Ricardo V. Santes-�lvarez
Esta p�gina muestra parte del texto pero sin formato.
Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (259 p�ginas, 4.04 Mb) pulsando aqu�
En el Cap�tulo III se cumpli� el primer objetivo de la obra. Se expuso que la gobernaci�n ambiental, como la gobernaci�n en general, pretende transitar de un ejercicio autoritario del poder a uno sustentado en la corresponsabilidad; de la mera gesti�n p�blica tradicional a una concepci�n m�s abarcadora, no s�lo de una pluralidad mayor de asuntos, sino tambi�n de actores. La gobernaci�n ambiental ha de atender esa pluralidad, por lo que su arribo a un estadio superior, la gobernanza ambiental, parece constituir su meta natural.
La reforma institucional de la gobernaci�n ambiental culmina en la gobernanza, y se plantea mediante la perspectiva de equilibrio, la cual busca precisamente el equilibrio entre propuestas que privilegian intereses individuales y aquellas que privilegian intereses colectivos. El cambio institucional implica un posicionamiento de los actores alternativo al de acci�n-sumisi�n (en donde el gobierno planea, decide y act�a; mientras que el gobernado concede y recibe pasivamente), que deriva en el incremento de la corresponsabilidad frente a los asuntos p�blicos. Es factible, por consecuencia, identificar estados de gobernaci�n entre estados de corresponsabilidad, siendo la gobernanza la etapa m�s avanzada. La perspectiva de equilibrio brinda mayor utilidad para la construcci�n de gobernanza, o m�s propiamente, es su fundamento. Aqu� se discutieron cuatro estadios de gobernaci�n ambiental: inaceptable, baja, moderada, y superior o gobernanza. Abundando, la perspectiva de equilibrio demanda el cumplimiento de seis caracter�sticas principales para alcanzar etapas de madurez en la gobernaci�n: acceso a la informaci�n oficial al p�blico en general, an�lisis de la informaci�n por el p�blico, inclusi�n de la gente por parte del gobierno, participaci�n social, rendici�n de cuentas de la autoridad, y requerimiento al gobierno por parte de los ciudadanos de informar sobre lo p�blico.
El contexto de la gobernaci�n ambiental fronteriza
En la Segunda Parte, los cap�tulos IV a VII trataron con el segundo objetivo de la obra. Con la finalidad de contextualizar la gobernaci�n ambiental de la franja M�xico-Estados Unidos, se revisaron planteamientos globales y prioridades supranacionales de gobernaci�n. Ah�, se descubren seis rasgos generales que se imponen a los �mbitos regionales y nacionales: 1) La perspectiva de la gobernaci�n se deline� desde el inicio de la segunda post-guerra, cuando ocurrieron ajustes con la intenci�n declarada de arribar a un mundo menos problem�tico; sin embargo, �nicamente se atiende a un sector de voces, por lo que el siglo XXI amanece con un c�mulo de retos de ingobernabilidad; 2) Siete caracter�sticas determinan la propuesta predominante de gobernaci�n: participaci�n p�blica, rendici�n de cuentas, inclusi�n, acceso a la informaci�n, certidumbre jur�dica, transparencia, y acceso a la justicia; 3) La gesti�n p�blica convencional es ineficiente para atender los retos ambientales. Considera de forma precaria el concurso de nuevos actores, la certidumbre jur�dica, y el dise�o de pol�ticas alternativas de corte integral en materias econ�mica, social y ambiental; 4) La gobernaci�n ambiental no puede separarse de otros procesos de gobernaci�n; en �el mundo real�, solamente puede apreciarse a la luz de fen�menos que trascienden lo ambiental pero que a la vez determinan su circunstancia; 5) Los objetivos de la gobernaci�n son tan dis�miles como la cooperaci�n, las relaciones de poder, el fortalecimiento de instituciones y democracia, y la promoci�n de procesos avanzados. Pero en la atenci�n de problemas en �mbitos espec�ficos, los objetivos raramente se adaptan al contexto de su aplicaci�n; 6) La gobernaci�n ambiental se encuentra con un desaf�o doble: consolidarse como campo normativo �til para el desarrollo del trabajo institucional, a la vez que servir de marco explicativo y program�tico de cara a los diferentes problemas.
La franja mexicana-estadounidense es crisol de una relaci�n binacional de alta sensibilidad. En materia de gesti�n ambiental, el panorama ha sido gris y la situaci�n no parece mejorar; en parte por causa de una divisi�n geopol�tica que separa dos reg�menes jur�dicos y pol�tico-administrativos que obstaculizan la conformaci�n de uno adecuado a las caracter�sticas propias de la Franja. Dos problemas han causado preocupaci�n en la regi�n: la contaminaci�n del aire atmosf�rico y el deficiente manejo de residuos peligrosos; ambos son amenazas para la salud y el ambiente, y retos para la gesti�n ambiental; su relevancia debe reflexionarse a la luz del distinto peso de los intereses econ�micos, pol�ticos y sociales que caracterizan a ese espacio fronterizo.
El estilo de gobernaci�n que M�xico y Estados Unidos estaban dispuestos a permitir para la Franja qued� delineado mediados del siglo XX con la creaci�n de la CILA: un arreglo comandado por expertos ad hoc, conservador en su actuaci�n. En efecto, acuerdos y estructuras organizativas ulteriores no han cambiado la esencia de esa pol�tica. Si acaso el ALP prefigur� el esquema completo de la negociaci�n ambiental, pues ofreci� un primer instrumental de arreglos formales y materiales que coloc� a los problemas ambientales en un escenario m�s abarcador, dibujando una gobernaci�n m�s coherente. Del PIAF se rescata que revel� tres elementos que podr�an conducir hacia un estilo de gobernanza: 1) Conveniencia de una estrategia abarcadora (lo que remarca la importancia de percibir los problemas ambientales en su complejidad); 2) Importancia de la cooperaci�n y el respeto a la ley; y 3) Necesidad de involucrar a la gente en la cosa p�blica.
Frontera 21 y Frontera 2012 dan cuentas poco satisfactorias para la gobernaci�n. El primero se mantuvo con una fuerte deuda hacia el p�blico y tal vez su logro m�s notable es haber ofrecido a los gobiernos y ciudadanos de ambos pa�ses un testimonio adicional que las gobernaciones tradicionales son ya inviables. Frontera 2012 merece comentarios igualmente desfavorables debido a sus objetivos tan limitados: por el hecho de diluir el discurso del tratamiento de los problemas ambientales, esto es, de �abatimiento� a �reducci�n�, no �nicamente reconoce la imposibilidad de los esfuerzos para resolver los problemas que aquejan a la regi�n, sino tambi�n acepta t�citamente la �pertinencia� de institucionalizarlos.
Con respecto al papel del TLCAN en el tema ambiental, puede concluirse que el debate en s� sobre su aprobaci�n fue relevante en la medida de las repercusiones que tuvo en M�xico. Ante la presi�n ejercida, M�xico entendi� que deb�a acercar los est�ndares de sus leyes y regulaciones a los reg�menes legales y de cumplimiento de Estados Unidos y Canad� en el menor plazo posible. A ello se aboc�. En tal sentido, tanto el ACAAN como la reorganizaci�n institucional fronteriza (creaci�n de nuevas burocracias, cooperaci�n, est�ndares elevados, aplicaci�n de la ley, perspectiva transnacional en el trabajo institucional, etc�tera), fueron motivos para pensar en la gobernanza. Sin embargo, el enfoque gobierno-a-gobierno que adopt� el ACAAN tuvo el efecto latente de soslayar los intereses locales.
La perspectiva de inclusi�n del p�blico que asumi� la CCA, no obstante, da la impresi�n que la gobernaci�n en la regi�n puede ir en la direcci�n correcta: un estilo de gobernaci�n que incluye al gobernado en asuntos p�blicos, parece equilibrado y positivo. La CoCEF y el BanDAN por otro lado, aparecen como menos �tiles para el logro de la gobernanza fronteriza. Ambas instancias fueron concebidas para actuar en pro del medio ambiente en la frontera pero �nicamente desde una perspectiva t�cnica y administrativa; tienen, por tanto, el reto de ampliar su enfoque, de trabajar m�s cerca del p�blico y, al hacerlo, cooperar en la gobernaci�n de la regi�n.