6.2.4. Programa Integral Ambiental Fronterizo

En los noventa, la gestión ambiental en la frontera continuaba recibiendo críticas. Pese al Acuerdo de La Paz, el interés de los actores políticos por una gobernación mejorada languidecía. Aun así, México y Estados Unidos se habían involucrado en una nueva estrategia, más abarcadora para, se argumentaba, sanear el ambiente en la región, el Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) o “Plan Fronterizo”.

Luego de más de una docena de audiencias públicas, realizadas en ambos lados de la frontera, México y Estados Unidos dieron a conocer el PIAF en febrero de 1992; fue publicitado como un plan construido bajo la idea de que el crecimiento económico de largo plazo no es posible sin la protección ambiental, y que la protección ambiental no es posible sin el crecimiento económico. Su objetivo general fue fortalecer la cooperación bilateral en pro del ambiente; específicamente, se enfocó a seis propósitos: identificar las áreas de fuentes de agua transfronteriza, contaminación o amenazas de contaminación del agua; fortalecer la aplicación de leyes ambientales; incrementar la cooperación en temas de planificación, entrenamiento, y educación; optimizar plantas de tratamiento de aguas residuales y con ello reducir la contaminación; fortalecer el entendimiento mutuo de los desafíos ambientales; y construir un sistema electrónico para rastrear los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Estados Unidos se comprometió a invertir 379 millones de dólares en los primeros dos años, en gran medida para proyectos de construcción relacionados con el agua; México, a sumar 460 millones de dólares durante un periodo tres años para un rango extenso de proyectos ambientales y de transporte.

Con respecto a la participación del público, el PIAF estipuló la creación de un Comité Público Asesor del plan fronterizo (CPA-PIAF), cuyo deber sería asesorar a las agencias ambientales respectivas (la SeDUE en México, y la EPA en Estados Unidos). También, invitó a articular iniciativas locales, por ejemplo aquellas que surgieran de las ciudades gemelas y grupos comunitarios. La SeDUE y la EPA motivaron a los representantes del CPA-PIAF a reunirse periódicamente, intercambiar ideas y hacer recomendaciones a las agencias federales. El acceso a la información fue otro tema del PIAF y ahí prometió promover la vigilancia pública e incrementar la participación ciudadana por medio de actividades tales como reuniones abiertas, conferencias y talleres. Asimismo, la traducción de leyes, regulaciones, estándares y guías por parte de ambas agencias ambientales; información pública sobre las condiciones ambientales en el área fronteriza; programas bilaterales sobre educación ambiental; e iniciativas de particulares.

A pesar de su planteamiento optimista, el PIAF generó debate desde el principio. Residentes fronterizos, académicos y grupos ambientales manifestaron su insatisfacción, reprochando que el plan fuera, como mínimo, oscuro con respecto a cómo la asesoría del CPA-PIAF se incorporaría en la planificación efectiva; además, el asesoramiento se dirigiría hacia la SeDUE y la EPA, cada una de las cuales carecía de autoridad reguladora e impositiva. Los críticos denunciaron la aproximación “de arriba hacia abajo” tomada por los gobiernos federales, puesto que la membresía en el CPA-PIAF estaba basada en un proceso de nominación y selección realizado exclusivamente por la SeDUE y la EPA más que en función de una elección local.

El PIAF exhibió mayores debilidades. No hizo mención a cómo los problemas ambientales no-urbanos serían tratados, cómo se obtendrían los datos y se harían disponibles al público, cómo sería pagada la infraestructura necesaria, y cómo compartirían los dos países la creciente carga ambiental. En adición, no hizo reconocimiento alguno al impacto que tendría en la región el TLCAN, y mostró una ausencia total de recomendaciones procedimentales y financieras. El PIAF falló en cualquier intento de instrumentar una planificación ambiental amplia para la frontera. Muchos lo juzgaron como un inventario de iniciativas ya concebidas a la sombra del Tratado de Aguas de 1944 y el Acuerdo de La Paz de 1983. Toda vez que careció de una estrategia de instrumentación y de claridad con respecto a los recursos, la crítica llegó hasta el punto de juzgarlo simplemente como no más que “el plan de un plan”.

El PIAF no resolvió la pregunta de si el crecimiento económico de largo plazo fuese posible sin presionar excesivamente al ambiente y amenazar la salud de la gente o no. A pesar de que permitió a los gobiernos de México y Estados Unidos defender su compromiso de resolver la dualidad medio ambiente-comercio, misma que obstruía las negociaciones del TLCAN, los intereses del plan quedaron en retórica únicamente: no hubo evidencia que confirmase que la protección del ambiente no es posible sin el crecimiento económico y viceversa.

Pese a todo, el plan fronterizo contribuyó con elementos que podrían conducir hacia mejores estilos de gobernación. Por ejemplo, fue una estrategia abarcadora, lo que remarca la importancia de percibir los problemas ambientales en su complejidad; también, señaló la importancia de una mayor cooperación, así como la adherencia al respeto de la ley. En adición, develó el reconocimiento oficial de la necesidad de involucrar al público en la toma de decisiones. Fue una iniciativa efímera que los gobiernos de México y Estados Unidos defendieron pero poniendo por delante su interés en cristalizar otro acuerdo que les resultaba más importante: el TLCAN. El tratado comercial debía pasar suavemente por el congreso estadounidense y, para ello, la sola existencia del plan era precondición. Tal como comentan algunos analistas, el PIAF significó “el precio que debía pagarse para calmar a los ambientalistas” en su oposición al TLCAN, observación que revela algo aún más interesante: La dualidad comercio-ambiente existe únicamente en el discurso, pues lo que realmente importa son los intereses económicos, que en la realidad no encuentran en lo ambiental un oponente.