Revista: Caribeña de Ciencias Sociales
ISSN: 2254-7630

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EL DESAFÍO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

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1. EL CAMINO DEL RECONOCIMIENTO

El 10 de junio de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la histórica Ley de Víctimas con la presencia de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. Previamente, el 24 de mayo del mismo año, habían sido aprobados en último debate los 208 artículos, para ratificar el valor histórico de esta Ley que el Jefe de Estado había radicado personalmente en el Congreso, desde el 27 de septiembre de 2010, como uno de los proyectos bandera del periodo de su gobierno 2010-2014.
La ley, cuyos antecedentes se remontan a los legados que en materia de reparación había planteado la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005 y al fracaso de la iniciativa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, definió como objeto “establecer las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, dentro de un marco de justicia transicional, para hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición” (artículo 1 de la Ley 1448 de 2011), convirtiéndose en un proyecto ambicioso con 10 años de vigencia para reparar “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985.” (Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011)
Para su ejecución, se dictaron a partir de diciembre de 2011 una serie de decretos y en enero de 2012 se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuya labor se basa en coordinar el SNARIV -Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, integrado por entidades públicas del nivel nacional y territorial, y demás organizaciones públicas o privadas que se suman a los esfuerzos de la Unidad para lograr la reparación integral. Actualmente cuenta con 143 puntos de atención en todo el país, 24 centros regionales en funcionamiento y otros 7 que se encuentran en construcción. 
A finales de 2014, la Universidad de Harvard reconoció las medidas de reparación establecidas por la Ley como las de mayor integralidad y amplitud del mundo, y concluyó que Colombia cuenta con el registro de víctimas más completo y una política que no se compara con ninguna otra nación que ha vivido procesos similares en alusión a la integralidad de la propuesta que combina estrategias económicas, simbólicas, psicológicas, educativas y políticas en la atención a la población. (Unidad para las Víctimas, 2015)
Según cifras de la Unidad de Víctimas, a noviembre de 2017 habían sido indemnizadas 731.282 personas, por un monto superior a 4,92 billones de pesos, y 141.306 víctimas habían sido atendidas a través de estrategias de recuperación emocional individual y grupal. De igual manera, se calcula que en este periodo la inversión que ha hecho la Unidad de Víctimas en atención, asistencia y reparación integral se acerca a los 9 billones de pesos. Además, en cuanto a reparación colectiva se han invertido 12 mil millones de pesos para fortalecer iniciativas de emprendimiento para 47 sujetos en 15 departamentos del país. (Unidad para las Víctimas, 2017)

1. Acuerdo de Paz

El ´Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera´, que se firmó el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC EP puso de presente los derechos de las víctimas como el centro del proceso de paz y planteó dos componentes fundamentales, la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el compromiso con la promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos.
Dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIV JRNR se definieron 5 mecanismos: 1. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con carácter extrajudicial, que no implica la imputación penal de quienes comparezcan ante ella; 2. La Unidad especial para la búsqueda de desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto armado; 3. La Jurisdicción Especial para la Paz, que ejercerá funciones judiciales frente a graves infracciones al DIH o violaciones de los Derechos Humanos; 4. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, incluyendo los derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición; y 5. Garantías de No Repetición, que será resultado de la implementación de los mecanismos anteriores y del cumplimiento de los otros puntos de la agenda del proceso de paz. (Centro de Estudios para la Paz – CesPaz, 2017, p54)  
Aunque la Ley de Víctimas fue sancionada antes de que se instalara la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC en 2012, planteando un desafío que reflejaba la complejidad de la realidad nacional al buscar la reparación de las víctimas en medio de un contexto de conflicto, fue también el hecho que permitió que las víctimas, reconocidas y en proceso de empoderamiento, tuvieran un rol activo en la mesa de negociación de La Habana. Cabe recordar la participación de 60 víctimas que viajaron a Cuba para ser parte de los acuerdos que se discutieron en el quinto punto de la agenda entre las dos partes.

1. LOS DESAFÍOS DE LA REPARACIÓN INTEGRAL

El primer desafío de la reparación integral es establecer medidas desde una visión transformadora, encaminada a que las acciones que se realicen afecten de manera positiva en las condiciones de vida presentes de las víctimas, pero que fundamentalmente sean sostenibles en el largo plazo.
Más allá de la entrega de bienes o dinero, la reparación integral de las víctimas se refiere al “derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva… La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.  (Artículo 25 de la Ley 1448 de 2011)
Si bien, la indemnización económica es parte de los pilares para la construcción de un nuevo proyecto de vida encaminado a la reconciliación y construcción de un país en paz, se requiere apoyo transversal que atraviese los ámbitos económicos, sociales y de cambio cultural. “La reparación debe intentar responder a las diferentes dimensiones del daño sufrido por las víctimas, lo que exige una aproximación multidimensional, que no se limite solo a la entrega de una compensación monetaria.” (Portilla, A; Correa, C, 2015, pp16).  
Al día de hoy existen casos exitosos de reparación, perdón y reconciliación como el de Coproagrosur, una plantación de palma aceitera en Monterrey, corregimiento de Simití, en el sur de Bolívar, donde excombatientes y víctimas trabajan juntos. La plantación, creada por paramilitares como fachada para la sustitución de cultivos ilícitos, y entregada simbólicamente por el Fondo de Reparación de Víctimas, se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los habitantes de la zona. (Ruiz, 2017)
O la historia de Mileyni Ramírez, una mujer desplazada del municipio de Tabú en Norte de Santander, que perdió su pierna al caer en un campo minado cuando tenía 13 años. Como beneficiaria del programa de rehabilitación física y emocional, después de ingresar al Registro Único de Víctimas y acceder a la ruta de reparación, terminó el bachillerato y gracias al convenio con la Unidad para las Víctimas con el Sena se graduó como técnica en operaciones y registros. A sus 26 años está a punto de graduarse como Trabajadora Social en la Universidad Simón Bolívar, como becaria del programa Permanencia y Graduación de la Unidad para las Víctimas. (Giraldo, 2017)
No obstante, lo anterior no es una circunstancia generalizada. Aunque a la UARIV se le reconocen logros importantes como la unificación de un registro único de víctimas, desarrollo de infraestructura y capacitación de capital humano para hacer presencia a lo largo del territorio nacional, una importante capacidad técnica para la atención psicológica, humanitaria y financiera de los ciudadanos, un significativo aumento de indemnizaciones administrativas y un esfuerzo comprometido por darle sentido a la reparación integral reforzando un mensaje de dignidad y reconocimiento, el desafío es de tal magnitud que el trabajo realizado resulta insuficiente y los niveles de insatisfacción y frustración continúan latentes.

1. Los procesos administrativos

Para que las víctimas sean incluidas en el proceso de reparación deben presentar una declaración de los hechos ocurridos ante las Personerías municipales, Defensorías regionales, y procuradurías provinciales o regionales y contar las circunstancias que originaron los hechos victimizantes de la forma más detallada posible para la valoración, información que queda consignada en el formato único de declaración con la firma y huella del solicitante y la firma del funcionario que atiende, con un tiempo máximo de respuesta de 60 días hábiles.  
En este primer paso se evidencian algunas dificultades como demoras en los tiempos de respuesta, solicitud de soportes documentales para comprobar la condición de víctima, desinformación, especialmente en las zonas rurales y apartadas. Según el Estudio sobre la implementación del Programa de Reparación Individual en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional otros de las grandes preocupaciones son los tramitadores que cobran por agilizar los procesos de atención humanitaria, registro, valoración y pago de indemnización e instaurar acciones de tutela o derechos de petición para acelerar la respuesta del Estado “la presentación de tutelas redefine el orden de prioridades, de tal manera que se produce un efecto perverso: quien no presenta una tutela no tiene prioridad, lo que tiende a favorecer la labor de los tramitadores”. (Portilla, A; Correa, C; 2015, pp24).   
La inclusión en el Registro Único de Víctimas plantea la elaboración de un Plan Integral de Reparación Individual, donde además de la indemnización monetaria se definen estrategias para garantizar derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, así como acciones para devolverles su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.
Existen cinco tipo de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas acceden a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante. Sin embargo, esta ejecución es la más desafiante, primero porque la reparación económica que se prioriza no es inmediata y está sujeta a disponibilidad presupuestaria y las víctimas deben espera por un tiempo indeterminado.
Segundo, porque aunque la Uariv ha implementado un sistema positivo de enlaces de reparación, ­­- profesionales abogados, psicólogos y trabajadores sociales- para la definición, implementación y acompañamiento del plan de reparación, se ven enfrentados a varios obstáculos: la alta demanda hace imposible realizar un seguimiento apropiado a cada uno de los casos asignados, y porque los servicios que se les ofrecen dependen de lo que el municipio ofrece o de la acción de otras entidades. “En general describen la elaboración del Paari como una serie de promesas que no se cumplen, considerando que casi ninguno de los servicios ofrecidos en la entrevista se materializa posteriormente. Una afirmación que se repitió durante los grupos focales fue: Pero hasta el momento no nos han llamado”. (Portilla, A; Correa, C; 2015, pp24)

1. Un presupuesto que se quedó corto

Ahora bien, el Acuerdo de Paz plantea nuevos desafíos en términos de financiación, un punto fundamental en el presupuesto de la nación, para el cumplimiento de los artículos dispuestos en la Ley. En un comunicado conjunto de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Representantes de las Víctimas, publicado el 6 de diciembre de 2017, se manifiesta que aunque el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación (a partir de 2012), el rezago es evidente.
Al día de hoy solo cerca del 7% de las víctimas, registradas y reconocidas como tales, han recibido una indemnización económica, “hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada, por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados”, afirma el documento. (Defensoría del Pueblo, Contraloría General de La República, Procuraduría General de la Nación, Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctima, 6 de diciembre de 2017).  
Sobre el presupuesto, según el Cuarto Informe sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras al Congreso de La República 2016 2017 se planteó una actualización del Plan Financiero, donde se cambió el monto fijado originalmente de $54,9 billones para financiar la implementación de la Ley 1448 de 2011, en el periodo 2012-2021 a “un nuevo escenario financiero que asciende a $148.34 billones 2016, de los cuales el 22% fueron ejecutados durante el periodo 2012-2015 y, el restante 78%, comprenderá los años fiscales que van de 2016 al 2021.” (Defensoría del Pueblo, Contraloría General de La República, Procuraduría General de la Nación, Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctima, 2017).
Esto responde a un cambio de la política que se proyectó con un presupuesto para cerca de 4 millones de víctimas, calculo que cambió cuando debido a varias decisiones judiciales, se incluyó en la reparación económica a las víctimas de desplazamiento forzado, que según el Registro Único de Victimas (RUV) a corte del 1 de enero de 2018 suman 7.338.9161 , cerca del 80% de la población objeto de reparación, hecho que genera la necesidad de buscar nuevas fórmulas para conseguir los recursos económicos.    
Para 2018, el Gobierno definió un presupuesto de 1.8 billones para la Unidad para las Víctimas, entre ellos $600.000 millones para indemnización administrativa.

1. La importancia de los actos simbólicos y dignificación

Los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva son importantes para el proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios. Consiste en reconocer por parte de los victimarios su responsabilidad en la generación del daño a la víctima, ofrecer perdón a las víctimas y sus familiares, reconocer la dignidad de estas y criticar las violaciones a los DDHH. Uno de los primeros se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2016 cuando seis familiares de los 11 diputados del Valle asesinados en 2002, se reunieron en La Habana con miembros de las Farc que escucharon los reclamos y aceptaron su responsabilidad y pidieron perdón.
El 15 de septiembre de 2016, el Estado colombiano en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado en los más de 6.500 asesinatos selectivos de finales de los años 80 y comienzos de los 90 de la Unión Patriótica, y se comprometió a esclarecer los hechos.
De la misma forma, el 29 de septiembre, las FARC, con la vocería de Iván Márquez, pidieron perdón en un acto que se llevó a cabo en el municipio chocoano a las víctimas de la masacre de Bojayá, donde el 2 de mayo del 2002, en medio de combates entre la guerrilla y los paramilitares, una pipeta de gas lanzada por las Farc cayó en la iglesia del municipio y cobró las vidas de 119 personas.
Los actos simbólicos demandan una planeación con el fin de evitar actos que no sean reparadores o que no cumplan con los objetivos demandados por las autoridades que los ordena. Para esto se ha dispuesto una ruta para el desarrollo y ejecución de un acto de reconocimiento de responsabilidad que plantea una fase de diálogos con acompañamiento psicosocial; proyección para garantizar que la acción sea dignificadora y no se realicen experiencias unilaterales, buscar la presencia de organizaciones observadoras y defensoras de Derechos Humanos, asegurar que por parte del Estado haga presencia autoridades que tengan la capacidad para asumir la posición estatal como muestra de reconocimiento y respeto por las víctimas y sus familiares y que se pronuncie el reconocimiento y perdón por parte de los victimarios para legitimar el sentido del acto (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2017).

1. OCHO MILLONES DE COLOMBIANOS

Colombia es un país de heridas abiertas. 52 años de conflicto armado han dejado más de 200 mil muertos -según cifras reveladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica-, más de 8 millones de víctimas, generaciones de colombianos que crecieron entre la violencia y el miedo, una sociedad dividida entre la indiferencia y el silencio, un tejido social vulnerado en sus dimensiones políticas, económicas, jurídicas, sociales, culturales y en sus relaciones internacionales, un país con el gran desafío de transitar por el camino de la sanación y la creación de una nueva realidad en paz.
La visión puede resultar utópica, pues después de medio siglo de guerra, solo hasta ahora comienza a vislumbrarse la posibilidad de un nuevo panorama. Sin duda, la firma del Acuerdo de Paz con las Farc es un hito histórico, su conformación como partido político marca una nueva etapa de confrontación desde las ideas. El desarme de la guerrilla y la reinserción de sus milicias a la vida civil disminuyeron contundentemente el número de muertes relacionadas con el conflicto armado. Y en este contexto, donde  sobre la mesa permanece todavía un proceso de paz pendiente con el ELN y la lucha con disidentes y bandas criminales, también se construye uno de los procesos más desafiantes para la historia del país: la reconciliación.
Y aquí, los millones de víctimas están en el centro de la acción. Hasta hace 10 años, cuando el Congreso comenzó a discutir la posibilidad de construir una normativa para visibilizar, dignificar y, principalmente, reparar a las víctimas de la guerra, estas eran una población invisible y marginada. Durante décadas, tuvieron que enfrentar solas los daños emocionales, morales y económicos del desplazamiento, las masacres, los asesinatos a sangre fría, la desaparición forzada, el secuestro, la violencia sexual y, especialmente, la precaria atención del Estado y la indiferencia social, pues en medio del horror, en la mayoría de los casos, salieron adelante sin que nadie reconociera su tragedia o su dolor. 
La Ley de Víctimas y los mecanismos definidos sobre la reparación integral del Acuerdo de Paz abrieron un nuevo capítulo, un hito para el futuro del país y para el inicio de la construcción de una nueva Colombia. Por primera vez, las víctimas fueron escuchadas, pudieron dirigirse al Estado y a los colombianos para contar su experiencia de la violencia. En este punto dos hechos fueron fundamentalmente importantes: el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno por parte del Estado y la aceptación de la responsabilidad de este como victimario, por un lado al no garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de zonas apartadas o municipios y caseríos recónditos donde la violencia se volvió un lenguaje común; por el otro, como autor de crímenes por acción u omisión, pues no solo había víctimas de los grupos armados ilegales. Así, la dimensión de la magnitud y complejidad del conflicto cambió los alcances de la justicia y la reparación y, sobre todo, la voz de las víctimas que había sido apagada, se escuchó de nuevo. 
La implementación de la Ley y de los puntos definidos en el Acuerdo de Paz es tal vez uno de los objetivos más ambiciosos de la visión de reconciliación nacional. Hay una profunda reflexión sobre el sentido amplio de lo que significa la reparación integral. Es claro que es imposible reparar la ausencia de un hijo o un esposo asesinado, a los hijos que perdieron a sus padres, la pérdida de un ser querido, devolver el tiempo para que las familias no hubieran tenido que salir huyendo de sus tierras y de sus hogares, borrar la memoria para olvidar los recuerdos del horror y las huellas de abusos sexuales.
Sin embargo, el punto de la reparación integral pone como tiempos fundamentales el presente y el futuro, busca hacer lo posible desde un contexto transversal para mejorar la situación actual de las personas que sufrieron algún daño con el fin de asegurar una mejor calidad de vida, dar la posibilidad de perdonar, hacer las paces con el pasado, y plantear un futuro con posibilidades. Más allá de la indemnización económica, la reparación intangible se convierte en uno de los grandes retos y de las grandes cuestiones, pues cómo medir en qué punto una víctima se siente reparada, cómo medir el dolor o cómo establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los colombianos en este proceso de reconciliación, porque si algo es cierto, es que no es solo una obligación institucional, es un deber de la sociedad en general.  
Como se detalló en los apartados anteriores, el camino no es fácil. La reparación integral es un proyecto ambicioso que requiere una inversión de presupuesto alta, alineamiento de las instituciones constructoras del tejido social en temas como educación, salud, trabajo y vivienda, apoyo de las ONGs y organizaciones promotoras de Derechos Humanos, interés de la empresa privada y, sobre todo, de cada uno de los colombianos.
A continuación se describen algunos de las conclusiones sobre el proceso de implementación de la Ley y sobre los retos que se vienen para las próximas décadas:
3.1 Verdad
En primera instancia, la verdad. La principal solicitud de las víctimas tanto para los grupos que se acogieron al proceso de paz como para los agentes del Estado. Una verdad que es indispensable para el proceso de paz y la satisfacción de los derechos de las víctimas, para conocer y entender lo ocurrido, establecer la responsabilidad de los actores que participaron en el conflicto y no repetir lo vivido.
Será uno de las grandes misiones de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es contarle al país qué fue lo que pasó durante los 50 años de guerra, por qué se llegó hasta tales extremos y establecer los responsables, y de la Unidad especial para la búsqueda de desaparecidos. En estos dos mecanismos recae una gran ilusión para las familias que en el caso de las desapariciones forzadas, no tienen pistas sobre sus familiares y para las víctimas que aún buscan comprender muchos de los horrores que vivieron. La Comisión de la Verdad tendrá carácter extrajudicial para permitir que personas que tengan información puedan entregarla sin temor a acciones judiciales. El fin de la comisión es sin más ambiciones conocer la verdad y esta es también una forma de justicia. Es a partir de allí donde se dan los compromisos de reparación y no repetición.
La Comisión de la verdad debe superar los retos de conformar una comisión con perfiles que logren tener la suficiente legitimidad entre los diferentes sectores de la sociedad para obtener testimonios esclarecedores y trabajar contra el tiempo, pues el marco temporal de esta labor será tan solo de tres años, lo que descarta que se estudien casos individuales. 
3.2 Justicia
La Justicia Especial para la Paz (JEP) con su Tribunal de Paz es uno de los mayores retos de este proceso. Hasta ahora se están estableciendo las reglas de juego para iniciar la investigación, el esclarecimiento, la persecución y sanción de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de los actores del conflicto. El principal desafío: cerciorarse de que las decisiones judiciales tengan un impacto real sobre las víctimas y los victimarios. Sobre este mecanismo recae uno de los puntos más criticados y polémicos del proceso, donde la impunidad puede convertirse en fuente de frustración para diversos sectores de la sociedad.  
3.3 Participación y protección
En segunda instancia, es fundamental la participación de las víctimas en los escenarios de debate. Las Mesas de Participación se han convertido en un mecanismo para la discusión y el seguimiento de la políticas de víctimas “La posibilidad de construcción del movimiento de víctimas se engrandece y agiganta cuando la paz se ve como una certeza; la paz de hoy, imperfecta pero sin las armas de las Farc se convierte en el mejor escenario para hacer crecer nuestra fuerza, la paz nos abrió puertas individuales y colectivas que deben abrirse totalmente para posibilitar el goce de nuestros derechos”, se lee en el documento de Rendición de Cuentas de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas (Guerra, 2017, p1), que ha avanzado en propuestas, seguimiento y en un esfuerzo constante por hacer oír su voz. De la misma forma, es fundamental garantizar la participación en los nuevos escenarios como la Comisión de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Pero también debe ser una prioridad el fortalecimiento y protección de los movimientos organizados y  de los líderes sociales. Los ataques, las amenazas y los asesinatos de víctimas que reclaman sus derechos, especialmente aquellos relacionados con restitución de tierras, continúan latentes. El Gobierno debe garantizar la seguridad y protección en este proceso, investigar los hechos y evitar la revictimización de la población a través del miedo. 
3.3 Acceso
Los voceros de Ley de Víctimas han reconocido que el andamiaje organizacional de la política de reparación es muy complejo. Se requiere coordinar cerca de un centenar de instituciones a lo largo y ancho del país. Y aunque en la mayoría de municipios ya hay presencia de facilitadores sociales para el apoyo de las diligencias administrativas, en muchos lugares no existe el presupuesto o hay resistencia a los procesos de reparación y restitución. Cabe decir que muchas víctimas no se enteraron de los trámites y nunca accedieron al Registro Único de Víctimas.
Otro de los puntos es la espera. Cuando se aprobó la Ley de Víctimas se dio un plazo de 10 años para su ejecución, pero la realidad ha desbordado el papel. El número de víctimas, que no había contemplado el número de desplazados, aumentó exponencialmente y así mismo debe hacerlo el presupuesto, un desafío colosal. Después de casi 7 años, solo se ha reparado por vía administrativa a cerca del 10% del universo total y, sin embargo, en recientes declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos afirmó que en Colombia han sido reparadas más víctimas que en cualquier otro país del mundo.
Sin embargo, millones de víctimas registradas en el RUV deberán esperar por tiempo indefinido una llamada. Los procesos de atención requieren agilizarse, pues muchas víctimas se quejan de largas llamadas donde no reciben ninguna respuesta y de la imposición de trámites dificultosos con la presentación de documentos y pruebas para atrasar los debidos procesos de indemnización.
3.4 Garantías de no repetición
El fin último de todo el proceso es aprender de la historia y procurar que la barbarie y los crímenes no se vuelvan a repetir. Estamos en un momento coyuntural. Se dio un primer paso con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, pero aún queda pendiente el siguiente con el ELN. La reconciliación será imposible sin poner un punto final a la violencia de los grupos armados. La paz no puede lograrse sin que haya un desminado total de los territorios para que los niños puedan correr tranquilos por el campo, sin una lucha real en contra del narcotráfico a cuya sombra funcionan las llamadas bandas criminales que continúan generando desplazamiento y muertes, y sin que el Estado, bajo las nuevas condiciones de la paz, llegue con su institucionalidad y garantías de seguridad a regiones que durante décadas estuvieron fuera de su control.
Las garantías de no repetición son de doble vía y el Estado debe defender también la seguridad de los excombatientes que ahora se integran a la vida política. La sociedad debe hacerse responsable de que las diferencias ideológicas se discutan en los escenarios públicos y, por ningún motivo, ante el riesgo de la marcada polarización que vive el país, permitir que vuelvan a ocurrir episodios como el de la Unión Patriótica.
A los puntos anteriores, se suman grandes retos como las acciones de reparación colectiva, los programas de restitución de tierras y desarrollo rural, y los procesos colectivos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento y planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el exterior. 
Son 8 millones de víctimas, un gran desafío para un país que por más de medio siglo vivió en una cultura de guerra. Es imperativo un trabajo conjunto entre las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y la ciudadanía para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley, y para que se garantice la protección de las víctimas y de sus líderes para recuperar la confianza hacia las instituciones estatales, borrando en sentido amplio de la palabra las huellas de una guerra indolente que desintegró familias, destrozó cuerpos y mentes de personas que aún hoy lloran sus muertos y desaparecidos. Ellos esperan de alguna forma poder reconstruir sus vidas con ayuda de un Estado que desde las palabras que reposan en su constitución política jura proteger a sus ciudadanos y que si alguna vez les falló hoy procura resarcir sus errores y fortalecer su juramento. 

BIBLIOGRAFÍA
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* Estudiante de X semestre de Derecho de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Investigadora en el Semillero de Investigación “Tras un nuevo conocimiento”.
** abogada egresada de la universidad católica de Colombia, Candidata a Doctora de la Universidad Iberoamericana de México en Doctorado en educación. Candidata a Doctora en Doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Nicaragua, Magister en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Especialista en Derecho tributario y aduanero. Docente investigadora universidad Autónoma de Colombia. Directora del semillero de investigación “Tras un nuevo conocimiento” de la Universidad Autónoma de Colombia. Colombiana. Teléfono: Celular: 3102340596. Dirección electrónica: rjaramillo62@yahoo.es.
1 Cifra disponibles en la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

Recibido: 27/02/2018 Aceptado: 27/04/2018 Publicado: Abril de 2018

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