Gobernación ambiental

En el Capítulo III se cumplió el primer objetivo de la obra. Se expuso que la gobernación ambiental, como la gobernación en general, pretende transitar de un ejercicio autoritario del poder a uno sustentado en la corresponsabilidad; de la mera gestión pública tradicional a una concepción más abarcadora, no sólo de una pluralidad mayor de asuntos, sino también de actores. La gobernación ambiental ha de atender esa pluralidad, por lo que su arribo a un estadio superior, la gobernanza ambiental, parece constituir su meta natural.

La reforma institucional de la gobernación ambiental culmina en la gobernanza, y se plantea mediante la perspectiva de equilibrio, la cual busca precisamente el equilibrio entre propuestas que privilegian intereses individuales y aquellas que privilegian intereses colectivos. El cambio institucional implica un posicionamiento de los actores alternativo al de acción-sumisión (en donde el gobierno planea, decide y actúa; mientras que el gobernado concede y recibe pasivamente), que deriva en el incremento de la corresponsabilidad frente a los asuntos públicos. Es factible, por consecuencia, identificar estados de gobernación entre estados de corresponsabilidad, siendo la gobernanza la etapa más avanzada. La perspectiva de equilibrio brinda mayor utilidad para la construcción de gobernanza, o más propiamente, es su fundamento. Aquí se discutieron cuatro estadios de gobernación ambiental: inaceptable, baja, moderada, y superior o gobernanza. Abundando, la perspectiva de equilibrio demanda el cumplimiento de seis características principales para alcanzar etapas de madurez en la gobernación: acceso a la información oficial al público en general, análisis de la información por el público, inclusión de la gente por parte del gobierno, participación social, rendición de cuentas de la autoridad, y requerimiento al gobierno por parte de los ciudadanos de informar sobre lo público.

El contexto de la gobernación ambiental fronteriza

En la Segunda Parte, los capítulos IV a VII trataron con el segundo objetivo de la obra. Con la finalidad de contextualizar la gobernación ambiental de la franja México-Estados Unidos, se revisaron planteamientos globales y prioridades supranacionales de gobernación. Ahí, se descubren seis rasgos generales que se imponen a los ámbitos regionales y nacionales: 1) La perspectiva de la gobernación se delineó desde el inicio de la segunda post-guerra, cuando ocurrieron ajustes con la intención declarada de arribar a un mundo menos problemático; sin embargo, únicamente se atiende a un sector de voces, por lo que el siglo XXI amanece con un cúmulo de retos de ingobernabilidad; 2) Siete características determinan la propuesta predominante de gobernación: participación pública, rendición de cuentas, inclusión, acceso a la información, certidumbre jurídica, transparencia, y acceso a la justicia; 3) La gestión pública convencional es ineficiente para atender los retos ambientales. Considera de forma precaria el concurso de nuevos actores, la certidumbre jurídica, y el diseño de políticas alternativas de corte integral en materias económica, social y ambiental; 4) La gobernación ambiental no puede separarse de otros procesos de gobernación; en “el mundo real”, solamente puede apreciarse a la luz de fenómenos que trascienden lo ambiental pero que a la vez determinan su circunstancia; 5) Los objetivos de la gobernación son tan disímiles como la cooperación, las relaciones de poder, el fortalecimiento de instituciones y democracia, y la promoción de procesos avanzados. Pero en la atención de problemas en ámbitos específicos, los objetivos raramente se adaptan al contexto de su aplicación; 6) La gobernación ambiental se encuentra con un desafío doble: consolidarse como campo normativo útil para el desarrollo del trabajo institucional, a la vez que servir de marco explicativo y programático de cara a los diferentes problemas.

La franja mexicana-estadounidense es crisol de una relación binacional de alta sensibilidad. En materia de gestión ambiental, el panorama ha sido gris y la situación no parece mejorar; en parte por causa de una división geopolítica que separa dos regímenes jurídicos y político-administrativos que obstaculizan la conformación de uno adecuado a las características propias de la Franja. Dos problemas han causado preocupación en la región: la contaminación del aire atmosférico y el deficiente manejo de residuos peligrosos; ambos son amenazas para la salud y el ambiente, y retos para la gestión ambiental; su relevancia debe reflexionarse a la luz del distinto peso de los intereses económicos, políticos y sociales que caracterizan a ese espacio fronterizo.

El estilo de gobernación que México y Estados Unidos estaban dispuestos a permitir para la Franja quedó delineado mediados del siglo XX con la creación de la CILA: un arreglo comandado por expertos ad hoc, conservador en su actuación. En efecto, acuerdos y estructuras organizativas ulteriores no han cambiado la esencia de esa política. Si acaso el ALP prefiguró el esquema completo de la negociación ambiental, pues ofreció un primer instrumental de arreglos formales y materiales que colocó a los problemas ambientales en un escenario más abarcador, dibujando una gobernación más coherente. Del PIAF se rescata que reveló tres elementos que podrían conducir hacia un estilo de gobernanza: 1) Conveniencia de una estrategia abarcadora (lo que remarca la importancia de percibir los problemas ambientales en su complejidad); 2) Importancia de la cooperación y el respeto a la ley; y 3) Necesidad de involucrar a la gente en la cosa pública.

Frontera 21 y Frontera 2012 dan cuentas poco satisfactorias para la gobernación. El primero se mantuvo con una fuerte deuda hacia el público y tal vez su logro más notable es haber ofrecido a los gobiernos y ciudadanos de ambos países un testimonio adicional que las gobernaciones tradicionales son ya inviables. Frontera 2012 merece comentarios igualmente desfavorables debido a sus objetivos tan limitados: por el hecho de diluir el discurso del tratamiento de los problemas ambientales, esto es, de “abatimiento” a “reducción”, no únicamente reconoce la imposibilidad de los esfuerzos para resolver los problemas que aquejan a la región, sino también acepta tácitamente la “pertinencia” de institucionalizarlos.

Con respecto al papel del TLCAN en el tema ambiental, puede concluirse que el debate en sí sobre su aprobación fue relevante en la medida de las repercusiones que tuvo en México. Ante la presión ejercida, México entendió que debía acercar los estándares de sus leyes y regulaciones a los regímenes legales y de cumplimiento de Estados Unidos y Canadá en el menor plazo posible. A ello se abocó. En tal sentido, tanto el ACAAN como la reorganización institucional fronteriza (creación de nuevas burocracias, cooperación, estándares elevados, aplicación de la ley, perspectiva transnacional en el trabajo institucional, etcétera), fueron motivos para pensar en la gobernanza. Sin embargo, el enfoque gobierno-a-gobierno que adoptó el ACAAN tuvo el efecto latente de soslayar los intereses locales.

La perspectiva de inclusión del público que asumió la CCA, no obstante, da la impresión que la gobernación en la región puede ir en la dirección correcta: un estilo de gobernación que incluye al gobernado en asuntos públicos, parece equilibrado y positivo. La CoCEF y el BanDAN por otro lado, aparecen como menos útiles para el logro de la gobernanza fronteriza. Ambas instancias fueron concebidas para actuar en pro del medio ambiente en la frontera pero únicamente desde una perspectiva técnica y administrativa; tienen, por tanto, el reto de ampliar su enfoque, de trabajar más cerca del público y, al hacerlo, cooperar en la gobernación de la región.