El estudio de la Gerencia Social constituye actualmente uno de los aspectos más importantes dentro de las ciencias administrativas, y particularmente de la Administración Pública, dada la cambiante realidad social, económica y política que envuelve el contexto actual crecientemente abierto y dinámico, lleno de incertidumbre, inestabilidad y complejidad que trae implícito el proceso de globalización.
El campo de la gerencia social no es nuevo. En América Latina desde finales de la década de los ochenta, existen centros de educación y capacitación dedicados a la preparación de profesionales especializados y comprometidos con el mejoramiento de los procesos relacionados con la formulación, implementación y evaluación de las políticas, programas y proyectos sociales. De allí que se ha venido consolidando y formalizando en diversos espacios de investigación, discusión y práctica.
Empero, es escasa la literatura que define y delimita la gerencia social. Se le ha caracterizado como un campo “en construcción”, por tratarse de un área que velozmente asume matices nuevas, con el fin de enfrentar el entorno dinámico e incierto de la promoción del desarrollo social en América Latina. Kliksberg (1996:4) plantea que “tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el enfrentamiento... de los desafíos del desarrollo social equitativo”.
Recientemente, el auge de programas educativos y capacitación en “gerencia social” ha conllevado el aumento de diversas interpretaciones sobre su naturaleza, alcance y efectos. Sin embargo, todas las reflexiones sobre la gerencia social coinciden en caracterizarla como una práctica altamente estratégica, enfocada específicamente en el logro de transformaciones sociales y la necesidad de articular nuevas formas de gestión entre el Estado y la sociedad civil. Esto conduce necesariamente a racionalizar los esfuerzos de redimensionamiento del Estado, fortaleciendo las capacidades institucionales en el sector social, promoviendo la participación de los ciudadanos, generando confianza y seguridad, en fin, estableciendo condiciones sociales, jurídicas e institucionales de estabilidad y gobernabilidad que hagan posible un proceso sostenido de inversión y desarrollo.
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