LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Manuel de Jesús Moguel Liévano
Hilario Laguna Caballero
Julio Ismael Camacho Solís
José Roberto Trejo Longoria
Roger Irán Gordillo Rodas

1. El  imperativo de la Responsabilidad Social de las Empresas y su posicionamiento en el debate organizacional.

Para dar curso al desarrollo del presente capítulo, es pertinente comentar que el concepto de responsabilidad social de las empresas es todavía una noción en construcción aceptada por la mayoría de los estudiosos en la materia, aunque se admite un grave problema de ambigüedad conceptual, destacado oportunamente por diversos autores (véase Carroll, 1979).
Por otro lado, en el emergente ámbito de los estudios de las organizaciones la idea de empresa ha sido superada conceptualmente, ampliando las fronteras a la noción más vasta y desarrollada de “organización”, para expresar los términos firma, compañía, negocio, corporación, empresa, institución o asociación; pública, privada o social; grande, mediana o pequeña; local o transnacional; con personalidad jurídica o no, constituida por un grupo de personas con metas y objetivos definidos y recursos para su logro.
En este sentido, trasladando el debate entre los términos empresa y organización a otros terrenos teóricos, el presente trabajo acoge, con sus fortalezas y debilidades, el concepto de responsabilidad social de las empresas, entendiendo una sinonimia con los locuciones aludidas en función de  los traslapes e interconexiones conceptuales en más de una arista.
Existe literatura, cabe mencionar, dedicada al estudio del fenómeno de la RSE desde otras concepciones. Por ejemplo, se habla de la RSO para denotar la responsabilidad social de las organizaciones, más allá del concepto de empresa, incluyendo todo tipo de instituciones públicas, sociales, y sin fines de lucro. O bien se habla de manera abundante del desempeño social de las empresas (DSE), para expresar una idea superior al término responsabilidad, incluyendo cuestiones económicas, éticas y sociales, revisada desde el ejercicio de la organización para efectos de determinar aspectos de eficiencia.
Durante el progreso de este apartado se examinará esta ambigüedad conceptual, que a pesar de su presencia ha permitido el avance del estudio del fenómeno, y en muchos casos le ha favorecido a través de la ampliación de las miradas de los diversos autores, restando encontrar la fórmula para su articulación.
A decir de los economistas clásicos la única responsabilidad de una empresa es la generación de riqueza. Posteriormente, motivado por los cuestionamientos a los modelos de producción altamente contaminantes y la utilización de fuentes de energía fósiles; aunado a la ausencia de códigos éticos entre la alta dirección y el menosprecio por los elementales derechos humanos y del trabajo, se incorpora al concepto de RSE el compromiso de proteger el medio ambiente –en el ámbito del desarrollo sustentable– y velar por el derecho y bienestar de las personas interesadas en la empresa, en la esfera social. 
A raíz de la crisis económica galopante por el mundo entero, propiciada en buena medida por el pésimo manejo de las finanzas de macrocorporaciones así como de las finanzas públicas, tanto en Estados Unidos como en Europa, la preocupación se traslada al de procurar la supervivencia de la empresa –ya sea grande, mediana, pequeña o micro–, y con ello la conservación de las fuentes de trabajo. Esta es la opinión compartida por la mayoría de los grandes empresarios y funcionarios de primer nivel en las esferas gubernamentales.
Habitualmente los estudios de la RSE centran su atención en las organizaciones con fines de lucro o empresas, en sus diversos sectores productivos, tamaños y cobertura, con mayor énfasis en aquellas organizaciones cuyas actividades y productos terminados originan daños al medioambiente, como son las industrias de la energía (petróleo, nuclear, eléctrica), automotriz, química, entre otras.
Sin embargo, las organizaciones gubernamentales (generalmente consideradas no lucrativas), y otras como los partidos políticos, los sindicatos, las universidades públicas, los propios políticos y los funcionarios públicos, con frecuencia responsables del manejo de cientos o miles de millones de pesos provenientes del erario público, tienen de suyo una mayor responsabilidad con la ciudadanía en su conjunto, dado el espíritu de su función de servicio a la población y la administración eficiente del dinero confiado.
Así mismo, se encuentra la amenaza de los cárteles dela delincuencia organizada para la seguridad y la estabilidad pública, filtrando dinero por miles de millones de pesos en el comercio formal/informal, la falsificación de productos o piratería, la penetración de su poder corruptor en las principales estructuras del gobierno, amén del lamentable costo en vidas humanas, que durante los últimos seis años suman alrededor de 60 mil decesos en el territorio nacional, según las autoridades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En mi opinión, todos estos acontecimientos que afectan directa o indirectamente a los ciudadanos y obstruyen el desarrollo armonioso de las actividades económicas y sociales, tienen cabida dentro del concepto de responsabilidad social, tanto para los directivos de las empresas como para los funcionarios públicos, y en México la cultura de la rendición de cuentas y el buen gobierno, no son más que buenos deseos al encontrarse aún en ciernes.
En relación con el estado del arte de la responsabilidad social de las empresas, muchos autores toman como punto de partida la publicación de la obra de Berle y Means La moderna corporación y la propiedad privada (1932) en la línea de las ciencias económicas y jurídicas, donde plantean la separación de la propiedad y el control en las organizaciones, la aparición de los gerentes profesionales y la figura de los stockeholders.
A partir de las investigaciones del comportamiento humano en las empresas (durante los años 30 y 40), aparecen nuevos compromisos para los directivos, en el sentido de crear los ambientes óptimos en fábricas y oficinas, atendiendo así las necesidades de los trabajadores. Poco después, con la orientación de las empresas hacia el mercado, inicia un proceso de exaltación de los clientes y la búsqueda permanente de la satisfacción de sus necesidades.
En el ámbito industrial, cabe hacer notar, la mayoría de las empresas utilizan materias primas provenientes de la naturaleza, con frecuencia sin procurar su reposición, y sus procesos de producción generan elementos contaminantes para el medio ambiente, en detrimento de la salud humana –provocando diversos padecimientos, y en no pocas ocasiones, consecuencias fatales–  y de los ecosistemas.
Por otro lado, desde mediados del siglo XX la aplicación de los avances científicos en muchas áreas del conocimiento, como los casos de la energía nuclear en las armas de guerra, las manipulaciones genéticas en animales y en cultivos agrícolas, o la bioingeniería en los seres humanos, han llevado a plantear la reflexión sobre su contribución al bienestar de las personas y de las sociedades, confrontando las dos grandes dimensiones de los actos humanos: la económica y la cuestión ética.
En la línea de la seguridad industrial, un aspecto fundamental de la responsabilidad es el principio de precaución, tanto para los trabajadores al interior de las empresas como de las comunidades locales y el medio ambiente. En este terreno, el sector energético y la industria química, se constituyen entre las producciones con mayor índice de riesgo en su gestión.
En relación con la economía, durante los años ochenta y noventa se configura un nuevo orden económico mundial, marcado por la caída del muro de Berlín y del sistema comunista, en Europa, por la firma del Tratado de Libre Comercio, en Norteamérica; y en general, regido por el libre mercado, la competencia, la globalización, las franquicias, y el mercado de mano de obra barata, con evidentes beneficios para las grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las empresas medianas y pequeñas de países en desarrollo.
En paralelo a estos acontecimientos surge la economía informal principalmente en países en desarrollo con elevados índices de desempleo, fomentada por la nociva práctica de la falsificación de productos –incluye juguetes, alimentos, automóviles, aparatos electrónicos, medicinas, artesanías–, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alcanza los 200 mil millones de dólares anuales; así como la introducción ilegal a los países de consumo, encubierto por los usos y costumbres de corrupción en las oficinas aduanales.
Las consecuencias de esta actividad ilícita han originado la desaparición de amplios sectores industriales en México, como el caso del plástico, los juguetes, parte de los textiles y calzados, creando aún más desempleo. La economía informal llega arepresentar el 20 por ciento del PIB y emplea más de 12 millones de personas (Canacintra, 2008).
En el ámbito de la gestión corporativa, durante los años 2001 y 2002 los medios de comunicación informaron de los escándalos financieros de grandes firmas norteamericanas, entre ellas, Enron, en la industria del petróleo; Polaroid, empresa emblemática de la industria fotográfica; WorldCom, segunda compañía más grande en el campo de las comunicaciones; Xerox Company, creadora de equipos de oficinas; Merck y Johnson & Johnson, líderes en el sector farmacéutico, entre otras (Moguel, 2003).
Todas ellas, desarrolladoras de las más avanzadas tecnologías en su campo, tuvieron problemas en la gestión y de manejos financieros. Los fracasos se imputan a la falta de apego a sus códigos de ética, a sus principios y sistemas de valores, afectando a la organización en los aspectos financiero y de prestigio, y lo más lamentable, el despido de miles de personas.
En este terreno, Werner y Weiss (2006) publican los resultados de sus investigaciones desnudando las prácticas de “prestigiosas” empresas transnacionales, principalmente en relación con la violación de derechos humanos (el hombre en nuevas formas de esclavitud), pésimas condiciones de trabajo, mano de obra barata, explotación de trabajo infantil, violación al comercio internacional, daños causados al medio ambiente, infracciones a los valores éticos-morales, pruebas de laboratorios en seres humanos, financiamiento de conflictos bélicos en países pobres para obtener materias primas, entre otras censuras.
Estas imputaciones se consignan a 50 prominentes corporaciones de países del llamado primer mundo, con supuestas tradiciones de responsabilidad social empresarial y respeto a los derechos humanos y civiles, encabezando la lista Estados Unidos con 21 empresas, Alemania con 13, Inglaterra con cuatro (dos con Holanda), Suiza con tres, Francia e Italia con dos, para continuar con Suecia, Bélgica, Austria, Corea y Japón con una empresa cada uno.
Las violaciones y dudosas prácticas comerciales se realizan en países pobres de África, Europa Central, Asia y América Latina, en la mayoría de los ramos de la industria, desde alimentos y bebidas, textiles e indumentaria, petróleo y derivados, automotriz, ropa y calzados deportivos, farmacéutica y laboratorios médicos, aparatos electrónicos, bancos y financieras.
En este contexto, todas las organizaciones en el mundo están insertas en una realidad social y natural, en tanto tienen responsabilidades diversas que atender. Sin embargo, no todas asumen su compromiso; algunas empresas infringen las leyes (laboral, ambiental, fiscal, etc.) sin recibir las sanciones correspondientes, otras se corrompen con las autoridades, ciertas empresas se aprovechan de los vacíos legales, entre otras acciones ilícitas, permeando en muchos procesos, toda la estructura organizacional.
La mayoría de los casos antes referidos pueden obedecer a errores y fallas humanas, tanto en la etapa de preparación como en la instrumentación de las operaciones, además de los actos de negligencia y corrupción entre los niveles superiores de la estructura para omitir el cumplimiento de las normas en materia de seguridad e higiene.
Por otro lado se encuentran los llamados “delitos de cuello blanco” o fraudes de los altos directivos de algunas corporaciones multinacionales, así como el “tráfico de influencias” entre muchos funcionarios de gobierno, denotando verdaderos actos de rapiña para acumular inmensas sumas de dinero en detrimento y desfalco de socios y comunidad en general, tanto en el sector privado como público.
El surgimiento de estos acontecimientos fue dando lugar a nuevas formas de mirar a la organización, de suspicacias y sospechas tanto de la sociedad como de las autoridades; así como a nuevas responsabilidades metaeconómicas, entre ellas la social y la medioambiental, además de las inquietudes referidas a un desarrollo en armonía con la naturaleza y un progreso equilibrado entre las sociedades.
La preocupación por una actividad organizacional responsable socialmente se origina en el reconocimiento al respeto por los actores, tanto internos como externos a la organización, por el manejo responsable y transparente de los recursos financieros, así como un desarrollo sustentable sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.
Ante esta realidad, diversos sectores sociales alrededor del mundo vienen cuestionando las bondades del sistema económico prevaleciente, especialmente el paradigma capitalista que fomenta el modelo neoliberal vía la apertura libre de los mercados internacionales en una competencia por demás salvaje y desigual entre las naciones, deliberando en relación al balance entre los beneficios y perjuicios para la sociedad y los ciudadanos.
Importantes actores sociales –intelectuales, filósofos, científicos– a inicios de los años setenta, revelan sus reservas en relación al sistema de producción y las prácticas comerciales arbitrarias, obligando a los principales organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad Europea (CE), la OCDE, y la OIT, a establecer nuevas políticas, normas y códigos para la regulación del comercio entre los países, así como la aparición de las organizaciones no gubernamentales.

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