PREFACIO

Este libro pretende motivar el interés de los actores políticos hacia un elemento esencial de la cosa pública: la corresponsabilidad gobierno-sociedad. Centra su atención en la gobernación y adopta como objeto/espacio de trabajo el medio ambiente de la frontera común de México y Estados Unidos. Muestra que un estilo de gobernación eficiente, con beneficio socio-ambiental amplio, es viable en la región, si bien demanda impulsar reformas, en los ámbitos bilateral y local, lo mismo que en los sectores gubernamental y social.

Durante su desarrollo, desde su concepción como tesis doctoral hasta su presentación actual, esta obra se enriqueció con muchas críticas y sugerencias; mi agradecimiento por su valiosa aportación a estudiosos de la sociedad, la política, la economía, la ecología, y la administración pública. Me refiero, entre otros, a Mercedes Pardo, Antonio Natera y Constanza Tobío (U. Carlos III de Madrid); Ignacio Elorrieta (Inst. para la Sostenibilidad de los Recursos); Roger Johnston (U. of London); Ernest García (U. de Valencia); Dolores Pineda (U. Veracruzana); Joaquín Catalá (U. Politécnica de Valencia); Víctor Espinoza, Alberto Pombo, Hugo Riemann y Vicente Sánchez (Colegio de la Frontera Norte, Tijuana).

En el mes de mayo, esta obra obtuvo el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública, de México (Premio INAP 2008), luego de un proceso de dictaminación a cargo de 13 expertos, entre gestores públicos y académicos destacados. La distinción conlleva un reconocimiento a la urgencia de hallar estrategias de articulación gobierno-sociedad para una mejor gobernación en México y allende sus fronteras.

Menciono, finalmente, que las omisiones o malas interpretaciones, nada raras en toda aventura intelectual, no han de estar ausentes aquí. De su existencia, asumo total responsabilidad.

Ricardo V. Santes-Álvarez

Tijuana, México

Octubre de 2009

I. INTRODUCCIÓN

En este libro se presenta un estudio sobre la gobernación en la franja fronteriza de México y Estados Unidos. En particular, de cara a la cuestión ambiental existente en ese espacio de interacción, se explora la posibilidad de un mejor ejercicio del poder, esto es, la viabilidad de la gobernanza ambiental. Su realización fue incentivada porque, hasta ahora, en los actores políticos no ha existido interés por incorporar en los asuntos públicos un elemento de la gobernanza que es esencial para la toma de decisiones y la hechura de políticas en los sistemas democráticos: la corresponsabilidad entre representantes gubernamentales y sociales.

El interés por reconocer el estado de la gobernación de esa región respecto a un tema aparentemente marginal en la relación bilateral, el medio ambiente, responde a una preocupación de individuos y organizaciones sociales, e inclusive sectores empresariales y gubernamentales, quienes plantean la necesidad de atender el reto ambiental con el concurso del mayor número de actores. Ello implica, por supuesto, un interés subyacente, o no explícito, de distribuir con amplitud las responsabilidades inherentes a la cosa pública. También, el interés surge como reacción a que, en su mutua relación, México y Estados Unidos han llegado a acuerdos sobre el tema ambiental sin tener que lidiar con posturas contrastantes mayores por parte de uno u otro país. Finalmente y como consecuencia, el estudio de la experiencia ambiental ha de aportar lecciones útiles para tratar otros temas de la gobernación de la región fronteriza que son de alta sensibilidad, como por ejemplo la migración y la seguridad.

Aquí se argumenta que, en su pretensión de incursionar en lo público, las nuevas voces deben asumir las responsabilidades que ello implica; porque reclamar y adquirir derechos conlleva la adquisición de las obligaciones que los asuntos demandan. No se habla de derechos de unos y obligaciones de otros, sino de derechos y obligaciones de unos y otros, autoridades y ciudadanos; en ese contexto, la corresponsabilidad es motivo de análisis. Se presume que, en el tema ambiental, el fortalecimiento de la corresponsabilidad y, con ello, el aumento de la calidad de la gobernación, depende de un espectro de percepciones, necesidades, intereses, impactos tecnológicos, lo mismo que de grados de cohesión social; en consecuencia, cualquier expresión que refiera a la calidad de la gobernación queda supeditada a situaciones específicas. La gobernación ambiental es, de esta forma, un ejercicio de poder donde los actores consideran al medio ambiente para el logro de sus objetivos en función de sus circunstancias.

La posibilidad de una gobernación alternativa, con incidencia de actores no tradicionales, ha tenido resonancia en una serie de países, donde los gobiernos han replanteado su postura de suscribirse como decisores únicos en la cosa pública, y otean hacia esquemas abarcadores donde las “nuevas voces ambientales” tengan cabida. No obstante, está claro que los intentos para resolver asuntos con la inclusión de actores alternativos, aún deben recorrer un largo trecho.

La pluralidad y la aprehensión diferenciada de los problemas ambientales hacen que el hallazgo de formas de gobernación aceptables sea una tarea ardua, máxime cuando se recurre al conocimiento experto solamente. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Global Environmental Outlook, o “GEO-1”, por ejemplo, es contundente al afirmar que no es con recursos técnicos y conocimiento especializado únicamente con lo que se solucionan los problemas. Asimismo, en la opinión de Joan Prats, la ciencia y los expertos no tienen conocimiento suficiente, ni irrefutable, frente a los asuntos públicos: en el proceso de toma de decisiones deben considerarse intereses y valoraciones en conflicto, y saber instrumentar el consenso o, en su defecto, decidir evitando el desgarro social.

El mensaje parece claro: En aras de una mejor gobernación, se requieren instituciones políticas y administrativas sólidas y eficientes, acordes con las nuevas realidades de la participación pública incrementada y la complejidad de la cuestión ambiental, que rompan esquemas perversos que derivan en la generación de mala política. En esa tesitura, los límites de la tecnocracia brindan una oportunidad para la revaloración de la política. Puede apuntarse, también, sobre la necesidad de un compromiso y una vigilancia social que coadyuven al aumento de la corresponsabilidad.

En el escenario mundial, es factible suponer la existencia de una variedad de esquemas de gobernación: desde un enfoque histórico-evolutivo, puede hablarse de dos grandes grupos, el de países desarrollados y el de aquellos en vías de desarrollo. La asimetría estructural que les separa determina el rumbo de sus gobernaciones. Al reconocerse que las visiones del mundo de esos grupos son disímiles, se insiste que la relevancia otorgada a la cuestión ambiental es inherente a cada país; pero que, aun en este escenario, se defienden lineamientos generales, como el derecho a la información, la apertura gubernamental y la participación del gran público.

En ambos grupos de países surgen alertas sobre la falta de voluntad de la autoridad formal para incorporar actores no gubernamentales a la toma de decisiones, y sobre la necesidad de formas más abiertas de participación social. Un llamado lo da el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Agenda 21”, destacando el papel de la sociedad en los asuntos públicos y aportando guías para su realización mediante prácticas como acceso a la información oficial, participación pública, y rendición de cuentas de la autoridad. Se arguye que estos aspectos facilitan el tránsito hacia mejores gobernaciones, por lo que son promovidos por cuerpos internacionales e impulsados por diversas organizaciones no gubernamentales.

En la dinámica de la globalización, el espíritu democrático impregna el discurso de la gobernación ambiental. Al parecer, no hay discusión en que un dominio democrático es condición para la observancia de estadios de gobernación avanzados en la forma de la gobernanza, y en este punto podría pensarse que únicamente las democracias maduras pueden aproximarse a esa condición. Para algunos, esto es cierto: el mundo desarrollado posee sistemas de gobernación que países en desarrollo no tienen. Sin embargo, el vínculo democracia madura—gobernanza ambiental no es suficientemente llano: a pesar de sus centenarios sistemas políticos, Estados Unidos y países de la Europa Occidental aún carecen de regímenes democráticos perfectamente coherentes en instrumentos y metas, por lo que igualmente carecen de los medios que les permitan alcanzar los estratos de la gobernanza ambiental.

Las regulaciones y las organizaciones son características básicas de la vivencia política, pues siendo arreglos amplios guían comportamientos y sirven para los propósitos del bienestar, canalizando las directivas gubernamentales y las demandas sociales. Así, en un régimen político caracterizado por la vigencia de la ley y la presencia de organizaciones sólidas, los gobernantes y los gobernados se conducen dentro de márgenes permisibles, con lo que es factible que exista entendimiento a la vez que aceptación de las responsabilidades sobre lo público. Un diseño así facilita una mejor gobernación; en una situación opuesta, la estabilidad y gobernabilidad del sistema político peligran. Por tal motivo, al estudiar la gobernación se han de buscar caminos para obtener una reacción positiva de la autoridad formal, quien sin duda constituye el fiel de la balanza en la gobernación, al ser la que instrumenta las normativas y gestiona su cumplimiento. En adición, el tránsito de la gobernación convencional a la gobernanza requiere la participación de todos, o la mayoría, de actores interesados. La piedra angular para que la gobernanza ocurra es, por lo tanto, la actuación responsable del conjunto de actores, gobernantes y gobernados.

La expectativa de una gobernanza ambiental se juzga lejana en las vecindades internacionales; en esta obra, se muestra que varias experiencias transfronterizas señalan las dificultades para conciliar voluntades, intereses y metas entre países vecinos, donde es común conocer que regulaciones y arreglos burocráticos difieren. Ello en sí no es sorprendente; sin embargo, es algo que abona a incrementar la posibilidad de conflicto frente a problemas que no respetan límites geopolíticos. Con el propósito de resolver diferencias, países colindantes deben negociar y acordar medidas cuyos resultados supongan beneficios mutuos. No está en discusión la conveniencia de que las negociaciones sobre asuntos sensibles sucedan a un ritmo rápido; más aún en fronteras donde un país desarrollado colinda con otro en vías de desarrollo, pues ahí las presiones del lado desarrollado para que el vecino mejore su “desempeño ambiental” son mayores. Pero menos está en debate que de las negociaciones deben surgir propuestas viables para solucionar los problemas.

Se espera que en la relación entre países democráticos se defiendan aspectos como diálogo, acuerdo, coordinación, y distribución y seguimiento de compromisos. Sin embargo, en la vecindad México-Estados Unidos esta expectativa parece limitada, pues la estructura institucional formal persevera en conducirse mediante esquemas rígidos que, por un lado, obvian el contexto donde los problemas ocurren y, por otro, soslayan el papel de los gobernados; asimismo, en materia ambiental evaden responsabilidad sobre las condiciones imperantes. En efecto, principalmente a partir de los años setenta la situación ambiental de esa región develó una gestión deficiente, por lo que desde distintos frentes se incrementó la exigencia de solución a los problemas. La demanda implicaba la generación o reforma de recursos institucionales suficientes en términos presupuestales, técnicos y científicos. Implicaba, además, que las instituciones nuevas o mejoradas dieran cabida a voces alternas a las oficiales y mostraran proclividad para asimilar conocimientos que nacen de experiencias por parte de quienes “viven” los problemas. De manera paulatina, la participación pública habría de reconocerse, al menos en el discurso, como condición para una mejor gestión ambiental. La realidad revela, no obstante, que más bien ocurre un desequilibrio en las capacidades de influencia de los interesados de uno y otro lado, de cara al peso del poder formal. Por lo anterior, el arribo a la gobernanza como una práctica superior de la acción de gobernar es una tarea pendiente en la frontera.

En este libro, se defiende que la gobernanza ambiental exige una responsabilidad decidida y decisiva por parte de los actores; asimismo, requiere trastocar viejas inercias de la gestión pública y adecuar los esquemas de gobernación a la nueva realidad de lidiar con la complejidad de los intereses y sus representantes. Esta es una iniciativa que las instancias formales no pueden evadir más, sobre todo después de las directivas para reconfigurar el esquema de gobernación global que impulsan diversos organismos financiadores internacionales.

La frontera entre México y Estados Unidos es una demarcación de más de tres mil kilómetros, que va desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México (figura 1). Durante sus más de 150 años de existencia, ha observado un conjunto de intercambios, entre conflicto y cooperación, que le han ubicado en el centro del debate bilateral, y en donde el tema ambiental no queda ausente. A fines del siglo veinte, ambos gobiernos la reconocieron como una región binacional, en la distinción de una franja que corre a lo largo de la división y cubre 100 Km de los límites de cada país, y acordaron impulsar políticas cooperativas para proteger y elevar sus condiciones de vida.

La franja fronteriza es, no obstante, más que una definición y un acuerdo entre gobiernos: es el encuentro y choque de dos mundos con características económicas, sociales y políticas diferentes, a la vez que complementarias; es, asimismo, un arreglo geopolítico que impone el comando de dos regímenes político-administrativos distintos a un escenario natural individual, vulnerable física y biológicamente. Tal vulnerabilidad causa preocupación de cara a la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación, la ausencia de infraestructura urbana y las afecciones a la salud. Las actividades socioeconómicas han sido coadyuvantes para el deterioro, pues han ejercido fuerte presión, sobre todo a partir de los setenta cuando la franja fue objeto de políticas de desarrollo industrial y poblacional de visión limitada. En décadas recientes la región ha confrontado un daño ambiental y social incrementado.

Los problemas ambientales en la franja han conformando una parte cada vez más importante de la problemática regional. Durante los años ochenta, México y Estados Unidos respondieron a la demanda de encontrar mejores soluciones, pero la respuesta fue más firme en la siguiente década, cuando suscribieron nuevos acuerdos de cooperación y establecieron nuevas organizaciones. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) detonó esa ola de interés ambiental; aparentemente, ambos países reconocen lo que otros ya sabían: siendo en la frontera donde aparecen los problemas, es ahí donde deben resolverse. Pese a los intentos bilaterales, es percepción general que los problemas no han tenido solución y que se gesta una crisis ambiental y social en la frontera; la lista de peligros refleja el escaso éxito de las medidas adoptadas. Es factible argumentar que esto se debe a debilidades y limitaciones institucionales en el contexto de un esquema de gobernación convencional que por mucho tiempo ha soslayado la responsabilidad de los actores políticos. Por un lado, los hacedores de políticas imponen sus iniciativas sin considerar las consecuencias, y no asumen un papel directo como intérpretes de los intereses de la sociedad; así, durante el proceso de construcción y puesta en marcha de los llamados “esfuerzos cooperativos” los gobiernos han permanecido inmutables ante las preocupaciones locales. Por otro lado, ciudadanos y organizaciones sociales disgustan de asumir responsabilidad acerca de asuntos en los que no se les permite involucrarse, y frente a iniciativas que juzgan como atentatorias de su statu quo.

Cada vez en mayor grado las instancias gubernamentales de ambos lados reconocen que la única forma de evitar los magros resultados institucionales es a través de una diferente aproximación a los problemas, mediante un tipo de gobernación que exhiba estilos innovadores, donde se reivindique la importancia de considerar actores ajenos al círculo de poder tradicional, como coadyuvantes de la gobernabilidad. La distribución de responsabilidades de distinta forma va implícita, sin duda, y en ese orden de ideas, aquí se plantea que, en un propósito de responsabilidad compartida, varios aspectos son relevantes: el acceso a la información y su análisis por el público; la inclusión y la participación de los ciudadanos en la discusión de los asuntos; y la rendición de cuentas y el requerimiento ciudadano a las autoridades por su desempeño. Se consiente, finalmente, que la gobernación ambiental fronteriza debe encaminarse a la gobernanza y que, para ello, tales elementos deben impulsarse y exhibir un equilibrio entre sí. Este objetivo se ha perseguido en los años recientes, aunque no sin dificultades; sobre todo por parte de México, que ha instrumentando cambios a su régimen ambiental pretendiendo alcanzar el ritmo impuesto por sus vecinos del norte; al punto que las autoridades mexicanas han cedido, por ejemplo, en su reticencia a considerar la opinión del público en los procesos de toma de decisión.

A reserva de exponerlo con detalle más adelante, desde aquí se advierte que la frontera México-Estados Unidos se abona a los ejemplos de áreas de convergencia de países inmersos en contextos de alta asimetría; con diferentes regímenes ambientales; donde operan distintas prácticas burocráticas y se aplican, o no, diferentes leyes y reglamentos a problemas similares. Se advierte también que es un espacio donde la gobernación no observa un enfoque de corresponsabilidad, donde los mecanismos de diálogo y coordinación entre representantes gubernamentales y sociales son limitados, amén de ocurrir desequilibrios en la influencia de los distintos sectores.

Pese a lo comentado, en esta investigación se parte de la idea que en la franja fronteriza la corresponsabilidad en el quehacer ambiental tiende al incremento; que no obstante las circunstancias de la vecindad internacional, el arribo a estadios superiores de gobernación es factible; que si bien la gobernanza ambiental parece utópica, la expectativa de su ocurrencia es una aspiración legítima de amplios sectores sociales, y merece, por tanto, una reflexión intelectual con pretensiones de trascender a acciones de mejores políticas públicas.

Reconociendo que el principio de responsabilidad compartida entre gobiernos y entre éstos y los actores sociales encamina hacia estadios superiores de gobernación en la manera de la gobernanza, esta obra se planteó como objetivo general efectuar un estudio de la gobernación ambiental en la franja México-Estados Unidos en un período de aproximadamente seis décadas (1944-c. 2004) y descubrir la viabilidad de la gobernanza. Luego de un recorrido por el sustento teórico y conceptual de la gobernación en general y de la gobernación ambiental en particular, que se presenta en la primera parte, se trazaron tres objetivos específicos; el primero, consistió en determinar un diseño de gobernación, que coadyuve a tratar y resolver los retos que plantea la cuestión ambiental. El segundo objetivo fue reconocer el o los esquemas de gobernación de la franja México-Estados Unidos. El tercer objetivo fue determinar la calidad de la gobernación ambiental fronteriza con base en la propuesta de gobernanza.

En concordancia con los fines de la investigación, se argumentó, a manera de hipótesis, que la gobernanza ambiental se logra mediante un diseño que imponga reformas a los arreglos gobierno-sociedad tradicionales y coadyuve al fortalecimiento de la corresponsabilidad. En la franja México-Estados Unidos, no obstante, la gobernación se ve influenciada por iniciativas e intereses externos, que promueven esquemas convencionales de reglas y burocracias. En ese sentido, la calidad de la gobernación ambiental de esa región fronteriza es insatisfactoria; responde a una corresponsabilidad débil, que explica la incapacidad institucional para atender y solucionar problemas.

El estudio que se presenta se apoya en un enfoque mixto, incorporando herramientas teóricas de la administración y la política públicas, la sociología ambiental y la ecología política. Por su complejidad intrínseca, la cuestión ambiental demanda el concurso de una pluralidad de enfoques para su entendimiento; en ese sentido, la propuesta de la gobernanza, que invita a estudiar la relación estado (gobierno)-sociedad (actores políticos) en un escenario abarcador, facilita el encuentro de explicaciones y alternativas a los problemas ambientales.

El trabajo empírico descansa en fuentes documentales primarias y secundarias. Se obtuvo una serie de recursos materiales en bibliotecas e instituciones gubernamentales de México y Estados Unidos; particularmente, en las ciudades de México, DF, Tijuana, BC, Ciudad Juárez, Chih., San Diego, CA, El Paso, TX, y San Antonio, TX. La búsqueda de recursos electrónicos vía Internet permitió obtener datos relevantes de medios diversos, que fueron tanto publicaciones periódicas (periódicos, revistas académicas y de divulgación) como páginas de instancias gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo, se realizó una serie de entrevistas a diferentes actores principales, mismas que se apegaron a un diseño semi estructurado que procurara generar en el ánimo de los entrevistados un clima de mayor libertad y, con ello, flexibilidad y facilidad para la obtención de información.

En cuanto al procedimiento de análisis, una primera fase consistió en realizar una evaluación cualitativa de las fuentes documentales. Para ello, se recurrió al análisis de discurso, el cual se juzga como un método superior de investigación que posee aceptación general en la investigación social y política. El método es útil para analizar cómo el lenguaje es presentado en documentos escritos y entrevistas, y es particularmente óptimo para tratar con el discurso ambiental, el cual surge de la convergencia de diversos puntos de vista y es sensitivo a la influencia de valores, creencias, intereses personales y de grupo, y conocimiento especializado; es por tanto, una herramienta que da solidez a la evaluación de las variables propias de la corresponsabilidad ambiental.

En una etapa posterior, los resultados cualitativos se expresan cuantitativamente, como indicadores de la calidad de la gobernación ambiental, con base en el criterio de corresponsabilidad. Lo anterior se consideró un procedimiento adecuado porque, como se sabe, las teorías en ciencias sociales en general y políticas en particular, están formuladas en términos de conceptos o construcciones pero no pueden ser observadas o medidas directamente. La medición se alcanza indirectamente a través de indicadores observables, los que revelan cambios en los valores de una variable o característica de interés; similarmente, ayudan a cuantificar, simplificar, y dar seguimiento a eventos. Los indicadores resultan atractivos por su practicidad para comunicar hallazgos al público en general, para facilitar las decisiones políticas, y/o ayudar en la evaluación de políticas. Y a pesar de las críticas con respecto a su utilidad, quienes les favorecen resaltan las ventajas de los indicadores en cuanto a su capacidad de hacer comparables los “desempeños” gubernamentales. Este aspecto resulta importante para el desarrollo del análisis de la gobernación ambiental fronteriza.

En la frontera México-Estados Unidos, no puede hablarse de excepciones a la regla de una relación asimétrica: la misma opera tanto para los temas más sensibles como para todos los demás, entre los que se incluye el medio ambiente; si bien en este último se perciben algunos matices, seguramente por el atributo de política “blanda” que le caracteriza.

En esta investigación se presentan tres estudios de caso, representativos del estado de la gobernación ambiental en la frontera, que permiten dilucidar vetas para propuestas de una eventual mejora. Los casos, cuya ubicación geográfica se indica en el mapa de la figura 2, ejemplifican circunstancias que señalan a la contaminación de aire, suelo y agua como uno de los principales retos sanitarios y ambientales.

El primer caso se refiere a la gobernación de la cuenca aérea de Sunland Park-Ciudad Juárez-El Paso, conocida como Paso del Norte; que ha sido reconocida como ejemplo de cooperación transfronteriza, aunque también como área de conflicto de larga data debido a la contaminación del aire. Las características físicas, aunadas a factores socioeconómicos, promueven la acumulación de contaminantes y generan condiciones para una calidad ambiental baja y un conflicto social y político delicado. Los esfuerzos para combatir el problema han sido habituales, pero éste se ha mantenido durante décadas. Y a pesar de la no solución, y aun cuando la posibilidad de conflicto es permanente, Juárez y El Paso han instrumentado esfuerzos cooperativos para conseguir una mejor calidad de vida. En este sentido, las iniciativas de acercamiento y cooperación entre gobiernos y sociedad de ambos lados para enfrentar un problema común determinan un tipo de gobernación promisorio que no parece hallarse en otras ciudades vecinas de la frontera.

El segundo caso, “Sierra Blanca”, se inserta en otro de los temas que desafían la gobernación, esto es, la generación, transporte y disposición de materiales peligrosos. Trata con una iniciativa del gobierno de Texas para construir un depósito de residuos radiactivos en las cercanías de Sierra Blanca, TX, misma que surgió en los ochenta, luego que el congreso estadounidense aprobara la Low Level Radioactive Waste Policy Act y sus enmiendas, que obligaba a los estados a asegurar capacidad de disposición para sus residuos radiactivos. Texas concluyó que Sierra Blanca ofrecía las condiciones necesarias para construir el depósito; sin embargo, en el plan no fue incluida la aquiescencia de los pobladores de la localidad, de El Paso, ni de autoridades y residentes del lado mexicano; esto último porque el proyectado depósito se ubicaría a sólo 30 km de la división internacional, lo que le convirtió en un asunto bilateral. El tema del “cementerio nuclear” generó descontento social y fuerte rechazo al proyecto, hasta el punto que, finalmente, Texas desistió de su pretensión.

El tercer caso también trata el tema de los materiales peligrosos, adicionalmente, revela el desafío que la condición de asimetría significa para la gobernación fronteriza. Tiene que ver con el reciclado de plomo y manejo de sustancias tóxicas que llevó a cabo la empresa Alco Pacífico en Tijuana, BC, cuyas operaciones causaron temor e inconformidad pues carecieron de control ecológico adecuado; no obstante, la autoridad no instrumentó medidas efectivas para solucionar el problema. Al ser clausurada finalmente, Alco Pacífico abandonó toneladas de residuos en el sitio donde se ubicaba, y luego de maniobras sin precedente, en 1993 California y el gobierno mexicano lograron sentenciar al propietario a purgar una pena carcelaria, y obtuvieron fondos para limpiar el sitio afectado. Sorprendentemente, la autoridad mexicana anunció el envío de los residuos a un confinamiento en México, lo cual fue impropio, pues lo procedente era enviarlos de regreso al país de origen, en acatamiento de los acuerdos bilaterales firmados con Estados Unidos y de la reglamentación interna.

El documento se estructura como sigue. En la Primera Parte (capítulos II y III), se revisan planteamientos teóricos que dan sustento a la gobernanza ambiental. El ejercicio permite clarificar conceptos que en el análisis político son ordinarios pero sobre los que existen diferentes interpretaciones. Esta elaboración brinda las bases para proceder a examinar, en la Segunda Parte, las propuestas y experiencias de gobernación ambiental en el escenario mundial (cap IV), ofrecer un acercamiento a las principales características de la franja (cap. V) y revisar dos temas prioritarios de su problemática: la gestión de la calidad del aire atmosférico y de los materiales peligrosos; asimismo, analizar la manera en que la propuesta de gobernación ambiental se vincula con el marco institucional de la gestión fronteriza (cap. VI). Finalmente, en esta parte se destaca la influencia que tuvo el debate sobre el TLCAN en el proceso de creación y reforma de organizaciones ambientales bilaterales (cap. VII).

La Tercera Parte (capítulos VIII y IX) está dedicada a un análisis más específico de la gobernación ambiental en la franja, donde se recurre a una estrategia metodológica que se apoya en el análisis de discurso y la construcción de indicadores, y se confrontan los planteamientos centrales de la obra de cara a tres estudios de caso. Finalmente, en la Cuarta Parte de la obra se presentan las conclusiones y sugerencias de trabajo futuro (cap. X). Un glosario de términos, una bibliografía y un apéndice, complementan el trabajo.