5.4. INTERESES CONTRASTANTES

La gestión de la calidad del aire y de los materiales peligrosos significan desafíos preocupantes para la gobernación ambiental en la frontera. Como se ha mostrado, esto no es nuevo. En 1974, en el campus de la Universidad de Texas en El Paso, se llevó a cabo un simposio sobre la contaminación del aire a lo largo de la frontera. El encuentro significó el reconocimiento de una preocupación y una responsabilidad transnacional con respecto a la calidad del aire. Una conclusión importante de esa actividad fue que la experiencia científica por sí sola no podría resolver los problemas. Cuando se compara con otros temas, se vuelve claro que las causas, síntomas y consecuencias de la contaminación del aire han sido estudiados profundamente, al menos en terrenos científico—técnicos. Sin embargo, a pesar de la cantidad de trabajo en esa línea, tal parece que aspectos que son económicos y políticos rebasan cualquier posibilidad de solución.

El hecho de que las áreas urbanas fronterizas de México y Estados Unidos compartan cuencas atmosféricas obliga a ambos países a instrumentar acciones conjuntas. Debe recordarse, sin embargo, que si bien desde los noventa la atención hacia la frontera se incrementó, debido principalmente a la cuestionada viabilidad del TLCAN de cara a las condiciones prevalecientes en la región, los obstáculos pronto se presentaron, básicamente, a causa de la falta de confianza de las autoridades estadounidenses en sus contrapartes mexicanas con respecto a su desempeño en el control de fuentes contaminantes. Ello, a pesar de que México ha estado trabajando de manera cercana con Estados Unidos por varios años con el ánimo de mejorar la calidad del aire en toda la frontera. México ciertamente no puede equiparar su ritmo de trabajo y asignación de recursos que observa su vecino del norte por una obvia asimetría en infinidad de aspectos, pero lo que queda claro es que culparlo de todos los problemas no lleva a solución alguna.

Más de treinta años después del encuentro en la Universidad de Texas, parece que la calidad del aire en algunas áreas de la frontera no ha mejorado; inclusive, en un aparente reconocimiento de la incapacidad para alcanzar una solución que sea “amigable” en términos de salud y medio ambiente, el problema de calidad del aire se institucionaliza a través de la creación de burocracias que en sus respectivos ámbitos fronterizos se encargan de hacer estudios, supervisiones, mediciones, y así sucesivamente. Pero el problema no se resuelve.

Las operaciones de transporte y disposición de residuos peligrosos o radiactivos (sin importar si los segundos son de bajo nivel de radiactividad o no), levantan inquietud entre la comunidad; de manera que al margen que tales acciones representen facetas de injusticia o racismo ambiental, como algunos opinan, eso es sólo parte de la discusión; pues más importante resulta que ese tipo de asuntos crea reacciones sociales que demandan formas alternas de gestión que redunden en una mejor gobernación. Diversos académicos han descrito el movimiento transfronterizo y la deposición ilegal de residuos peligrosos como las amenazas mayores para el medio ambiente de la frontera; las iniciativas bilaterales tradicionales para tomar control de este problema han mostrado escaso éxito, por lo que los gobiernos de ambos países están obligados a revisarlas y a plantear la adopción de estilos de gobernación innovadores que, entre otras cosas, tomen en cuenta la opinión, los miedos, y deseos de la gente. Tal parece que, en la frontera, la práctica de la gestión en el lado del gobierno generalmente se conduce por intereses económicos y políticos más que por preocupaciones ambientales; se trata de una actitud de limitada apertura democrática, aparentemente normal en las autoridades, que sistemáticamente soslayan los intereses de la sociedad. En el lado de la sociedad, por otra parte, se trata con un proceso incierto en gran medida, pues la preocupación hacia el medio ambiente ocurre cuando se percibe que las propuestas para manejarlo afectan o podrían afectar la seguridad o estilo de vida de los individuos. El resultado es un estilo de gobernación deficiente.

En la instrumentación de medidas para disminuir los efectos de la contaminación del aire las autoridades gubernamentales cuentan con suficiente sustento técnico para argumentar una responsabilidad general en la conducción del problema, pero una responsabilidad principal por parte de los propietarios de vehículos particulares en la generación del mismo. Tal vez por ello, aquí, los ciudadanos regularmente aceptan las iniciativas... en tanto y en cuanto las mismas no le obstaculicen el disfrute de su modo de vida convencional. Por su lado, en el establecimiento de complejos industriales (parques o corredores), o en la propuesta de proyectos para construir confinamientos de residuos radiactivos, autoridades y empresas inician acciones sin tener en cuenta los intereses locales; se hace caso omiso del riesgo que representan esos desarrollos para la población. Con justificación, la gente reacciona, oponiéndose a cualquier avance (principalmente si la construcción de tal instalación se propone cerca de su vecindario).

Si los aspectos no-técnicos son principales en el problema ambiental, como algunos dejan ver, deben buscarse formas alternativas para tratarlo de manera más adecuada; poner en marcha estrategias que rebasen lo técnico, donde factores políticos, sociales y económicos que son bilaterales sean incluidos inexcusablemente. En esta coyuntura, es imprescindible que individuos y organizaciones sociales inmersos en la problemática, participen en ella y se comprometan en su solución de manera decidida; en ese sentido, se requiere de una maquinaria efectiva en el nivel gubernamental, donde la autoridad informe sobre los riesgos que la contaminación del aire implica para la salud y el medio ambiente, y aplique medidas normativas sin cortapisas y sin privilegiar acomodamientos políticos o económicos. Este sería un intento más serio de proponer mecanismos de una gobernación mejorada, la gobernanza ambiental.

Las problemáticas de calidad de aire y residuos peligrosos de la frontera mexicana-estadounidense muestran escasa relación con la propuesta predominante de gobernación ambiental. Participación pública es nota en ambos casos, sea porque se torna en recurso del que los ciudadanos hacen uso para manifestarse en contra de iniciativas gubernamentales (como en el caso de proyectos u operaciones con residuos peligrosos) o para incidir en decisiones sobre problemas donde ellos tienen un grado de responsabilidad (y pretenden incidir con afán de mantener una serie de prerrogativas). No es así, sin embargo, en el caso de variables como rendición de cuentas, inclusión, acceso a la información, certidumbre jurídica, transparencia, o acceso a la justicia. Por lo visto hasta ahora, este conjunto de variables son propuestas con un afán normativo más bien que operativo. Esa es la situación en la frontera México-Estados Unidos y, como se ha constatado, lo mismo ocurre en otras latitudes. Bajo la tónica de la propuesta predominante, entonces, el desequilibrio en la relación gobernante-gobernado es la consecuencia lógica. Esa observación fortalece la opinión de considerar una aproximación de gobernación ambiental alterna, en el ánimo de la gobernanza ambiental, que incorpore un conjunto de variables que den sustento al criterio de corresponsabilidad. En ese sentido, los temas de deterioro de la calidad del aire y manejo de materiales peligrosos enmarcan a tres estudios de caso, que se examinan más adelante.