8.4.2. Depósito de residuos radiactivos en Sierra Blanca

En los ochenta, una vez que la Low Level Radioactive Waste Policy Act y sus enmiendas fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, los estados se vieron obligados a asegurar capacidad de disposición para sus residuos radiactivos, o a unirse con otros pares y crear “compactos” regionales; Texas ofreció a Vermont y Maine unirse en un compacto, el “Texas compact”, el cual sería sometido al Congreso para su aprobación.

Luego de intentos fallidos para encontrar un sitio, hacia 1991 la Texas Low-level Radioactive Waste Disposal Authority (TLLRWDA) concluyó que el poblado de Sierra Blanca (SB), en el oeste de Texas ofrecía las condiciones para construir un depósito de residuos radiactivos. Texas había manifestado un fuerte apoyo a la construcción del cementerio nuclear en un sitio de 64.7 km cuadrados conocido como Faskin Ranch, ocho km al oeste de SB (figura 16); para tal fin, la legislatura estatal había aprobado a la TLLRWDA su solicitud de licencia.

El desarrollo de los acontecimientos causó descontento y encontró un fuerte rechazo en la gente del condado de Hudspeth, TX, donde se localiza el poblado de Sierra Blanca, así como del condado de El Paso, lo mismo que de comunidades mexicanas de la frontera.

Inclusive, hubo rechazo de autoridades de diferentes órdenes del gobierno en ambos países. La reacción fue obvia, pues el sitio elegido para construir el “Texas compact” estaba localizado a sólo 30 kilómetros al norte de la línea internacional (figura 17); por ello, SB se convirtió en un asunto binacional. Los ambientalistas mexicanos transmitieron a la Gobernadora texana Ann Richards sus preocupaciones sobre las intenciones de su administración de construir cementerios nucleares en la frontera común.

En marzo de 1992, el “Grupo de los Cien”, constituido por escritores, actores, poetas y otros intelectuales afirmó que México no debería vivir con la crisis de residuos nucleares de Estados Unidos. Para el Grupo, el proyecto Sierra Blanca violaba los acuerdos bilaterales, sobre todo el Acuerdo de La Paz. Pues poner desechos en la frontera echa por tierra los esfuerzos para limpiar el medio ambiente según como se propone en el tratado de libre comercio, aseguró un representante del Grupo de los Cien. Asimismo, un representante del grupo Alert Citizens for Environmental Safety (ACES) aseguró que ayudaban a “Los Cien” a tener una audiencia con la gobernadora Richards, porque “Texas y Ann Richards están ignorando el impacto ambiental en México y la frontera, e ignorando a los grupos ambientalistas mexicanos”.

Ambientalistas y algunos residentes del condado de Hudspeth reaccionaron con furia respecto a lo que juzgaron con un intento del estado por imponer un depósito de residuos nucleares de bajo nivel en el políticamente impotente lejano oeste texano, sin haber realizado previamente alguna audiencia pública ni una evaluación ambiental completa. Otro miembro de ACES se quejó de que los ciudadanos habían sido soslayados en el proceso. El 21 de marzo de 1992 grupos de ambos países que se oponían al proyecto organizaron un bloqueo en los puentes de cruce fronterizo de Cd. Juárez y El Paso. Argumentaban que la iniciativa violaba el ALP. Al siguiente mes, la TLLRWDA convocó a audiencias públicas en Sierra Blanca para discutir el proyecto; pero la Texas Nuclear Responsibility Network, una organización sombrilla de varios grupos ambientalistas, de consumidores, y antinucleares, afirmaba que las audiencias habían llegado muy tarde, porque el estado ya estaba comprando terrenos para el depósito de residuos nucleares.

Hacia 1993 la legislatura texana había aprobado a la TLLRWDA solicitud de licencia para construir el depósito del estado en el Rancho Faskin. En repuesta, los ambientalistas demandaron a Texas ante una corte federal, alegando que hasta ese momento la autoridad no había realizado estudio científico alguno en el terreno, pero que aún así científicos estatales habían admitido que el sitio elegido se hallaba en una zona de sismisidad activa. De mayor preocupación fueron las descargas de agua subterránea hacia el Río Bravo/Grande, que amén de hacer la división internacional de ambos países es una fuerte principal para el mantenimiento de la actividad humana y el medio ambiente natural fronterizo.

La TLLRWDA trató de dar soporte técnico a su decisión sobre SB. En noviembre de 1993, la agencia aprobó un informe de su propio equipo de ingenieros acerca de la geología del sitio. El estudio afirmó que el Rancho Faskin resultaba aceptable para almacenar residuos radioactivos. De esa manera, el siguiente paso era tomar información de meses de pruebas científicas del sitio y presentarla en forma de solicitud a la TNRCC. El procedimiento concluiría en diciembre de 1993, la construcción del depósito iniciaría en 1995, y su puesta en marcha a mediados de 1996. El informe de la TLLRWDA causó alarma entre los opositores, tales como ACES, la Alianza Ambiental Internacional del Bravo (IEAB), y Save Sierra Blanca. Dichas organizaciones demandaron la renuncia de la mayoría de los funcionarios de la agencia. Uno de ellos aseveró que, aun cuando simpatizaba con los que protestaban, él no renunciaría a menos que la gobernadora Richards se lo pidiese.

En febrero de 1994, la TNRCC había revelado un plan para enviar 1.8 millones de pies cúbicos de residuos, supuestamente de bajo nivel radiactivo, a SB durante los próximos 30 años. No obsta decir que las protestas continuaron en ambos lados de la línea fronteriza. A principios de 1996 los principales argumentos contra el proyecto eran riesgos de daño ambiental y violación al ALP. Los opositores se agrupaban en sitios tan lejanos como Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, México, a 480 km de SB. Y los acuerdos de movilización se consolidaban. Es el caso que, el 22 de abril de ese año alrededor de 300 manifestantes, en su mayoría alumnos de escuelas primarias, cerraron los puentes internacionales por 90 minutos. En junio, casi 500 niños de Cd. Acuña se apostaron a las afueras de la oficina del gobernador texano George Bush, en Austin, TX. La casa de gobierno permaneció cerrada ese día, si bien el presidente municipal de Acuña se entrevistó brevemente con el gobernador Bush y le manifestó sus preocupaciones.

El conflicto continuó. Hacia octubre de 1997, Bill Addington, un fuerte opositor al proyecto entraba en su trigésimo primer día de huelga de hambre en Austin, en frente del capitolio texano. Eran los tiempos en que el Congreso de Estados Unidos estaba próximo a votar la propuesta del “Texas Compact”, que permitiría a Maine y Vermont enviar sus residuos radioactivos de bajo nivel a Sierra Blanca. Addington hacía un esfuerzo desesperado por detener cualquier legislación favorable a la iniciativa. A pesar de todo, en abril de 1998 el Senado aprobó la iniciativa... quedaba una ventana de posibilidad nada más: desafiar la resolución en los terrenos de la justicia ambiental.

El tema del cementerio nuclear mostró muchas de las deficiencias del gobierno de Texas en su intento de construirlo. En julio de 1998 concluyó la revisión en nivel estatal de los pros y contras del depósito. Los jueces examinadores recomendaron denegar la licencia a la TLLRWDA para la operación del cementerio, pues encontraron que el estado había fallado en evaluar los efectos del depósito sobre el medio ambiente; además, no consideró a El Paso en sus estudios. En efecto, el alegato de una falla geológica existente bajo el sitio nunca fue negado de manera que la autoridad no pudo asegurar que el sitio estuviese a salvo de temblores. Por añadidura, no se consideró plenamente el impacto socioeconómico sobre el área y más allá; sobre esto último los jueces aseveraron que la TLLRWDA limitó sus análisis a los condados de Hudspeth y Culberson. Vale decir que los jueces sacaron a luz por primera vez el tema de justicia ambiental como razón para rechazar el permiso. En efecto, escribieron que “los impactos sociales tales como los relativos a la percepción de iniquidad en el proceso de establecimiento del sitio o los cambios percibidos en la calidad de vida en el área no fueron atendidos adecuadamente”. La recomendación de los jueces apareció cuando la TLLRWDA había gastado ya una cantidad de US$ 30 millones en estudios, defensa legal y trabajo de campo en el sitio de Sierra Blanca.

Finalmente, en octubre de 1998 la misma TNRCC denegó a la TLLRWDA permiso para su operación. La decisión se basó en la inconsistencia de estudios geohidrológicos, carencia de una caracterización de los impactos socioeconómicos, y violación a los derechos humanos y civiles de la población. A pesar de contar con la aprobación federal y la firma presidencial para el compacto, Texas tuvo que cerrar la opción de Sierra Blanca, una medida que algunos consideraron como un triunfo de la sociedad civil y los grupos ambientalistas, si bien otros la percibieron como una medida política del gobernador texano, quien estaría más tarde pugnando por su nominación en la carrera presidencial estadounidense.

El éxito del movimiento social generado alrededor del caso Sierra Blanca puede evaluarse por la cercanía del resultado a la demanda inicial. El balance favorece a la gente. Con todo, el caso resalta aspectos para el análisis. Uno es la racionalidad de manejo y disposición de residuos peligrosos, que condena a algunos, los pobres como regla, a vivir en riesgo. Otro aspecto es la voluntad de la gente para organizarse de cara a amenazas reales o percibidas como estrategia para tomar cierta ventaja en el debate político frente a las elites de poder. Un tercer elemento es la falta de compromiso y preparación de las autoridades gubernamentales para dar respuesta a la demanda social. Sierra Blanca también obliga a considerar los acontecimientos en un escenario más amplio, esto es, el de la política de las instituciones centrales y locales, en donde las primeras actúan de acuerdo con objetivos que son distantes de los que puedan perseguir las segundas.