DERECHO AGRARIO; TEORÍA GENERAL, SU RECEPCIÓN Y ESTADO ACTUAL EN CUBA

Rolando Pavó Acosta

6. La elaboración doctrinal entorno a los principios y fines del Derecho Agrario cubano.

    Sobre este punto, es igualmente significativa, la sequía doctrinal y la ausencia dialógica a este respecto en el país en las últimas décadas, se sabe que a nivel internacional  éste ha sido uno de los temas objeto de los más arduos debates a lo largo de todo el azaroso curso del Derecho Agrario en la puja por su autonomía científica, sin embargo,  aparece como uno de los asuntos menos elaborados en la literatura jurídica cubana, a pesar de su insoslayable importancia para una correcta creación normativa en este campo, para formar intérpretes correctos de dicha legislación y para lograr la aplicación adecuada y uniforme de estas normas. En esta situación, probablemente hayan influido varios factores:

• Inexistencia de regulación expresa en la Constitución de la República sobre estos aspectos.
• Los artículos de la Constitución que se refieren a las formas de propiedad de los pequeños agricultores y las cooperativas (artículos 18, 19 y 24), en lo fundamental, no fueron modificados en le Reforma Constitucional de 1992, conservando su dicción original casi intacta, que corresponde a la década de 1970, en un contexto muy alejado de la situación actual y las perspectivas de la economía y de la sociedad cubana contemporánea. Dichos artículos no exhiben una esmerada elaboración técnica en lo que se refiere al establecimiento de las bases constitucionales del Derecho Agrario cubano.
• A diferencia de lo sucedido con otras ramas jurídicas, fue muy poca la influencia que los países que formaban el sistema socialista en Europa ejercieron en la formación del Derecho Agrario cubano de los años 70 y 80; ello se puede explicar por el hecho de que tales países obtuvieron avances, bastantes discretos en el desarrollo del Derecho Agrario como disciplina jurídica independiente; es así que, en Polonia, Rumania, Hungría y Checoslovaquia, las relaciones agrarias no fueron reguladas por una normativa independiente, sino que se mantuvieron sometidas al Derecho Civil y al Derecho Administrativo, y en la extinguida Unión Soviética, tampoco hubo logros significativos en este sentido, no resulta casual que los autores cuando procedieran a enumerar las principales ramas del derecho soviético (Derecho Estatal, Administrativo, Penal, Civil, Económico, Koljosiano, etc.), no incluyeran en esta relación al Derecho Agrario1,  ello es coincidente con el hecho de que la propiedad de la tierra en su totalidad pertenecía al fondo estatal y que tanto los tenedores individuales, como las cooperativas, ocupaban las tierras en condición de usufructuarios.
• No existe aún una ley marco de la agricultura cubana, que desarrolle y explicite los principios y fines del Derecho Agrario cubano, desde una perspectiva económica, política, social y jurídica.
• Las construcciones teóricas sobre el deber ser del marco jurídico de la actividad agropecuaria en Cuba han tenido que producirse en un contexto desventajoso, marcado por la ausencia o insuficiencia de claras definiciones sobre el modelo de desarrollo del sector agropecuario en el país.2 A este respecto es oportuno precisar, que el gobierno,  no es partidario del empleo de los vocablos reformas o cambios, sino que en las declaraciones y discursos oficiales ha empleado el término de “actualización del modelo económico cubano”, pero sin una clara definición del concepto, ni un esclarecimiento exhaustivo de sus dimensiones o sus alcances estratégicos. Mucho se ha opinado sobre cuáles deben ser los cambios que requiere el sector agrario cubano, desde perspectivas académicas, populares y oficiales, pero no ha existido un espacio (evento nacional, publicación periódica u otro) donde se dialogue interdisciplinariamente y se recojan de manera sistemática todas esas propuestas.
• Este aspecto ha ocupado, tradicionalmente, una o dos  páginas solamente dentro de la exigua teoría general del Derecho Agrario cubano en los libros de texto de la asignatura. 
• No han sido éstos, puntos de debate previstos en ninguno de los Congresos Internacionales y Jornadas nacionales de la Sociedad de Derecho Agrario.

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