Revista: Caribeña de Ciencias Sociales
ISSN: 2254-7630

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GOBERNANZA Y DEMOCRACIA EN EL MÉXICO ACTUAL, ASIGNATURAS PENDIENTES PARA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD Y DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

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1. Planteamiento

El objetivo central del presente artículo radica en reconocer las principales características que tiene la Nueva Gestión Pública – también denominada New Public Management - en el contexto Neoliberal, sus ventajas y sus inconvenientes, de tal forma que se puedan sobrellevar con mayor éxito los retos al respecto. Además de entender el papel crucial que tienen tanto la Gobernanza como la Democracia en el México actual para la consolidación de una cultura de legalidad y de participación. Para ello se abordarán conceptos tales como Gobernanza, Democracia, Cultura de legalidad y de participación, que den la oportunidad de sentar algunas bases fundamentales para la conformación de un sistema político mexicano con más involucramiento ciudadano.

1. La Administración Pública en el contexto Neoliberal

Caracterizar la Administración Pública implica retomar, en esencia, dos maneras de entenderse (Galindo, 2000: 116): una, como entidad administrativa, es decir, el organismo guberidntal que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para satisfacer intereses generales; y dos, como la acción propia del organismo público, de gestión y de planificación en relación con los particulares. En este sentido, las actividades realizadas tienden a mantener un orden social, satisfacer las necesidades de la población y conducir el desarrollo económico y social. Hoy en día, todavía los asuntos de la Administración Pública continúan representando un gran reto de eficiencia.
Fue a mediados de los años 80 cuando se hizo presente el sistema Neoliberal, siendo aplicado en Estados Unidos y Gran Bretaña. Éste planteó un adelgazamiento del Estado y de sus funciones para así trasladar parte de ellas hacia la Iniciativa Privada, por lo que se dejó de apoyar aquel modelo que daba al Estado un rol preponderante como instancia articuladora de las relaciones de tipo económico, social, político y administrativo. Tal contexto va a coincidir con la aparición de la llamada Nueva Gestión Pública.
En sí las recomendaciones de reforma no proponían la eliminación de empresas públicas sino su disminución, quedaba claro que la función del Estado de Bienestar ya estaba superada, y no obstante se exigió un mayor control en la asignación de recursos para el aparato burocrático.

1. La Nueva Gestión Pública, sus Ventajas y sus Inconvenientes

Entre los principales propósitos de la también conocida como New Public Management se hallan:
“…la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana” (García Sánchez, 2007: 44).
Las nuevas intenciones por parte de la Administración Pública para asumir los nuevos procesos de hacer más eficiente su funcionamiento no resultaron sencillas, poco a poco se logró la adaptación gracias al desarrollo de acciones como la privatización de empresas públicas, la creación de nuevos tipos de contratos para la gestión de los servicios públicos, o buscar que el nivel de competencia entre los diversos sectores que ofrecían servicios se hiciera más alto.
Como señala León Corona (2007), en el caso de México, a través de su propia historia, la manera en que se ha desarrollado la gestión pública ha estado bajo un enfoque de tipo liberal, una burocracia tradicional, desde la época de Benito Juárez en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad teniendo como elementos clave a la libertad y a la seguridad, pasando por “formas de gestión altamente intervencionistas hasta llegar a una posición donde se propone racionalizar las dimensiones del Estado, de tal forma que, se sostiene, la gestión debe ubicarse en tareas altamente racionales y sin excesos, o bien, se asume a la actividad de gestión como empatada con la actividad empresarial, en la cual el funcionario público tiene la “misión” de transmutar toda su acción a formas de tipo empresarial de la cosa pública”. (León Corona, 2007: 260).

Y el reto todavía continúa para combatir los altos niveles de corrupción, arbitrariedad e incompetencia que todavía subsisten en dicho ámbito.

1. Sus Ventajas y sus Inconvenientes

Hacer uso de procedimientos privados en el ámbito público ha demandado la creación de un plan estratégico que establezca sistemas de control interno, sobresaliendo la mejora de técnicas de auditorías gracias a la instrumentación de sistemas operativos encaminados a apoyar la toma de decisiones. Existen ventajas evidentes en cuanto a la gestión indirecta que tienen que ver con el ahorro de costos, el incremento de flexibilidad y la innovación en prestación de servicios. Y por supuesto como dejar fuera la incorporación de la innovación tecnológica a la acción pública.
Los procesos internos se están encaminando a favorecer la implantación de sistemas informativos que simplifiquen procesos de planificación, gestión y control: sistemas de información externos (internet, consultas automáticas, correo electrónico, chat), se intenta por ejemplo facilitar el acceso de los ciudadanos a sus expedientes sin necesidad de desplazamientos. En esencia, estos nuevos retos se orientan a un e – gobierno (gobierno electrónico)1 . Ya los ciudadanos quieren colaborar con el gobierno en el diseño de su futuro; quieren tener acceso a las instituciones democráticas según sus propias necesidades.
Cabe decirse que las políticas de renovación introducidas en la administración mexicana pueden enmarcarse dentro del grupo considerado como reforma incremental (Verheijen, 1998: 4-5).
“…Se clasifican las reformas efectuadas sobre la gestión pública en tres tipos: 1) Reforma radical, basada en la teoría de la nueva gestión pública. En términos generales asume que las técnicas de dirección privadas son superiores a las públicas, y por supuesto, pueden importarse a la gestión pública. Reformas realizadas en países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Austria. 2) Reforma incremental, basada en una exigua modificación de la gestión pública tradicional. Introducción de pequeños cambios como sería la autogestión administrativa, una clara delimitación de los políticos en la administración, alta estabilidad en la función pública, y sistemas de promoción basados en méritos. Los modelos públicos de administración y la gestión privada son todavía significativamente diferentes. Uno ejemplo serían las reformas acontecidas en Francia. 3) Gerencialismo moderado. Reforma situada en una posición entre los dos extremos anteriores. Este tipo correspondería a las modificaciones introducidas en Irlanda o los Países Bajos”.
Ahora bien, una crítica general que se hace a los países emergentes ante este nuevo contexto de reforma es su poca disposición hacia la posibilidad de aprendizaje y de evaluación prospectiva. Será crucial que cada país logre aprender de sus propios errores, además de contemplar experiencias ajenas de mayor éxito para retomar y adecuar a circunstancias particulares. Los contextos ciudadanos resultan fundamentales para una adecuada instrumentación del paradigma de la Nueva Gestión Pública.
Según organismos internacionales pro neoliberales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (2010), queda claro que se han presentado intentos en América Latina por generar los procesos de modernización, interna y externa.
“Sin embargo, aún no ha sido posible hacer extensivas la mayoría de estas medidas al conjunto de las instituciones públicas debido al arraigo de la cultura legalista –que encuentra en el modelo burocrático tradicional su mejor soporte-, la ausencia de un servicio público profesional y el predominio de una cultura clientelista, que obstaculizan esta clase de transformaciones” (Navas, 2010: 38)
No se debe olvidar que la Nueva Gestión Pública surgió para legitimar la administración, reclamando más eficiencia y más eficacia en su actuación. Donde ahora sí los ciudadanos tengan posibilidades de elección y expresen de forma abierta sus necesidades mediante los distintos caminos de participación.

1. Gobernanza y Democracia, Conceptos clave

Hablar de Gobernanza y Democracia conlleva tomar en cuenta tanto la participación como el vínculo entre gobierno y sociedad civil. Por eso es importante que se dé inicio en la conceptualización de la Gobernabilidad.
En primera instancia, la Gobernabilidad implica, según Antonio Camou (2001), un carácter multidimensional y relacional. Gobernabilidad es un “estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político, entiéndase Estado - Gobierno para responder de una forma legítima y eficaz”. Ello contempla niveles de gobernabilidad según acuerdos básicos entre las élites dirigentes en torno a la cultura política, las reglas y las instituciones del ámbito político y al papel del Estado y sus políticas públicas. (Camou, 2001: 36).
En segundo, Fernando Calderón (2001), para quien la noción de gobernabilidad alude “a la capacidad política de una sociedad y debe ser vista como una construcción de la política”; la gobernabilidad democrática, por su parte, se refiere “a la construcción de un orden institucional plural, conflictivo y abierto” que implique “una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente y de autoridad que debería tener el poder ejecutivo frente a los otros poderes y a la sociedad misma”. Y luego establece una relación entre gobernabilidad, competitividad e integración social, esto es, entre Estado, mercado y sociedad civil, rescatando también la noción de sujetos estratégicos en conflicto, con la diferencia de que el “conflicto supone una disputa entre los distintos actores por una efectiva dirección cultural”, que se refuerzan entre ellos e interactúan con base en la sinergia en sentido positivo o negativo (Ibid: 263).
Ahora se abordará el concepto de Gobernanza. Éste ha sido utilizado en diversas ocasiones como sinónimo de gobernabilidad. En la traducción del término en inglés governance, propuesta por la Real Academia Española y la Unión Europea, éste procede del francés gouvernance cuyo significado en español era “gobierno”.
En la primera mitad de la década de los 90, la gobernanza tendió a interpretarse como “provisión de ‘racionalidades instrumentales nuevas’ orientadas a mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones guberidntales” y en la segunda mitad empezó a percibirse como el “marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los sujetos en los organismos guberidntales, no guberidntales y las empresas” (Prats, 2004: 14). Esto quiere decir que el concepto se extendió más allá de la eficacia y de la eficiencia del gobierno y de la gestión pública a las instituciones y a las reglas que establecen límites e incentivos de redes interdependientes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
El Banco Mundial (BM) concibió la gobernanza como el conjunto de procesos e instituciones mediante los cuales se determina la forma en que se ejerce el poder en un país, para desarrollar sus recursos económicos y sociales. Para el BM el buen gobierno - good governance - alude a la eficacia y a la transparencia en los métodos de elección, de control y de reemplazo de los gobernantes; la capacidad del gobierno para administrar recursos y aplicar políticas y el respeto a los ciudadanos (transparencia, participación y garantía del Estado de derecho).
Para Schmitter, la gobernanza es “un método/mecanismo para tratar una amplia variedad de problemas/conflictos en los que los actores normalmente llegan, negociando y debatiendo, a una decisión satisfactoria y obligatoria, y cooperan para su ejecución”. Asimismo, la gobernanza también es un instrumento para mejorar la gobernabilidad social e institucional. Se hace referencia al concepto para designar “la eficacia, calidad y buena orientación en la intervención del Estado”. Más aún, este término remite a un gobierno interactivo y facilitador. Para Stoker (1998), desde los enfoques anglosajón y americano, la gobernanza implica un cambio en el significado de gobernar, un nuevo proceso de gobierno, o un nuevo método por el que la sociedad es gobernada, a lo que añadimos que no es el único modo de gobernar, pero sí es el más característico del mundo de hoy (Aguilar Villanueva, 2006: 24).
Según Serna de la Garza (2010) la gobernanza tiene, por un lado, una acepción descriptiva que se refiere a la forma en que se conduce una sociedad y se organiza la acción colectiva para el logro de objetivos comunes; en donde suelen participar tanto actores públicos como privados. Y por otro lado, tiene una connotación normativa dada por organismos internacionales. Ésta es la que hace alusión al good governance (las buenas prácticas; responde al qué hacer y cómo hacerlo). Dicha acepción destaca la interdependencia entre los actores guberidntales y sociales como la condición sin la cual no sería posible que hubiese dirección en la sociedad.
En sí, el origen del término gobernanza se dio en un marco contextual de crítica al Estado protector, centralizado e ineficiente, buscando a través del planteamiento de reglas y de procedimientos nuevos, otro que se asumiera como racional, democrático y eficiente.
Con respecto al término de Democracia se puede decir mucho, pero en este artículo se partirá de cuando surgió el Estado nacional en el siglo XIX, puesto que es donde se dio la evolución del concepto. Plantear la democracia occidental moderna, alude a los regímenes que nacieron en los siglos XVIII y XIX cuyo fundamento fue el Estado liberal. Para Norberto Bobbio (1986) definir la democracia resulta muy complejo, sin embargo, establece que considera “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en la que está prevista y propiciada la más grande participación posible de los interesados” (Bobbio, 1986: 9).
Charles Taylor (2000) plantea la democracia como “conjunto de garantías institucionales que permiten combinar la unidad de la razón instrumental con la diversidad de las memorias, un intercambio con la libertad. La democracia es una política de reconocimiento del otro”. Un régimen será democrático en la medida en que da la mayor libertad al mayor número de personas al mismo tiempo que protege y reconoce la mayor diversidad posible. (Touraine, 2000: 9). Por ende, para que una sociedad sea en verdad democrática tiene que ser capaz de reconocer la pluralidad de las relaciones y de los actores sociales.
Para Bobbio (1986), la única democracia real viable es la representativa, la cual no asegura que no sean las élites las que estén en el poder, de hecho, en la democracia son éstas las que compiten por la conquista del voto popular. En cuanto a la ciudadanía, una persona es ciudadana cuando se le pueden atribuir los derechos con los que se le acredita como tal. Entre estos derechos se hallan: elegir a sus representantes, votar y ser votado. La ciudadanía implica también la participación en diversos asuntos propios de la vida social (Bobbio, 1986: 32).
En otras palabras, la democracia constituye un sistema que da oportunidad a los ciudadanos de participar en los asuntos públicos. En este sentido, se hace mención del poder del Estado sobre los ciudadanos. Dicho poder es el que según Touraine debe estar limitado. Un Estado democrático debe reconocer a los ciudadanos menos favorecidos en el derecho de actuar contra el orden desigual del Estado, siempre en el marco de lo legal.

1. Cultura de legalidad y de participación

Es menester señalar que la cultura de legalidad se puede concebir contemplando dos dimensiones: una pragmática y otra de tipo social. La primera centrada en agentes identificados como juristas, políticos, economistas, analistas, servidores públicos, ciudadanos, entre otros, fundamentados en un proyecto político, buscan legitimar condiciones de lealtad a la normatividad desde la ciudadanía, en contraparte a aquellos que no la cumplen. Y la segunda, adquiere un sentido operativo y tiene que ver con acciones propias de la consolidación de un proyecto social democrático, encaminadas a fortalecer el cumplimiento voluntario de los ciudadanos con relación a las normas institucionales, para que de consolidarse dicha cultura entonces se eleven los niveles de transparencia y de honestidad gubernativa, la confianza social y la democracia en los diversos sectores que conforman el sistema.
Según Sauca (2010), la cultura de la legalidad como movimiento social que pretende que los ciudadanos interioricen los patrones normativos de convivencia, no debe dejar de lado que,
tal orientación tendría relación con el ideal de una vida humana individual mejor vívida, más plena y consciente de su interdependencia de los demás, más autónoma, libre y socialmente empoderada a través de la obediencia voluntaria y consciente de la normatividad institucionalizada (Sauca, 2010: 15).
Queda un gran desafío por enfrentar  ya que, en ocasiones, pareciera que se trata de una simple moda que como tal sólo será pasajera y sin echar raíces sólidas en los ámbitos del derecho y de las políticas públicas.
De acuerdo a Manuel Villoria y Fernando Jiménez (2014), la cultura “hace alusión a los conocimientos compartidos y los esquemas de comportamiento creados por los grupos sociales para percibir, interpretar, expresar y dar respuestas a sus realidades sociales”. Esto, aunado a la legalidad, se referirá a las creencias sobre el respeto a las leyes y a su cumplimiento. Se pueden manifestar cuatro niveles de cultura de la legalidad (Bichieri, 2006: 137):
1) Nivel alto…cuando la mayoría de la población asume obligaciones morales con respecto al cumplimiento de la ley y, por ello, la existencia de casos de ilegalidad es minoritario, circunstancia que refuerza la expectativa de cumplimiento generalizado y la indignación ante los casos de incumplimiento que se produzcan. Todo ello unido a un control interno fuerte frente a la ilegalidad y a una voluntad de control externo elevada; 2) Nivel medio - alto…en el que se asume mayoritariamente el cumplimiento de la legalidad como norma social, dada la expectativa de un cumplimiento mayoritario de las normas y una presión social y sancionadora fuerte, aun cuando ello conviva con ciertos niveles de desconfianza institucional; 3) Nivel medio - bajo…en donde se puede dar una convivencia entre expectativas amplias de incumplimiento por parte de los ciudadanos o del gobierno y una expectativa amplia de cumplimiento por parte de los jueces o de la policía, o expectativas de incumplimiento ciudadano altas pero unidas a expectativas de presión social elevadas, lo cual dará lugar a incumplimientos sobre todo cuando sea posible el ocultamiento; y 4) Nivel bajo...cuando el cumplimiento de las leyes no es ni siquiera una norma social, es decir cuando mi expectativa es que los demás no sólo violen la norma, sino que además no esperen que yo la cumpla, con lo que no castigarían mis violaciones de la misma.
Todo Estado de Derecho tiene una base institucional, pero la cultura de legalidad posee un fundamento cultural. Los dos están muy relacionados, pero no son lo mismo ni en lo teórico ni en lo práctico. Más o menos lo mismo se puede decir de su relación con la gobernanza y el buen gobierno. Para la consolidación de una cultura de legalidad, crucial para una vida política que se precie de ser democrática, se requiere que los miembros de la sociedad compartan el marco de derechos y de obligaciones a través de sus representantes legítimos. 
Se asumirá la definición de cultura de la participación de Teresa Puig Gallach (2004) entendida como:
“la participación en el desarrollo de la ciudad. Es una participación que se desarrolla dentro del marco de ciudad y por tanto se basa en la condición de ciudadanía. Los agentes son en este caso los ciudadanos, desde diferentes condiciones —asociados, individuales, usuarios, clientes, gestores, emprendedores...— y los gobiernos —el local y los supralocales— y, en consecuencia, las administraciones correspondientes” (Puig Gallach, 2004: 363).
Dentro de la participación ciudadana, por un lado se hallan los ciudadanos, los cuales aportan sus percepciones de las necesidades y de las posibilidades desde el voluntariado. La diversidad de puntos de vista constituye un valor en toda participación. Y por otro, están el gobierno y la administración. En este sentido, la administración cumplirá con lo que el gobierno estipule garantizando legalidad. Por ende, estará en las manos de los sujetos electos la definición de las políticas públicas. El gobierno tendrá que determinar su relación con los ciudadanos y, en consecuencia, la cultura de la participación.
Se concibe la participación ciudadana (Espinosa, 2009: 94, 95):
“a partir de la función que ésta desempeña en la consolidación de los regímenes democráticos; en la gobernabilidad de los sistemas políticos; en el empoderamiento ciudadano o en la apertura y fortalecimiento de los espacios públicos para la expansión de las organizaciones autónomas (sociedad civil), sin decantar las condiciones específicas que expliquen por qué y cómo se produce dicho fenómeno ni, mucho menos, esclarecer los aspectos o elementos que justifiquen los sentidos u orientaciones de sus posibles efectos estructurales”.
La ciudadanía, entendida como construcción social, conlleva un proceso que se encuentra muy vinculado con el desarrollo de tres dimensiones:
“1) la civil,  dimensión en que el objeto de la acción es la defensa de los derechos de igualdad ante la ley, libertad de la persona, libertad de expresión, libertad de información, libertad de conciencia, de propiedad y de la libertad de suscribir contratados; 2) la política, dimensión en que el objeto de la acción está relacionado con el derecho de asociación y con el derecho a participar en el poder político, tanto en forma directa, por medio de la gestión guberidntal, como de manera indirecta, a través del sufragio; 3) la social, dimensión en que el objeto de la acción nos remite al conjunto de derechos de bienestar…y obligaciones sociales que permiten a todos los miembros participar en forma equitativa de los niveles básicos de la vida de su comunidad” (Ibid: 97, 98).
Así, tal conjunto de derechos de la ciudadanía buscarán correspondencia con un modelo de relaciones socio - políticas que especifiquen los ámbitos diversos de la participación ciudadana.
Se puede decir que en las circunstancias del México actual coexisten rasgos de una cultura política que no ha dejado dar el paso decisivo hacia ser democrático: escasa cultura de legalidad, baja participación política y una desconfianza hacia las instituciones de gobierno. No ha sido posible cambiar la democracia del estilo corporativista por una que se reconozca como “liberal” en la que ahora sí confluyan libertad del individuo, igualdad ante la ley y participación para elegir a los representantes.

 

México desde el siglo XIX ha pasado por un proceso caracterizado por no acceder a un sistema democrático. Y la verdad ello tiene que ver con la carencia de sujetos que sean demócratas, que participen como ciudadanos activos y que confíen en los elegidos mediante el voto para ser sus representantes. Si se anhela una transición y una continuidad democráticas en todos los ámbitos de la vida nacional, habrá que partir con una educación política por parte de cada uno de los actores estratégicos.

1. Gobernanza y Actores estratégicos en el México actual

Resulta prioritario que la Gobernanza en el México actual le apueste con fundamento al enfoque de Open Goverment (Gobierno Abierto) 2. Es todo un desafío pero vale la pena generar las condiciones necesarias para su instrumentación no sólo en el marco legal sino para su aplicación en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Sobresale la definición de gobernabilidad que da Michel Coppedge (2001) como “el grado en el cual el sistema político se institucionaliza”, y la institucionalización, como “el proceso por el cual las organizaciones y los procedimientos adquieren valor y estabilidad”. A partir de cuestionarse acerca de quiénes deben otorgar validez a los procedimientos y a las organizaciones, apunta a los “actores estratégicos”, aquellos que serán “capaces de socavar la gobernabilidad, interfiriendo en la economía y en el orden público” mediante el uso de recursos de poder. Se reconocen los siguientes actores estratégicos “característicos de Latinoamérica”: gobierno, ejército, burocracia y empresas estatales, asociaciones empresariales, sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas, Iglesia y otros grupos de interés social y partidos políticos (Camou, 2001: 212).
¿Qué le hace falta a la democracia mexicana para dejar de ser una acción efímera? Sin duda una educación política ejercida con sentido de responsabilidad. Tal educación implicará el respeto, la tolerancia, la discusión y la conformación de una comunidad que se valore por exigir, por dar seguimiento y por determinar el adecuado rumbo de interés general. Para ello, la ciudadanía tendrá que hacerse corresponsable del cambio, no dejarlo en las manos de unos cuantos.
La confianza tiene que ser un reconocimiento a la organización puntual de un proceso que haga mínimo el cuestionamiento público y que aumente la aprobación del ejercicio llevado a cabo. La condición fundamental para hacerla posible, que bien puede concebirse como una legitimación, se relaciona con el factor tiempo.  No se trata de hacer de la confianza un bien que por decreto constitucional aparezca en las instituciones, se trata de un proceso largo, complejo y continuo. Y es aquí donde los actores titulares deben dar muestras permanentes de educación política, basada en conocimientos de interés general aunados a capacidades técnicas que lleven a buen cauce los reclamos sociales.
Con base en que México es una república federal y representativa, hay que hacer realidad entre el pueblo la confianza en la democracia, en la transparencia y en la corresponsabilidad. Hacer que la política recupere su postura como actividad virtuosa entre la clase política y la sociedad civil. Es por eso que Instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) deben sustentar y defender su nivel de voluntad política a pesar de los señalamientos.

1. Consideraciones Finales

Una Administración pública será considerada transparente cuando la participación ciudadana sea una realidad a través de organizaciones no guberidntales, de organizaciones civiles, y se disminuya la corrupción, y se logre una mejor supervisión de los corporativos y del capital financiero que aplica el Neoliberalismo.
Es necesario hacer énfasis que independientemente de los argumentos teóricos en uno u otro sentido, las rutas para lograr la modernización guberidntal tienen que responder a las particularidades de cada sistema administrativo. Puede suceder que las experiencias internacionales brinden algunas ideas y lecciones. Pero serán las condiciones institucionales, las demandas sociales y las necesidades administrativas propias las que permitan establecer los mecanismos de las reformas a instrumentar.
Ahora bien, Gobernanza y Democracia siguen constituyendo dos asignaturas pendientes en el contexto actual de México. Resulta necesario como punto de partida emprender el desarrollo de una cultura de legalidad y de participación ciudadana. Se deben desarrollar estrategias claras que coadyuven al logro de una educación política para la consolidación de tales asignaturas en el México de hoy. Por supuesto, planteando acciones válidas, entre ellas: conocer el proceso histórico mexicano y reconocer otras historias, esto llevará a conocer quién se era y qué se quería ser; precisar valores de convivencia común: respeto, diálogo, libertad, justicia y participación; tener conciencia de diversos conocimientos y reflexiones de los asuntos públicos; exigir resultados a los sujetos políticos con base en más preparación, mejor experiencia y gran compromiso público; dar seguimiento a las instituciones, focalizando el comportamiento ético y el manejo adecuado de los recursos; ser corresponsable de las decisiones del gobierno, participando y colaborando con propuestas alternativas.
En suma, México requiere generar una cultura de gobernabilidad democrática enmarcada por ideas y por valores capaces de hacer transparentes los límites, las posibilidades y los intercambios entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil en un contexto globalizado. De igual manera, como ya se ha mencionado, es indispensable instrumentar una educación política que fomente la virtud ciudadana y que capacite para distinguir mediante la experiencia y la formación, el bien colectivo sustentado en el interés general. Y bajo el contexto actual del proceso electoral 2018 que se está viviendo podrá darse un diagnóstico que brinde la oportunidad de recomenzar.
Referencias
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*Maestro en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Anáhuac. Candidato a Doctor en Administración y Políticas Públicas en Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC). Docente, Tutor e Investigador del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.
1 El Gobierno electrónico se refiere al empleo de internet y de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para conseguir una mejor administración del gobierno mediante la transparencia y el acceso público a la información, reforzando la asociación fundamental entre el sector público y los ciudadanos. Un e-gobierno también fomenta una participación más amplia de los ciudadanos en el proceso y en la gestión de los gobiernos. Además, puesto que se apoya en la transparencia, es un arma más eficaz contra la corrupción.
2 Un Gobierno abierto constituye una característica clave de la práctica democrática contemporánea. Para crear una nueva cultura de apertura y ajustar la mentalidad que hacían de los asuntos públicos algo ajeno al ciudadano, permitiendo nuevos y generosos espacios para la rendición de cuentas, la transparencia y el control de corrupción (…) Fluye desde la convicción de repensar la administración pública, de transformar la sociedad y contribuir a desarrollar democracias más sanas, de pasar de las jerarquías a las redes, de asumir compromisos transversales y generar, en conjunto con otros actores sociales y económicos, valores públicos.

Recibido: 01/05/2018 Aceptado: 26/06/2018 Publicado: Junio de 2018

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