siguientes criterios de prioridad: 1. Hogares en condición de pobreza alimentaria; 2. Hogares con integrantes de hasta 21 años de edad; 3. Hogares con mujeres en edad reproductiva Y 4. Hogares con mayor pobreza
A partir de 2010, el Programa Oportunidades opera el Programa de Apoyo Alimentario (PAL). Atiende a los hogares en condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud, y que no son atendidos por el Programa Oportunidades. Lo anterior, de conformidad con los criterios de elegibilidad, metodología de focalización y criterios de prioridad, establecidos en las Reglas de Operación. Las familias que se incorporan al PAL son beneficiarias por sus condiciones de pobreza alimentaria, y su permanencia la determina el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas: obtener la Cartilla Nacional de Salud de cada uno de los integrantes de la familia, quienes deberán acudir por lo menos una vez al semestre a la unidad de salud más cercana a su lugar de residencia para recibir las acciones de salud de acuerdo a lo establecido en su Cartilla Nacional de Salud. El PAL, considera los siguientes apoyos: Apoyos monetarios para contribuir a una mejor alimentación y nutrición; Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para fortalecer su desarrollo; Complementos nutricionales para niños mayores de 6 meses y menores de 2 años, así como para mujeres embarazadas o en período de lactancia y Leche fortificada para niños entre los 2 y 5 años.
En 2014, el Programa vuelve a cambiar de nombre a PROSPERA, contribuyendo al cumplimiento de la meta no. 2 México Incluyente, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, orientado a garantizar el ejercicio de los derechos sociales de la población mexicana y es considerado como la principal estrategia adoptada por el Gobierno mexicano para contrarrestar la pobreza en el país. Es un programa de inclusión social, vinculado a dos de sus cuatro vertientes: incremento de capacidades y apertura de opciones de desarrollo para las familias, promoviendo acciones intersectoriales para la educación, la salud y la alimentación de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema (Objetivo del milenio y ODS número uno). Actualmente atiende a 6.8 millones de familias. Refuerza la atención y acciones de coordinación para contribuir al desarrollo de capacidades, el acceso a los derechos sociales y el bienestar de la población en pobreza a través de los componentes de: Alimentación, a través de la entrega de apoyos monetarios directos a las familias beneficiadas, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversificación de su alimentación; Salud, a través de las acciones de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, así como el impulso para el acceso a servicios de salud de calidad; Educación, por medio de una mayor cobertura educativa, con el otorgamiento de becas como incentivo para la permanencia y avance escolar; Vinculación: otorgar asesorías, brindar información y promover el acceso de las familias beneficiarias a programas o acciones de fomento productivo, generación de ingresos, capacitación y empleo, educación financiera, acceso a esquemas de ahorro, seguros de vida, créditos a través de la coordinación interinstitucional. Impulso a la participación social, a través de la planeación del desarrollo comunitario, voz ciudadana, exigibilidad de los derechos y rendición de cuentas.
Se implementa el Sistema Nacional para la Cruzada contra el hambre, priorizando la atención a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema de alimentación y se vincula a los objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, atendiendo a los hogares y sus integrantes que se encuentren en los polígonos ubicados en los municipios de atención del Programa, en coordinación con otras dependencias y entidades, así como con otros órdenes de gobierno.
A partir de la entrada del nuevo sexenio, la Secretaría de Desarrollo Social, se transforma en Secretaría de Bienestar, con la implementación y ampliación de varios de los Programas Sociales, los cuales se encuentran en la etapa inicial de modificaciones y/o implementación.
Referencias
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador.
2 Salinas de Gortari, Carlos, Discurso de Toma de posesión, 1 de diciembre de 1988
3 Villareal, René, Liberalismo Social y reforma del Estado: México en la era del capitalismo posmoderno, FCE-NF, México, 1993, p. 31.
4 Según el Diccionario de la Real Academia Española (1992:1993) es “la tarea o trabajo personal que se imponía como tributo a los indios”. El tequio (del náhuatl tequitl, trabajo o tributo) es una forma organizada de trabajo en beneficio colectivo, consiste en que los integrantes de una comunidad deben aportar materiales o su fuerza de trabajo para realizar o construir una obra comunitaria, por ejemplo una escuela, un pozo, una barda, un camino, etcétera. En la época colonial, tequio era un tributo impuesto a las comunidades indígenas por una autoridad de la colonia que se pagaba con trabajo. Esta práctica sobrevive en el siglo XXI principalmente en comunidades con un fuerte arraigo en sus tradiciones indígenas, como en el estado mexicano de Oaxaca, donde el tequio es un componente importante del sistema de usos y costumbres que norma la vida comunitaria. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca señala en su artículo 12: “Las autoridades municipales preservarán el tequio como expresión de solidaridad comunitaria, según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas”. Estudios empíricos realizados en Oaxaca muestran que la aportación de las comunidades durante la realización de obras, gracias al tequio, suele ser de hasta el ochenta por ciento, mientras que las aportaciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales cubren el resto. La autoridad que se encarga de dirigir los tequios es el síndico. El tequio recae sobre las personas fuertes y sanas de manera bastante igualitaria, es decir, todos los miembros adultos de la comunidad deben participar con la misma regularidad en actividades comunitarias igualmente arduas. En el estado de Oaxaca, el tequio está reconocido por la ley estatal y el gobierno del Estado tiene el deber de preservarlo. La “mano vuelta” es una forma interna de colaboración. www.nacionmulticultural.unam.mx
5Carlos Rojas, coordinador del PNS.
6 Clientelismo: intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos, regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral
7 Poder Ejecutivo Federal, 1997
Bibliografía
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