3.3. EQUILIBRIO DE RESPONSABILIDADES

La perspectiva de equilibrio de la gobernanza ambiental demanda tanto al gobierno como a la sociedad un conjunto de condiciones o características de responsabilidad para la consecución de sus objetivos. En una primera elaboración, existe la demanda por cubrir tres requisitos con la finalidad de aproximarse a la gobernanza ambiental: acceso a la información al público general, participación social en la cosa pública, y rendición de cuentas de la autoridad. Los tres son aspectos principales del debate que ocurre en el mundo sobre la gobernación ambiental, lo que enfatiza la necesidad de llevar a cabo cambios fundamentales a la forma en la cual se toman las decisiones para combatir los problemas.

Cada uno de esos requisitos se convierte en una medida de la gobernación. Ahora, estando de acuerdo con Nathan Badenoch de que tales aspectos no representan el rango completo de principios existentes alrededor del tema en el debate internacional, es plausible que los mismos son importantes para la práctica de la gobernación superior y pueden ser catalizadores para la puesta en marcha de otros. Una elaboración más avanzada debe incluir forzosamente otros tres requisitos que hacen par con los ya mencionados; éstos son, el análisis de la información por el público, la inclusión de la gente por parte del gobierno, y el requerimiento al gobierno de informe sobre los asuntos públicos, respectivamente.

En apego a esos seis requisitos, la autoridad muestra mayor voluntad para crear y distribuir noticia de sus acciones o iniciativas, es decir, informar a la gente, lo mismo que incorporar su opinión en los procesos de toma de decisiones; más aún, se hace a la tarea de motivar a la ciudadanía a involucrarse en dicho proceso, sabiendo que esta estrategia les ofrece mayores posibilidades para legitimar sus iniciativas. Asimismo, gobierno y burocracia están listos para ser contables al público. La gente, por su parte, analiza con seriedad la información relevante acerca de los problemas y expone sus preocupaciones ante la autoridad en términos profesionales; también, tiene interés por participar en todo el debate político, y se muestra lista para requerir a la autoridad en cualquier momento por razón de cualesquiera fallas percibidas durante la gestión. Sobre esto, se amplía ahora.

3.3.1. Acceso a la información y su análisis

En un sistema de gobernanza ambiental, la sociedad debe tener, primero, la oportunidad de contar con información acerca de un asunto ambiental específico, o lo que es lo mismo, la autoridad gubernamental debe compartir información de sus iniciativas sobre asuntos ambientales entre un universo más amplio de actores políticos. Por otro lado, dicha información debe ser tanta, y de similar calidad, como la que tienen a su disposición otros interesados, o al menos con la información que los grupos sociales juzguen como necesaria. En esto conviene anotar que, en tratándose de acceso a la información, diferentes sociedades responden de manera varia a la pregunta de qué tanta información es suficiente; Sheila Jasanoff ejemplifica bien este aspecto al comparar el tema del acceso a la información entre Alemania y Estados Unidos. Para Susan Hazen, el “derecho a saber”, el así llamado right to know en Estados Unidos, por ejemplo, es una herramienta efectiva para fortalecer políticamente (to empower) a las comunidades y grupos de ciudadanos de tal manera que los mismos puedan debatir, en condiciones similares, las decisiones del gobierno y la industria sobre la calidad del medio ambiente.

Individuos y organizaciones sociales tienen, por otro lado, la responsabilidad de analizar la información disponible, oficial y no oficial, en términos ajenos a un ambientalismo que se contraponga al desarrollo. El argumento es que, informados con los hechos básicos acerca de la calidad de su medio ambiente, los ciudadanos pueden volverse más participantes pero sobre todo más capaces para identificar, analizar, explicar y proponer alternativas de solución a los problemas. Aún más, contando con la información pertinente los actores no gubernamentales pueden llegar a conceder que una iniciativa gubernamental que en principio percibieron como contraria a su bienestar constituye en realidad una oportunidad de mejoría para su comunidad.

3.3.2. Inclusión y Participación

Un tercer aspecto es la inclusión, misma que se reconoce como la responsabilidad de la autoridad ambiental de incorporar actores no gubernamentales en la cosa pública. En ello, el gobierno revela voluntad de permitir que los ciudadanos participen activamente en el proceso de toma de decisiones e instrumentación de acciones; es consciente que el hecho de incorporar a más interesados implica en su beneficio una legitimidad incrementada respecto a sus iniciativas... o al menos que la responsabilidad de los resultados se distribuya ampliamente. En efecto, un gobierno incluyente promueve la corresponsabilidad, fortalece su legitimidad, incrementa la confianza de la gente en sus autoridades, y da curso a sus iniciativas en un clima de acuerdo amplio.

Un cuarto aspecto es la participación pública. Individuos y grupos organizados exhiben interés por incidir en los asuntos ambientales; reconocen que su aportación puede garantizar mejores resultados de las decisiones y que su participación en lo ambiental resulta tan importante como la que se da en otros aspectos de su cotidianeidad, como educación, salud, finanzas, y gobierno. Sobre esto, la sociedad debe exhibir un interés decisivo por participar en los problemas actuales, o en todas las fases de los proyectos propuestos; debe reconocer que, mediante la injerencia responsable de sus cuerpos de profesiones y organizaciones en los asuntos públicos, puede garantizar mejores resultados de las decisiones del gobierno. En suma, un mayor número de opiniones orienta a los actores al descubrimiento de preferencias compartidas por la generalidad. Seguramente, la participación en sí misma no garantiza el fortalecimiento de la gobernanza; es necesaria la voluntad del gobierno para incluir a la gente.

3.3.3. Rendición de cuentas y requerimiento

Quinto aspecto es que, en vista de la complejidad de la sociedad democrática moderna, es pertinente la demanda porque los sistemas de gobernanza busquen los medios para hacer que la autoridad rinda cuentas de sus acciones e inacciones y quede sujeta al juicio social. La rendición de cuentas es una práctica que se da por parte de aquellos a quienes se les ha confiado el derecho de ejercer el poder público y es una característica inherente a la gobernación democrática. En forma más específica, puede decirse que es una práctica que ocurre, o debe ocurrir, tanto por parte de aquellos a quienes la sociedad a través del voto ha confiado el derecho de ejercer el poder, como por parte de aquellos a quienes el gobernante en turno ha delegado la responsabilidad de administrar lo público.

Para que se dé la rendición de cuentas, es inevitable que existan mecanismos normativos, éticos y operativos; pero igualmente importante es contar con un público informado, intelectualmente maduro, que ejerza, y esto es un sexto aspecto de la gobernanza, su responsabilidad de requerir a la autoridad cuentas de sus actos. Al igual que un gobierno inclusivo y con voluntad política de ofrecer información de sus actos, un gobierno contable al escrutinio de un público demandante es capaz de asegurar la cooperación de éste y, sobre todo, la legitimidad necesaria para seguir conduciendo el destino de una sociedad y así poner en práctica decisiones difíciles; evidentemente, en el proceso de requerir y rendir cuentas queda implícito un mecanismo de responsabilidad compartida en cualquier decisión de política.