“PROBLEMÁTICA FISCAL DE LA MIPYME MEXICANA EN TORNO A LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL”

Analaura Medina Conde

CAPITULO II.
CONTRIBUCIONES

Actividad Financiera del Estado

Nosotros, como ciudadanos, no sólo proporcionamos al Estado nuestro voto, sino también una parte de nuestra libertad y de nuestros ingresos para que éste nos los regrese en bienes y servicios y cumpla con sus fines. Este análisis inicia definiendo al Estado, las necesidades públicas que debe satisfacer, en qué se constituye su actividad financiera, cuáles son sus fines hasta llegar a la forma en que el Estado obtiene los ingresos para cumplir con esos fines encomendados.  “El  Estado como organización humana con fines a lograr y obligaciones por cumplir, nos permite comprender la naturaleza y el alcance de la actividad financiera del Estado. El concepto de necesidades públicas es simultáneo y consustancial con la misma existencia del Estado y su desenvolvimiento histórico. El concepto de necesidades públicas proviene de los fines que el Estado persigue, de acuerdo con las decisiones de quienes tengan el poder político”1. Villegas  coincide con  Harold Groves, que dice que “el pueblo es a quien le corresponde la soberanía y el Estado pertenece al pueblo y éste puede utilizarlo de la forma que más convenga a su bienestar. Es el Estado quien dicta los preceptos normativos para regular la conducta social recíproca, para contar con la coactividad suficiente para que tales efectos normativos sean respetados, limitar la propia acción gubernamental mediante la Constitución”2.

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

Para ello, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución”3.

Por lo que el Estado tiene una actividad financiera que Retchkmiman define sobre la base a la economía pública  como “aquella rama del conocimiento que se ocupa de la asignación de recursos económicos, por medio de los gastos e ingresos del Estado; de la distribución del ingreso y de la riqueza mediante los impuestos y transferencias; de mantener la estabilidad económica usando las políticas presupuestales y de deuda; de los programas de obras públicas y de empresas del Estado”4. De la Garza, coincide con Retchkmiman en que  la actividad financiera del Estado es “una actividad encaminada a la realización de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades generales donde dentro de la administración, uno de los sectores más importantes es la gestión de intereses económicos”5. Esta necesidad es pública en la medida que es una necesidad del Estado por identificarse con los fines de éste. La condición o carácter de público de una necesidad implica, en principio, la exigencia de que su satisfacción debe quedarse en manos del Estado; esto, forma parte de sus fines. Antonio Jiménez considera que: “no existen necesidades exclusivamente públicas, no siempre y para siempre se considerarán así, las necesidades públicas nacen a partir de la existencia del Estado como forma de organización política, no son realidades preexistentes a él cuya satisfacción deba de cubrir”6. “La necesidad pública no es un dato previo al Estado, sino consecuencia de la existencia del mismo”, esos bienes y servicios que el Estado debe proporcionar, por definición se encuentran apegados a la satisfacción de necesidades colectivas, sociales o públicas, por tal, en su prestación siempre se encuentra presente el Estado como responsable del interés público. Los modos de gestión o prestación de servicios públicos son dos, ya sea que el Estado la asuma en forma directa, encomendándola a un órgano o institución pública o bien, que posibilite que concurran a ellos los particulares y se presenta mediante la concesión.7 Estos bienes y servicios requieren de la necesidad del Estado de obtener ingresos y esos ingresos pueden clasificarse de acuerdo a Gianinni, en ingresos tributarios y no tributarios de la siguiente manera:

De la Garza también divide a los ingresos públicos en Ingresos tributarios e Ingresos no tributarios. En la primera, quedan comprendidos exclusivamente los impuestos, los derechos y las contribuciones especiales. En la segunda, quedan comprendidos todos los demás ingresos públicos, ya sea que deriven de un acto de utilidad pública, de un acto de derecho público, como la requisición, o de un acto privado, como puede ser la venta de bienes del Estado.

Antonio Jiménez establece que la actividad financiera se desarrolla  en tres grandes momentos:

•La primera parte la conforman las decisiones o acciones del Estado para recaudar los recursos, los cuales pueden ser obtenidos mediante distintas fuentes y de diversas formas jurídicas, gracias a su poder de imperio, de los cuales podríamos mencionar los siguientes: decretando tributos, enajenando bienes que integren su patrimonio y obteniendo como contraprestación un precio, o bien acudiendo a los mercados financieros, tanto nacionales como extranjeros y obteniendo una suma de recursos vía crédito o empréstitos.

•La segunda fase, es la "aplicación de los recursos monetarios", obtenidos en la primera fase de acuerdo a las acciones y decisiones relacionadas con el gasto público.

•La tercera fase de la actividad financiera, se sitúa en la gestión o administración del patrimonio; es decir la administración de los bienes del Estado9.

Gianinni y de la Garza coinciden en clasificar a los ingresos en tributarios y no tributarios, concuerdan  en que una de las formas que tiene el Estado de allegarse de ingresos, es mediante las contribuciones; a su vez, coinciden con Jiménez en el imperio del Estado de decretar tributos, (en el siguiente apartado analizaremos el fundamento legal de estas contribuciones).
Por ello, es de vital importancia para el Estado allegarse de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades púbicas y cumplir con sus fines. Dentro de sus ingresos más importantes se encuentran los tributarios, de los cuales se hablará detalladamente más adelante,  que como indica Gianinni son las aportaciones económicas de los gobernados que se ven forzados a sacrificar para cubrir los gastos públicos. Se celebra un pacto social con el Estado,  sin embargo la dificultad se observa si consideramos que en México tenemos un grave problema de evasión de contribuciones, pues de acuerdo a datos de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México es el país de América Latina y el Caribe con menor recaudación tributaria ya que sólo fue de 9.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) contra el promedio de 18.4 por ciento en la región; además de que la recaudación tributaria en México ha disminuido en los últimos años, al pasar de 11.4 por ciento en 1990, a 11.0 por ciento en 2000 y 9.4 por ciento del PIB en 2008.
Adicionalmente, las tasas de evasión tributaria son muy elevadas: entre 40 y 65 por ciento. La Cepal retoma cifras oficiales sobre los ingresos tributarios de los países de la región, según las cuales México ocupa el último lugar en recaudación tributaria”10.

López Mendel comenta al respecto que: “Democracia supone confianza de los ciudadanos en sus órganos de gobierno. Y la debilidad de los vínculos sociedad Estado en América Latina, se refleja particularmente en materia fiscal. Son bajísimos los niveles de confianza ciudadana en la relación entre pago de impuestos y prestación de servicios. Son muy pocos quienes confían en que pagar impuestos les reporte algún beneficio y en que éstos no sean malgastados. La idea de pacto social fiscal es casi inexistente.
Dice que como excusa para no pagar impuestos, en el continente se invoca la falta de honestidad de los gobernantes; que lo que se paga no repercute verdaderamente en servicios públicos, la falta de conciencia cívica, la corrupción y el observar que quienes evaden no son castigados administrativamente ni reprochados socialmente. La relación tributaria no se basa en la obligación ética de pagar impuestos, existiendo escasa motivación para cumplir las obligaciones tributarias y una moral muy laxa”11.

Uno de los resultados del estudio de derecho comparado es que en países como Estados Unidos se tiene un sistema tributario fortalecido por dos características fundamentales: la confianza pública de que los recursos recaudados son utilizados para fines públicos adecuados y cumplimiento voluntario amplio; sin embargo, en nuestro país estos dos aspectos se encuentran muy lejos de ser reales, pues la sociedad no tiene confianza en que el dinero que se entrega al Estado les será regresado en bienes y servicios, ni tampoco en seguridad. Hay autores que se preocupan por estos elementos que intervienen en el funcionamiento de la sociedad; en este sentido Habermas12 comenta que un Estado debe estar legitimado por la sociedad y esa legitimación se considera la medida de la estabilidad y de la aceptación de la sociedad, por ello, como premisa, de acuerdo a Habermas, se debe hablar de ciudadanos libres e iguales, pues si hablamos de un sistema democrático y de un estado de derecho, que no es otra cosa más que el cumplimiento irrestricto de la ley, debemos cumplir con requisitos indispensables, entre ellos la necesaria rendición de cuentas del Estado hacía los ciudadanos, pues el dinero de que dispone el gobernante es dinero del gobierno y una de las características básicas es el respeto irrestricto de la propiedad privada; el gobierno recibe el dinero de los gobernados a cambio de seguridad y respeto a sus intereses a partir de la certeza jurídica; el dinero que entra al gobierno vía impuestos debe tener una vigilancia estrecha, pues si la bolsa de donde viene el dinero del gobierno y la bolsa del gobernante es la misma, se relaja y genera desconfianza.

Y si bien ya contamos con un sistema definido de rendición de cuentas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la tendencia del no pago de contribuciones no se revierte.

Esta práctica del no pago de contribuciones de la sociedad, se refleja en el sector empresarial, las empresas en general, grandes y pequeñas.

En esta tesitura, las MIPYMES son una importante fuente de ingresos para el Estado, considerando que representan más del 98% del total de la empresas en nuestro país, por lo que se analiza su problemática fiscal vinculando a los elementos de la relación tributaria, principalmente, en las razones y consecuencias del no pago de estas unidades económicas, específicamente  de las aportaciones de seguridad social sin dejar de relacionar por contexto a las demás contribuciones.

Volver al índice