En la mayor parte de los países subdesarrollados no existe continuidad en los planes que una autoridad política ejecuta con otra que tiene una ideología diferente. Esto, claro está, dificulta terriblemente la implementación de cualquier programa de actividades, aunque esto no es inherente sólo al modelo DELC, sino a cualquier otro. De ahí surge la necesidad de que la identificación de los objetivos principales y la planificación del DELC esté respaldada por la sociedad civil, por lo menos en una proporción que permita seguir adelante con los postulados trazados y su ejecución respectiva, independientemente de los cambios ideológicos o políticos en la administración gubernamental. Esto es aplicable tanto a los gobiernos municipales como a los regionales y nacionales. En todo caso, los gobiernos regionales y nacionales deben minimizar su influencia para permitir que los planes a mediano y largo plazo incluidos en el DELC lleguen a materializarse en sus respectivos calendarios establecidos. La eventual intromisión política de las autoridades regionales y nacionales en un proceso DELC se puede constituir en uno de los obstáculos más serios al éxito del modelo; por eso es que el DELC exige, como uno de los requisitos previos a su formulación la autonomía de los municipios con las competencias debidamente determinadas.
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