9.2. RELEVANCIA DEL MODELO DE GOBERNANZA

Se inicia esta sección examinando la propuesta predominante de gobernación que se expuso en el Capítulo IV de cara a la realidad de los estudios de caso de la franja fronteriza. El ejercicio permite contrastar la utilidad de esa propuesta con el modelo de gobernanza que se ha planteado en este libro. En el cuadro 8 se presenta una síntesis de la propuesta predominante frente a los estudios de caso.

Cuadro 8. Propuesta predominante y estudios de caso

PARTICIPACIÓN PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUSIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN CERTIDUMBRE JURÍDICA TRANSPARENCIA ACCESO A LA JUSTICIA

Alco Pacífico X X X X X

Paso del Norte X X X

Sierra Blanca X X X X

Se destaca lo siguiente:

• Los temas de Participación pública, Rendición de cuentas, Inclusión y Acceso a la información se tratan explícita o implícitamente en los tres casos.

• El aspecto de Certidumbre jurídica es tratado en un caso: Alco Pacífico.

• El rubro de Acceso a la justicia se registró en los casos de Alco Pacífico y Sierra Blanca.

• La característica de Transparencia no es tratada.

Como se mostró en el Capítulo V al analizar temas de gobernación en diferentes escenarios del mundo, la tipología de elementos que dan sustento a la propuesta predominante de gobernación ambiental posee una utilidad limitada. No parece una herramienta suficiente para analizar y explicar la realidad de la gobernación ambiental. Entre otras cosas porque, como se mencionó ya, solamente el aspecto de participación pública resalta el papel del sector gobernado; además, porque variables como ‘transparencia’, de hallazgo tan frecuente en las fuentes, no resultan útiles para el análisis. Pero sobre todo, porque en el modelo no existen los contrapesos que posibiliten un esquema de mejor distribución de derechos y obligaciones entre los actores políticos.

Por lo anterior, se considera que los tres pares de variables de corresponsabilidad que caracterizan al modelo de gobernanza que se propone en esta obra, conjuntan una herramienta útil para explicar la gobernación ambiental en la franja México-Estados Unidos. A la luz de ese modelo, en los párrafos siguientes se abunda en los casos.

En Paso del Norte, los resultados demuestran que el acceso a la información oficial fue, hasta cierto grado, viable, lo que contribuyó a incrementar una gobernación ambiental positiva. Considerando que en la región la contaminación del aire es un asunto transnacional, las condiciones prevalecientes en México y Estados Unidos influyeron en los resultados de este estudio: mientras que en el lado norte la información sobre el problema del aire estuvo disponible al público, en Ciudad Juárez las cosas no fueron óptimas; ahí, el acceso a la información sobre la calidad del aire municipal es un logro apenas reciente y por ello aún deficiente.

En lo que respecta al análisis de la información, Paso del Norte exhibió un panorama aceptable también, porque fue notorio que dentro del sector no gubernamental aparecieron organizaciones con miembros expertos. Por ejemplo, hubo académicos de la University of Texas en El Paso (UTEP), y expertos del EDF. Las organizaciones civiles estuvieron, de esta manera, bien arropadas en este aspecto, y sus acciones reflejaron el nivel de conocimiento sobre los problemas que la mayoría de ellas poseían. Nuevamente, el desempeño de Juárez se ubicó muy por detrás; se mencionará únicamente que, por ese tiempo, lo novedoso de la infraestructura con que contaba la ciudad para colectar datos de calidad del aire, así como su debilidad presupuestal y personal para esas labores cuando se compara con El Paso, dificultaron que los grupos interesados tuvieran una perspectiva completa del problema de la contaminación en la cuenca aérea. Seguramente, si no hubiese sido por la situación de Juárez, el indicador Infor habría alcanzado valores superiores, con lo que la calidad de la gobernación ambiental habría recibido una contribución favorable.

En los rubros de inclusión y participación, fue evidente que la presión de los grupos civiles, principalmente de El Paso, fue el motor que obligó a los gobiernos de México y Estados Unidos a trabajar en este asunto. La FTCA de PdN, creada al cobijo del Anexo V del ALP es un ejemplo de la presión ejercida por las organizaciones civiles sobre los gobiernos. Ahí, individuos ajenos a los puestos gubernamentales tuvieron la oportunidad de involucrarse hasta cierto grado en el proceso de toma de decisiones. PdN hace la nota en el sentido que, pese a existir mecanismos para hacer al gobierno contable en el lado estadounidense, el público no requirió de esta opción más allá del protocolo. En cualquier caso, el resultado relativamente bajo del nivel de rendición de cuentas en PdN se debió principalmente a la característica binacional del área y el problema ambiental mismo. En efecto, el bajo nivel de rendición de cuentas en el lado sur fue decisivo en el resultado de este par de variables.

El caso Sierra Blanca es diferente en el tema de acceso a la información. Ahí, las agencias ambientales estuvieron enteradas de las amenazas a la salud y el medio ambiente que se cernían sobre los residentes y los recursos naturales en el supuesto de que el depósito nuclear fuera construido. Las autoridades sabían que la sola propuesta de construir un depósito para desechos radiactivos en las afueras del pueblo habría generado una fuerte oposición de la gente. No obstante, soslayaron el problema. Además, los actores gubernamentales sabían que una forma factible de disminuir el rechazo al depósito por parte de la gente era el establecimiento del diálogo y un amplio acceso a la información relevante; sin embargo, sistemáticamente se negaron a dar a conocer los hechos.

Con respecto al análisis de la información, en SB hubo analistas, expertos entre los grupos interesados quienes estudiaron cuidadosamente el asunto. Científicos de UTEP y científicos mexicanos fueron elementos notorios en el proceso, trabajando al lado de grupos civiles organizados. Estos últimos estuvieron bien asesorados, y sus acciones reflejaron el nivel de conocimiento de los problemas que la mayoría de ellos adquirieron durante el conflicto.

En SB la inclusión apareció luego de fuertes demandas sociales y sólo de manera marginal. Las audiencias públicas, instrumentadas por la autoridad estatal fueron el mayor logro de los ciudadanos, con lo que la participación del público fue así posible dentro de canales formales y de manera restringida. No obstante, en vista de la insistencia de Texas de imponer su decisión sobre el proyecto independientemente de opiniones distintas, la gente reaccionó negativamente y por diversos medios; los residentes de ambos lados se organizaron y generaron un movimiento que forzó al gobierno texano a escuchar y atender la demanda social. En SB, por lo tanto, la participación social fue considerablemente alta, pero claramente distanciada de la inclusión. También en SB, los ciudadanos tuvieron dificultades para hacer contable a la autoridad estatal. Específicamente, los ciudadanos concentraron sus demandas en la TLLRWDA, la que por mucho tiempo se desempeñó erróneamente, y un resultado de esta presión fue que, finalmente, la agencia fue cancelada por la legislatura texana. Sin duda, la existencia de mecanismos de rendición de cuentas permitió al público requerir a la autoridad con éxito plausible.

En Alco Pacífico, el acceso a la información fue deficiente. Aun cuando las autoridades sabían que, frente a los riesgos reales de la gestión de residuos peligrosos, había amenazas a la salud y el medio ambiente que habrían afectado a los residentes y recursos naturales, subestimaron el problema y mantuvieron absoluto secreto. El transporte de los residuos peligrosos a Hermosillo confirmó los errores en que estaban inmersos tanto las autoridades mexicanas como la empresa privada contratada para realizar la supuesta limpieza del sitio de AP. Careciendo de información, la imposibilidad de llevar a cabo cualquier análisis de los hechos por parte de actores no gubernamentales era obvia. La gobernación ambiental se mostró débil en este caso.

El problema de Alco Pacífico expuso que los representantes gubernamentales soslayaron la amenaza que representaba la operación de la planta para el medio ambiente y la salud de los residentes. Evidentemente, sin la posibilidad de inclusión una gobernanza ambiental fue algo utópico. Fue plausible también que la autoridad mexicana abandonó su oportunidad de ser transparente ante la sociedad; en efecto, evadió su responsabilidad fácilmente desde el momento en que decidió no abrir la puerta a mecanismos de rendición de cuentas sobre la acción de los servidores públicos. Ante tan funesto panorama y percibiendo que las autoridades nacionales poco o nada harían para resolver el problema y ofrecer a los residentes y ex-trabajadores de AP alguna satisfacción, algunos representantes sociales tuvieron que apoyarse en abogados de Texas, quienes finalmente lograron alguna compensación para aquellos que se declararon afectados por las operaciones de la planta recicladora.