MUJERES EN EL MEDIO RURAL: CONFLICTOS TRADICIONALES, PRÁCTICAS EMERGENTES Y HORIZONTES

Irma Lorena Acosta Reveles (Coord.)

I. Las desigualdades de género en el contexto de pobreza

La crisis global, lo que hace del mundo financiero y comercial y su desplome una de las vías más dramáticas de transmisión de sus efectos por haberse originado en los países centrales y con las economías más fuertes. A pesar de sus orígenes externos y de la incertidumbre respecto de su duración, esta afectará más a los países en desarrollo y especialmente a aquellos que habiendo apostado a la apertura comercial no cuentan con recursos suficientes para mitigar los efectos internos generados por la crisis (Amorós: 2004,CEPAL, 2009a).

    La actual crisis sorprendió a América Latina y el Caribe en un período histórico de bonanza, crecimiento sostenido y progreso que no se apreciaba en la región desde hace más de 40 años.

   El auge del crecimiento se debe a la coincidencia de una bonanza de los precios de las materias primas (más de productos mineros que agrícolas) con condiciones de financiamiento externo excepcionales, la reducción de la deuda externa y la acumulación de reservas, aunque no siempre de austeridad fiscal, han sido factores influyentes (Ocampo, 2008). El fuerte incremento de los precios de los alimentos en la primera mitad de 2008, sin embargo, habría ya causado un ligero aumento en la tasa de indigencia, pasando del 12,6% al 12,9%, aunque se espera que la tasa de pobreza haya descendido a un 33,2 % a nivel regional.

     En lo social, este crecimiento fue acompañado por una mejora de los indicadores del mercado de trabajo —menor desempleo y empleos de mayor calidad—que permitieron, articuladas con un conjunto de políticas públicas, reducir la pobreza en la región casi 10 puntos porcentuales, de un 44%. La crisis económica y financiera. Su impacto sobre la pobreza 34,1%, y reducir la pobreza extrema de un 19,6% a un 12,6%. Vale decir, durante el período salieron de la pobreza 37 millones de personas y de la indigencia, 29 millones de personas.

     En lo que se refiere a la pobreza, conviene recordar que los niveles permanecieron hasta 2004 por encima de los anteriores a la crisis generando, un cuarto de siglo perdido en este frente. Más aún, el análisis reciente de Ros (2007) citado por Ocampo (2008) indica que la reducción en los niveles de pobreza desde 1990 estuvo asociado fundamentalmente a los efectos positivos de la menor dependencia demográfica más que al crecimiento económico o al gasto público social.

    El avance hacia el cumplimiento de las metas del milenio de reducción de la pobreza ha sido muy desigual entre los países de la región y, como regla general, mayor en relación con la pobreza extrema que con la pobreza total. En efecto, se estima que hacia 2007, cuatro países ya habían logrado reducir en un 50% o más la incidencia de pobreza extrema que registraban a comienzos de la década del noventa, ocho años antes del establecido para su cumplimiento. Excepto en el acceso a la educación, todos los indicadores son más negativos para las mujeres y especialmente para las pertenecientes a hogares pobres. Según información del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en el período 1994-2007, en 14 países de la región, el porcentaje de mujeres que carecen de autonomía económica, es decir, que no tienen ingresos propios, osciló entre un 22,3% para Uruguay y un 45,9% para el Estado Plurinacional de Bolivia. Los porcentajes para los hombres eran de un 6,8% y un 14,7%, respectivamente.
    En la gran mayoría de los países con información, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios se encontraba entre el 33% y el 43% (la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, el Paraguay, República Dominicana y La República Bolivariana de Venezuela). En este mismo período, la brecha de género se ha cerrado lentamente debido al aumento gradual del porcentaje de mujeres con acceso a ingresos, ya que el porcentaje de hombres se ha mantenido estable por encontrarse en sus niveles máximos de la población económicamente activa. Sistemáticamente, en las áreas urbanas el porcentaje de mujeres sin ingresos es menor y este se ha reducido con mayor rapidez, mientras que en las áreas rurales la brecha entre hombres y mujeres es mucho mayor y el cierre de la brecha ha sido más lento (Espinosa: 2006).

      De acuerdo a cifras recientes, 1.400 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, siendo la mayoría mujeres y niñas. Resulta esencial analizar la implicación de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en relación avances hacia la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres, y resulta fundamental  considerar cómo la futura gestión de la ayuda abordará estas cuestiones. Es así mismo crucial entender el contexto político en el que se ejecutan los programas de desarrollo, así como los desafíos planteados en la aplicación de la Declaración de París. La preocupación  por el mantenimiento del sistema neoliberal que claramente ha fracasado respecto de los resultados de crecimiento prometidos y que genera en contrapartida discriminación, exclusión social, injusticia y más desigualdades.
Asimismo, este modelo ha reducido las posibilidades de un  desarrollo justo y centrado en las personas. También nos preocupan los impactos negativos de la privatización de los servicios públicos, el cambio climático y la inseguridad alimentaria que están socavando toda posibilidad de  desarrollo sostenible.
Entre los actores claves con potencialidad en el desarrollo sostenible y en la defensa de la soberanía alimentaria de los países latinoamericanos se encuentran los agricultores familiares, y en especial las mujeres, cuyo aporte a la producción de este sector adquiere cada vez mayor valoración. Al mismo tiempo, se comienza a reconocer el impacto de las desigualdades de género en el contexto de pobreza en el que vive una buena parte de la población rural en nuestros países (Zapata: 2003).
En efecto son las mujeres rurales las más perjudicadas, principalmente debido a las restricciones que padecen en el acceso y control sobre recursos productivos y servicios básicos en cantidad y calidad suficientes para dar respuesta a las necesidades básicas de reproducción y de bienestar social y económico en el medio rural. La desigualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y en la toma de decisiones a todo nivel (familiar y comunitario, en las organizaciones, en lo político, etcétera) son también causa de la pobreza y situación de subordinación en que viven las mujeres en el medio rural.
En América Latina existen desde hace veinte años programas focalizados que han  atendido desde el Estado la problemática de la agricultura familiar, sin embargo, al mismo tiempo, ella ha resultado marginada (sino perjudicada) por las políticas macroeconómicas de alcance universal. En el marco de dichos programas, o incluso por fuera de los mismos, han existido en menor medida en cada país proyectos de atención a la problemática de las mujeres rurales, en principio más ligados a su rol doméstico y a la cuestión alimentaria, comenzándose sólo recientemente a incorporar una perspectiva de género.

México atraviesa por un momento complejo. Éstos no son asuntos menores, son de nivel estratégico. Sus causas no son precisamente coyunturales, sino obedecen a crisis estructurales. Hoy, cuando no queda más tiempo para postergar estas discusiones, nuestro país. tiene que resolver varias de éstas crisis al mismo tiempo: la reforma del estado, la reforma energética, la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, la desaceleración de la economía estadounidense (su principal socio comercial), la crisis interna de los partidos y  algunos otros más.
Sin embargo, frente a estos retos, hay un tema cuya discusión es inexorable y su solución debe ser  inmediata por su impacto directo en los sectores más vulnerables del país: la crisis alimentaria.

Este debate, pareciera haber sido rebasado por el tema energético en la opinión pública mexicana y en la agenda de la clase política. La realidad es que el incremento paulatino de los precios de los alimentos, nos recuerda día a día que el tema no ha sido resuelto. Por ello, vale la pena recapitular, de manera muy breve, ¿qué es y qué origina la crisis alimentaria?, ¿cuáles son los principales retos y  cuáles las soluciones?
Las causas del campo debilitado valdrían la pena recordar que en enero del 2008 entró en vigor el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del  Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá con la finalidad de incrementar la  productividad agraria regional. Sin embargo, el campo mexicano llega a esta asimétrica apertura muy debilitado para poder competir libre con la fuertemente subsidiada agroindustria  norteamericana.
Desde  la perspectiva de más de 300 organizaciones campesinas y sociales que se han movilizado y organizado en la Campaña Nacional “Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”, para demandar mejoras estructurales al campo mexicano, esta fragilidad tiene su origen en dos principales causas; el paulatino incremento de las importaciones de productos básicos (desde hace veinte años, profundizada en los últimos 14 años) y las políticas de desmantelamiento productivo y comercial que  el gobierno mexicano ha implementado desde hace ya 16 años, con el fin de incentivar la  competencia en el marco del Tratado.

Y  ¿cuáles han sido los efectos? Desde luego que ha profundizado la pobreza,  por alza de precios. Sin embargo, en vez de que estos altos precios coadyuven a mejorar el mercado nacional (producción, abasto y comercialización), han ocasionado un exponencial crecimiento de los costos de los productos básicos impactando a más de la mitad de la población mexicana que se encuentra en  condiciones de pobreza y profundizando la pobreza alimentaria en la que viven cerca de 18 de cada  100 mexicanas/os (Montaño: 2010).

 En términos generales, el incremento del costo de los alimentos fue de 10.2% para las familias con  ingresos de hasta tres salarios mínimos (unos 15 USD aproximadamente) quienes representan la  mitad de la población que cuenta con algún tipo de empleo.
La ciudadanía resiente fuertemente esta crisis por dos razones. La primera es porque destinan más de la mitad de su salario diario a la compra de estos productos. La segunda es que el incremento de su salario en el 2008,  fue de solo 3.5% mientras que el crecimiento de algunos productos básicos para la  alimentación como el maíz, arroz y frijol fue sencillamente desmedido: el kilo de tortilla (producto principal de la dieta básica de sectores en pobreza) se incrementó -a principios del 2008-a más del  40% respecto a finales del año pasado, o el arroz -cuyo precio creció 57% en el mismo lapso (Montaño: 2010).

El fuerte incremento de los precios de los alimentos en la primera mitad de 2008, sin embargo, habría ya causado un ligero aumento en la tasa de indigencia, pasando del 12,6% al 12,9%, aunque se espera que la tasa de pobreza haya descendido a un 33,2 % a nivel regional. En lo social, este crecimiento fue acompañado por una mejora de los indicadores del mercado de trabajo menor desempleo y empleos de mayor calidad—que permitieron, articuladas con un conjunto de políticas públicas, reducir la pobreza en la región casi 10 puntos porcentuales, de un 44% a un 34,1%, y reducir la pobreza extrema de un 19,6% a un 12,6%. Vale decir, durante el período salieron de la pobreza 37 millones de personas y de la indigencia, 29 millones de personas (Ibídem).
En lo que se refiere a la pobreza, conviene recordar que los niveles permanecieron hasta 2004 por encima de los anteriores a la crisis generando, un cuarto de siglo perdido en este frente. Más aún, el análisis reciente de Ros (2007) citado por Ocampo (2008) indica que la reducción en los niveles de pobreza desde 1990 estuvo asociado fundamentalmente a los efectos positivos de la menor dependencia demográfica más que al crecimiento económico o al gasto público social.

Por otro lado los retos a superar son medidas superficiales, ya que el gobierno mexicano ha tomado medidas para subsanar esta crisis, pero éstas no se caracterizan precisamente por atajar el problema de raíz, además de que en ocasiones las decisiones dentro del  gabinete son contrapuestas. Estas políticas deberían ser de carácter integral, es decir capaces de actuar en las múltiples dimensiones de la pobreza. Por el mismo motivo, las políticas de género deben combinar varios tipos de acciones (compensatorias, estructurales) y de distintos plazos (corto, mediano y largo). Esto tiene relación con la  intersectorialidad de las políticas, es decir con la articulación y la coordinación de los diferentes sectores del ámbito público para hacer más eficiente la acción pública. Esto implica atender tanto las carencias materiales de las mujeres pobres como los aspectos más subjetivos relacionados con la pobreza (Cobo:2004)

Además de promover el acceso de las mujeres al empleo, tierra, vivienda, créditos, se deben desarrollar las capacidades individuales y colectivas de las mujeres para el reconocimiento de sus derechos. En esta línea se mencionaron algunas experiencias como el ex Programa de Jefas de Hogar implementado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile, orientado a la inserción laboral de las mujeres y compuesto por acciones en ámbitos como la capacitación laboral, la salud, el cuidado de niños, la asistencia jurídica y la vivienda. Otra experiencia presentada en la reunión fue Estrategia Contigo, en México, dirigida a mujeres de localidades atendidas por el programa OPORTUNIDADES (ex PROGRESA), y que articula objetivos de generación de empleos productivos y de desarrollo del potencial organizativo de las mujeres, combinando la entrega de capacitación para la elaboración de proyectos productivos con el Empoderamiento de las mujeres (León: 2003, CEPAL:2009).
         Se subrayó la importancia de contar con buenas políticas compensatorias que se eslabonen con políticas de tipo más estructural, es decir, que simultáneamente se atiendan las necesidades más inmediatas de la población pobre (corto plazo) y se propongan modificaciones a las condiciones estructurales que determinan el acceso desigual a los recursos en función del género (mediano y largo plazo).

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