COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MÉXICO

IV.- HACIA UNA POLITICA PUBLICA QIE PERMITA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DONDE ES MENOR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR MEDIO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS.   

IV.1.- ¿Cómo igualar oportunidades regionalmente para la inversión rentable? ¿Cómo mejorar la competitividad empresarial por entidad federativa ante la reducción de las pequeñas y medianas en el periodo de 1998 a 2008, para que sean factores del desarrollo económico?

La competencia global es el eje rector o marco de referencia de las decisiones que se tomen para hacer rentable una inversión. En la actualidad la competencia promueve un comercio global. Se estima que en el año 2005  las exportaciones representaron el 28.0% del producto interno bruto del mundo (Gitman, 2003:15) y constituyeron la base de la demanda externa y la referencia para definir cómo hacer los negocios en un mundo globalizado. Lo anterior si bien fue cierto, a nivel de perspectiva debe tomarse con reserva dado que la economía internacional está en plena transición de la crisis a  su eventual recuperación sostenida a partir del año 2011.

Con estas referencias diremos que  para formular una política pública apropiada se debe partir de las siguientes premisas: a). La globalización es una realidad, como también la justicia social es una necesidad; b).Debe mantenerse el apoyo institucional para que el desarrollo social sea el detonador del desarrollo económico; c). Se debe compatibilizar  la globalización (Roque Villanueva, 1997: 12) con el modelo de desarrollo económico y social de México, d). El Estado en forma selectiva, en una nueva etapa llamada “ tercera revolución tecnológica (sociedad del conocimiento), debe  promover en forma inmediata la competitividad de las empresas en el mercado interno y, en forma mediata, en el exterior; e).- Al no haber normatividad suficiente para que las MYPES cuiden el medio ambiente, es recomendable que el Estado intervenga regulando su operación para que dejen de generar el 83% de las partículas que lo contaminan; f).- Derivado de lo anterior, la masificación de tecnología de punta y limpia entre las MYPES será una realidad cuando se les dé el trato institucional de sector protegido; g).- La simplificación del marco regulatorio para su apertura y puesta en marcha exige la intervención decidida del Estado en la simplificación de trámites y requerimientos correspondientes.

Hay pues directrices claras sobre lo que deben hacer el Estado y los agentes activos de la nación para aumentar la productividad y rentabilidad de los cuatro  estratos empresariales, i.e., para  convertirlos en un instrumento real de política económica que coadyuve a la mejor distribución del ingreso, a incrementar el empleo bien remunerado y permanente, aprovechando que están distribuidas en todo el territorio nacional, que su presencia permea en todos los sectores económicos y que en sus  procesos de fabricación están en condiciones de usar mano de obra y materias primas locales que a su vez, inciden en el mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta productiva del país. Basta con reorientar los programas de fomento hacia la solución de los problemas estructurales  que les provocó el modelo económico en vigor, para que enseguida se puedan aprovechar plenamente los programas diseñados históricamente para mejorar su operación y hacerlas competitivas; se cuenta con una alta sensibilización favorables para su apoyo institucional como lo demuestran las siguientes opiniones:

a).-  Funcionarios del CESPEDES como Alejandro Lorea (2006:18)  sugieren que se  autorregule a las Pymes para que mejoren el cuidado del medio ambiente en aras de promover el desarrollo sustentable.  
b).- Los funcionarios de la APEC y de la OCDE ( 2006: 15) en su reunión de Atenas, Grecia del 7 de noviembre del 2006  consideraron “que a las Pymes se les debe proveer de información de los mercados en el extranjero de manera gratuita o a muy bajo costo”. En  palabras de Ivette Saldaña: avalaron y justificaron la intervención de los gobiernos para asistir, apoyar e incluso financiar a las pequeñas empresas (Pymes) que intenten realizar actividades de comercio exterior”.
c).- Yo agrego  que también a las que incursionen en el comercio interior de un país, dada la importancia que tienen en el empleo, en el PIB, en el desarrollo de emprendedores y  en la formación de activos netos que generan, entre otros indicadores industriales  relevantes.
d).- Canacintra (2006: 12A) observa que es necesario incrementar el desarrollo tecnológico apoyando y subvencionando la creación de institutos de investigación y desarrollo tecnológico para aumentar la competitividad de las empresas; sugiere que en algunas acciones de fomento, se considere a fondo perdido la aplicación  del financiamiento, dado que la mayoría de las empresas no disponen de recursos para investigación y desarrollo.

Filosofía
El Estado  debe regular la economía aplicando conjuntamente con las organizaciones empresariales la mercadotecnia social para identificar  y entender las necesidades del consumidor, cuya demanda  en la actualidad complementa   la agregada sugerida por Keynes.

Política económica
Es conveniente que se promuevan permanentemente las MYPES con acciones del Estado Mexicano y de los  agentes multiplicadores de apoyo, de manera selectiva y atendiendo a los requerimientos de los consumidores, preferentemente de  los que se localizan en los sectores industrial, comercial y de servicios, con un enfoque de desarrollo sustentable basado en la tríada: economía, equidad y ecología.

 Las acciones del Estado, además del gasto de inversión que haga en infraestructura física, social y productiva,  deben ser de carácter normativo, administrativo, organizacional, de supervisión, seguimiento, y evaluación, es decir, se sugiere que se reestructuren sus funciones sin modificar la normatividad central actual ni erogar un centavo más del presupuesto asignado, en otras palabras, que desempeñe la función pública con eficiencia y oportunidad sin aumentar su intervención en la economía para no desalentar la inversión privada; eso sí,   elaborando y operando programas que resuelvan los problemas sustantivos de estos estratos empresariales. En este sentido, la Carta Magna como la Ley Federal de Competencia constituyen el marco normativo para la actuación del Estado en la economía, al igual que las experiencias exitosas de su pares en la OCDE, que, supuestamente, aplican el mismo modelo económico, han fortalecido la posición de las MYPES en la solución de problemas económicos y sociales, en particular España que cuenta con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, así como la buena experiencia observada en Italia y Estados Unidos en lo que se refiere a la colaboración entre los agentes económicos públicos y privados, que  en los tres países hasta hace poco habían  contribuido a reducir el desempleo y a mejorar la participación de las MYPES en sus exportaciones: 31.4% en Estados Unidos y 40.0% del total en España e Italia.

Estrategia económica
El Estado mexicano en coordinación con las organizaciones empresariales monitorearán permanentemente los mercados para conocer las preferencias de los consumidores y difundirán dicha información entre los empresarios del país, con objeto de que éstos adecuen sus planes de producción, distribución y comercialización  de acuerdo con los cambios observados en la demanda.

Así, de conformidad con los requerimientos del mercado y abandonando el enfoque ofertista de la ley de Juan Bautista Say (que predominó durante 70 años y produjo demasiadas instalaciones con capacidad instalada ociosa), ahora el Estado mexicano debe fomentar una política económica selectiva hacia la demanda del mercado previamente identificada, con el objetivo de optimizar la aplicación del gasto público, los estímulos fiscales, crediticios, de asistencia técnica y de otra índole, en los sectores y las empresas en que sea necesario fortalecer su competitividad. Como dice  Drucker en apoyo de este   enfoque que dinamiza la economía a partir de la demanda del consumidor y  del Estado: “hay que fabricar lo que se vende, no vender lo que se fabrica.”

La estrategia debe caracterizarse por la acción conjunta  de los agentes activos de la nación, prioritariamente el Estado y las organizaciones empresariales, uniendo esfuerzos en la captación de la información, que se presentará por medio de los indicadores que se construyan para identificar los mercados, cuantificando estos últimos, su dinamismo, participación dentro del total, y demás datos que permitan tener una perspectiva segura para la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado,  que en turno irradiarán efectos hacia los centros de investigación superior, universidades dedicadas al desarrollo empresarial, instituciones de capacitación y demás entes en que permee la política a instrumentarse.

Metodología

1.- Identificación de la demanda.
Para identificar la demanda en el mercado internacional, se sugiere que se analicen las importaciones que hacen los principales países, por ejemplo, los miembros de la OCDE, dentro de los que destacan los EEUU, la Unión Europea y Japón, cuya participación es representativa de los cambios que suceden en el mercado mundial. Es conveniente obtener series de los últimos cinco años para conocer su tendencia, participación y dinamismo, principalmente.

En el mercado nacional, la demanda se identificará en el Sistema de Cuentas Nacionales que contienen la estructura del PIB, así como en los resultados de las encuestas periódicas que levanta el INEGI al igual que BANXICO y otras instituciones, cuya información permite hacer estimaciones sobre las tendencias, participación y dinamismo en el mercado de los principales sectores económicos.

2. Identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades de los sectores en que se producen los bienes y servicios que deben satisfacer la demanda.

Los requerimientos de los mercados identificados en el punto anterior dan la pauta para ahora buscar  su enlace sectorial en la economía nacional,  adentrándose en el análisis de la producción y de las exportaciones dentro de la   composición del  PIB mexicano,  que está integrado por  sectores a los que el INEGI denomina “ grandes divisiones económicas”, que  deben estudiarse minuciosamente hasta donde la información disponible lo permita, con objeto de conocer su competitividad derivada de las fortalezas y debilidades que se les identifiquen durante el proceso de investigación que realice el gobierno o cualquiera de los agentes multiplicadores involucrados en su estudio. Se recomienda que el  análisis para detectar los aspectos sobresalientes utilice indicadores como los siguientes:
i). Tasa de crecimiento.
ii) Su cuota o participación en el  mercado.
iii). Su productividad y rentabilidad.
iv). Mano de obra disponible: calificada y no calificada.
v). Producción bruta total., inversión en activos fijos´
vi). Organización empresarial.
vii.). Políticas, estrategias y  programas de promoción: crediticios, tecnológicos, de asistencia técnica, etc.
viii). Importaciones y exportaciones; su dinamismo, estructura y destino, principalmente.
ix). Características de la tecnología utilizada; los estímulos que hay para su uso.
x). Calidad y número de alianzas estratégicas para producir, distribuir y comercializar.

3. Para las empresas que integran el sector proveedor del mercado

Se recomienda estudiar:
i). Su número, dinamismo, cuota de mercado y distribución geográfica.
ii). Factores locacionales que influyen en su operación exitosa.
iii). Tipificación por tamaño de empresa de las cadenas productivas,  distributivas y comerciales con las que opera.
iv). Características de sus redes y programas  de proveedores para la contratación de mano de obra,  adquisición de tecnología,  insumos y materias primas.
v). Determinación de la disponibilidad de mano de obra, insumos y materias primas.
vi). Cuantificación de su inversión,  fuentes de recursos, esquemas financieros y reglas de operación con las que operan en los mercadas crediticios y bursátiles.
vii). Distribución espacial estratégica  de los factores de la producción en determinadas regiones que cuentan con agrupamientos empresariales.
viii). Políticas de fomento, mecanismos e instrumentos a su disposición para incrementar su productividad y rentabilidad.
ix). Características de los inversionistas mexicanos y extranjeros de las empresas.
x). Competitividad de sus procesos productivos, eficiencia de su maquinaria y equipos que utilizan.
xi) Disponibilidad, origen  y calidad de los insumos y materias primas utilizados en la fabricación de sus productos.

4. Acciones para fortalecer la competitividad.  

Dado que hasta el momento se han sugerido acciones por el lado de la demanda, que si bien representan un cambio significativo de la función pública en materia de fomento de las MYPES, puesto que entre otras cosas, no es necesario modificar la legislación ni aumentar el gasto público,  porque la demanda selectiva proviene del consumidor y  del Estado keynesiano, ahora conviene sugerir aun más acciones por el lado de la oferta con objeto de dar solución real a los problemas sustantivos de estas empresas con programas apropiados y no equivocados o insuficientes.
 
a).- Así, una vez diagnosticadas las condiciones bajo las cuales operan las empresas oferentes dentro del sector para satisfacer la demanda: sus fortalezas y debilidades, se contará con elementos suficientes para formular el programa  concreto mediante el que se incremente su competitividad. Las acciones a instrumentar con programas institucionales y particulares de cada unidad de producción  serán la clave para el mejor posicionamiento de las empresas y del sector en el mercado que pretenden abastecer, ahora ya competitivamente.

b).- Profundizando por el lado de la oferta para disminuir la excesiva competencia entre las MYPES, que es uno de sus principales problemas a resolver, se recomienda que el Estado formule y aplique programas que organicen a estos empresarios para trabajar en un régimen de competencia regulada: temporal, sectorial y regionalmente por tamaño de empresa para consolidar su operación, aumentar su rentabilidad y con ello sus ganancias y capitalización correspondientes, para sostener y conservar sus recursos humanos capacitados para que apliquen las innovaciones tecnológicas, abatan costos de producción, mejore la calidad del producto o servicio, y las mantenga como lideres hasta que no surja otro paradigma que modifique la función pública en su beneficio nuevamente. 

c).- Estos programas de organización deben de fundamentarse en programas administrativos eficaces y para instrumentar fácilmente a los primeros, así como los programas de monitoreo, supervisión, seguimiento y evaluación oportuna para instrumentar acciones correctivas en congruencia con “las señales del mercado”.

IV.2.- ¿Con la política antes expuesta realmente se igualan oportunidades entre las entidades federativas por medio de sus empresas manufactureras?
El Estado mexicano históricamente se ha fijado como meta permanente el mejorar los niveles de vida de la población aplicando políticas públicas como las económicas, monetarias y fiscales entre otras, sin que la haya alcanzado a plenitud. La evaluación hecha desde que México alcanzó su independencia así lo corrobora. El análisis retrospectivo muestra que la economía no ha sido capaz de generar el empleo suficiente para la  población que, en consecuencia, gradualmente se ha venido pauperizando. En apoyo a esta observación podemos señalar que durante la visita de Humbolt a la Nueva España a principios del siglo XIX comentó que éste era el reino de la desigualdad (Cordera, 2011)). Parece que esa característica no ha desaparecido porque       en 1875,  a sesenta y cinco años del inicio de la gesta heroica de la independencia, el célebre Nigromante don Ignacio Ramírez  coincidía con esta apreciación puesto que se preguntaba ¿Qué hacemos con los pobres? ( Campos, 1995). En este contexto, recientemente de conformidad con el Ceneval (2011) en 2010 había 53 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
Ello revela que aun cuando desde hace tiempo se elaboran  políticas públicas que se implementan con la aplicación del gasto público anualmente por los tres órdenes de gobierno,   no es fácil realizar este objetivo y confirma la vigencia en nuestros días de la reflexión que se hiciera Aristóteles: “¿Cómo hacer iguales a los desiguales?” ¿Buscando  el justo medio? ¿Lo podrá obtener el Estado mexicano? ¿Cuándo y cómo?
Podemos decir que el aumento desigual e insuficiente en el ingreso es uno de los problemas más añejos y críticos en economía, por lo que la búsqueda incesante de su solución es el fundamento del debate que sostienen los diferentes actores políticos, económicos y académicos, quienes en la actualidad  centran la discusión en torno a  dos modelos económicos distintos para erradicar el círculo vicioso de la pobreza e instaurar el virtuoso del bienestar social. El primero de ellos, enarbolado por el PAN propone continuar con el modelo de estabilidad macroeconómica sustentado en la teoría neoclásica que privilegia la menor participación del Estado en la economía y asigna al mercado la función motora de impulsar el crecimiento económico. El segundo modelo,  denominado modelo alternativo de nación y que impulsa el PRD, coincide con el primero en lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica pero difiere al sugerir una mayor intervención del Estado por medio del gasto público en programas de cobertura social y de incidencia en la infraestructura básica y productiva para  aumentar el empleo apoyando actividades económicas prioritarias y estratégicas que privilegien el uso intensivo de mano de obra y materias primas  locales.
Esta controversia que nos coloca en la disyuntiva de escoger uno u otro, en opinión de Baldemar Hernández Márquez (2006: 5) proviene del diagnóstico analítico que existe sobre la difícil obtención de los mínimos de bienestar que hace la sociedad en el ámbito de la instrumentación del modelo neoliberal de los últimos 30 años. Comenta que en 1980 el 29% del ingreso que se generaba en México estaba distribuido entre la población trabajadora, en 1990 los trabajadores sólo captaban el 24% y en el año 2000 mantenía esta tendencia decreciente al recibir el 23%; esta situación se agudizó en año 2005 en que sólo percibieron el 21% del producto total generado socialmente. Lo anterior se manifestó en la caída en el poder de compra de la población: en ese año  el 60.0% de la población que informó tener un ingreso de hasta $1,200.00/mes no pudo adquirir la canasta básica de consumo porque costaba adquirirla $1,600.00, registrando un déficit significativo que no existía por ejemplo en 1950, año en que predominaba una situación muy diferente: el 77% de las personas que declararon tener un ingreso de hasta $1,000.00/mes, podía comprar la canasta básica de consumo puesto que su costo ascendía a $850.00.    
Lo anterior visto en términos del costo de bienes fundamentales para la nutrición resulta mucho más preocupante ya que si tomamos en cuenta que en 1950 un kilo de carne de res “representaba entre el 25 y el 30% del salario mínimo y en el año 2005 un kilogramo de carne de res, costaba un poco más de un salario mínimo”, podemos decir que con la retribución actual por el trabajo de una persona gran parte de  la sociedad no  puede acceder a los mínimos de bienestar necesarios para su desarrollo físico e intelectual.
Consecuencias:
Este diagnóstico urge que se tomen medidas correctivas a la brevedad posible, sobre todo sabiendo  que los estímulos económicos para incrementar la competitividad de los factores de la producción no producen resultados inmediatos  como exige la problemática nacional, de manera que en 2012 aun cuando el nuevo  Presidente  cambie de política económica, de que le dé congruencia a los programas al instrumentarla, además de la reacción lenta de las fuerzas económicas, se enfrenta a serias limitantes de naturaleza estructural física, productiva y de servicios, mismas  que se deben de atender para acelerar el crecimiento hasta   quizás en dos años.  

¿Mientras tanto, Qué hacer para resolver el problema del desempleo en el país y por consiguiente, como evitar que haya más pobres  en las entidades federativas?
En esta perspectiva convendría esperar a conocer los criterios de política económica que la SHCP enviará al Congreso de la Unión para sustentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que pretende aplicar durante el ejercicio fiscal de 2013.    
Al respecto, la opinión generalizada indica que en el futuro inmediato seguirá vigente el modelo neoliberal y por ende tendrá  prioridad la política económica de estabilización con crecimiento hacia afuera. En estas condiciones el Estado mexicano debe tener capacidad de respuesta al desafío que plantea el  dinamismo en el crecimiento de la PEA, (Cadena, 2006) ya que  pasará de 43 millones en 2005 a 64 millones en 2030, misma que posiblemente observe la siguiente composición estructural: 97.9% estén empleados   y 2.1% estén desocupados. De los primeros, 4.1% serán patrones; 24.2% trabajarán por su cuenta; 61.1% serán asalariados; 8.3% trabajarán sin percepción monetaria alguna y quizás 0.2% estarán en el rubro de “otros trabajadores”.   Agréguese  a lo anterior que CENEVAL recientemente informó que 53 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema.
La situación es crítica porque muchos estudiosos del tema piensan que no habrá reformas estructurales en el corto plazo (aún cuando el PRI diga que si apoyará las propuestas del PAN)  y que la composición  esperada en el  poder legislativo del 2012 al 2018 no augura consensos expeditos entre las fuerzas políticas del país. En consecuencia, no hay una visión optimista sobre el establecimiento de  condiciones técnicas ni productivas para dinamizar la economía; prevalecen  la insuficiente y por consiguiente cara oferta de energéticos, con el consiguiente subsidio que crece para no alterar la paz social; la escasa inversión en investigación y desarrollo de la cual se deriva  el rezago tecnológico, las prácticas empresariales no competitivas, la ausencia de infraestructura física, social y productiva competitivas, etc.
Ello corrobora la necesidad de elaborar  una política económica con acciones inmediatas y mediatas que  debe caracterizarse por una mayor intervención del estado en la economía, y, que, además de   estabilizarla también la haga competitiva para que crezca y, lo más importante, que incida en la mejor distribución del producto social entre la sociedad. Lo anterior indica que se debe de  fomentar el desarrollo  empresarial para que las empresas  aumenten sus coeficientes ocupacionales, para que la mayoría  de las micro, pequeñas y medianas unidades de producción se vincule a las  cadenas productivas y de servicios de las grandes empresas mexicanas, de las trasnacionales y de las maquiladoras, con objeto de   que mejoren su posicionamiento en las exportaciones directas o indirectas al mercado internacional y, finalmente para que haya empleos permanentes y bien remunerados. Con este marco de referencia a continuación se plantean las siguientes hipótesis cuya verificación dará la pauta   para sugerir la acciones que debe de emprender el Estado en el futuro inmediato.          

Hipótesis

1.- ¿Puede el Estado igualar oportunidades para los mexicanos sí las leyes del sistema capitalista revelan que está diseñado para la desigualdad en la distribución del producto social?
2.- La aplicación del modelo económico de estabilidad macroeconómica con crecimiento hacia afuera  no indujo el crecimiento endógeno de la economía como tampoco bienestar a  la sociedad, lo que produjo fue estabilidad con estancamiento.
3.-La Ley Federal de Presupuesto y Reglamentación Hacendaria como los lineamientos de política económica que sustentan anualmente los proyectos de Ley de Ingresos como de Ley de Presupuesto y Deuda Pública de la Federación, no contienen directrices permanentes de política fiscal  anticíclica para combatir la inestabilidad económica, como tampoco contemplan mecanismos explícitos convincentes para mejorar la distribución del ingreso y para procurar la equidad social.   

Verificación de hipótesis
Para verificar la primera hice el siguiente resumen:, que la corrobora fehacientemente:
Raúl Prebisch ( 1981: 17) indica  que el avance del capitalismo es un proceso dilatado en un período de acumulación de capital, que proviene de la aplicación de la tecnología que produce los aumentos de productividad. Señala que el mercado representa el mecanismo espontáneo para asignar los factores de la producción, en función de la demanda, siempre y cuando la competencia funcione correctamente. Esa demanda proviene de cierta distribución del ingreso que, a su vez, tiene como origen determinada estructura social de las relaciones de poder que derivan de ella y de sus mutaciones. Esta asignación, como otras acciones del mercado, es racional y se encuentra circunscrita en los estratos favorecidos, que generalmente no son el colectivo social de un país, que no es dueño de los medios productivos pero si la fuente del excedente económico que, por su importancia, Prebisch lo define como la parte del fruto de la creciente productividad que, en la medida en que no fue compartido por la fuerza de trabajo en el juego espontáneo del mercado, tiende a quedar en manos de los auténticos propietarios de los medios de producción.
Miguel Ángel Rivera Ríos (2000), comenta que la forma como evoluciona el sistema capitalista determina el desarrollo económico de los países y de forma similar a Raúl Prebisch, explica que este sistema evoluciona a grandes saltos históricos a los que denomina, como desde hace tiempo los han llamado otros autores de los cinco continentes y en honor a quien sistematizó su conocimiento, “ondas largas de Kondratief”, en las que la acumulación de capital se extiende hasta que se produce cierta tasa de ganancias.
También coincide y reconoce que estas “ondas” son producidas por la renovación de la base tecnológica de la producción, pero hace énfasis en la nueva expresión de su dinamismo y contundencia: los racimos tecnológicos, que poseen la capacidad de modificar el sistema capitalista y conducirlo hacia una nueva “onda larga”, que se describe mediante la concepción y formulación de un nuevo paradigma que da sustento teórico y asegura una nueva tasa de ganancias.
Para la instrumentación de la nueva “onda” o ciclo económico largo es necesario que el Estado establezca un nuevo sistema socioeconómico con reformas institucionales y estructuras apropiadas para que la aplicación de la nueva tecnología produzca una acumulación continua de conocimientos y habilidades en el ámbito de la empresa (OCDE, 1988b), lo cual le permitirá arribar a nuevos procesos de fabricación y producir mercancías de acuerdo con los requerimientos del mercado.
Por otra parte, es importante decir que la acción reguladora de las fuerzas del mercado se ve limitada por el conflicto entre las dos leyes del movimiento del capitalismo: por una parte, la ley de la competencia innata e implacable que se establece entre las empresas,  produce efectos positivos en el sentido de que les permite depurar sus técnicas de operación y elevar su capacidad productiva, crear nuevos procesos de fabricación y mercancías de alto o bajo valor agregado; sin embargo, la ley que regula el funcionamiento del capital, su concentración o centralización, provoca el surgimiento de monopolios, cuyas consecuencias son:

1. sólo un reducido grupo de empresas se benefician con los descubrimientos tecnológicos;
2. a partir de esta nueva etapa, la oferta y la demanda se ven limitadas seriamente en su interacción porque no operan en un régimen de libre competencia empresarial.

Comenta que eeste conflicto ha sido resuelto históricamente con la intervención del Estado, que tiene la capacidad de conciliar, organizar y encauzar administrativa y políticamente  los agentes económicos hacia la coordinación institucional del sistema capitalista, para lo cual crea un nuevo sistema socio institucional que tiene la función primordial de brindar estabilidad, dinamismo y certidumbre para la acumulación del capital, así como regular el uso social del excedente para acelerar el ritmo de acumulación y corregir progresivamente las disparidades de carácter estructural, distintas de las disparidades funcionales (Prebisch, op. cit. p.44).
Se ha observado que el beneficio que provoca la intervención moderada del Estado en la solución de problemas provocados por la acumulación de capital, se expresa en situaciones como los siguientes: cuando se inicia una “onda larga”, la tasa de ganancias aumenta y luego se mantiene en cierto nivel porque hay abundancia de materias primas, de mano de obra barata, insumos, maquinaria y procesos de fabricación, etcétera, que abaten costos de producción y de distribución, pero llega un momento en que tal disponibilidad desaparece lo cual aumenta los costos de manufactura de las empresas y puede ocasionar una recesión económica. En ese caso, el mecanismo espontáneo que funciona para recuperar la acumulación de capital es la contracción temporal de la demanda de los  anteriores conceptos, acción que suele tener efectos devastadores y por ello se han recomendado acciones de coordinación institucional, cuya eficacia se demostró durante la gran depresión de la economía estadounidense en la década de los años 30 del siglo xx, al estabilizar y hacer crecer nuevamente la economía de ese  país.
En este contexto Miguel Ángel Rivera Ríos (ídem) señala que “para que el capitalismo opere a largo plazo a un nivel razonable de eficiencia siguiendo trayectorias ascendentes, así como para superar trayectorias descendentes, requiere de una combinación entre elementos de coordinación (o de intervención) con otros de naturaleza automática o espontánea basados en el libre juego de las fuerzas de mercado. La combinación específica de ambos elementos escapa a toda formulación teórica, ya que se trata de un problema histórico que está determinado por la lucha de clases y otros factores imponderables pertenecientes a la época específica en cuestión” .
O sea que la lucha de clases pone de relieve que la desigualdad y la marginación derivadas de la acumulación del capital aplicada a la obtención de plusvalía del trabajador, es algo intrínseco al sistema capitalista, ya que de otra forma sería mucho más difícil obtener ganancias suficientes para mantener en operación a las empresas, en particular  aquellas que producen artículos intensivos en mano de obra.  Luego el Estado atempera con programas productivos y de asistencia social las desigualdades que provoca el sistema capitalista. Esto es muy importante porque se ha visto que no importa el modelo sino la efectividad administrativa con que aplica el recurso, así como la alerta que mantiene sobre la evolución de la economía, es decir aplica  políticas anti cíclicas continuas independientemente de la ideología de los gobernantes y del proyecto de nación que tengan. 
Un comentario interesante en este sentido y que corrobora lo antes dicho para muchos países distintos a  México, es que en medio de esta asimetría entre el crecimiento económico vigoroso que permite la acumulación del capital, y el reducido beneficio del factor trabajo, en México hasta 1970 operó el modelo de desarrollo  estabilizador, y que de 1971 a 1982 el de  desarrollo compartido, y  de 1983 a la fecha el modelo neoliberal. Parece que en el país el Estado no  ha dado continuidad a las políticas públicas relacionadas con la economía y el bienestar social, puesto que con el primer modelo se tuvo crecimiento con estabilidad, con el segundo crecimiento con inflación y, con el tercero,  estabilidad con estancamiento.
¿Acaso ésta discontinuidad en las políticas públicas y administración cuestionada del gasto público explican la  desigualdad social y la pobreza de la población territorial y sectorialmente?
Con respecto a la segunda hipótesis, conviene decir lo siguiente:
Este espectro negativo en el ámbito económico lo resume de manera contundente el Dr. Eduardo Loría (2006)  de la siguiente manera: “el desarrollo del país comenzó a presentar dificultades desde hace 22 años, ya que de 1982 a la fecha el PIB per cápita avanzó 0.6 por ciento anual, cifra varias veces inferior a la media de 3.0 por ciento reportada entre 1935 y 1981”. Se concluye con esta información que la  economía y por consiguiente la  sociedad estuvieron mejor con los dos modelos anteriores que con el neoliberal, aclarándose que siempre ha existido la pobreza pero no en la magnitud preocupante de nuestros días. .
Existe clara evidencia ( Sánchez Barajas, 2005) que la apertura al exterior no generó un crecimiento endógeno puesto que las exportaciones exitosas fueron hechas por grandes empresas mexicanas, trasnacionales y maquiladoras que no vincularon a las micro y pequeñas empresas en forma significativa a sus cadenas productivas, comerciales y de servicios, obligándolas a operar en el mercado interno, principalmente.
Derivado de lo anterior, cabría preguntarse porque dentro del reducido margen de maniobra   que le dejan las trasnacionales al Estado mexicano, éste no ha diseñado una política objetiva de impulso para la economía nacional. Al respecto, con el fin de brindar información oportuna  para el diseño apropiado de la citada política, es conveniente decir que  la última encuesta levantada por el INEGI sobre micronegocios en el país, ésta señala que están registrados 4.4 millones y que para alrededor del 80.0% de sus empresarios entrevistados, tres son sus problemas principales: la competencia excesiva,  la escasez de clientes y las ganancias reducidas. Sólo  el 11.1% de ellos considera que el crédito y la escasez de recursos económicos   constituyen  su principal problema.
Como puede observarse sus problemas principales  son estructurales y no operacionales, los cuales se derivan del  modelo de economía establecido, mismo que además de constreñir la demanda  nacional reduce los ingresos fiscales  y limita la capacidad del Estado para apoyar las MYPES. Esta política de estabilización económica considera que   los aumentos salariales se fijen  en función del índice inflacionario y no de  la productividad de los trabajadores, situación que hace poco atractiva su capacitación, hasta podría pensarse que es  innecesaria. Igualmente, al perder dinamismo   el poder de compra y con ello los planes de expansión de las empresas, ocasiona que  la contratación del crédito  no sea vital para la operación y consolidación de las empresas, aun más, que en el ámbito de la tributación los impuestos directos e indirectos crezcan menos que el potencial que brindaría una economía con crecimiento significativo. En consecuencia, establecer programas de fomentar para empresas que no venden a una población sin poder adquisitivo,   ocasiona que no se aprovechen a plenitud los  programas oficiales en vigor; es claro que al no haber demanda permanente las empresas quiebran y cierran provocando desempleo. Mi experiencia de campo revela que son pocas las micro empresas que operan y se consolidan después de dos años,  la mayoría sólo dura en operación unos cuantos meses.
Lo anterior  genera un círculo vicioso, limita la capacidad rectora del Estado en la economía, los pocos  recursos fiscales  se destinan a  programas  con metas coyunturales y no resolutivas de los serios problemas de las empresas , se cancela la  posibilidad   de aprovechar los recursos humanos capacitados, la recuperación de la inversión es insuficiente y no rentable, se pierde la cartera de clientes que garantiza  de la estabilidad de una empresa  y, lo más preocupante,  no aumenta la recaudación fiscal y la capacidad del Estado para hacer que los mexicanos vivamos más y mejores años.
Aquí también se observa la necesidad de administrar bien y de dar continuidad a las políticas públicas, ya que en el análisis efectuado de 1935 al 2005 se pone de relieve que en el último tramo: de 1983 al 2005 hubo discontinuidad en la aplicación de medidas inductoras  del crecimiento económico como en las correctivas de los desequilibrios sociales provocados por una mala administración, mas que mala yo diría tendenciosa.

Sobre la tercer hipótesis

Los datos del siguiente cuadro que contiene la evolución de  la economía de 1982 al año de 2002, pone de relieve lo antes mencionado en el caso específico de las principales variables, cuya fluctuación en sus valores también corroboran que no se ha manejado otra política de estabilización más que la de las variables macroeconómicas de  la inflación y del tipo de cambio, cuya  estabilidad en sus precios relativos en fundamental para atraer inversión extranjera al país,  es decir, más que beneficiar al crecimiento con estabilidad y equidad social, se ha procurado crear las condiciones propicias para la penetración del capital extranjero en las actividades económicas del país, dada la política de menor intervención del Estado de los últimos  años. 

En este contexto, ¿Cuáles  deben ser las políticas públicas que sustenten el modelo económico a seguir? ¿Se debe continuar con la inercia actual nada más adecuándolas al momento político que se vive, debemos reestructurarlas a fondo o definitivamente eliminarlas? ¿Se debe aprovechar el parteaguas del 2012 para recomendar  e implantar un modelo económico totalmente diferente a partir de 1013?

PROPUESTA

Políticas institucionales
1.- El Estado debe tener la  participación en la economía que le fija la Constitución para generar crecimiento con estabilidad y combatir adecuadamente la pobreza, con políticas económicas, fiscales y monetarias continuas, que sean congruentes con los ciclos económicos para igualar oportunidades de las personas en salud,   educación y alimentación para que se integren competitivamente a la economía como trabajadores y/o emprendedores con capacidad creativa para aumentar el empleo y el producto social.
2.- El destino selectivo del gasto público en infraestructura física, social y productiva, más que su monto o aumento, es la manera como puede lograrse lo anterior, instrumentándolo con medidas administrativas eficientes, de organización, supervisión, de rendición de cuentas  y monitorea oportuno para hacer  ajustes oportunos ante los cambios del mercado.  
3.- Se deben de incrementar las medidas fiscalizadoras para mejorar la administración de los recursos públicos, para que se descentralice su aplicación, para que sea transparente la rendición de cuentas y para que el gasto incida en la demanda agregada. El reto es aumentar los ingresos públicos, los salarios y la  liquidez en la economía para que incidan en la demanda agregada, en un mayor  producto social sin generar inflación mediante el aprovechamiento de la capacidad productiva instalada que demandará más trabajadores y con ello aumentará la recaudación fiscal .    
Políticas operativas
Ingresos Públicos

• Revisar y evaluar los ordenamientos que fundamenten la política  tributaria, porque de ellos saldrán los nuevos y ampliados recursos para el año 2013, además de que darán la pauta para modificar de manera congruente, los estatales y municipales, con el mismo objetivo: aumentar los ingresos públicos. 
• En este ejercicio técnico democrático, la ciudadanía debe de participar en la
• elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos del 2013 y proponer la eficiencia administrativa en la recaudación y aplicación del gasto.
• En este contexto todo parece indicar que se debe formular una política fiscal gradual con programas con acciones recaudatorias para el corto y mediano plazo.

Primera etapa

• Ante esta perspectiva, por razones de tiempo y espacio, la política fiscal para el corto plazo debe ceñirse a directrices de corte administrativo y coactivo, es decir, en fincar la recaudación en la eficiencia que se tenga en la administración tributaria, así como  en recordarle al contribuyente su obligación de contribuir al erario público, en tiempo y forma.
• Dentro de las acciones administrativas destacarían las tendientes a integrar cuando no existan, depurar, cruzar y actualizar los padrones de las principales contribuciones en los tres órdenes de gobierno. También, la simplificación administrativa en los trámites y procedimientos, la revisión y cuantificación de la evasión y elusión fiscal; al igual que las facilidades que se darían en horarios, lugares y equipo para el cumplimiento oportuno de los contribuyentes.

Con respecto a las coactivas, con base en las facultades otorgadas a las autoridades fiscales, se recomienda intensificar las auditorias a grandes empresas; la aplicación irrestricta del Convenio de Colaboración Administrativa en toda su extensión ( la experiencia indica que bien aplicado puede constituir una fuente importante de ingresos fiscales); aumentar y sistematizar las  invitaciones y recordatorios a los contribuyentes, con un sólido basamento jurídico que en caso de no acatarse, se les pueda sancionar conforme a la legislación fiscal en la materia.

• Simultáneamente, durante el primer año de la nueva administración federal,  es recomendable iniciar la revisión de los ordenamientos estatales y municipales que dan sustento al sistema tributario vigente en la actualidad, de sus  programas y compromisos existentes, con objeto de evaluar su viabilidad en el contexto de los objetivos y metas establecidos para la nueva administración fiscal. La disponibilidad de recursos se expresará en la integración de una mezcla de fondos suficientes por el lado del ingreso, para financiar el gasto que le compete hacer a cada gobierno. Lo anterior reducirá o eliminará gradualmente el endeudamiento que asfixia actualmente a los órdenes de gobierno estatal y municipal.

 

Segunda etapa:

• Una vez resuelto el problema de suficiencia presupuestaria con fuentes adecuadas de ingresos tributarios, se debe proceder a la distribución de los mismos, para ello se debe determinar el mecanismo de participación ciudadana en la conformación de una política fiscal tendente a fortalecer la hacienda pública, que debe comprender la evaluación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como instrumento normativo para la  distribución de los ingresos fiscales obtenidos por el esfuerzo de los funcionarios fiscales.. Su actualización oportuna además de proporcionar más recursos para los tres órdenes de gobierno, le asignará a las autoridades hacendarias la función  de promover la economía con la aplicación de un gasto público direccionado hacia la satisfacción de las necesidades urgentes de la sociedad y a fomentar la competitividad de la economía, con ingresos provenientes de una recaudación  equitativa  y con amplio sentido social.

 

Es vital revisar la actual concertación de acciones que operan a través de la coordinación fiscal y que tiene como sustento jurídico la ley de Coordinación Fiscal, aprobada en 1978 por el Congreso de la Unión, conjuntamente con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que entraron en vigor en 1980.
En sí,  se debe valorar si mediante  la concertación de  acciones en el ejercicio de las potestades tributarias de los diversos órdenes de gobierno, se logró la coordinación administrativa satisfactoriamente:  al depurar las cargas tributarias para evitar la doble concurrencia impositiva  y que los contribuyentes    no tuvieran que pagar dos o más impuestos por la misma actividad que desempeñaran igualmente,  es conveniente verificar si se hizo correcta la  homologación  y más eficiente la tributación, ya que los municipios y los estados renunciaron y delegaron su capacidad  recaudatoria que hacían  de ciertos impuestos y derechos,   a cambio de recibir de la  federación, vía   el resarcimiento,   un  monto equivalente al que renunciaron a captar en cada ejercicio fiscal.

Los recursos se distribuyen por medio del Fondo General de Participaciones, FGP, del Fondo de Fomento Municipal y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que conjuntamente se denominan “participaciones”, mismas que a partir de 1998, se han complementado con las “aportaciones”, provenientes del ramo 33.

Después de 31 años se observa (Sánchez Barajas, 2011) que dentro del FGP se abandonó como  criterio principal para distribuir las participaciones el resarcimiento (cada entidad recibía recursos de acuerdo con la recaudación que se hacia en su territorio), ya que a partir de 1991 se complementó con el demográfico o redistributivo. Esta situación benefició a entidades federativas densamente pobladas y desalentó a las que tenían alta capacidad de recaudación, al observar que los ingresos que percibían no eran proporcionales a su esfuerzo recaudatorio.

• ¿Conviene, es sano,  seguir favoreciendo la obtención de ingresos fiscales a través del IEPS, que proviene de un mayor consumo de tabaco y de  bebidas alcohólicas?  

Dentro de este ordenamiento también se debe  reflexionar si los municipios en particular, han aprovechado debidamente los beneficios que les otorga dicha Ley por medio del Fondo de Fomento municipal, se debe de verificar si administraran eficientemente el impuesto predial y los derechos por el suministro de agua. ¿Descuidaron el esfuerzo recaudatorio?

• Con base en lo anterior, las  nuevas autoridades fiscales federales del país deben fijar una posición sobre sugerir o no, más potestades tributarias para los estados y los municipios, ya que aparte de las dos  contribuciones antes mencionadas, cuando fue  autorizado, no se puso en vigor de inmediato, por ejemplo,  el impuesto sobre nóminas.

 

¿Convendrá mejor buscar la eficiencia en la administración de las  contribuciones actualmente en vigor? no se requiere modificar la legislación fiscal y tampoco se incurre en  el costo político que provoca entre los contribuyentes el aumento o creación de nuevos impuestos.
Con el propósito de mantener la congruencia entre las acciones de política fiscal en apoyo de las de  política económica, y puesto que existe la intención del gobierno federal por no otorgar más recursos porque produce entre los estados y municipios una alta dependencia de los ingresos federales, al   inducir entre ellos una baja recaudación de ingresos propios y una reducida utilización de sus potestades tributarias, se propone que la política de captación de ingresos, fiscal,  cambie, con un enfoque integrador de las partes que intervienen en el equilibrio presupuestal, ampliándose  a una  política hacendaria: manejo  conjunto del ingreso, el gasto y la deuda pública.
Gasto Público

• Derivado del punto anterior, verificar si existe la intención de  cambiar la Ley de Coordinación Fiscal a Ley de Coordinación Hacendaria, así como la eventual modificación en los criterios de distribución de las participaciones. En lo que se refiere a las aportaciones o transferencias federales, evaluar los lineamientos que se aprueben entre los tres órdenes de gobierno, para acelerar la descentralización del gasto público.  
• Procurar que esta  federalización del gasto  acelere su transición de desconcentración a la descentralización de funciones, recursos y atribuciones que lamentablemente, muchas de ellas que corresponden a los municipios, se han quedado en el orden del gobierno estatal.
• Con respecto a lo anterior, en la aplicación de los recursos previamente asignados, como lo son las aportaciones o transferencias federales, se sugiere hacer un seguimiento sobre su correcta aplicación, con una participación eficiente de las autoridades locales   que hasta el momento han sido simples administradores de estos fondos, que por ello, también se han manejado con fines proselitistas o partidistas. Recuérdese que no son gratuitas las críticas al manejo muy discutible del FAIS.
• Puesto que este concepto es la piedra de toque para encauzar con estabilidad la economía hacia la producción de bienes que aumenten la calidad de vida  de los mexicanos, sugiero:

Realizar estudios sobre los modelos de asignación de recursos derivados de las propuestas para redistribuir funciones públicas, de titularidad o ejercicio que impliquen reformas constitucionales en favor de las entidades federativas.

• Realizar estudios sobre las implicaciones hacendarías y de descentralización del gasto público, en función de las propuestas para redistribuir condiciones de concurrencia o coincidencia que impliquen reformas a las leyes secundarias de la Federación, en favor de las entidades en algunas funciones públicas, con especial referencia al gasto social.
• Proponer nuevos modelos de gasto tendentes a redistribuir y equilibrar vertical y horizontalmente la asignación del financiamiento de algunas funciones de gasto social y de la inversión pública federal incorporando criterios diáfanos de asignación, eficiencia y equidad.

Crédito Público
Muchas de las siguientes recomendaciones quizás ya no sean pertinentes, sin embargo a continuación se presentan con ánimos de brindar el escenario completo en que debe actuar la triada que conforma la política fiscal en apoyo de la económica. Impulsar criterios y mecanismos de calificación derivados de la reforma al artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento, para que los gobiernos estatales y los municipios tengan acceso oportuno y diferenciado a los mercados del financiamiento público y privado.

• Fortalecer el papel de la banca de desarrollo, fideicomisos y fondos de fomento público, para impulsar los proyectos productivos y de infraestructura regional mediante el incremento de sus fondos, así como apoyar transferencias complementarias para este tipo de proyectos, con sujeción a los siguientes lineamientos:
• Revisar los programas de financiamiento de las instituciones de fomento para orientarlos a la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores prioritarios, con base en criterios de desarrollo regional y mediante una mayor difusión de los programas de crédito, de garantías, y el otorgamiento de asesoría técnica bancaria.
• Vincular las operaciones financieras y crediticias a las necesidades de la población de estados y municipios con mayor atraso relativo, buscando el fomento de actividades que favorezcan las ventajas de cada región o productor.
• Considerar los ingresos no tributarios para incrementar los flujos crediticios con riesgo proyecto, complementándolos con la participación de la iniciativa privada, y fondos como el de Inversión en Infraestructura (FINFRA), con el propósito de financiar un mayor volumen de servicios públicos e infraestructura.
• Promover mayor capacidad y flexibilidad financiera a estados y municipios mediante la aplicación de mecanismos de cobertura cambiaría (tipo Fondo de Apoyo a los Estados y Municipios), a fin de apoyar con recursos externos la realización de obras prioritarias.
• Hacer expeditos ante las instancias correspondientes las modificaciones legales necesarias para posibilitar la bursatilización de las carteras crediticias de estados y municipios.
• Mejorar administrativamente el sistema de información y registro sobre deuda local en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Revisar las reestructuraciones de las deudas locales, con el fin de minimizar los costos de intermediación y que se formulen en congruencia con la capacidad de pago de las entidades federativas y los municipios.
• Proseguir con el programa de apoyo crediticio a las entidades y municipios que presenten condiciones deficitarias extremas, mediante criterios que precisen circunstancias, alcances, condiciones y responsabilidades.
• Consolidar el desarrollo de  los sistemas de información hacendaría, a fin de homologar y permitir la evaluación comparada respecto de la operación descentralizada de funciones federales en las entidades y municipios.
• Promover oportunamente ante los Congresos Locales la promulgación de leyes en materia de deuda pública.

Interacción de Ingreso, el Gasto y la Deuda Pública

• Emprender estudios sobre la mezcla de recursos necesarios para financiar las responsabilidades de gasto que competan a cada gobierno, tales como: ingresos propios con potestad normativa y administrados por cuenta de otro gobierno, participaciones, transferencias con destino específico por colaboración administrativa o como donación, subsidios, aportaciones para programas o proyectos conjuntos, así como el uso del endeudamiento.
• Definir el papel de las participaciones en el contexto anterior, así como la determinación de sus montos y de nuevos criterios para su distribución.
• Analizar la operación anual de los sistemas financieros y fiscales para evaluar el cumplimiento de las metas presupuestales de cada gobierno en particular, y analizar las condiciones y limites de acceso al crédito público con base en los elementos anteriores.

Descentralización y Colaboración Administrativa

• Consolidar la eficiencia de la colaboración administrativa establecida en el nuevo Convenio de Colaboración Administrativa en todas las facultades delegadas y en particular la de fiscalizar el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para lograr los mayores estímulos por su gestión y el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales en provecho conjunto de la Federación, entidades y municipios.
• Continuar el avance de colaboración administrativa en otras materias como la cobranza de créditos, adecuando las normas y mecanismos que aseguren su manejo eficiente.
• Perfeccionar los sistemas de información que determinan la Recaudación Federal Participable, Impuestos Asignables, Población, y en general afinar la oportunidad y precisión de los indicadores que intervienen en la distribución de las participaciones federales.
• Realizar estudios hacendarios para proponer mecanismos de transferencia que apoyen las nuevas funciones y programas de descentralización del gasto público federal.
• Revisar y perfeccionar los mecanismos de transferencias financieras para apoyar las funciones con grado avanzado de descentralización, con especial referencia a los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Social y Urbano. Este sistema de transferencias deberá contemplar los casos en que los apoyos sean complementarios, condicionados o de carácter general.

Dichas funciones deben propiciar una estrategia económica inmersa en un horizonte de  planeación de corto y largo plazo, que permita ir revisando y actualizando la política pública que norme la acción oportuna y suficiente del Estado durante las fases del ciclo económico para suavizar las fluctuaciones de la fase depresiva, para aprovechar y mantener hasta donde sea posible las de la fase de auge económico. En pocas palabras propiciar el desarrollo con estabilidad económica  en las condiciones que le fija la Constitución.  
IV.3.- Política fiscal integral específica para el desarrollo regional equilibrado entre la sociedad, la economía y el territorio nacional: 2013-2018.
El análisis y evaluación hechos en los capítulos anteriores,  en particular, ponen de manifiesto que es urgente resolver las desigualdades que se han gestado a lo largo de la operación regional del aparato productivo manufacturero, de 1998 a 2008.  Ello ha acarreado el crecimiento asimétrico de la economía territorialmente y en consecuencia ésta no ha tenido la capacidad para crear los empleos necesarios ni el bienestar social permanente cuidando del medio ambiente. Derivado de lo anterior, a continuación se sugiere una política fiscal que corrija los desequilibrios de la producción manufacturera territorialmente, con el objetivo de que se igualen oportunidades para todos los espacios que componen las entidades federativas, se dinamicen sus economías y mejore el bienestar de la sociedad mexicana. 
Importancia
Como parte de la política económica del Estado mexicano, la política fiscal es uno de sus principales instrumentos para procurar el bienestar de la sociedad, ya que mediante el gasto público produce el círculo virtuoso de estimular la demanda en el mercado, con la que se incrementan los niveles de la inversión para satisfacerla oportunamente, situación que a su vez incide en el mayor aprovechamiento de la capacidad de planta productiva instalada y en la generación de empleos, con lo cual mejora la calidad de vida de la comunidad y se incrementa la recaudación de ingresos fiscales por parte de la hacienda pública que en esa forma está en condiciones de formular y aplicar nuevamente, programas para reducir la inseguridad, de incrementar la competitividad regional y sectorialmente con inversiones en infraestructura básica, social y productiva, sin dañar el medio ambiente en que opera la planta productiva del país, principalmente.
En virtud de que esta ponencia hace énfasis en el desarrollo regional propiciado por una política fiscal adecuada, cuya efectividad en la creación de competitividad ( infraestructura básica, social y productiva)  de las entidades federativas  y en la calidad de vida de sus habitantes sólo se puede evaluar objetivamente  en el largo plazo, he considerado útil estudiarla en ese horizonte temporal yencuadrarla precisamente en el ámbito territorial, para lo cual  empezaré por definir lo que entiendo por  desarrollo regional en los siguientes términos: Es el crecimiento equilibrado de la economía y de la sociedad en un espacio geográfico concreto, en un lapso determinado, teniendo en mente que existe una clara diferencia entre los conceptos de desarrollo y crecimiento.
Así, diremos que para lograrlo espacialmente se promueven acciones como la creación de ciertos polos de desarrollo, se corrigen los desequilibrios territoriales generados por el proceso económico de políticas fiscales anteriores, se incentiva el uso de maquinaria y equipo con procesos de fabricación que hagan factible el uso de materias primas y mano de obra locales; en otras palabras, se planea igualar oportunidades de inversión productiva y social  para gestar con programas de gasto púbico el desarrollo en lugares donde se asientan la sociedad y la economía locales. En esa forma el Estado con acciones de planeación fiscal de corto, mediano y largo plazo  dinamiza la economía espacialmente, reduce los flagelos de la inseguridad, del daño a la ecología y del desempleo, por señalar algunos  efectos que produce la aplicación congruente  en el tiempo del gasto público; decimos congruente porque no debemos olvidar que el corto, mediano y largo plazo empiezan el mismo día, lo anterior significa que el Estado debe visualizar con claridad  el periodo de maduración de las inversiones con el fin de conseguir  gradualmente la competitividad de las entidades y el mejoramiento en la calidad de vida de las personas asentadas en ellas. En otras palabras, la planeación fiscal es el hilo conductor de la planeación  territorial de los asentamientos humanos y de su economía. 
Así, a continuación se describe el marco teórico de los conceptos que nos interesa correlacionar para contar con ideas, cuya verificación, nos permita elaborar la política fiscal adecuada para mejorar las ventajas competitivas de las entidades federativas, mediante el esfuerzo institucional de igualar oportunidades para la inversión y en consecuencia, para dinamizar la economía y aumentar el bienestar social territorialmente.         
MARCO TEORICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y DEL DESARROLLO REGIONAL
Al ser el marco teórico un  cuerpo de ideas que  permite argumentar en pro de una meta específica, Es conveniente presentar el del desarrollo regional porque fundamentará mi propuesta de fomentarlo  con acciones institucionales de finanzas sanas dentro de las que destacan las de política fiscal.  Con ese propósito es que he juzgado que su contenido sea:
1.- El basamento institucional que sustenta la organización de la sociedad y de la economía por parte del Estado;
2.- Objetivos de la política fiscal;
3.- Poder del Estado para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio- económico;

4.- Tipos de política fiscal;

5.- Política fiscal y empleo;

6.- Historia y críticas a la política fiscal contemporánea;
7.- Política fiscal y desarrollo regional.
1.- El basamento institucional
Así, diremos que la Carta Magna a través de sus artículos 25, 26,27 y 28 faculta al Estado mexicano para que legisle en materia económica, cuya implementación se hace viable a través del artículo 31, fracción cuarta, que da potestades a la hacienda pública para que por medio de la Ley de Ingreso recaude recursos que se aplican en cada ejercicio fiscal en beneficio de la sociedad mexicana. Ello le permite al Estado desempeñar cuatro funciones básicas: la de recaudar, la de asignación de recursos, la redistributiva y la función estabilizadora. Como se indicó, con la primera obtiene los ingresos fiscales necesarios para impulsar el desarrollo socio-económico de la sociedad; mediante la función de asignación, el Estado asina el gasto público en actividades prioritarias dentro de las que ocasionalmente suministra bienes como la electricidad debido a que es un bien estratégico y, en otras como el agua, en determinadas circunstancias, el mercado no proporciona adecuadamente debido a la existencia de los denominados fallas del mercado. La función redistributiva del Estado, trata de reconciliar las diferencias que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza el sistema de mercado y la distribución que la sociedad considera justa, en el que intervienen fundamentos éticos, políticos y económicos. La función estabilizadora, donde se encuadra la política fiscal, consiste en propiciar permanentemente el crecimiento con estabilidad, de allí que al promover la dinámica económica las autoridades hacendarias siempre monitorean la estabilidad macroeconómica del país, además de que pugnan por evitar los desequilibrios secto-regionales haciendo oportunamente los ajustes necesarios para mantener los niveles de demanda agregada que hagan factible la reducción de la inflación y del desempleo.

2.-Objetivos de la política fiscal

De lo anterior se infiere que los objetivos principales de toda política fiscal son:

• Recaudar los ingresos necesarios para el desarrollo;
• Fomentar el crecimiento económico con estabilidad en el sistema económico;
• Propiciar con un entorno favorable para el uso de los recursos naturales, humanos, de capital  y materiales con que cuenta la sociedad, en un contexto que no dañe al medio ambiente;
• Mantener la estabilidad en los precios, entendida ésta como evitar agudas fluctuaciones en los índices generales de precios para dar certeza a los inversionistas y proteger el poder de compra de los consumidores.

3.-Poder del Estado para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio- económico

A.- El efecto multiplicador del gasto público:

Keynes introdujo dentro de la teoría macroeconómica el concepto del multiplicador, indicando que un aumento en la inversión productiva incrementa el ingreso de los trabajadores, que a su vez provoca una serie de aumentos sucesivos en cascada en los gastos de los consumidores. El mecanismo del multiplicador no se aplica sólo a la inversión productiva sino que tiene un efecto mucho más amplio. Esta circunstancia hace pensar a muchos estudiosos del tema que la política fiscal debe de utilizarse como instrumento para estabilizar el ciclo económico o para superar crisis como la monetaria de los años 2008 y 2009.

B.- Efecto expulsión

El segundo efecto influyente para determinar la cuantía total del efecto total de la política fiscal de gasto sobre la demanda agregada es el denominado efecto-expulsión, que sugiere que el efecto que tendría el gasto digamos de 42,000 millones de pesos sobre el PIB, en compras para proveerse de los bienes y servicios que le son necesarios, podría ser inferior a esa cantidad: 42,000 millones de pesos.
En otras palabras, si bien es cierto que existe el efecto multiplicador que sugiere que la variación de la demanda agregada provocada por la política fiscal puede ser mayor que la variación de las compras que hace el Estado mexicano a sus proveedores, también existe otro efecto que actúa en sentido contrario al del multiplicador, en determinadas circunstancias, el cual surge y actúa después del efecto multiplicador cuando éste mejora las expectativas de una mayor demanda de bienes y servicios. Dado que estas posibilidades pueden encarecer el costo del dinero cuando los oferentes solicitan un crédito para capital de trabajo o para la adquisición de activos fijos para ampliar la capacidad productiva de su planta industrial. Esta elevación en la tasa de interés reduce la demanda de bienes y servicios y se le conoce como efecto expulsión.
Al respecto, se debe de tener cuidado al implementar, como se ilustró arriba con el ejemplo consistente en aumentar las compras del Estado mexicano, ya que si eleva la demanda agregada de bienes y servicios pero también puede expulsar inversión.
En síntesis, cuando el Estado mexicano aumenta sus compras en 42,000 millones de pesos, la demanda agregada de bienes y servicios puede aumentar en una cuantía superior o inferior a los 42, 000 millones de pesos, ello depende de que sea mayor o menor el efecto multiplicador que el efecto-expulsión.

4.-Principales Tipos de Política Fiscal

Por lo general las más comunes son la expansiva y la restrictiva, que actúan en sentido inverso. Debe señalarse que en general el Estado mexicano tiene potestades para formular la que estime conveniente, dependiendo de las circunstancias en que se halle el sistema económico.

• La política fiscal expansiva se instrumenta cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, en particular en condiciones en que se diagnóstica que la economía está en una etapa recesiva de manera que es imperativo acelera  su crecimiento dinamizándola con mayores niveles de Gasto público. Si no se tiene cuidado en mantener finanzas sanas: equilibrio entre los ingresos y egresos al final de cada ejercicio f fiscal el saldo presupuestario puede ser deficitario y provocar inflación en el sistema económico.
• La Política fiscal restrictiva se aplica en situaciones en que se diagnostica que es necesario reducir la demanda agregada, lo cual sucede por lo general cuando la economía muestra una tendencia ascendente y se determina que es toral frenar su crecimiento debido a la presión que ejerce sobre los precios de l las materias primas, insumos, mano de obra, maquinaria y equipos que requiere para su expansión. En este caso puede suceder que al final del ejercicio fiscal la hacienda pública muestre un saldo superavitario en su contabilidad anual.

Instrumentación de una Política fiscal expansiva

Las acciones que se realizan son:
1.- Se incrementa el gasto público para incentivar la inversión, aumentar la producción y el empleo para así salir de la “atonía” económica.
2.-Suelen bajarse los impuestos, ya sea los directos o los indirectos para aumentar los ingresos disponible las personas físicas o morales, situación que conduce a mayores niveles de inversión y de consumo: cambian en sentido ascendente las coordenadas de la curva de la demanda agregada.
De esta forma, al incrementarse el gasto público y reducirse los  impuestos, el presupuesto del Estado mexicano puede terminar siendo deficitario..

 Instrumentación de una Política fiscal restrictiva

Como se indicó, ésta política fiscal opera a la inversa de la  expansiva, en virtud de que al disminuir la hacienda pública su gasto ello incide en la contracción de  la demanda agregada así como en un exceso inicial de la oferta agregada de bienes que termina reduciéndose, lo que finalmente conduce a una reducción del nivel de ingresos en la población.
Las  acciones fiscales son los contrarios y son:

• La reducción del l gasto público, para contraer  la oferta agregada; y
• Subir los impuestos, para que la gente no gaste demasiado  y para que las empresas reduzcan sus niveles de inversión y de producción, así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda en el primer cuadrante del sistema  de ejes cartesianos.

En consecuencia al destinarse un  menor gasto público  y al poner en vigor un aumento en los impuestos, el saldo presupuestal  del Estado termina siendo  superavitario al final del ejercicio fiscal.

5.-Política fiscal y empleo

La forma en que la política fiscal afecta al  empleo es un tema complejo (Wikipedia, 2011), por lo que es necesario sopesar cuidadosamente los efectos de incentivo y desincentivo que conlleva la intervención del sector público. Por ejemplo, un sistema de prestaciones por desempleo bien diseñado no solo brinda una importante red de protección a la población, sino que, además, permite a los trabajadores dedicar más tiempo a la búsqueda del empleo más productivo. Sin embargo puede al mismo tiempo, prolongar la duración del desempleo, lo que tendría efectos secundarios sobre el potencial de producción de la economía, porque los trabajadores que se encuentran en una situación de desempleo de larga duración experimentan una depreciación de su capital humano.
Las posibles desventajas de las prestaciones sociales se observan con más claridad en sus efectos sobre la oferta de factor trabajo. Con frecuencia se menciona el pago incondicional o ilimitado de prestaciones por desempleo como uno de los principales factores que desincentivan la búsqueda de empleo. Este tipo de prestaciones puede, asimismo, reducir las presiones para reformar un mercado de trabajo ineficiente con altas tasas de paro porque los desempleados disfrutan de esos beneficios. También los sistemas públicos de pensiones tienen efectos significativos sobre la oferta de trabajadores. La escasa penalización de la jubilación anticipada, o incluso su promoción activa, han reducido dicha oferta. Por otra parte, la perspectiva de jubilación anticipada constituye un desincentivo para que los trabajadores mantengan sus conocimientos profesionales y participen en un proceso de aprendizaje continuo. Además, los incentivos a la jubilación anticipada facilitan la eliminación de mano de obra incluso en circunstancias en que el despido es muy difícil. Como resultado, las empresas que necesiten reducir su plantilla la recortarían en los segmentos de mayor edad, dándose el caso de que estos trabajadores pueden ser precisamente los que más experiencia tengan y no los menos productivos.
Las políticas orientadas al mercado de trabajo, si se diseñan y ponen en práctica adecuadamente, pueden estimular la oferta y la demanda de factor trabajo y, por consiguiente, la tasa de ocupación. Los programas de formación pueden ayudar a mantener y mejorar los conocimientos profesionales, reduciendo los desajustes entre oferta y demanda y el deterioro del capital humano entre los desempleados de larga duración. Otro desafío que se plantea es la reintegración de los grupos difíciles de emplear, como los trabajadores poco cualificados, los parados de larga duración o los trabajadores de más edad.

6.-. Historia  contemporánea  de la política fiscal

Se inicia a partir de la publicación en 1936 de la “Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero” de John Maynard Keynes, en la que señala (Wikipidia,2011) ideas interesantes como las siguientes:

• La ley de Say ("la oferta genera su propia demanda") no se cumple, ya que puede haber equilibrio económico aunque exista mucho paro.
• Propone  que sea el Estado  quien resuelva  el problema del paro, a diferencia de los clásicos y los monetaristas, que pensaban que se solucionaba por sí mismo. Para hacerlo, el estado tiene que controlar la demanda agregada a través de esta política fiscal.
• El estado de pleno empleo es algo transitorio, y la economía es fluctuante.

Con esta obra se sentaron las bases de la teoría  macroeconómica  como ciencia.

Algunas críticas a la política fiscal contemporánea

La política fiscal  así concebida dejó de ser efectiva en la década de los setenta del siglo pasado debido a que no tuvo capacidad de respuesta a la situación conocida ahora como estanflación, que consistió en la coexistencia simultánea de una fuerte inflación asociada  a una alta tasa de desempleo, cuyo origen fueron la crisis del petróleo de 1973 que elevó los precios a niveles impensables, la crisis monetaria que provocó  el  abandono de la paridad de 35 dólares con 1 onza de oro, al igual que la deuda externa que no pudieron pagar algunos  países como México..
En la actualidad  se reflexiona académicamente sobre una actualización del Estado interventor en la Economía, debido a que en la práctica internacionalmente, lo hizo de manera significativa para salir de la crisis monetaria de 2008-2009 y para no ir muy lejos, en el primer semestre  de 2011 el G-7 lo hizo interviniendo en el mercado cambiario para superar los efectos sobre el yen japonés derivados del tsunami que dañó seriamente su economía, así como  en el mercado norteamericano de los productos agrícolas  donde su gobierno intervino para estabilizar los precios de sus productos y, en junio pasado, en el mercado petrolero también para estabilizar los precios de los hidrocarburos lanzando al mercado parte de la reserva estratégica de barriles de petróleo norteamericano.

7.-Política fiscal y desarrollo regional
Considero que lo más importante a mencionar es la  Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor en 1980 y el Programa para un Nuevo Federalismo que lo hizo en 1997 y usa como eje rector de sus acciones a la descentralización de funciones y de instituciones.  El primer ordenamiento destaca por haber simplificado el régimen de tributación entre los diferentes órdenes de gobierno con  objeto de resumir  la miscelánea que existía, de   evitar el cumplimiento de las mismas  obligaciones fiscales con bases y tasas diferentes en distintas partes  del territorio nacional, así como el establecimiento de las participaciones para compensar o resarcir por parte de la federación a los estados y municipios que  renunciaron a recaudar muchos de los impuestos federales actualmente en vigor como son el ISR e IVA. Estos ingresos fiscales son considerados como propios en estos dos últimos órdenes de gobierno, por lo que constituyen el principal instrumento fiscal para impulsar el desarrollo socio-económico local de manera autónoma y soberana, que aunado a  las as potestades que tienen para grabar otras actividades económicas, constituyen una fuente significativa de recursos públicos a su disposición anualmente. Agréguese a lo anterior que también se  instituyeron las aportaciones federales, las cuales maneja de manera autónoma la federación en cada entidad  y municipio para alentar  con  su enfoque muy particular el bienestar  de sus ciudadanos. Finalmente, también debemos mencionar como estímulo importante visualizado en la citada Ley a los Convenios de Colaboración  Administrativa entre los tres órdenes de gobierno, la cual permite a estados y municipios obtener  ingresos fiscales adicionales para impulsar en su territorio el crecimiento y el desarrollo de sus comunidades.
El Programa para un Nuevo Federalismo por su parte, contiene dentro de sus objetivos generales el impulso significativo del proceso de descentralización de funciones para mejorar la capacidad administrativa regional y localmente; también, mejorar  las capacidades institucionales de los estados en el ámbito de desarrollo social haciendo hincapié en la descentralización de las funciones educativas, de salud, medio ambiente, bienestar social y combate a la pobreza extrema, desarrollo urbano y vivienda; iniciar la redistribución de la inversión y del gasto público para promover el desarrollo regional, concediendo una alta prioridad a las zonas de alta marginación; así como  el fortalecimiento de la unidad nacional vía la reivindicación de la función compensatoria del Pacto fiscal federal;  vigorizar la autonomía política de los estados para constituir los espacios adecuados para el manejo de los aspectos públicos vinculados con las demandas de la población;  fomentar la distribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos del gobierno federal canalizados a los otros dos órdenes de gobierno,  al igual que proponer el desarrollo administrativo de la gestión pública en los tres órdenes de gobierno a fin de tener éxito con la descentralización  en beneficio del desarrollo regional.  
Es por ello que dentro de sus líneas generales de acción se menciona el impulso al desarrollo regional fincado en el desarrollo político institucional y , el administrativo, mismos que fundamentan la mejor descentralización y colaboración administrativa, que dan lugar a la consolidación de la eficiencia en todas las facultades delegadas por la federación a los estados y municipios en materia fiscal, en particular en la fiscalización del cumplimiento del contribuyente en el pago del   IVA, ISR.  Impuesto al Activo y el  Impuesto Especial sobre  Producción y Servicios, al igual que aumentar la cobertura de la cobranza de créditos, el perfeccionamiento de los sistemas de información que determinan la Recaudación Federal Participable, los impuestos asignables y en general afinar la oportunidad y precisión de los indicadores  de fiscalización hacendaria y los que intervienen en el cálculo de  la distribución de participaciones y aportaciones federales.   
En mi opinión estos dos ordenamientos dan cohesión al federalismo hacendario avocado a la promoción del equilibrio en el crecimiento de la sociedad y de la economía en  los estados y municipios, ya que contienen las líneas maestras para su  consecución y dentro de las que destacan  lograr el equilibrio de las finanzas públicas, el incremento de los ingresos propios y los criterios  para distribuir las participaciones y las aportaciones federales, al igual que los convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno.
Su estado del arte
Los resultados descritos por los  indicadores estadísticos que se han  utilizado, muestran que los paradigmas mencionados  en el marco teórico antes descrito  no se han cumplido satisfactoriamente durante los ejercicios fiscales del pasado inmediato, ya que con base en ellos, es decir, con base en la heterogeneidad detectada,  se  identifican varios  Méxicos diferentes, geográfica, económica y socialmente; ellos son los llamados de manera laxa como:  El histórico o  tradicional;  el que ha resultado de una redistribución que ha incidido favorablemente en  la frontera norte, así como otro en que se observa que poco  ha aumentado la competitividad de las entidades que integran el espacio el  país, como tampoco la calidad de vida de sus habitantes.
Lo anterior se debe en mucho a la política fiscal instrumentada que, hay que decirlo, por una parte,  ha tenido éxito en campos como los correspondientes a los indicadores contenidos en los dos incisos  antes descritos pero que, por otra parte, sabemos que todo proceso de planeación, de programación y de aplicación de programas  públicos generalmente no se cumple cabalmente porque actúan en terrenos tan difíciles como la economía y la sociedad, cuyos tejidos se entrelazan  dando lugar a la economía política, cuyas acciones y reacciones muchas veces son impredecibles  y limitan el cumplimiento de los objetivos y metas de la política fiscal.
En este contexto diremos que dentro de las limitaciones han incidido negativamente  a). la escasa recaudación de ingresos fiscales que hace el Estado mexicano, que es una de las más bajas de la OCDE  y le  impide cumplir oportuna y eficazmente con los objetivos de desarrollo social sectorial y regionalmente; b).  hasta el momento no se ha encontrado la fórmula que distribuya a satisfacción de todos los ingresos tributarios entre los tres órdenes de gobierno, la cual explica en mucho la  desigualdad regional; c).en este sentido conviene decir que  el viraje que dio en 1986 la federación  al incluir además del criterio resarcitorio al criterio demográfico  para distribuir los recursos del Fondo General de Participaciones, hizo que entidades como el Estado de México captara más recursos de este Fondo que por ejemplo, el Distrito Federal  que es quien más aporta ingresos fiscales al pacto federal; esta incongruencia con el espíritu resarcitorio que fundamentó la Ley  Coordinación Fiscal aun no se elimina y causa malestar entre las autoridades hacendarias de los estados y los municipios que como el Distrito Federal , contribuyen sustancialmente en la recaudación de ingresos cada año fiscal..             
PROPUESTA
Formular la política fiscal basada en la planeación, instrumento que permite visualizar el México justo, incluyente y progresista que desean los mexicanos, cuya instrumentación debe hacerse con base en la disponibilidad de recursos fiscales y escaso financiamiento, así como en evaluaciones anuales de la aplicación del gasto público y en los nuevos criterios económicos que emanen de la teoría económica espacial para multiplicar anualmente  el efecto de la inversión.
La piedra de toque la constituye la planeación macroeconómica, en virtud de que con sus técnicas  se define el México que quiere la Nación. Esto ya se hace a nivel federal, estatal y municipal  y se expresa en sus planes de desarrollo socio-económico; luego entonces, dada la distribución espacial observada de las empresas manufactureras en el país, la cual produce daños como la concentración  del capital en un mayor número de   empresas grandes  que se localizan en ciertas entidades, que causan desequilibrios espaciales  y niveles de bienestar distintos que suelen ser inferiores en la entidades clasificadas como  rezagadas, considero que lo procedente es cambiar de criterios para  formular una política fiscal que procure igualar oportunidades en el   encauzamiento del  desarrollo  en los estados  y una mayor calidad de vida de los mexicanos en  las entidades con menores   niveles  de progreso  socio-económico.
¿Cuáles son? En principio deben ser los que resulten satisfactorios durante  las evaluaciones que se hagan anualmente de cada uno de los ejercicios fiscales, o sea los que hayan sido aplicados  en programas que muestren que realmente coadyuvaron en equilibrar el crecimiento de la economía con el de la población en un espacio determinado; otra fuente deben ser los avances de la ciencia de la economía espacial.  Otros deben ser los relacionados con actividades clave como lo son los provenientes de la clasificación de las actividades económicas en estratégicas y prioritarias, cuyas definiciones son las siguientes:
Estratégicas:

• Aquellas que utilizan  procesos productivos intensivos en mano de obra, con pocas cantidades de agroquímicos, de menor consumo agua  y, en general,  las que usen insumos naturales, materias primas y mano de obra locales;
• Las basadas en factores de la producción abundantes y bien localizados con respecto a sus mercados meta; en particular las que inicialmente  favorezcan la producción de bienes de capital y posteriormente, de consumo.
• Aquellas cuya competitividad provenga no de su abundancia sino de innovaciones tecnológicas y fuerza de venta suficiente;
• Las que sean susceptibles de ser producidas por las MYPES;
• En las MYPES: las que utilicen mucha mano de obra para aumentar el empleo; y
• Las que fomenten el desarrollo regional y sectorial como la industria terminal;.

 

Prioritarias:

• Las  que produzcan alimentos, medicinas, las educativas, de vivienda, que no deterioren y si en cambio fortalezcan la ecología (reforestación, acuacultura, energía eólica, etc.);
• Las de infraestructura física y  de seguridad;
• La industria de bienes de capital;
• Las que  tengan como prioridad satisfacer el mercado interno;
• Las que exporten con probada competitividad periódica y que fomenten las exportaciones directas e indirectas de las MYPES;
• Las que igualen oportunidades en la educación, salud, empleo, etc.

La factibilidad fiscal de instrumentar estas actividades económicas que reencauzan la aplicación del gasto público, se basa en la exposición de los siguientes conceptos, no se abunda en algunos de  ellos porque ya se hizo en el punto VII.2, es decir, aquí se retoman conectándolos directamente con la política fiscal. Así, por ejemplo, la factibilidad se sustenta en que hay  actividades económicas en las entidades que hacen posible aumentar la recaudación fiscal dado que:

 

I.- En el ámbito de los ingresos propios:

• Los ingresos fiscales de las entidades federativas y de sus municipios están constituidas principalmente por las Participaciones y Aportaciones Federales. Estas no ejercen la totalidad de sus potestades tributarias para obtener más recursos propios, luego hay un amplio potencial para aumentar la recaudación;
• Existe un gran  potencial de recaudación regional de recursos propios de las entidades federativas, derivado del combate eficaz que se pueda hacer a  la evasión, elusión y fraudes fiscales. Ello lo corroboran mis estudios regionales sobre la administración tributaria,  el   análisis estructural, dinámico y  de la  participación porcentual que tienen las contribuciones fiscales en el PIB estatal (Sánchez, 2000,  2002,  2009).

 

II.- En el ámbito del gasto:

• Ampliar las facultades de las entidades federativas y de los municipios para ejercer el gasto de manera oportuna y adecuada;
• Consolidar la descentralización y reducir la concentración de las instituciones federales responsables de los programas operativos en las demarcaciones territoriales de los estados y municipios;
• Modificar o actualizar la Ley de Coordinación Fiscal con base en el resarcimiento  fiscal;
• Sacar de dicha Ley las aportaciones federales o darles en mismo trato que a las participaciones federales con objeto de que localmente se apliquen en forma autónoma y expedita;
• Transparentar la rendición de cuentas (Colmenares, 2010), los cálculos de las participaciones federales y entrega oportuna de las mismas a estados y municipios;
• Fincar el desarrollo económico en el impulso de los cuatro tamaños de empresa en cada espacio territorial;
• Determinar el gasto público suficiente con eficiencia administrativa agilizar el fomento de las  empresas  y dinamizar las economías locales.
• Concretamente, es necesario fiscalizar bien la ejecución del gasto para evaluar su ejecución transparente, en  particular en los estados y municipios. En 2009 el Índice de Transparencia para México (Mendoza, 2010: 3) fue de 48%, en tanto que en Costa Rica fue de 69% y en Perú de 54%;
• Para formular nuevos criterios la guía debe ser la experiencia; ello evitará incongruencias como: En 2009 disminuyeron los ingresos presupuestarios respecto a 2008 (Ojeda, 2010.) en 6.5% y por ello el gasto se redujo en 4.2%; no obstante el gasto corriente aumentó 6.5% y los “gastos personales”, 2.7%;
• En contraste, ese año se contrajo 7.6% el gasto en inversión física y la inversión financiera, 67.0%; además de que  hubo subejercicio en el gasto. Ello revela la urgencia de captar más recursos para incrementarlo, así como su reasignación regional con los nuevos criterios que sugiero, mejorando su administración y organización  en términos de eficiencia y transparencia en  su ejecución,  en los tres órdenes de gobierno; y
• Es imperativo que la sociedad aumente sus exigencias sobre  la rendición de cuentas; se sugiere que esté atento, participe y evalúe  los resultados obtenidos  con: i) Presupuesto Ciudadano 2010 (Pruneda, 2010:3A)   y ii) Programa Nacional de Reducción de Gasto público  para ver si se cumplen las expectativas  económicas de la sociedad;
• La acción de fiscalización debe fortalecerse en los tres órdenes de gobierno con las acciones coactivas que sugiero enseguida;
• Se deben de homologar los criterios en materia de transparencia y rendición de cuentas: en particular se sugiere hacer énfasis en:

13.1. Hacer realidad la entrega de informes trimestrales;
13.2. Evaluar si es efectivo el criterio de “Presupuesto fundamentado  en Resultados”; si no lo es, modificarlo con los criterios correctivos apropiados;
13.3. Dar cumplimiento a las obligaciones coercitivas de información concretas como las relativas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica; FAEB; en lo que atañe a la obligación de las entidades federativas de informar sobre la situación de las plazas docentes, las administrativas y de  la alta dirección, así como los movimientos que se operen en las mismas, así como el monto de lo erogado en cada centro de trabajo, se indique la relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, la descripción detallada de tabuladores y catálogos  de conceptos de emolumentos en cada entidad federativa;

13.4. Las entidades federativas deben hacer transparentes las metodologías con que hacen las evaluaciones, además de que deben hacer del dominio público los resultados de todos los estudios que contraten, en particular dar a conocer las bases de datos de los muestreos que realicen en materia de desempeño, con objeto de conocer su alcance y limitaciones en materia fiscal y de desarrollo regional;
13.5. Es fundamental que se homologue la contabilidad de los tres órdenes de gobierno, sólo así se podrán hacer análisis comparativos objetivos sobre el impacto del gasto en ellos y replicar los casos exitosos regionalmente;
13.6. Es decir, se deben de perfeccionar los mecanismos no sólo del tiempo  que tardan en autorizarse los recursos, también los  de su aplicación y más importante aún, los resultados que se obtienen con ellos, por estratos sociales, sectores económicos y tamaños de empresa en cada entidad federativa;
13.7. En este contexto de acciones inmediatas, sugiero  que para elaborar la política de gasto del 2012, es conveniente que se den  a conocer los resultados que se han logrado desde 2008 a la fecha con la aplicación de los  nuevos criterios que se introdujeron “para orientar el gasto según sus resultados concretos”, al igual que saber qué avances se lograron con la entrada en vigor del “Sistema de Evaluación del Desempeño”, con el que se ha  pretendido  perfeccionar el impacto y la eficacia de los proyectos instrumentados en el territorio nacional.

• Derivado de lo anterior se deduce que lo que debe preocupar es hacer bien las cosas tomando como guía los resultados recientes; así, los nuevos criterios emanarán de las evaluaciones, de las medidas correctivas que se apliquen en materia de organización y administración pública, cuyos ejes rectores deben ser las acciones administrativas y coactivas que se adopten para igualar oportunidades para el desarrollo económico entre las entidades federativas, sólo así se corregirá la macrocefalia tradicional del México tradicional, el crecimiento económico desmesurado del norte con respecto al sur y la disparidad en el crecimiento desigual de los tamaños de empresa en el espacio mexicano.

En resumen, creo que no le debemos temer a la mayor  y mejor participación del Estado regulando el desarrollo regional puesto que  la Nación por medio de la Carta Magna lo ha dotado de la normatividad jurídica suficiente para actuar con firmeza e inteligencia en la consecución del bien común. Creo que los últimos ordenamientos aquí descritos deben ser aprovechados por la ciudadanía para que en comunión con el Estado formule anualmente la política fiscal que le ayude a obtener estadios superiores de desarrollo socio-económico en el futuro inmediato. En este sentido  los artículos 25, 26, 27 y  28 de la Constitución, pero en particular el 27 fundamenta el desarrollo regional equilibrado institucionalmente al señalar por ejemplo que: a).-La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación , la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada;  b).-La nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, entre otras prerrogativas útiles para este fin: En consonancia con lo anterior se puede decir que al indicar el artículo 28 que   están prohibidos los monopolios  y sus prácticas, así como los estancos, etc, lo que se hace es fortalecer la autoridad que tiene el Estado  a través del artículo 25  para regir  el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, de manera que para su consecución en el ámbito de la  economía puede procurarse mediante la política fiscal antes sugerida. En esa forma   ésta además de mejorar la recaudación  de ingresos públicos realmente será la principal promotora del desarrollo regional justo equitativo y su garante para producir sin dañar el medio ambiente.