En cuanto a las Tierras Comunitarias de Origen -otra de las vías alternativas para llegar a las autonomías indígenas- los autores afirman que históricamente esta modalidad permitió a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos abrir una brecha dentro del Estado con su anhelo de tener sus propios territorios, que fue manifestado en la Marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1990, bajo el liderazgo de algunos pueblos benianos.Como resultado de esa marcha, el gobierno de Jaime Paz Zamora reconoció, mediante decretos supremos, los primeros "territorios indígenas", lo cual desembocó luego en la ratificación del Convenio 169 de la OIT, en 1991, por el mismo gobierno, y en la reforma a la Constitución Política del Estado, de 1994, con el gobierno de Sánchez de Lozada, afirman los investigadores.
En los hechos, el principal desarrollo al derecho constitucional de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) llegó con la nueva Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el año 1996, que dio paso a procesos de solicitud, titulación y consolidación de nuevas TCO. La principal novedad de estos últimos ocho años es que hasta el año 2000 las TCO se reducían a tres: dos de urus y una inmensa en Nor Lípez, en tanto que actualmente existen en todo el país 143 Tierras Comunitarias de Origen. De este total, 84 TCO de tierras altas y bajas se hallan ya tituladas, sostienen Albó y Romero en base a documentación recopilada, informes del INRA y otros estudios. Un dato interesante es que de las 84 TCO tituladas, 13 corresponden a tierras bajas y 72 en tierras altas. A las 84 TCO tituladas se suman otras 31 que tienen títulos pero que cuyo proceso aún no ha concluido, más 13 en procesos que tienen ya algo de titulación y 75 Tierras Comunitarias de Origen en proceso
Éstos son los puntos focales de la concepción que se tiene sobre el estado de los grupos indígenas en el país y que el gobierno actual está interesado en consolidar y extender a otras culturas y territorios.
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