DERECHO AGRARIO; TEORÍA GENERAL, SU RECEPCIÓN Y ESTADO ACTUAL EN CUBA

Rolando Pavó Acosta

4. Los problemas de sistemática, omisión legal y deficiencias terminológicas en la legislación tributaria y contravencional aplicable a la actividad agropecuaria.

    Veamos lo que sucede  al respecto en  la legislación tributaria. La Ley 73 del Sistema Tributario en su Disposiciones Final Cuarta, dispone que:
    El sector agropecuario disfrutara un régimen especial tributario, con las características siguientes:

• Las Cooperativas de Producción Agropecuaria, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, los Agricultores Pequeños y las Unidades Estatales de Producción Agropecuaria, están excluidos de pagar el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, en los casos de sus miembros permanentes y contratados autorizados y estudiantes. Por la fuerza de trabajo movilizada en apoyo a estas entidades pagarán referido impuesto con arreglo a las disposiciones que establezca el Ministerio de Finanzas y Precios a estos efectos.
• Las Cooperativas de Producción agropecuaria y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa de menores ingresos estará exentas del pago del impuesto sobre utilidades, con arreglo a las disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios que regulen dichas exenciones, en proporción los ingresos reales per cápita a recibir por sus miembros.
• Los miembros de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa deducirán del impuesto sobre ingresos personales los ingresos obtenidos en función de las utilidades que reciban de estas entidades.
• Este régimen especial podrán contar adicionalmente con bonificaciones según la característica de cada territorio, cultivo u organización con el fin de propiciar por esta vía estimulo adicional a la producción.1

    En cuanto a la legislación especial que regula la tributación de las actividades agropecuarias, resulta que existe un impuesto directo sobre las ventas de productos agropecuarios en los mercados agropecuarios.
    Aquí llama la atención la falta de alusión a los términos actividad agropecuaria y de producto agropecuario, que se suponen constituyan la base para construir un verdadero sistema especial de tributación para este ámbito y resulta apreciable que en todo el ámbito resto de esa legislación tributaria, no se ofrece una definición de producto agropecuario. 2
   Un ejemplo curioso se da en el caso del impuesto sobre el transporte terrestre; la normativa vigente, exime del pago de este impuesto a los vehículos dedicados totalmente a la producción agropecuaria, o bonifica hasta el 50% al titular cuando se trata de vehículos que se dedican parcialmente a la producción agropecuaria.3 Aquí en este ámbito  se echa a ver, de nuevo la ausencia del término actividad agropecuaria, y en cambio, el uso de producción agropecuaria.
    Este problema normativo ha sido causa de conflictos, en el caso de la actividad cañera específicamente, cuando con motivo de la zafra o cosecha de caña de azúcar mediante máquina, se ha defendido  el criterio por parte de la administración tributaria -siguiendo la expresión literal de las ya aludidas resoluciones 48 y 355 del Ministerio de Finanzas y precios-  de que la aludida exención o bonificación sólo beneficia a la máquina cosechadora autopropulsada y no así al camión que acopia y traslada la caña cortada por la máquina. Los abogados que prestan el servicio jurídico a las cooperativas agropecuarias, oponiéndose a tal lectura, defendían que la bonificación o exención abarcada tanto a la máquina cosechadora como al camión. Ante esta situación, no cabe otra respuesta reconocerle razón a la administración tributaria, pues efectivamente, la norma sólo se refiere a los vehículos que intervienen en la producción, como sería el caso de la máquina que realiza la cosecha, actividad que corresponde al concepto de producción agropecuaria, se arriba así a un resultado paradójico. A este respecto, cabe observar que durante la cosecha mecanizada de la caña de azúcar, la máquina cosechadora y el camión que realiza el tiro de la caña forman una unidad, sin que pueda realizarse la actividad sin el concurso de ambos y vale preguntarse sobre la lógica de las mencionadas normas tributarias, de bonificar o eximir sólo a uno de los  vehículos y al otro no, dado que el fundamento de dichas normas es el de estimular la dedicación de ambos vehículos a la actividad agropecuaria. Lo cierto es que el camión de referencia aunque no realice producción agropecuaria, en cambio sí realiza el tiro de la caña, que como se sabe, conceptualmente, se corresponde con una actividad agropecuaria afín o conexa. Por tanto, la solución estaría en la reconstrucción de las referidas normas de manera que extienda su beneficio a todos los vehículos dedicados a la actividad agropecuaria y no cerrarlo a los que realicen la producción agropecuaria, expresando que, “Se exime del pago de este impuesto a los vehículos dedicados totalmente a la actividad agropecuaria, y se bonifica hasta el 50% al titular cuando se trate de vehículos que se dedican parcialmente a la actividad agropecuaria.”
      En cuanto al marco legal de las contravenciones aplicables a la actividad agropecuaria, se aprecian problemas de sistemática y otras deficiencias fundamentales.
    Resaltan en primer lugar, deficiencias generales y especialmente de sistemática en el marco legal que regula las contravenciones aplicables a las actividades agropecuarias, como que se aprecia:

• Exceso normativo: Se trata de numerosos preceptos (contenidos en más de una docena de decretos), lo cual hace difícil su conocimiento y aplicación, situación que pudiera resolverse por vía de la sistematización.
• Excesiva dispersión normativa: las normas están contenidas en numerosos textos legales.
• El marco legal relativo a las contravenciones aplicables a la actividad agropecuaria, carece de unidad y de relación sistemática, lo que se  expresa en la existencia de numerosas reiteraciones y colisiones entre las diferentes normas.
• En ocasiones se emplea abusivamente el léxico técnico, lo cual puede dificultar la comprensión de los destinatarios, dadas las características de los productores y trabajadores del campo.
• En otras ocasiones se emplean con exceso normas “en blanco”, es decir que remiren a otras normas técnicas, lo oscurece la percepción de la infracción para el destinatario de la norma, ejemplo: Decreto 169, artículo1, “Contravendrá las regulaciones sobre Sanidad Vegetal, y se le impondrán la multa y demás medidas que en cada caso se señala, el que: (,,,) f) incumpla las medidas establecidas encaminadas a prevenir la introducción o el establecimiento o diseminación en el territorio nacional de organismos nocivos”, Decreto 175, artículo 30 d) “Contravendrá las regulaciones sobre las semillas, y se le impondrán la multa y demás medidas que en cada caso se señalan, el que: (…)  d) incumpliendo las normas establecidas beneficie, almacene o transporte semillas para la comercialización”, y Decreto 181, artículo  2- c, d y e) “Contravendrá las regulaciones de medicina veterinaria y se le impondrá la multa y la obligación que en caso se señala, el que no cumpla: (…) las normas de reproducción genética y mejora animal, establecidas por el Ministerio de la Agricultura, las normas de alimentación establecidas, cuando provoque transgresiones alimenticias en los animales, las medidas epizootiológicas que comprendan los programas de lucha contra las enfermedades y el sistema de prevención de éstas, establecidos por el Ministerio de la Agricultura.”
• Existen numerosas infracciones que aparecen reguladas de manera dual en los decretos contravencionales lo cal es causa de exceso normativo y de colisiones, ya que no siempre la regulación del mismo problema coincide en esos textos legales.
• Existe una deficiencia de sistemática consistente en un incorrecto empleo de lo que se denomina como el método de la regulación jurídica, esto se manifiesta cuando los Decretos 191-7 y 203- 1 h) sancionan con una multa el incumplimiento de contratos de compraventa de productos agropecuarios.
• Existe una deficiencia de sistemática consistente en que en ocasiones están mezclados en una misma disposición jurídica las normas sustantivas, las de procedimiento  y las contravencionales, como ocurre con el 229 y con objetos como suelos, etc. Este problema en cambio, aparece correctamente resuelto en materia forestal.
• Existe una diversidad de autoridades que pueden imponer las medidas, lo que  dificulta conocer la autoridad competente para conocer de los recursos y por tanto el régimen de garantías y afecta el asesoramiento jurídico a las personas afectadas.
• Se aprecian también problemas de sistemática y otras deficiencias fundamentales en los decretos contravencionales en particular, tales como:

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