3.2. ESTADOS DE TRANSICIÓN

Se insiste en que la gobernación ambiental es dependiente de contextos, pero sobre todo, del grado de corresponsabilidad entre los actores. Si como se ha anotado, el equilibrio es una ruta viable a mejores estadios de gobernación, procede identificar “situaciones” de gobernación entre una serie de sistemas políticos. Para propósitos analíticos, aquí se proponen y describen tres estados “reales”, que tipifican diferentes escenarios empíricos, y uno “ideal”, que se presume como característico de la gobernanza ambiental. Surgen de un intento de adaptación de las interpretaciones principales de gobernación que se han descrito en el Capítulo II.

El primer estado, que se muestra en la figura 3, es etiquetado aquí como Gobernación ambiental inaceptable. Se trata de una condición en la cual el gobierno mantiene un control social férreo, impidiendo u obstaculizando al público el acceso a la información y soslayando su opinión, lo mismo que siendo reacio a cualquier intentona de rendir cuenta de sus actos. Estas actitudes de mente cerrada y visión corta inhiben la participación del público en la toma de decisiones y, de manera por demás justificada, la confianza en sus gobernantes. La gobernación inaceptable implica que los representantes gubernamentales se enfocan hacia los asuntos ambientales (cuando lo hacen) únicamente con el ánimo de mantener el statu quo pero sin observar un compromiso auténtico con el cuidado del medio ambiente ni con el bienestar social. Al final, la decisión de informar a la sociedad acerca de un asunto ambiental, o no hacerlo, reside en el arbitrio de la propia autoridad gubernamental. En adición, bajo la condición de gobernación inaceptable, el gobierno aparece como no responsable de sus propias decisiones, sin obligación de rendir cuentas al público, mucho menos de proporcionarle alguna satisfacción.

La sociedad, por su lado, tiene mucho que decir respecto a la gobernación inaceptable, puesto que también observa poco o ningún deber con el medio ambiente, y poca o ninguna autovaloración como integrante del Estado. El escaso nivel de responsabilidad tiene sus orígenes en la mayor prioridad que los individuos otorgan a otras necesidades de su cotidianeidad aún insatisfechas (como pueden ser seguridad pública, salud, educación, o empleo), que la que otorgan al medio ambiente.

A lo anterior contribuye el que la sociedad se encuentra pobremente organizada, razón por la cual tiene poca o ninguna influencia sobre las acciones de la burocracia gubernamental y, por tanto, no puede tener el peso suficiente para demandar la rendición de cuentas de los servidores públicos. El círculo se torna vicioso y de difícil solución: la gente participa en la toma de decisiones en un grado muy limitado, si no es que nulo, y argumenta no tener responsabilidad en los asuntos públicos toda vez que la autoridad no le toma en cuenta en el proceso de decidir sobre ellos; tampoco hace mayor demanda por tener acceso a la información oficial pues prejuzga que la autoridad se la negará.

El segundo esquema de gobernación, que se presenta en la figura 4, se denomina Gobernación ambiental baja, y da muestra de una persistente falta de interés por parte de las autoridades y la sociedad en general por involucrarse en los asuntos ambientales. Aquí, el gobierno continúa ofreciendo al público un magro acceso a la información oficial y mostrando una preocupación escasa frente al tema ambiental. Las autoridades tratan de mantener el privilegio de ser no contables ante el público, excusándose de sus inacciones al descargar responsabilidades en tecno-burocracias, o asesores expertos, quienes legitiman las decisiones de la autoridad y le permiten mantener el control social. Los tecno-burócratas constituyen de esta manera un terreno minado para un eventual diálogo con el público, pues ante cualquier inquietud social siempre tienen listas respuestas cargadas de tecnicismos e información clasificada, con las que avasallan las percepciones, deseos o miedos de los ciudadanos.

Por otro lado, sirve anotar que la sociedad empieza a desplegar un interés mayor sobre los asuntos, si bien aún exhibiendo reticencia para participar en iniciativas sobre los proyectos, percibiendo que los hacedores de políticas incorporan su opinión de manera insustancial.

En la gobernación baja sucede que algunos sectores influyentes de la sociedad se tornan más responsables y preocupados. Por ser más fuertes en términos políticos, tienen mayores posibilidades de ser atendidos en sus demandas. Ello contribuye a que el gobierno se vea a sí mismo obligado a cambiar, apareciendo como si concediera apertura al diálogo y fuera más contable. Sin embargo, la estrategia es aún débil, porque la autoridad únicamente ofrece cambios de “maquillaje”, como por ejemplo manifestando apertura a la opinión de los ciudadanos pero únicamente una vez que las decisiones importantes ya han sido tomadas. El resultado en la mayoría de los casos es un desacuerdo entre gobierno y sociedad, y por lo tanto, un fracaso. En resumen, con el esquema de gobernación ambiental baja asistimos a una situación en la cual el conflicto vence al acuerdo en los tratos entre la sociedad y gobierno.

El tercer estado, que se muestra en la figura 5, se denomina Gobernación ambiental moderada. Aquí, los cambios en la hechura de políticas son más evidentes. La condición de gobernación moderada significa que el gobierno exhibe una mayor responsabilidad y preocupación de cara a los problemas y toma en cuenta la opinión social de una manera más decisiva, si bien manteniendo reservas, básicamente en asuntos que implican intereses menos circunscritos a los problemas específicos que causan inquietud en la gente.

En la gobernación ambiental moderada, el gobierno y otros actores interesados se involucran en la discusión de los problemas antes que las decisiones sean tomadas efectivamente. En ello, se aprecia que los individuos están más organizados y que sectores más amplios se comportan de manera profesional; las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, incorporan en sus órganos de decisión a expertos que los asesoran acerca de diferentes temas ambientales y la manera de plantearlos formalmente ante la autoridad gubernamental. Notablemente, lo que aún está ausente es la capacidad de los grupos organizados para involucrarse en la negociación política con las autoridades, dejando en claro que el hecho de contar con expertos en el conocimiento del medio ambiente físico-biológico no es moneda de negociación suficiente, ni mucho menos compensa la ausencia de conocedores del quehacer político. Es evidente que en la gobernación ambiental moderada, la experiencia política y la capacidad de influir en las negociaciones con la autoridad son aún tareas pendientes en la mayoría de los sectores no gubernamentales, cuyas iniciativas son aún opacadas por los criterios presentados por voceros gubernamentales, de la mano con las tecno-burocracias.

El estado avanzado de la gobernación ambiental, que se representa en la figura 6, es la Gobernanza ambiental, la cual resulta naturalmente de la perspectiva de equilibrio, y queda definida como una fase desarrollada del ejercicio del poder en materia ambiental, donde el acto de gobernar o ejercer autoridad ocurre a conformidad de los intereses sociales, a través de rutas institucionalizadas, en circunstancias donde existe apertura política, repartición de responsabilidades entre actores políticos, y una relación gobierno-sociedad equilibrada, proclive a un estilo horizontal de toma de decisiones.

La apertura política implica diálogo, actitudes inclusivas, y actuación correcta y efectivamente voluntaria de los gobernantes. Permite a gobierno y sociedad, generar los mecanismos necesarios para una mejor gobernación. La corresponsabilidad permite delimitar los distintos campos de acción, así como los grados de influencia de cara a los asuntos por parte de los actores. Estos últimos se hallan comprometidos al logro de resultados positivos de amplia distribución y reconocen que el gobierno no es poseedor exclusivo de la última palabra en los asuntos públicos, como tampoco el gobernado es receptor sumiso de las decisiones “de arriba”. Siendo compartida la responsabilidad acerca de los asuntos públicos, una forma de gobernación ambiental que exhibe relaciones más horizontales se torna relevante. En pocas palabras, no hay excusa para que el gobierno y el público evadan su fuerte compromiso con la gobernación.

La relación equilibrada entre los actores les permite ejercer influencia en la cosa pública pero dentro de los límites de un terreno de derechos y obligaciones, mismo que reconocen como el escenario que han construido y que, por lo tanto, tienen el deber de sustentar; en ello, se determina un estricto apego a la ley. La relación equilibrada es consecuencia de las iniciativas de diálogo, acuerdo y coordinación en la toma de decisiones por parte de los interesados. Es un estado de cosas donde la voluntad política para resolver problemas a satisfacción de las mayorías es una práctica común. Estas características generan las condiciones para la permanencia o sostenibilidad de la gobernanza en el largo plazo.