3. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL ENTORNO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO

Según los indicadores del FMI apuntan a que las economías emergentes y en desarrollo (como la latinoamericana) deberán adaptarse a situaciones mundiales más difíciles en cuanto a sus políticas publicas, pues los hechos económicos recientes indican que estas economías siguen siendo vulnerables a las inestabilidades o cambios drásticos de los mercados financieros internacionales. Por otra parte, el Banco Mundial-BM (Annual Report 2006) indica que Latinoamérica se caracteriza por ser un región rica en recursos naturales y capital humano, y por lo tanto, con gran potencial para la creación de empresas. Actualmente la región tiene una población de 600 millones de personas, con crecimiento poblacional del 1.4%. Sin embargo, a pesar de estas ventajas que pudieran ser competitivas, registra una mortandad infantil de 27 por cada 1000 niños, más de 100 millones de niños en edad de enseñanza primaria no están matriculados y un 25% de la población subsiste con menos de $2 diarios.

El FMI informó a través de un documento titulado: “Perspectivas de Riesgos Internacionales 2006”, que el crecimiento mundial había sido del 5.1% en 2006 y se esperaba un decremento del 4.9% para el 2007 (existiendo incluso una posibilidad entre seis de que en 2007 el crecimiento disminuya a 3.25% o menos). Al 2005 la región latinoamericana (incluyendo el Caribe) creció a una tasa del 4.4%, la expansión de la economía para esta región se calcula que disminuirá en su PIB regional del 4.75% al 4.25% en el periodo 2006-2007. Organismos internacionales reconocen que para que los países de la región salgan de sus graves problemas deben experimentar crecimientos mínimos sostenidos superiores al 5% anual. En los últimos años América Latina ha registrado el crecimiento regional más lento entre los países emergentes y en desarrollo. Al analizar la tabla 1, que incluye las tendencias regionales del PIB, precios al consumidor y cuenta corriente, observamos que a nivel de grupo o de forma individual, los países latinoamericanos han registrado caídas en su PIB y en el saldo de su cuenta corriente desde el año 2004.

En el caso de Colombia y con base a los informes de un documento gubernamental titulado “Visión Colombia II Centenario: 2019”, se establece que entre las principales causas de la problemática económica colombiana y de sus políticas publicas esta las formas sociales de producción o estructura del sector productivo. En este informe se hace mención sobre cómo se ha visto impactada la dinámica del crecimiento económico nacional y su respectiva composición sectorial. Durante los noventa Colombia experimento un cambio importante en su PIB con base a sus sectores productivos: se decremento la participación en la generación de niveles de empleo en los sectores agropecuario e industrial. En cambio el sector servicios incrementó su participación en la generación de empleo. Sin embargo, este sector demanda en general poco empleo y paga bajos salarios.

La pobreza colombiana medida con subsidios se sitúa en un 45%, más un 15% de indigencia del total de su población. Esto indica que más de la mitad de los colombianos es pobre. Si se mide la pobreza colombiana con base a la calidad de vida o al de las necesidades básicas insatisfechas, el estadístico indica que el nivel de pobreza se sitúa alrededor del 52%. El nivel de desempleo reporta un 13.6% y existe un 6.7% de proporción de población económicamente activa que es infantil (10-17años). La tasa de duración de desempleo es de 13 meses. La región del Caribe colombiano, con el mejor potencial turístico y donde se concentra el 16% de la población total, presenta también serios problemas. El empleo proveniente del sector industrial decreció en un 40% desde 1992 y tiene la mayor tasa de exclusión, con 7.5 millones de personas que están en pobreza extrema (60% de la población). Hay un 33.8% de la población que son indigentes (3 millones 800 mil colombianos). Ante esto se agrava aun más la situación colombiana por la significativa evasión fiscal que registra su sistema tributario.

En cuanto a las política pública sobre educación, informes gubernamentales colombianos indican que menos del 20% de jóvenes colombianos potencialmente universitarios están inscritos a centros de educación superior, cuya baja calidad repercute en altas tasas de desempleo y el desplazamiento hacia el mercado laboral informal. Al 2003 Colombia tenía una cobertura neta de educación superior del 16.5% (muy por debajo de la tasa observada entre los países de la OCDE del 54% durante el mismo año). La cobertura en educación preescolar es de sólo el 44%. Los egresados de nivel secundaria participan con un 56% a la tasa de desempleo. Dicho desajuste creció desde el primer tercio de los noventa y se ha estabilizado en los últimos años. Según datos gubernamentales (DANE) a la fecha Colombia no ha podido solucionar tampoco su problema de la mala calidad de la mano de obra. Esto genera problemas serios como la baja calidad de sus productos, desajustes entre los niveles de calificación de los trabajadores, falta de pertinencia sobre la educación y capacitación de los ciudadanos, y algo muy importante, la falta de exigencia de dicha calificación por parte de los empresarios. Esto ha contribuido en un 70% en promedio sobre la tasa de desempleo a largo plazo.

Ante esta descripción, muchos países han encontrado serias dudas si el modelo de desregulación y globalización en realidad lleva a un progreso económico, máxime con los escándalos de corrupción financiera registrados en la ultima década en mercados muy desregulados, donde el Estado tuvo una mínima intervención y dejo todo a la inercia de un mercado agresivo y correlacionado a nivel mundial.

Actualmente el extraordinario porcentaje de desempleo y subempleo masivo en varias regiones del mundo, como la Latinoamericana y del Caribe, ha llevado a una pobreza extrema a millones de individuos. Dicha pobreza da nacimiento a fenómenos tan negativos para el desarrollo integral de las personas como el hambre, la desnutrición, mortandad infantil, prostitución, educación paupérrima, desigualdad económica extrema, discriminación, violencia, etc.

Partiendo del análisis de nuestra región Latinoamericana y del Caribe, en no pocas ocasiones observamos que a la par del desarrollo económico se van creando extensas zonas de pobreza en las ciudades y el campo, donde predomina la ausencia de eficientes leyes laborales, deficientes sistemas de impuestos efectivamente redistributivos de la riqueza, erróneas políticas de protección a las comunidades nativas y al medio ambiente, entre otros factores que analizaremos detalladamente más adelante. En estos casos es común observar a sociedades totalmente polarizadas y caracterizadas por una riqueza y lujos extremos de una pequeña parte de la población, ante una extremada pobreza de grandes núcleos de habitantes, subordinados al predominio y la discriminación económica. Aquí suelen presentarse fuertes presiones sociales incluso de tipo racial, pérdida de valores familiares, culturales y de identidad de las personas en un entorno de excesivo consumismo. Podemos citar múltiples casos como Rio de Janeiro, Cancún, Cartagena, Santo Domingo, la Habana, etc. Es aquí donde las finanzas publicas pueden llegar a representar el principal fundamento para generar autentica responsabilidad social empresarial a través de sus instrumentos de política fiscal, política de gasto social y de capital, protección de áreas económicas estratégicas y prioritarias para el desarrollo social y no sólo empresarial de contados grupos de poder.