Melanie Gabriela Torres Sánchez*
EstudianteMaría Fernanda Vela Velázquez**
DocenteUniversidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador
megatosa@hotmail.com
RESUMEN
En esta investigación hemos analizado las medidas que aseguran el pago de las pensiones alimenticias que se encuentran dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, las cuales no son suficientemente coercitivas ya que aún se puede connotar un índice de morosidad.
La morosidad que existe en las pensiones de alimentos, se convierte un problema que va vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes al no recibir a tiempo el pago de sus pensiones alimenticias, en muchos casos por la falta de ingresos suficientes de los alimentantes, por la falta de empleo y en muchos casos por conflicto entre los padres
La finalidad de esta investigación es analizar una solución de pago en base a reclamos tributarios como lo son el pago indebido y el pago en exceso, de tal manera que el alimentante que posee un crédito tributario por concepto del pago de sus tributos realice el respectivo trámite para su devolución y de esa manera cumplir con el pago de la pensión alimenticia.
Palabras Claves: reclamos tributarios, solución de pago, pensiones alimenticias, devolución, crédito tributario
ABSTRACT
In this investigation we have analyzed the measures that ensure the payment of alimony payments that are within the Childhood and Adolescence Code, which are not sufficiently coercive since one can still connote an index of delinquency.
The delinquency that exists in the pensions of food, becomes a problem that is violating the rights of children and adolescents by not receiving timely payment of their alimony, in many cases due to the lack of sufficient income of the nourished, for the lack of employment and in many cases for conflict between parents
The purpose of this investigation is to analyze a payment solution based on tax claims such as undue payment and excess payment, so that the obligor who owns a tax credit for the payment of their taxes perform the respective procedure for their return and in that way comply with the payment of alimony.
Keywords: tax claims, payment solution, alimony, refund, tax credit
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Melanie Gabriela Torres Sánchez y María Fernanda Vela Velázquez (2018): “Alternativa de pago de las pensiones alimenticias en base al pago en exceso o pago indebido de la obligación tributaria del sujeto pasivo”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (noviembre 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/11/pago-pensiones-alimenticias.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1811pago-pensiones-alimenticias
El pago de las pensiones de alimentos por parte del padre del menor se convierte en una obligación que en muchos casos no es cancelada por diversos motivos, en algunos por la falta de empleo, o conflictos entre los padres o la falta de ingresos suficiente a causa de haber formado un nuevo hogar, generando así un problema al no cancelar las pensiones y dejando en indefensión al niño, niña o adolescente.
Nuestro ordenamiento jurídico contiene medidas para asegurar el pago de las pensiones alimenticias, sin embargo aún en la actualidad existe mora en los pagos, por esta razón nace la idea de una solución de pago para que el alimentante tenga más posibilidades para el cumplimiento de su obligación.
El desarrollo de la presente investigación tiene como punto de partida el análisis de la obligación alimentaria, en la cual conoceremos el ámbito del derecho de alimentos y las medidas que existen en nuestro y consecuentemente la obligación tributaria para conocer acerca de los reclamos tributarios que pueden ser solicitados por el sujeto pasivo.
En la actualidad, existe diversas familias que han sido disueltas por distintos motivos y es ahí cuando se da la separación de uno de los progenitores, influyendo de manera negativa en los niños, niñas y adolescentes, por el hecho que el padre o madre que queda a cargo no tiene el sustento para brindarle las condiciones de vida necesarias.
Podemos connotar en el diario vivir que las madres o padres de familia acuden a las unidades judiciales para solicitar una pensión alimenticia, respaldándose en la ley ya que esta le permite hacerlo. Mientras que otro gran grupo lo arregla extrajudicialmente. El problema radica en que los padres suelen olvidar que el derecho de alimentos no es de ellos sino del niño (a) o adolescentes que cuenta con que sus representantes harán valer sus derechos. La corresponsabilidad parental es un concepto que no se encuentra muy arraigado en la cultura ecuatoriana, donde se confunde el rol que cada padre debe asumir sobre la crianza de los hijos. La cuota de pensión alimenticia solo representa la parte que corresponde al padre o madre demandado, lo cual no excusa al otro padre o madre del aporte en la crianza del hijo. Por esto las formas de exigir el pago difieren entre los obligados principales y subsidiarios, donde los segundos tienen una intervención solo por casos que la ley determina y no por ser responsables directos.
Cada año el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias aumenta por lo que las medidas ante el incumplimiento deben ser mejoradas. La mejor herramienta para controlar el cumplimiento es el Sistema Unificado de Pensiones Alimenticias, esta plataforma podría tener un mayor impacto en el cumplimiento de la obligación si se conectara con otros sistemas informáticos para encontrar alternativas de pago, por ejemplo, el sistema del Servicio de Rentas Internas. Si una persona tiene opción a reclamo por pago indebido o pago en exceso sería una buena alternativa que en lugar realizar la devolución de estos valores se direccionen a la cuenta del alimentado para cubrir con la cuota adeudada. De esta forma al actuar de oficio no solo se evita el congestionamiento en causas por incumplimiento, sino que ayudaría a evitar largos procesos para la devolución de pago de tributos.
La prestación de alimentos tiene dos aspectos, siendo esta una obligación para el padre y un derecho para el hijo; es decir el padre está sujeto a cubrir las necesidades del menor generándole así una obligación y a su vez el menor puede exigir los recursos necesarios para su subsistencia, siendo así un derecho que se lo plasma dentro de nuestra normativa ecuatoriana.
Juan Larrea Holguín “son las asistencias que se dan a una persona para su manutención y subsistencia, esto es, para la comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud” (Larrea Holguín, 2008, pág. 415) en libro (Badaraco Delgado)
El derecho de alimentos nace de la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La familia es conocida como el conjunto de individuos que se relacionan por vínculos matrimoniales o de parentesco, creando lazos de consanguinidad, afinidad o adopción, a quienes la Ley les atribuye efectos jurídicos. (Ramos, 2009) Producto de los lazos que unen a la familia se presume que sus miembros buscaran la satisfacción colectiva de sus necesidades.
Dentro de este derecho existe una pluralidad de sujetos, por un lado, el titular del derecho o sujeto acreedor y por otro el obligado a cumplir con la prestación o sujeto deudor.
El titular del derecho es el niño (a) o adolescente menor de dieciocho años, como regla general, denominado alimentado. Al ser menor de edad, necesita representación jurídica que será ejercida por la persona quien tenga la patria potestad, un tutor o curador. Esta persona deberá contar con la capacidad suficiente y el pleno goce de sus derechos civiles para representar al titular y exigir su derecho.
El obligado a cumplir la obligación denominado alimentante, en este caso podría ser la madre o el padre progenitor que haya sido demandado, el cual está obligado a prestar alimentos necesarios para que su hijo goce de una vida digna.
En el Ecuador, la obligación de alimentos era regulada por el Código Civil (Código Civil, Código Civil, 1860) pero no fue sino hasta 1938 que se implementó una normativa especial para su protección. El primer Código de Menores (Código de Menores, Código de Menores,, 1938) se publicó mediante Decreto número 181-A del 1 de agosto de 1938, publicado en el Registro Oficial número 2 del 2 de agosto de 1938 durante el mandato del General Alberto Enríquez Gallo. El Estado tenía como obligación “garantizar los derechos de los menores desvalidos, huérfanos, material y jurídicamente abandonados” (Código de Menores, Código de Menores,, 1938). En esta norma no se les consideraba sujetos de protección sino objetos de protección, y creaba distinción entre los términos “niños y adolescentes” y “menores” siendo estos últimos considerados aquellos que se encontraban en situaciones de abandono.
A pesar de la inexactitud de la norma sobre temas de alimentos el Artículo 3 mencionaba que "La protección del menor comprende los siguientes aspectos: la salud y crecimientos físicos, la salud y crecimientos morales, la educación intelectual y manual, el amparo del derecho del niño a un hogar y la consiguiente vigilancia (...)" y el Artículo 57 "La pérdida de la patria potestad, la suspensión de su ejercicio, y la pérdida o suspensión de la tuición de menores no libera a los padres de la obligación de proveer a los menores de la educación y sustento." Evidencia que, aunque la norma no profundizaba los límites de la obligación, ya existía una corresponsabilidad entre ambos padres que no podía ser negada.
El segundo Código de Menores (1944), fue promulgado mediante Decreto No. 721 expedido el 9 de agosto de 1944, publicado en el Registro Oficial No.65, el 18 de agosto de 1994, en el mandato del Doctor José María Velasco Ibarra. En este código se incluye el proceso especial para las causas relacionadas con pensiones alimenticias, el cual era de competencia de los Tribunales de menores. El Artículo 65 decretaba que “cuando el Tribunal de Menores hubiere comprobado que la obligación existe; fijará la cuantía de la pensión alimenticia”. Estos cambios establecen la importancia del derecho y de fijar el monto que debe ser pagado y que no quede a la voluntad del obligado la cuota por pagar.
En el tercer Código de Menores (1969), se expide en el gobierno del Doctor José María Velasco Ibarra mediante la Ley No.187 CLP, de 30 de junio de 1969, promulgada en el Registro Oficial No.320 el 3 de diciembre de 1969. El Artículo 96 previene que “a falta o por impedimento de los padres estarán obligados a suministrar alimentos al menor, en su orden, las personas llamadas a ello, de acuerdo con el Código Civil.” Para este año ya se establece la posibilidad de recurrir a los obligados subsidiarios a pesar de tener que recurrir a otra norma para confirmar el orden de prelación a seguir. Se especifica quienes pueden ejercer el derecho, los obligados y que medidas debe tomar el juez en caso de incumplimiento.
Luego de las corrientes internacionales sobre la protección de los niños (as) y adolescentes, se toma una mayor conciencia sobre la vulneración de este grupo. Lo que generó una nueva reforma y publicación del cuarto Código de Menores (1976) expedido por el Consejo Supremo de Gobierno conformado por el Almirante Alfredo Poveda, General Guillermo Durán Arcentales y General Luis Leoro Franco, mediante Decreto No.421, de 6 de junio de 1976, publicado en el Registro Oficial No.107, de 14 de junio del 1976. El código señalaba en su Artículo 4, que “la protección de menores será integral y se ejercerá en todos sus períodos evolutivos, inclusive el prenatal y postnatal”. La influencia de la protección integral se elimina la distinción entre “menor” y “niño (a) y adolescente”, siendo considerados como sujetos de derecho. En el tema de alimentos el Artículo 60 indicaba que “a falta o por impedimento de los padres, estarán obligados a suministrar alimentos al menor, las siguientes personas, en su orden: abuelos paternos o maternos, hermanos y tíos del menor” otra novedad del código es que permitía exigir alimentos a los hijos presuntos.
El quinto Código de Menores (1992), gobierno del Dr. Rodrigo Borja por el Plenario de las Comisiones Legislativas, con fecha 16 de julio de 1992 se expide la Ley No.170, publicada en el Registro Oficial Suplemento No.995, de 7 de agosto de 1992. Incluye la protección integral de los menores de edad, indicando en el Artículo 4 que “la protección a los menores será integral y se ejercerá en todos sus períodos evolutivos, inclusive el prenatal”. Adicionalmente contenía la prohibición para el Tribunal de Menores dejar de fijar pensiones alimenticias y las medidas para garantizar el derecho pasaron a ser preventivas. La principal medida preventiva se encontraba en el Artículo 74 que mencionaba que “iniciado el juicio de alimentos o el de ayuda prenatal el demandado no podrá ausentarse del país sin autorización del Tribunal de Menores y previo otorgamiento de caución suficiente que garantice el cumplimiento de su obligación (…)”
El sexto código cambio su denominación a Código de la Niñez y Adolescencia (2003), y se realizó durante el gobierno del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, promulgado por la Función Legislativa por Ley No. 100 del 23 de diciembre del 2002, publicado y puesto en vigencia mediante Registro Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003. Este código ha sido reformado en 2009, con la Ley Reformatoria al Título V, Libro II, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, aprobada por la Comisión Legislativa y de Fiscalización el 14 de julio del 2009 y publicada en el Registro Oficial 643 del 28 de julio del 2009; en el 2014, 2015 con la promulgación del Código Orgánico General de Procesos publicado en el Suplemento del Registro Oficial 506 el 22 de mayo del mismo año y 2017. En este código se reconoce a los derechos de la niñez y adolescencia como una materia especializada y ordena a los operadores de justicia la aplicación de la protección integral.
Desde la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador se introdujo la tendencia garantista de derechos sociales direccionados al buen vivir. Incorporando en su Artículo 35, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, dentro de los cuales se encuentran los derechos de los niños (as) y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, y otros considerados como personas vulnerables. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Con esta normativa se busca equiparar diferencias que son propias de la condición de cada uno de los pertenecientes a este grupo, y así garantizar de manera efectiva sus derechos.
Doctrinalmente, Linares Quintana (1953), aporta la importancia de la Constitución para garantizar derechos fundamentales y la dignidad del hombre. La supremacía de la Constitución es indispensable para una validez jurídica que exija la aplicación de todos los derechos sin discriminación, tienen un mayor rol para cumplir con este objetivo: el Estado, la sociedad y la familia. El derecho de alimentos es considerado como un derecho de supervivencia esencial para el desarrollo integral, por lo que corresponde a estos tres ejes fundamentales evitar ponen en riesgo la integridad física, la salud e incluso la vida del niño (a) o adolescente. Tal es su importancia que la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 44, considera a los derechos de los niños (as) y adolescentes como preferentes sobre los derechos de las demás personas. Y el Código Civil en el Artículo 2374, siguiendo la supremacía constitucional, especifica que estos derechos son créditos preferenciales.
Nuevamente se pone en evidencia la importancia del derecho de alimentos que es la excepción de la prohibición de privación de libertad por deudas, permitiendo al obligado principal ser privado de su libertad en caso de incumplimiento siguiendo las normas contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. E incluye otras particularidades del derecho permitiendo embargo de la remuneración o salario del trabajador, retenciones de las prestaciones del seguro social o inhabilidades del deudor para ser candidato de elección popular. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
El Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 20, establece que ante el incumplimiento de dos o más pensiones alimenticias el juez debe disponer de medias contra el deudor e incluirlo en el registro de deudores del Consejo de la Judicatura. Este código divide a las sanciones en inhabilidades y medidas cautelares, que son aplicables según el momento procesal y contra quien se interpongan.
Las medidas personales que se pueden aplicar ante el incumplimiento son la prohibición de salida del país, la misma que puede ser interpuesta a cualquier tipo de obligado y el apremio personal, exclusivo de los obligados principales.
Las medidas reales son aquellas que recaen sobre el patrimonio de la persona, en este caso el deudor, estableciendo limitaciones de dominio. (Cueva, 2012) Estas medidas son las más eficaces cuando el deudor si cuenta con bienes para responder por la obligación.
Entre las inhabilidades personales que el Código de la Niñez y adolescencia se encuentran el impedimento para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular, desempeñar cargos públicos.
Debido a que la problemática de nuestro proyecto es la morosidad de las pensiones alimenticias, y lo que queremos proponer es una solución en base a un reclamo tributario, a continuación, detallaremos temas que nos ampliaran el conocimiento en el área tributaria, empezando por lo que es una obligación tributaria, y sucesivamente los reclamos tal como el pago indebido y pago en exceso, que nos ayudaran a lograr un mayor entendimiento de donde se quiere llegar.
Este concepto indica dos elementos muy importantes, el primero es la existencia de un vínculo jurídico personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del tributo. El vínculo refleja el poder estatal coercitivo para la exigencia de las obligaciones contributivas (Benítez, 2009, pág. 29)
Y el segundo elemento es la obligatoriedad de satisfacer una prestación si se configura el hecho generador, que corresponde a cada uno de los tributos (Benítez, 2009, pág. 29) Se entiende por hecho generador a “la descripción material del hecho, la individualización del sujeto pasivo que estará obligado a cumplir con el pago del tributo, el lugar y el tiempo en el que nace o se configura la obligación tributaria.” (Benítez, 2009, pág. 30)
Pago indebido o pago por error es aquel que se realizó con la falsa noción de que se recibió una prestación o en materia tributaria se realizó el hecho generador.
El Artículo 122 del Código Tributario indica que “Se considerará pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.”
El pago en exceso parte de un pago debido, en que el contribuyente tiene la obligación de realizar el pago, pero no en las proporciones que se realizaron, es decir, se produjo el hecho generador peor el monto pagado fue superior al que correspondía. (Robles Moreno & Huapaya Garriazo)
Para proceder a realizar el reclamo, debe llenar el formulario escrito conforme el Artículo 119 del Código Tributario y se lo debe presentar ante la entidad competente que este caso sería el Servicio de Renta Internas, acompañados por las pruebas que disponga, los requisitos mínimos son:
1. Designación de la autoridad administrativa competente
2. Nombres completos del compareciente, derecho que alega, numero del registro de contribuyentes o cedula de identidad.
3. Domicilio y lugar de notificación
4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo, fundamentos de hecho y de derechos
5. La pretensión
6. Firma del compareciente o su representante y del abogado patrocinador
El crédito tributario es el saldo a favor que el contribuyente tiene por el pago de impuestos. En el IVA es la diferencia entre el IVA cobrado menos el IVA pagado de las adquisiciones. Para acceder a la devolución del crédito tributario primero se debe enviar una solicitud para la devolución del crédito tributario producto de las retenciones realizadas, según el formato establecido por el Servicio de Rentas Internas. Para su validez se deben adjuntar los comprobantes de retención, los libros mayores de las compras realizadas en los periodos pasados. Las solicitudes serán atendidas en un término máximo de 90 días hábiles, los cuales serán informados por los medios electrónicos establecidos. (Resolución del Servicio de Rentas Internas no. NAC-DGERCGC18-00000070, 2018)
Si el tramite lo realiza una persona natural, es necesario adjuntar copia original de la cedula de ciudadanía y la papeleta de votación del último proceso electoral, si es una persona con discapacidad se debe adjuntar copia del carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública o Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Por otro lado, si es realizado por el representante legal de una persona jurídica se debe adjuntar adicionalmente copia del nombramiento de representación legal siempre que la página web de la Superintendencia de Compañías no tenga actualizada la información.
Como parte del proceso se debe incluir la declaración del impuesto a la renta, para que el SRI proporcione una clave de acceso para hacer los tramites respectivos en línea. Firmar el acuerdo de responsabilidad y copia de certificado bancario sobre la cuenta que el contribuyente tenga con la institución financiera. (Servicio de Rentas Internas, 2018).
Las medidas previstas dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, tales como el apremio personal, el apremio real y las inhabilidades propuestas en caso de incumplimiento no son suficientes para garantizar el pago de las pensiones alimenticias.
Por ejemplo, en el caso del apremio personal, su finalidad es asegurar el pago de las pensiones alimenticias, pero con la privación de libertad del deudor este no podría cancelar la pensión alimenticia.
La implementación de una solución de pago que permita al deudor, o al padre cumplir con la obligación de cancelar el pago de las pensiones alimenticias, generando así que el menor goce de esto para una adecuada subsistencia.
Promover una solución de pago en base al pago en exceso o pago indebido, por medio de un reclamo que genera la devolución de estos valores, podría solucionar de alguna manera que el padre que no tiene suficientes ingresos por el hecho de mantener dos hogares o por otras causas, pueda por medio del crédito tributario lograr cubrir el pago de las pensiones alimenticias.
También, al implementar esta solución de pago basada en un reclamo tributario, lograríamos fomentar una cultura tributaria en la que los ciudadanos tengan conocimiento de las consecuencias del pago de tributos, y lo que genera un pago demás.
Implementar en el Código de la Niñez y Adolescencia, dentro del Título V Derecho de alimentos, una solución de pago que está basada en la devolución de valores por concepto de pago indebido o pago en exceso.
Esta propuesta consiste implementar una solución de pago en base al pago en exceso o indebido, en el cual el sujeto pasivo que tenga un crédito tributario por concepto de una devolución, solicite la respectiva devolución de esos valores con el fin de destinarlo para cubrir el pago de sus pensiones alimenticias.
Tal como opinaron los profesionales del derecho entrevistados que las medidas establecidas en el código no son suficientes, por ende, una solución que genere que los alimentantes cumplan con sus obligaciones seria idóneos, ya que siempre debemos tener como prioridad el interés superior del niño.
El Servicio de Rentas Internas en conjunto con los coordinadores de la cuenta SUPA realizaría el respectivo cruce de información para que, de esta manera, los valores devueltos vayan directamente a las cuentas de cada niño, niña y adolescente
Bibliografía
Alessandri, A., & Somarriva, M. (s.f.). Curso de Derecho Civil: de las obligaciones (Vol. III). (A.Vodanovic, Ed.) Nascimento.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (20 de noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Recuperado el 25 de septiembre de 2018, de https://www.unicef.org/ecuador/convencion_2.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas. (21 de septiembre de 2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado el 27 de agosto de 2018, de Organizacion de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
Badaraco Delgado, V. (s.f.). La obligación alimentaria (1° ed.). Guayaquil, Ecuador: Biblioteca Jurídica Editora.
Barra P., D., Aquize C., R., & Cárdenas F., W. (2009). Derecho de familia: Serie: Líneas individuales de pensamiento jurisdiccional (1º ed.). Lima: Comisión Andina de Juristas.
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008).
Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2014).
Código de la niñez y la adolescencia. (2014). Código de la niñez y la adolescencia. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
Código Tributario. (21 de agosto de 2018). Código Tributario. Registro Oficial 38. Ecuador.
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial. Quito, Ecuador.
Cueva, C. (2012). Medidas Cautelares constitucionales. Ecuador: Cueva-Carrión.
Linares Quintana, S. (1953). Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y comparado. Argentina: Editorial Alfa de Buenos Aires.
Lloveras, N., Oviedo, M., & Monjo, S. (2010). Daños causados por el incumplimiento de la obligación alimentaria de los hijos menores de edad derivada de la responsabilidad parental. Córdoba: Abeledo-Perrot.
Mendez Costa, M. J., Lorenzo de Ferraro, M. R., & Cadoche de Azvalinsky, S. e. (s.f.). Derecho de Familia (Vol. II). Santa Fe, Argentina.
Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2012). Agenda para la igualdad de niñas, niños y adolescentes 2012-2013. Ecuador.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unidas, O. d., & UNICEF. (julio de 2010). Derechos y garantías de la niñez y adolescencia: Hacia la considación de la doctrina de protección integral (1 ed.). (R. y. Ávila, Ed.) Quito, Ecuador: V&M Gráficas.
Servicio de Rentas Internas. (2018). Devolución de pago indebido y pago en exceso. Recuperado el 15 de septiembre de 2018, de http://www.sri.gob.ec/web/guest/solicitud-de-devolucion-de-pago-en-exceso-y-reclamo-de-pago-indebido