TERRORISMO DE ESTADO

Según la reforma al código penal de abril de 2007, por terrorismo se entiende todo acto que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación. A esta reforma se le llamó Ley Gestapo.

El terrorismo de Estado adquiere otra semántica. Por citar un caso, el 25 de febrero de 2007 la indígena Ernestina Ascencio de 73 años muere por efecto del brutal ataque de las fuerzas de seguridad pública quienes la victimaron y según revela su autopsia había sido atacada sexualmente. Médico peritos franceses determinan que la muerte de la indígena es por causa de contusiones internas, producto precisamente de una violación. Esta indígena era madre de otra víctima que murió por fractura de cráneo y cuyo cuerpo es encontrado a 100 metros del cuartel militar de Atzompa, en el estado de Veracruz. El médico legista del momento sostuvo el diagnóstico hasta el final, para el 2010, es cesado por la PGJE.

En el seguimiento que muchos periodistas de destacado prestigio dan al caso resalta el de Carmen Aristegui, a quien su empresa no le renueva el contrato para sacarle del aire. Meses se le ratifica bajo la presión de otros medios que ven violatoria a la libertad de expresión, de información y de prensa esta decisión de su empresa empleadora (W Radio, perteneciente a Televisa).

El terrorismo de estado adquiere otras dimensiones en materia de leso humanidad. Amnistía internacional en el 2009 denuncia la violación de los derechos humanos por parte de militares contra la población civil. Se trata de arrestos injustificados, desapariciones, tortura, ejecuciones, principalmente. Este tipo de violaciones a los derechos humanos adquieren matizaciones regionales, destaca la franja fronteriza del norte del país donde la violencia adquiere niveles nunca antes vistos. Otra víctima más es Josefina Reyes, defensora de los derechos humanos, similar al caso de Digna Ochoa años anteriores en el Distrito Federal.

La paramilitarización es otro brazo subrepticio del terrorismo de estado. Como premio a y garante a la operación de este tipo de fuerzas destaca la amnistía que la Suprema Corte da a los paramilitares responsables de la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas. La matanza de Aguas Blancas en 1997 adquiere paralelismo con la de San Juan Copala, en Oaxaca donde una caravana por la paz es balaceada por grupos paramilitares alineados al PRI, igual al caso de Acteal.

El sistema de justicia mexicano siempre se ve comprometido con sus gobernantes, a quienes se ve obligado a cuidar y ver por los intereses de los grupos en el poder. Termina por criminalizar a la oposición como a los subversivos al régimen. Ve sedición en todo aquello que no se alinea al sistema y no vele por los intereses de la clase burguesa del país. La imparcialidad de la justicia se vela recientemente en la impunidad dada a Amigos de Fox, a Carmen Segura, a Vamos México, a los hermanos Bribiesca, sigue pendiente lo del FOBAPROA, a los responsables de los infanticidios de la guardería siniestrada en Sonora, a las ejecuciones y desapariciones de líderes sindicales y movilizadores sociales, citables los de Atenco y los de la APPO, en otros.

Un gobierno supuestamente de izquierda, del PRD, es responsable de la represión violenta de pobladores de Atenco, en el estado de México, donde mueren 2 personas y 27 mujeres son sujetos de tortura y violación. En las filas de los pobladores de Atenco desfilaba el comandante MARCOS promoviendo su “otra campaña” contra Andrés Manuel López Obrador. A éste no le tocó ni el más mínimo macanazo, pues es un agente encubierto de la derecha, infiltrado en la izquierda y boicoteador de la misma. En lo que va del sexenio, del comandante Marcos ya no se hace mención alguna, dejando impune si actuar como mercenario antes del PRI (1994 – 2000) y recientemente del PAN.

A los dirigentes del movimiento de Atenco la Ley sí se aplica con todo rigor: al líder Ignacio del Valle su condena es de 112 años en prisión, otros más obtienen penas de 67 años y de 32 años, en total 12 detenidos. Los violadores no fueron de ninguna forma incomodados por sus fechorías.

La impunidad adquiere otras consideraciones cuando se trata de funcionarios públicos de primer nivel. El caso de Luis Téllez o el del gobernador de Puebla, Mario Marín. Este último es vinculado a la explotación de menores. La periodista Lydia Cacho le denuncia, cuestión que le cuesta su aprensión y encarcelamiento en un proceso que no prospera y pronto se ve libre. Gracias a su labor caen empresarios y políticos como Jean Succar Kuri, Kamel Nacif y Miguel Ángel Yunes.

La Jornada publica la grabación de la conversación entre Mario Marín y su socio Succar Kuri donde se confabulan para “castigar” a la periodista Lydia Cacho. Irónicamente el llamado “gober precioso” termina su mandato sin afrontar cargos por su complicidad con los pederastas ligados al caso. Hoy se sabe que Mario Marín es uno de los 8 gobernadores priístas que apoyan a Calderón en su ascenso a la Presidencia de la República, lo que explica su trato de impunidad. En su proceso el magistrado Silva Meza dicta culpabilidad a Mario Marín pero la Suprema Corte de Justicia, el 29 de noviembre de 2007 lo exonera con 6 votos contra 4. Se afirma también que el PRI logra concertacesiones a favor de Mario Marín con el presidente de la Republica para que éste último goce del apoyo que requiere para promover su reforma energética.

Patenta todo lo anterior el desamparo de la nación mexicana ante sus autoridades al dar trato de impunidad a gobernantes y la subordinación de la justicia al Ejecutivo nacional. Destacables son la negación a todas las querellas contra la llamada Ley Televisa, las reformas a la Ley del ISSSTE, en la liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, entre otras.

CAMPO, AGRARISMO, RURALIDAD Y POBREZA

La revolución mexicana da como resultado una constitución cuyas normas son el fundamento económico necesario para que el capitalismo moderno prospere.

Las instituciones económicas deben garantizar:

1. El reparto económico; esto es, la propiedad privada de los medios de producción (tierra, trabajo y capital).
2. El contrato social; las relaciones industriales, o relaciones obrero – patronales, las garantías individuales como sociales.
3. La distribución social del ingreso con base a las remuneraciones obtenidas por los dueños de los factores productivos según su cuota de contribución al valor social de la producción (rentas, alquileres, beneficios, intereses, sueldos y ganancias).
4. Establecer la organización social del trabajo y la producción como parte de una función social de producción donde se involucran los dueños de los factores productivos.

 

En los artículos constitucionales 27 y 123 quedan implícitamente resueltos estas cuatro garantías. En el artículo 27 se tratan las garantías 1 y 4, mientras que en el artículo 123 quedan establecidos las garantías 2 y 3.

Destacable es el tema del campo, que gracias a la revolución mexicana obtiene prebendas importantes en materia del reparto agrario, la reforma agraria que le dota de un trato más digno y garantías económicas como son los llamados precios de garantía al productor como al consumidor, se dota de financiamiento al campo como lo fue banrural, así como se establece CONASUPO para garantizar el abasto en productos básicos a la población.. Se subvenciona la economía y se crean subsidios a la producción agrícola.

Gracias a estas instituciones las organizaciones propias del sector primario de la economía crecen de manera sostenida de 1930 a 1970. 40 años de crecimiento cuya tasa media anual fue del 8%. El minifundismo de principio da buenos resultados, en lo social por la justicia del reparto basado en el ejido, y en lo económico con la autosuficiencia alimentaria.

Hay causas internas como externas para explicar el Milagro mexicano, como se le viene a llamar a este periodo. Internamente, la revolución da por resultado instituciones económicas capitalistas de corte moderno, las cuales son propias para la maduración del régimen de producción rígida. Viene el orden y la paz social lograda en la década de los años 30. El reparto agrario y la expansión de la producción agrícola. El crecimiento demográfico que expresa una transición con incrementos anuales crecientes desde 1936 en adelante. Un programa de nación bajo un único régimen de gobierno con disciplina e impostura: el PRI como proyecto político de nación.

En lo externo el periodo de entreguerra y la reconstrucción europea respectiva, que mantiene las exportaciones de bienes primarios y básico de nuestra economía a América del norte. Se viene la segunda contienda mundial que favorece aún más las ventas al exterior, así como el ulterior periodo de reconstrucción bajo el llamado Plan Marsahll (denominado oficialmente European Recovery Program o ERP). La expansión de la economía estadounidense en la posguerra beneficia grandemente a toda la región latinoamericana, en especial a la economía mexicana. Innegable es la atinada gestión de Eduardo Suárez, secretario de Hacienda durante las administraciones Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

No obstante en la década de los años 60 del siglo XX el capitalismo cambia. El ascenso del régimen de producción flexible mediante el renacimiento de Japón y los tigres de oriente resta rápidamente espacio económico a los Estados Unidos de América como a Inglaterra. Se crea en 1960 la Comunidad Económica Europea, que es una estrategia regional contra estadounidense, donde mediante una política de sustitución de importaciones norteamericanas viene a restar influencia a la Unión Americana en Europa. Finalmente, la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la inflación en occidente repunta lo que redimensiona el comercio mundial a una escala más modesta.

Esto es lo que marca para 1971- 1973 el ocaso de la hegemonía norteamericana en la economía occidental capitalista, que es en sí el ocaso del régimen de producción rígida. Necesariamente la caída de ventas norteamericanas se traduce en la caída de las compras, por lo que las ventas al exterior de la economía mexicana desde 1971 se reducen y llevan no solo a un déficit comercial, sino al rápido agotamiento de las reservas internacionales, cuestión que lleva a la devaluación de casi un 100% de la moneda mexicana ante el dólar en 1976. Desde ese momento se inicia para la economía mexicana una fase de atonía y estancamiento.

El primero en resentir la crisis es el sector primario de la economía mexicana. En especial el campo. Ante la crisis agrícola y su efecto en la autosuficiencia alimentaria, en el sexenio de José López Portillo (1976 – 1982), se crea el Sistema Alimentario Mexicano (el SAM).

En 1976 se descubren los yacimientos de Cantarell en costas de Tabasco, una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo. Luis Echeverría Álvarez de inmediato endeuda a la nación para crear la infraestructura extractiva necesaria para aprovechar esta riqueza natural. De 4 mil millones de dólares, que en 1970 era la deuda externa de la nación, pasa a 20 mil millones de dólares para 1976. Con José López Portillo, la deuda crece a cera de los 60 mil millones de dólares, gastos de abuso y que no se aplicaron al fortalecimiento de la infraestructura productiva, sino al gasto público populista, en subsidios y subvenciones a la población en materia de educación, cultura, recreación y gastos administrativos superfluos.

La situación se traduce para 1980 en un sobre endeudamiento que obliga a la nación a pedir nuevos créditos a organismos internacionales multilaterales (FMI y BM), quienes imponen a las siguientes administraciones reglas duras en materia de gasto social (austeridad, como lo anuncia desde el principio de su gobierno Miguel De La Madrid Hurtado).

Vienen reformas institucionales precisamente a los artículos 27 y 123 constitucionales. Desaparecen los subsidios al campo como al salario, a los básicos, se termina el crédito público a los sectores considerados estratégicos, se redimensionan los programas públicos dirigidos a la asistencia a los grupos considerados vulnerables, como desaparecen otros programas sociales. Propiamente esto se viene dando en los años 90 del siglo XX. En esta década el campo mexicano queda quebrado y liquidado económicamente.

La reorientación económica marca una reorientación de vocación industrial. Se abandona al campo a cambio de fortalecer los sectores secundario y terciario de la economía, mismos que requieren un respaldo estatal ante la colocación de Inversión Extranjera Directa y la logística que requiere en materia de financiamiento interno, crédito, seguros, consultorías y otros servicios más.

La dependencia en materia alimentaria es marcada. El campo mexicano ya no produce  para la mesa de los nacionales, sino del extranjero. Se siembra hortalizas de exportación y productos forrajeros para las ganaderías (precisamente de exportación). Contrario, el maíz, el frijol, la harina de trigo, son importados.

La pobreza creciente pronto desplaza en el plato del mexicano la carne de res y de pescado, por la de pollo y el huevo. La calidad de nutrimentos se degrada y la gran mayoría de familias en el país cada vez ven más racionada las proteínas, matando el hambre con carbohidratos.

Con la firma del TLCAN en 1994 se cancelan todas las subvenciones económicas a la producción, especialmente aquellos subsidios al campo. Mientras que en los Estados Unidos de América, es el campo precisamente el sector más subvencionado de su economía. Las reglas no son solamente claras, sino injustas, inequitativas, desigualitarias.

El efecto del neoliberalismo en la era de la globalización para el campo en toda nación en vías de desarrollo son:

1. Término de las subvenciones a la producción agrícola.
2. Término de minifundio y amparo de la eficiencia productiva agrícola mediante la formación de latifundios.
3. Término de los mercados regionales de alimentos.
4. Eliminación de formas colectivas de producción agrícola, como en el caso mexicano: el ejido.
5. Término de precios de garantía al consumidor como al productor.
6. Enajenación de la producción agrícola a agronegocios de corte transnacional.

 

En estos agronegocios también destacan grandes corporativos nacionales como lo es MASECA, que controla toda la producción maicera del país. Los subsidios antes dados a los agricultores, ahora son dados a éstos agronegocios, por citar el caso: Gigante Verde, Pilgrim´s Pride, Herdez, Nestlé, Cargill, Monsanto, Phillip Morris y Unilever. Se afirma que las importaciones agrícolas fueron crecientes (cada vez mayores) de 1990 al 2000.

En el campo ante la crisis que padece por la implementación de las políticas neoliberales, el único cultivo que prospera es el del narcotráfico. Se llega a afirma que la tercera parte del campo mexicano para el año 2000 trabaja algún cultivo tal como la marihuana y la amapola.

Otro aspecto de este problema es el incremento de la emigración de campesinos a la Unión Americana. Actualmente, al año pasan el río bravo al menos 250 mil nacionales buscando oportunidades en la economía norteamericana. En la administración de Vicente Fox Quezada (el autonombrado presidente del campo, 2000 – 2006), este tipo de migración representa 3.5 millones de personas.

Ahora bien, muchas de las importaciones agrícolas vienen bajo certificación, por lo que sus precios son muy altos para el consumidor nacional. El efecto de la liberación de precios agrícolas ante un mercado de competencia imperfecta es que la tendencia en los precios internacionales es al alza. Para el 2007 se da una crisis internacional en la proveeduría de bienes agrícolas, especialmente del maíz. Es este último producto destaca que su incremento también obedece a un aumento de la demanda al utilizarse como etanol, combustible. La autosuficiencia alimentaria queda como una utopía en la memoria nacional, en el 2008 el déficit comercial de alimentos del país es 2.5 veces mayor a la de dos años antes, la cual es de 5 mil millones de dólares. El espectro del hambre, antes erradicado, ahora recorre, como un fantasma, las calles del país.

En el 2008 entra en vigor el apartado del TLCAN relativo a la libre importación de maíz, trigo, frijol, sorgo y leche. Tiro de gracia al campo mexicano. Los costos sociales son muy altos:

1. Se pierden 2 millones de empleos en el campo.
2. Renace el latifundismo.
3. Los pequeños agricultores venden sus propiedades.
4. Aumenta la migración de trabajadores mexicanos a la Unión Americana.
5. La producción de alimentos en el país es insuficiente.
6. Crece la dependencia del exterior en lo alimentario.
7. De 2000 a 2011 las importaciones de alimentos representan compras al exterior de cerca de los 120 mil millones de dólares.
8. La mesa del mexicano se importa y en la producción  de alimentos en México está destinada principalmente al exterior.

De la apertura económica  es precisamente el campo el más perjudicado. Desde luego, la expresión sectorial es que son las ramas más tradicionales y básicas o de producción primaria, tales como la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, la recolección, principalmente, son las industrias que están en crisis. La expresión regional - territorial es que son los municipios de fuerte corte rural y rural-urbano, principalmente al sur del país los que sufren un crecimiento amainado y atónico.

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